"Quieren tener a los jueces sometidos"
El titular de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, denunció que existe una "utilización política" del Consejo de la Magistratura, en medio de la disputa entre oficialismo y oposición por la designación del juez que llevará la causa por la ley de medios audiovisuales.
"Creo que nos encontramos con una utilización política desde el Consejo de la Magistratura, con una manipulación de las causas, con la pretensión clara de tener a los jueces sometidos", afirmó Cabral.
Durante su exposición en la V Conferencia Nacional de Jueces, que reúne a magistrados de todo el país en Mendoza, titular de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, se sumó a los dichos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien advirtió que la Justicia "no cederá ante las presiones" del Gobierno ni de las corporaciones económicas.
"Creo que nos encontramos con una utilización política desde el Consejo de la Magistratura, con una manipulación de las causas, con la pretensión clara de tener a los jueces sometidos", afirmó Cabral.
Él sostuvo que "el Consejo tiene formas de disciplinamiento que se pueden convertir en una forma de marcar cuál debe ser el camino que deben tomar los jueces al momento de atender sus respectivos despachos".
Por eso, Cabral consideró que eso "debe ser atenuado por la ley" y propuso que los magistrados asuman mayor representación mayor en el cuerpo, y en particular en la Comisión de Disciplina y Acusación. Aunque son cinco los juzgados que requieren nombramientos, las miradas están puestas por el Tribunal Federal en lo Civil y Comercial 1, en donde se tramita la demanda del Grupo Clarín contra la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Hace sólo siete días titulábamos esta columna “Se aproxima la hora de los supremos”. Decíamos que “en el cuarto piso del Palacio de Tribunales se advierte que la hora de poner límites está llegando en forma apresurada y que el protagonismo de la Corte en el escenario político será a corto plazo decisivo”.
Durante la semana que pasó, sucedieron por lo menos tres hechos que aceleraron aquella centralidad que le augurábamos a la Corte Suprema de Justicia en la actualidad nacional.
El primero fue el rechazo de ese cuerpo al pedido del Gobierno para que intervenga y destrabe el conflicto en el Consejo de la Magistratura, donde por la negativa de la minoría el oficialismo no puede designar a un juez que le garantice un fallo favorable en su disputa judicial con el grupo Clarín por los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios.
El segundo hecho fue la propuesta kirchnerista en el Congreso para reglamentar el mecanismo del “per saltum” y que sea directamente la Corte la que decida sobre si esos artículos son o no constitucionales.
La tercera referencia se encuentra en las palabras del presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, cuando reformuló el concepto más elemental y básico que define al “deber ser” de la independencia judicial. Dijo que los jueces no van a ceder “a ninguna de las presiones, no importa quién esté por delante, porque si cedemos una vez, cedemos siempre”.
Todo igual
¿Permitieron todas estas señales intuir cuál será el desenlace jurídico del pleito que más obsesiona al Gobierno? No parece, porque siempre la fuerza del deseo va más rápido que los acontecimientos y construye ilusiones que la realidad tarde o temprano debe filtrar.
Por eso, si la Presidenta por su lado y el grupo Clarín por el suyo, creen que las palabras de Lorenzetti significaron un avance hacia la definición de la batalla, corren ambos el riesgo de equivocarse.
Sucede que ésta no es solamente una cuestión judicial, que deba resolverse con una determinada interpretación de las leyes. Es un asunto de profundo significado político que trasciende a los dirigentes e involucra a toda la sociedad, comenzando por el derecho de cada uno de los ciudadanos a estar informados y a elegir con libertad cómo y con quién hacerlo.
En silencio, esa sociedad contempla azorada que a una idea que debería ser inescindible del concepto de democracia, se la tergiverse tan groseramente para ponerla al servicio de la arbitrariedad.
La misma Justicia, que hoy es el eje del debate público, se encargó también de poner al menos un límite temporario y parcial a la impunidad que pretende el poder para sus actos y funcionarios.
En la causa por la tragedia ferroviaria de la estación Once fueron procesados, entre otros, los dos primeros secretarios de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime y Pablo Schiavi, y los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del servicio del Ferrocarril Sarmiento.
Fue una respuesta interesante al reclamo de justicia por las 51 muertes, pero queda aún por esclarecer la oscura trama de corrupción que obliga, después de nueve años de gobierno de un mismo signo, a que quienes utilizan esos servicios lo tengan que hacer en deplorables condiciones de peligro y humillación.
El máximo responsable histórico del área, Julio De Vido, quizás tenga algo para decir que sea diferente al relato oficial, que no admite mencionar lo que se hace mal.
Esos días
Los desaciertos en la gestión son cada vez más y aparecen con mayor frecuencia. Funcionarios de segundo nivel de la Casa Rosada cuentan que sus jefes suelen volver de la Residencia de Olivos abatidos por los enojos presidenciales.
Al parecer furiosa y a los gritos, la semana pasada Cristina Fernández despotricó contra todos los que intervinieron en la organización del viaje de la Fragata Libertad, retenida en el puerto de Ghana por una demanda de los fondos buitres que quieren cobrar sus acreencias tras el canje de bonos que hizo Argentina. No fue por cierto el único disgusto.
Varios gobernadores que le son fieles, buscaron palabras amables para contarle a la Presidenta que los indicadores de sus economías regionales están en brusco descenso y que eso en forma inevitable aumentará la desocupación y la pobreza.
También Cristina debió escuchar que YPF tiene que financiarse con fondos de la Anses, porque los capitales extranjeros que se esperaban no llegan y que el titular de la petrolera, Miguel Galuccio, ha vuelto a confesarle a sus íntimos que se quiere ir.
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