Preparan una cumbre judicial: División de poderes en peligro

La Corte Suprema de Justicia tiene una posición firme: cree que el Gobierno los quiere presionar en el marco de su conflicto con Clarín y decidió no intervenir en el planteo de Alak para que actúe como árbitro en el Consejo, entre los miembros K y los opositores. Ahora, Lorenzetti, en un nuevo mandato intentará resistir a las embestidas k buscan adeptos para impedir que el gobierno nacional atente contra la división de poderes.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Se vienen tiempos difíciles, por eso, para su nuevo mandato al frente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti necesita más que nunca el respaldo de su gente. Con ese objetivo firme, este jueves (18/10), los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda encabezarán la Quinta Conferencia Nacional de Jueces que se realizará en la ciudad de Mendoza, bajo el lema “Responsabilidad y obligaciones de los jueces”.

En la sesión donde se volvió a elegir a Lorenzetti también, los integrantes de la Corte también tomaron otra decisión relevante que fue no intervenir en el conflicto en el Consejo de la Magistratura. Esto había sido pedido por el ministro Justicia de la Nación, Julio Alak, para que el máximo tribunal actúe como árbitro en la disputa para designar al juez que decidirá sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios.

Lo que resta de octubre y el mes de noviembre (el día clave es el 07/12) serán decisivos y por eso, Lorenzetti debe conseguir el máximo apoyo para la justicia actúe responsablemente y para asegurar la división de poderes, cuestión que el kirchnerismo viene quebrando hace ya mucho tiempo.

Como ya publicó Urgente24 (Ver nota relacionada), la Corte cree que el Gobierno los quiere presionar en el marco de su conflicto con Clarín y decidió no intervenir en el planteo de Alak para que actúe como árbitro en el Consejo, entre los miembros K y los opositores. Los miembros del máximo tribunal consideran que no hay modo de intervenir en el Consejo porque no hay ninguna decisión definitiva tomada.

Según señala la agencia Noticias Argentinas, los jueces consideran que la disputa en el Consejo es netamente "política" y no jurídica, por lo que el Tribunal no tiene facultades para intervenir.

Pese a las trabas, los ministros de la Corte sí están de acuerdo en que se designen los jueces y no coinciden con el hecho de que el Juzgado 1, donde está radicado el planteo contra el artículo 161, sea subrogado casi semanalmente por distintos jueces a raíz de las vacantes.

Sobre las subrogancias y el hecho de que cambien los jueces a menudo, los ministros de la Corte entienden que podría haber riesgos por la disparidad de criterios que podrían adoptar a medida que asuman dicho juzgado.

Además del recurso presentado por el Gobierno, que buscaba involucrar a la Corte de lleno en el conflicto, su presidente, Ricardo Lorenzetti, y su vice, Elena Highton, recibieron el lunes (15/10) a los consejeros Ricardo Recondo por un lado, y a Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes por el otro, para conocer de primera mano la controversia.

El gobierno nacional sigue insistiendo y este miércoles (17/10), el bloque kirchnerista en el Senado que lidera Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley para que se reglamente el recurso del per saltum que reflota una iniciativa para que la Corte Suprema de Justicia intervenga en causas de "gravedad institucional".

La iniciativa, que lleva la firma de los senadores Pichetto, Marcelo Fuentes y Aníbal Fernández, entre otros, establece que se podrá presentar "el recurso extraordinario por salto de instancia ante la Corte prescindiendo del recaudo de tribunal superior" en causas de "competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional cuya solución expedita sea necesaria".

Se trata, según el proyecto, de aquellas causas "cuya solución definitiva y expedita sea necesaria" y en las que el recurso en cuestión "constituya el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior".

"Existirá gravedad institucional -se explica en el texto- en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes de la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución".

Los legisladores proponen que en esos casos la Corte Suprema "habilite la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad" y que sólo serán susceptibles del recurso las sentencias definitivas de primer instancia y no los casos del fuero penal.

El escrito agrega que el hecho de que el máximo tribunal declare la admisibilidad del recurso "tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida".

En los fundamentos del proyecto, el constitucionalista Germán Bidart Campos sostiene que la figura del per saltum alude "a un salto en las instancias procesales y se aplica a la hipótesis en que la Corte Suprema toma conocimiento de una causa judicial radicada ante tribunales inferiores saltando una o más instancias".

"Se deja de recorrer una o más de ellas y por salto desde una inferior la causa entra en competencia de la Corte, omitiéndose una o más intermedias", agrega Bidart Campos. Estos conceptos también figuran en el proyecto de ley original de Cristina de Kirchner, de 2004.

Son evidentes las intenciones del Gobierno de utilizar esta herramienta para obligar a la Corte a dar una sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad del artículo 161 de desinversión de la Ley de Medios.

"Lo vamos a poner en debate, pero no sólo por la Ley de Medios, sino para otros temas que son de gravedad institucional. A veces hay temas que la Corte tiene que participar, con valentía institucional", sostuvo el legislador rionegrino en el recinto.

"A la Corte le gusta interceder en varios temas", dijo y citó el ejemplo de la semana pasada cuando intervino a favor de la realización de un aborto no punible a una joven en el Hospital Ramos Mejía. "Ahí la Corte dijo: 'venga para acá el expediente, que nosotros somos la Corte y resolvemos', y resolvieron en 48 horas", sostuvo.

Además, según informaron fuentes letradas a Urgente24, la denuncia del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el ministro de Justicia, Julio Alak; y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Calabró, está invertida. La oposición se encontraba en el Consejo de la Magistratura y los que no bajaron a dar el quórum porque sabía que no iba a suceder lo que ellos querían, fueron los oficialistas. Asimismo, nadie sabe de antemano qué se va a votar y por lo tanto la presunción anticipada del voto es una falsa denuncia y la acusación sobre que la oposición no dio quórum sería falsedad ideológica.

Este jueves (18/10), el encuentro en Mendoza permitirá ahondar más en este tema sobre todo si se tiene en cuenta su lema “Responsabilidad y obligaciones de los jueces”. La conferencia inaugural, que se desarrollará en el Hotel Diplomatic,  será a las 11.30 y estará a cargo del juez Lorenzetti. Participarán magistrados de todo el país y de todos los fueros e instancias, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de los tribunales superiores provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En las dos jornadas de reflexión, debate y definición de políticas para el Poder Judicial, se brindarán informes sobre los avances en la ejecución de medidas resueltas en conferencias anteriores como “Acceso a Justicia”, “Políticas de Género” y “Gestión e Informática”, y se desarrollarán paneles sobre “Límites a la discrecionalidad Judicial”; “El impacto de la reforma civil y comercial”; “Vigencia del sistema acusatorio y disponibilidad de la acción penal”; y “Las decisiones judiciales y la estabilidad de los jueces”.

La organización del encuentro, al igual que en las ediciones anteriores, está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación Argentina de la Magistratura.

Las conferencias nacionales de jueces constituyen un ámbito para el diseño de políticas de Estado destinadas a mejorar el servicio de justicia. Medio millar de jueces participaron en cada una de las ediciones anteriores y se espera un nivel mayor de convocatoria en esta oportunidad.

La primera Conferencia Nacional de Jueces se realizó en 2006, en la ciudad de Santa Fe. Allí se analizaron distintas temáticas en paneles y comisiones de trabajo: “Ética Judicial”, “Prensa, Justicia y Sociedad”, “Independencia Judicial” y “Capacitación y Escuela Judicial”.

El segundo encuentro tuvo lugar en Salta en 2007 y  allí se abordaron cuestiones relativas a la gestión judicial y a su mejora mediante criterios de eficacia e incorporación de herramientas tecnológicas; la litigiosidad creciente y los mecanismos facilitadores para la resolución alternativa de conflictos y la independencia del Poder Judicial.

La tercera Conferencia deliberó en Córdoba en 2008, donde los temas que se debatieron fueron “El Proceso de Selección y Acusación de los Jueces Nacionales y Provinciales” y  “Estatus Institucional, Funcional y Previsional del Juez”.

El cuarto foro se desarrolló en Buenos Aires en 2010 y centró su actividad en  encuentros plenarios y comisiones que reflexionaron sobre reformas destinadas a obtener una igualdad mínima en la prestación de justicia en todo el país, los altos índices de litigiosidad respecto de algunos derechos y la instrumentación de los derechos humanos en general. Se presentaron además informes de las comisiones de Acceso a Justicia e Independencia del Poder Judicial,  las oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica, el Plan General de Gestión Informática de la Justicia y Centro de Información Judicial (CIJ)- Agencia de Noticias del Poder Judicial.