Nuevo atropello de inusitada gravedad institucional

La lucha del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por silenciar a los medios de comunicación independientes ha dado lugar a un nuevo atropello institucional.

Por medio de los miembros kirchneristas en el Consejo de la Magistratura , el oficialismo está buscando que este cuerpo designe una terna de jueces afines para cubrir el tribunal en lo civil y comercial que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios audiovisuales, o cláusula de "desinversión", objetado judicialmente por el Grupo Clarín. Lo grave es que, al carecer el kirchnerismo de los dos tercios necesarios en el Consejo para nominar a los candidatos a jueces de su filiación política, se ha recurrido a una burda maniobra presentada por una postulante apadrinada por el Gobierno, María Lorena Gagliardi, tendiente a separar al consejero no kirchnerista Ricardo Recondo de aquel cuerpo.

Gagliardi es actualmente directora del Organismo Nacional de Bienes del Estado (Onabe), que depende del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. En su denuncia contra Recondo, le imputó haber nombrado al juez Raúl Tettamanti para ocupar el juzgado en forma interina, aunque Recondo no firmó esa recomendación, al tiempo que Tettamanti fue ayer oficializado como magistrado subrogante por la Corte Suprema de Justicia.

La vil maniobra puesta en marcha por el kirchnerismo constituye un nuevo atropello al Poder Judicial, por cuanto, de prosperar, se sentaría un peligrosísimo antecedente por el cual el Consejo de la Magistratura podría hacer valer una mayoría simple para separar a uno de sus miembros sin ningún fundamento atendible.

Dentro de pocos días se cumplirán tres años de la sanción de la ley de medios audiovisuale s, instrumento oficial para lograr el desplazamiento de los particulares titulares de licencias no afines al Gobierno, con un claro fin político partidario.

Fruto de un trabajo artesanal que ha llevado meses, pero que alcanzó el resultado buscado, fueron cayendo distintas medidas cautelares que habían dictado jueces federales de primera instancia para impedir la aplicación inmediata de unos pocos artículos de la ley de medios cuya inconstitucionalidad no presenta dudas para los expertos en la materia.

Para lograr esta vuelta atrás con las medidas judiciales fue necesaria la activa participación de muchos de los nuevos jueces designados por el gobierno central en las cámaras federales del interior del país y la presión ejercida sobre los jueces preexistentes para que acompañaran el voto revocatorio.

Hubo casos, como los del grupo Vila Manzano, que, habiendo partido desde la oposición más acérrima al tratamiento del proyecto de ley con descalificaciones públicas al Gobierno por su posterior sanción, en un súbito giro llegaron este año a renunciar a las medidas cautelares que habían obtenido en sede judicial. Como un típico "grupo de choque" encarnó la desmedida pretensión de hacerse cargo de la empresa Cablevisión, sostenida por un inconsistente mandato judicial que provocó un conflicto de competencia de insólitos ribetes y que requirió la intervención de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación para poner orden en el fuero.

La Corte le ordenó al escandaloso juez federa l de Mendoza, Walter Bento, que se apartara inmediatamente de la causa y que no emitiera más resoluciones. No parece ocioso recordar que este magistrado fue literalmente salvado del juicio político por los representantes del gobierno nacional en el Consejo de la Magistratura, acusado por una actuación sobre Cablevisión de diciembre del año pasado, idéntica en sus formas y fines a la que ahora tuvo que frenar la Corte.

Es indiscutible que la Corte Suprema tiene hoy un rol esencial en el sostenimiento del sistema republicano de gobierno que instaura nuestra Constitución. Para concretar el avasallamiento de uno de los poderes a merced de los otros dos, es indispensable controlar a la prensa libre mediante el copamiento de algunos medios y la eliminación de otros.

La ley de medios ha demostrado ser un instrumento para ese propósito y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el verdugo ejecutante.

No satisfecho con controlar a voluntad ambas cámaras legislativas del Congreso, el Poder Ejecutivo pretende cubrir con "jueces propios" el fuero federal en lo contencioso administrativo de todo el territorio nacional, impidiendo la protección cautelar judicial de los ciudadanos frente a los avasallamientos de que puedan ser objeto.

Ahora, el Poder Ejecutivo va por el fuero en lo federal civil y comercial, en el cual tiene vacantes por cubrir, incluyendo la del Juzgado N° 1, en el cual se tramita la causa del Grupo Clarín. Próximamente, pretenderá designar a los nuevos titulares de varios juzgados del fuero criminal y correccional federal, de manera de garantizarse una absoluta protección judicial tanto para sus funcionarios como para los actos de gobierno en que intervengan.

En un sistema republicano cuyos cimientos se resquebrajan día tras día, el ex Comfer está lejos de ser ese organismo federal y plural contemplado en la ley de medios. Tanto bajo la conducción directa o a control remoto de Gabriel Mariotto, pero mucho más ahora con la elección digitada unilateralmente del diputado nacional Martín Sabbatella, y también en relación con la tarea a la que se ha de abocar el organismo -el desmantelamiento de los medios audiovisuales del Grupo Clarín-, la presidencia de la Afsca ha quedado atada a las directrices del Poder Ejecutivo Nacional.

Varios legisladores de la oposición han hecho conocer sus serios reparos sobre la designación de Sabbatella. Entre ellos, la diputada Margarita Stolbizer (GEN), quien ayer denunció que Sabbatella "arrancó mintiendo" en su nueva función. "La oposición -dijo Stolbizer- no se ha negado a designar representantes en el directorio de la Afsca ni en la comisión bicameral de seguimiento de la ley de medios. Es el oficialismo el que se niega a esas designaciones, para manejar (esos organismos) a su antojo". Por su parte, la diputada Laura Alonso, de Pro, presentó el 26 del mes pasado una impugnación a la entonces propuesta de designarlo al frente de esa entidad.

Alonso lo fundamentó en la "falta de calificación profesional en materia de comunicación social" de Sabbatella, una exigencia establecida en la propia ley de creación de la Afsca; en su "falta de independencia" del Gobierno, lo que va en contra de lo expresado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que con fundamento sostiene que "es esencial que todo proceso de asignación y regulación esté orientado por un órgano técnico e independiente del Gobierno, que goce de autonomía frente a presiones políticas coyunturales", y en "la demostrada adhesión política de Sabbatella al gobierno nacional y su hostilidad hacia algunos medios de comunicación en particular".

Para dimensionar la gravedad de los fines que persigue el Gobierno con estas acciones, debiera tenerse en cuenta que si no existieran las señales de TN y Canal 13, nadie se hubiera enterado en tiempo y forma de las multitudinarias manifestaciones que, en todo el país, se registraron el 13 del mes pasado en reclamo de seguridad, contra una nueva reelección consecutiva de la Presidenta, la creciente inflación y las coercitivas medidas sobre las operaciones en el mercado cambiario.

El actual titular de la Afsca, además, no ha tenido empacho en declarar públicamente ayer que no es "ningún descubrimiento" su militancia kirchnerista. Y agregó: "Soy representante de la Presidenta, soy nombrado a propuesta del Poder Ejecutivo y pertenezco al proyecto nacional, popular y democrático que lidera la Presidenta. De eso no hay duda". La duda que inevitablemente surge, entonces, es: ¿puede un órgano técnico e independiente tener como titular a un confeso militante del Gobierno?

De acuerdo con el inexorable vaticinio presidencial, apoyado en la asfixiante y costosísima propaganda oficial, el anunciado desmantelamiento ocurrirá el 7 de diciembre de 2012, bautizado el 7-D. Por supuesto que, si resultara necesario "federalizar" el tema, el Gobierno contará con la opinión favorable del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual cuando menos para cubrir su misión y colaborar en el diseño de la política pública de radiodifusión, aunque se reúna de tanto en tanto y sólo para limitarse a "acompañar" sin chistar a la Afsca en cuanto ésta haga o proyecte.

Han pasado tres años de una conducción unipersonal de la Afsca, con las puertas del directorio cerradas a representantes de la oposición, aun cuando la ley de medios ordena la integración para que la mentada "pluralidad" revista, al menos, una fachada de realidad. No hace falta aclarar que el presunto pluralismo hace referencia a un coro de diferentes voces que entona una misma partitura: la que hoy, más que nunca, dicta el Poder Ejecutivo, cuyo único objetivo es silenciar a la prensa libre para perpetuarse en el poder.