Los empresarios temen más al ruido político que a los daños en la economía


El virulento enfrentamiento del Gobierno con el Grupo Clarín fue el centro de los diálogos en el mundo corporativo. Hablan del efecto imprevisibilidad. Pases de factura por el pasado.



Desde Mar del Plata
La pelea Gobierno-Grupo Clarín tiene en vilo a la Justicia. Sacude al Parlamento. Dividió las aguas en la política y, obviamente, surca el trabajo en todos los medios de comunicación. En ese panorama, el día a día de los empresarios no iba a estar al margen de la cuenta regresiva hacia el 7 de diciembre (7 D), fecha impuesta por el Gobierno para aplicar en pleno la Ley de Medios y, en particular, para obligar al multimedios a desprenderse de empresas que exceden lo dispuesto en la norma.
La cuestión impregnó la semana pasada el 48° Coloquio Anual de IDEA. Y una muestra de ello fue la presencia y los comentarios del propio José Antonio Aranda, ladero del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y representante de la corporación en el evento. “Es el único tema, todos me lo preguntan”, admitió a PERFIL el hombre señalado por muchos como otro de los principales estrategas del holding.
Aranda se cansó de advertir a los hombres de negocios que el Gobierno “puede hacer cualquier cosa” desde el 8 de diciembre próximo. El deadline establecido por la Corte Suprema de Justicia para que se resuelvan las medidas cautelares con las que el Clarín logró frenar la aplicación del artículo 161° de la Ley de Medios marca la agenda de todos los empresarios, incluso de los que no tienen que ver con el mundo de la comunicación.
Gustavo Grobocopatel, titular de Los Grobo, uno de los mayores productores sojeros de la Argentina, opinó que “tiene que haber reglas claras conocidas por todos, que no es que no puedan cambiar, pero que si se cambian, uno tiene que entender los motivos, tienen que ser explicados y tienen que cambiarse dentro de un paradigma”.
Para otros, como José Urtubey, de Celulosa Argentina y miembro de la Unión Industrial de Salta, el tema se ha magnificado. “A la larga va a pasar lo mismo que con el tema de los directores de la Anses en las empresas; se habló mucho y después no pasó nada”, indicó. “Las instituciones se encargarán de encauzar esa disputa”, añadió.
En IDEA se vio cómo el tema atrapa a todos los empresarios, quienes también se cuidan al hablar al respecto. Una palabra los puede ubicar en “el eje del mal”, que para el Gobierno encabeza Clarín.
El menos temeroso es Grobocopatel, que sobre el “efecto 7 D” añade: “En general la inversión es traccionada por la confianza, más que por la disponibilidad de crédito; podés tener crédito, que te lo regalen, pero aun regalado puede ser caro, porque quizás después no lo podés pagar; no es un problema de algo, sino es un problema del conjunto de la confianza”, dijo.
“No sé si esto va a afectar la economía o no, pero el que ha puesto como fecha relevante el 7D, como plazo de vida o muerte, es el Gobierno”, manifestó Aranda.
Mientras se desarrolló el coloquio, Horacio Alfonso fue designado juez subrogante definitivo del tribunal que debe decidir sobre la constitucionalidad del artículo que obliga a desinvertir. “Hay 25 grupos que no cumplieron y el Gobierno puso todo el ataque contra nosotros”, señaló Aranda. Martín Sabattella, titular de la autoridad de aplicación, el Afsca, sostiene que todos presentaron planes de adecuación, menos Clarín.
Masa crítica. El Grupo Clarín desembarcó en IDEA en busca de una masa crítica de referentes empresarios sobre los que respaldarse de cara al 7 D. Además de Aranda, una especie de oráculo del tema, estuvo Carlos Moltini, presidente de Cablevisión, al que el Gobierno acusa de tener más de 250 licencias cuando la ley permite un máximo de 24. La compañía reconoce 158.
“El 8 de diciembre no debería pasar nada”, afirmó Moltini, quien reveló que, hasta ahora, la Afsca no los convocó para nada.
Moltini no descarta una intervención de hecho o hasta una confiscación. Tanto él como empresarios de otros rubros temen que se extienda “el modelo Vila en Cablevisión”, en referencia a la irrupción de la Gendarmería en las oficinas de la compañía de TV por cable por orden de un juez mendocino en una causa iniciada por el Grupo Uno, dueño de la cablera Supercanal y propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano.
Manzano pasó por la ciudad costera y en charlas informales con periodistas se ocupó de resaltar que hay compradores para eventuales medios o licencias que sean puestos en venta (voluntariamente o de oficio) por cualquier grupo periodístico.

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