La funcionaria K quedó casi fuera del concurso clave para la Ley de Medios

La candidata a jueza María Gagliardi, auditora del ONABE desde 2004, generó una ruptura en la Magistratura de la Nación. El cacerolazo por un juez. 

El Concurso 258, que tiene en vilo a la Casa Rosada y al Grupo Clarín,generó hoy una fuerte fractura en el Consejo de la Magistratura de la Nación entre los bloques K y anti K. Es que una de las vacantes es para el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº1, donde está radicada la denuncia por la "inconstitucionalidad" de dos artículos clave de la Ley de Medios (161 y 45).

En el quinto lugar de mérito -son cuatro vacantes- quedó ternada la abogada de 39 años María Elena Gagliardi, funcionaria de Julio de Vido en el ONABE durante ocho años y que desde agosto trabaja para Juan Abal Medina.

Del puesto 16º, Gagliardi saltó al 5º en la Comisión de Selección, pero antes de que se debatiera su postulación en el Plenario, intentó de forma irregular recusar al consejero Ricardo Recondo -el único que no la avaló como candidata- y esa inusitada medida levantó una polvoreda que la dejó casi al margen del concurso.

Según reveló Perfil.com, Gagliardi es funcionaria contratada de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ex ONABE) desde diciembre de 2004, aunque en el CV que presentó como candidata a jueza en la Magistratura señaló que era "auditora" -sin especificar si interna o externa- solo desde 2006 a 2009. Gagliardi publicó un sugestivo título académico en 2007:"Control, medios de comunicación y Calidad".

Tensa jornada. Al no haber acuerdo en el Plenario del martes entre el bloque "oficialista" y el sector no afín al Gobierno, la reunión se postergó para este jueves. A las 10.30, a puertas cerradas, comenzó la negociación.

Según pudo saber Perfil.com, en la calurosa reunión de cinco horas, ese bloque propuso anular el Concuso 258 y que las postulaciones se debatieran de nuevo en comisión. Los consejeros "oficialistas" (Stella Maris Córdoba, Carlos Moreno, Hernán Ordiales, Mario Fera, Manuel Urriza, Marcelo Fuentes, Alejandro Sánchez Freytes y Ada Iturrez de Capellini) aceptaron "sacrificar" a la polémica abogada funcionaria, pero insistieron sin éxito en que las primeros cinco ternados siguieran su camino al Poder Ejecutivo y luego al Senado.

Hasta las 15.00 no hubo acuerdo. Entonces, los consejeros "opositores" (Ricardo Recondo, Alejandro Fargosi, Oscar Aguad, Mario Cimadevilla y Daniel Eduardo Ostropolsky) comenzaron a regresar a la sala del Plenario, decepcionados. Los consejeros "K" subieron después a la sala, pero sin disposición a abrir el debate de modo formal, que así quedó otra vez postergado.

A las 16.10, en una rueda de prensa improvisada en la misma mesa del Plenario, el consejero y diputado de la UCR Oscar Aguad señaló que "el oficialismo ha intentado manifestar alternativas. La recusación ha generado sospechas y vamos a pedir que se anule este concurso y se haga otro. Las cuestiones que están en juego son de riesgo institucional. Nuestra postura es inalterable".

Según el diputado radical, "la mala fe y las falsedades que se afirman sobre Recondo nos hace sospechar del concurso en general. Hay sospechas de querer poner un juez afin en ese juzgado. Queremos mantener la independencia del poder judicial".

Por su lado, el consejero Alejando Fargosi aseguró tajantemente aPerfil.com que "es imposible que Gagliardi pueda ser jueza y es imposible que el concurso siga adelante. El oficialismo tiene ocho consejeros y se necesitan dos tercios, es decir, nueve consejeros, para apobar el concurso. Y no lo tienen".

Al cabo de media hora, el bloque K quiso hacer "su" relato. La diputada nacional Stella Maris Córdoba indicó: "Hay una intención, una maniobra para que este concurso no siga adelante, algún interés. Habíamos ofrecido las concesiones para que los juzgados con vacantes sean cubiertas. Hasta hace poco días tuvimos el acompañamiento de todos los consejeros y ahora nos llama la atención que el Dr. Aguad, que firmó el concurso con nosotros, ahora quiera invalidarlo".

Perfil.com le preguntó a la diputada K si una abogada que es funcionaria desde hace ocho años puede dictar una sentencia imparcial por los dos artículos clave de la Ley de medios. La consejera respondió: "Que sea funcionaria no impide que pueda ser jueza. Ya hubo otros candidatos que tenían antecendentes políticos e igual fueron seleccionados en concursos".

El representante del Gobierno en la Magistratura, Hernán Ordiales, aseguró que Recondo "nombró" a dedo al jubilado juez subrogante Raúl Tettamantien el juzgado en cuestión y "nosotros queremos jueces constitucionales, de la democracia, en un concurso que no tiene ninguna tacha. El orden de mérito lo votaron todos los consejeros de la Comisión de Selección, menos Recondo".

Ordiales también defendió a la funcionaria del ONABE y reiteró que "no se descarta a un candidato por motivos políticos, sino por cuestiones de mérito" ante la consulta de este portal.

En tanto, el diputado del FpV y consejero Carlos Moreno insistió en que "el concurso es transparente. En dos años nunca escuchamos que tuviera un problema. El pedido de recusación lo va a discutir quien corresponda, pero nosotros no podemos impedir que alguien recuse a alguien. Pero el verdadero problema es que hay cinco juzgados vacantes con 5.000 causas cada una parados".

(*) De la redacción de Perfil.com. Twitter: @diegogueler.