El sospechoso episodio Severo no cambia la agenda

El conflicto que sorprendió esta semana a Cristina Fernández, que alcanzó dimensiones inesperadas, y que promete extenderse la semana que viene, no llegó acompañado de ribetes políticos pero se encuadra en un contexto embarroso del que el Gobierno difícilmente puede salir. Se apostó primero a restituir los descuentos, y luego al despido de las cúpulas de Prefectura y Gendarmería, pero nada ayuda a descomprimir la situación que, si bien es particular, no deja de sumarse a un descontento que las excede. Internamente, hay reproches y pases de facturas; hacia afuera, cortinas de humo y apelación a los viejos fantasmas.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Pese a depositar la diferencia que había sido quitada por el decreto firmado en septiembre pasado por la presidente Cristina Fernández, el Gobierno nacional fracasó en su intento por descomprimir la protesta de Prefectura (concentrada en el edificio Guardacosta) y Gendarmería (en el edificio Centinela), que se estirará al menos hasta la semana próxima.

 

El vocero de los manifestantes de Gendarmería, Raún Maza, explicó en declaraciones a la prensa formuladas en el Edificio Centinela que "supuestamente la respuesta (del ministerio de Seguridad)va a llegar el día martes", pero advirtió: "vamos a seguir acá hasta que tengamos el decreto firmado y aprobado".

 

Maza ratificó que los puntos del petitorio presentado ante el secretario de Seguridad, Sergio Berni, son "que no se tomen represalias" con los manifestantes y "un piso de $7.000 en blanco"como salario básico.

 

También los manifestantes exigen que "un grupo" de ellos los pueda "representar para poder pelear por los derechos" de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad.

 

Pero, ¿cuántos derechos está dispuesto a cederles un Gobierno que, como algunos bien dicen, hasta ahora no sólo ha denigrado sus condiciones salariales, sino también laborales, poniéndolos a controlar el tránsito urbano a personal entrenado para controlar el mar o el espacio aéreo o las frontera?  

 

Acaso, ¿por qué es necesario firmar una declaración multisectorial alertando sobre el peligro que corre la democracia, agitando fantasmas del pasado y tratando a quienes todos los días nos protegen como si fueran peor que los delincuentes?

 

Ocurre que la protesta menos espera por el Gobierno se desbordó, y se tornó, sin duda, en una rebelión que no figuraba en los cálculos de nadie y que alcanzó una masividad y una contundencia sin antecedentes. Y peor aún para el Gobierno, nada indica que el conflicto tenga otras motivaciones que las que han sido expuestas. Lideradas por oficiales y suboficiales muy jóvenes, es evidente que los efectivos no han asumido un desafío político sino un reclamo por un salario que, objetivamente, sufrió un drástico recorte cuando ya estaba en niveles bajos, una cuestión a la que inclusive se había referido la propia Presidente y que excede la "mala" liquidación que le recortó los salarios.

 

Se apostó primero a restituir los descuentos, luego al despido de las cúpulas de ambas fuerzas, y a encauzar la negociación con nuevos interlocutores, pero nada ayudó a descomprimir una situación que, si bien es particular de las fuerzas de seguridad, no deja de sumarse a un descontento que las excede.

 

Hace apenas 3 semanas, el cacerolazo que movilizó a los principales centros urbanos del país, también alcanzó una dimensión que no estaba en los cálculos del Gobierno (ni siquiera de la oposición).

 

Se produce, además, en un contexto económico que empieza a mostrar limitaciones insalvables. Los decretos de "blanqueo salarial" que afectaron a prefectos y gendarmes se inscriben, en rigor, en la búsqueda de contener el gasto público en distintas áreas. A esa misma necesidad responde la decisión de no tocar este año los mínimos para el pago de Ganancias, otra medida que genera malestar en distintos sectores laborales por la fuerte incidencia que tiene ese gravamen sobre salarios que no son demasiado altos. Y los márgenes de maniobra ante un conflicto de semejante envergadura son, por lo tanto, más estrechos de los que habría en un contexto económico distinto.

 

A esto se suma, además, un estado de ruptura entre el Gobierno y un sector del sindicalismo, el que lidera Hugo Moyano, que llegó al punto del papelón de que, en el día de su asunción, el nuevo jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, apoyó el reclamo de los uniformados, y luego (llamado de la Rosada de por medio, según dicen algunos) se desdijo a través de una solicitada publicada en algunos matutinos y firmada por los integrantes del consejo directivo, donde afirmó que la medida "no puede desnaturalizarse de un justo reclamo salarial para transformarse en un desafío abierto a las autoridades constitucionales en un Estado democrático".

 

Dentro del Gobierno también se desató una fuerte discusión sobre las responsabilidades políticas y administrativas que derivaron en el estallido de la protesta. Acaso, ¿nadie previó que una reducción de entre el 30 y el 60% de los ingresos de bolsillo provocaría un fuerte disgusto? Los cruces de factura, aunque por lo bajo, están a la orden del día.

 

Dicen que Cristina habría hecho fuertes reproches hacia adentro de su gabinete, pero también habría tomado la decisión de no mover piezas hasta que la protesta ceda. De alguna manera, seguir con la regla de oro de no hacer cambios bajo presión. El vicepresidente Amado Boudou fue uno de los que salió ileso, al menos, hasta ahora, bajo esa regla para los momentos complejos e imprevistos.

 

Quizás por la misma razón fue necesario el sospechoso episodio de Enrique Severo...

 

# El conflicto traspasó fronteras

 

Mientras parecen elevarse cortinas de humo que disimulen el descontento local, el mundo se hace eco del conflicto.

 

Al respecto, el diario 'El Mundo', de Madrid, España, escribió:

 

"El bombo es un elemento imprescindible en las manifestaciones que se realizan en Argentina. Hay gremios que tienen gente especializada en batir el instrumento que marca el ritmo de las reivindicaciones salariales. En cambio, cualquiera se da cuenta de que los que aporrean el bombo en las manifestaciones del cuerpo de Gendarmería, son unos amateur. No se les puede culpar; es la primera vez en décadas que esa fuerza de seguridad se declara en huelga. Los gendarmes se plegaron a la protesta que iniciaron sus colegas de la Prefectura Naval, contra el decreto que reduce sus sueldos a la mitad.

 

A modo de ilustración, el suboficial que en septiembre ganaba 6.000 pesos (1.300 dólares), en octubre recibiría 3.000 pesos y ni que hablar de sueldo de la tropa. El decreto en cuestión lleva la firma de la presidenta Cristina Kirchner, quien hace tres meses reconoció públicamente que los rangos medios y bajos de la Gendarmería ganan una miseria. ¿Qué cambió desde entonces? Lo más probable es que el déficit presupuestario haya aumentado al extremo de que fuera necesario recortar, pero no de la nómina de los funcionarios de la Casa Rosada ni de los gerentes de las empresas estatales sino de los proletarios.

 

En este caso, de los proletarios más vulnerables, puesto que no cuentan con una organización que los defienda. Además, en Argentina los uniformados son los parias de la sociedad. Mucha gente todavía los asocia con los represores de la última dictadura militar.

 

Fernando, un sargento de 22 años, detesta la comparación. “Yo no había nacido cuando las fuerzas armadas se tomaron el poder (en 1976) y no ingresé en la Gendarmería para andar torturando a mis semejantes. Ser gendarme es una forma de ganarse la vida prestando un servicio a la comunidad. Pero claro, ganarse la vida de esta manera es casi imposiblel”, dice a El Mundo, el agente que por las noches hace guardia en la Villa 31, un barrio pobre en el centro de Buenos Aires. Fernando pertenece a un contingente de 350 hombres que fue traído desde Santiago del Estero, una provincia del norte, para cumplir esa tarea en la capital.

 

“Pensábamos que sería una buena oportunidad para conocer la famosa ciudad, pero nos alojaron en la base que tiene la Fuerza Aérea en Morón. Ese sitio queda lejos del centro y el transporte está caro, como todo en Buenos Aires. Fíjese que para comer tenemos que hacer una vaquita (colecta)”, cuenta el sargento.

 

Uno de sus compañeros, el sargento primero Osvaldo, dice no sentirse bien recibido en la gran ciudad.“En la puerta de una discoteca, a los únicos que les pidieron la cédula de identidad fue a nosotros. Seguramente porque somos morochos y hablamos con la tonadita (acento) provinciana. Me habían advertido que los porteños se creen superiores pero no imaginé que tendrían tantos prejuicios. ¿No somos todos argentinos?”, dice Osvaldo, señalando la bandera que ondea en el Edificio del Centinela, sede nacional de la Gendarmería.

 

Para echar más sal en esas lastimaduras, ciertos grupos kirchneristas como La Cámpora, el movimiento que dirige Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta, apuntaron a que los suboficiales en huelga están a sueldo de las “grandes corporaciones” y del grupo periodístico Clarín, la bestia negra del gobierno.

 

Hasta ahora no han presentado pruebas que convaliden esa acusación. Cabe señalar que en los años que Cristina lleva gobernado al país, los militantes de La Cámpora han llegado a ocupar los cargos más remunerativos de la administración pública, como la dirección de Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea más deficitaria de Latinoamérica. Este mes, el gobierno va a desembolsar 240,5 millones de pesos (más de 53 millones de dólares) para cubrir los gastos de la empresa que preside el camporista Mariano Recalde. Pese al déficit presupuestario, sería impensable que la Casa Rosada recorte el subsidio a Aerolíneas y menos el sueldo de su titular, estimado en 35.000 pesos (7.700 dólares). Para recortes están los morochos que patrullan las calles de la ciudad."

 

El diario 'El País', también lo hizo:

 

"Unos 600 policías pertenecientes a los cuerpos de Prefectura y Gendarmería rompieron desde el martes la cadena de mando y se concentraron frente a las sedes de sus organismos para reclamar mejoras salariales. Las protestas las iniciaron el martes los agentes de la Prefectura Naval contra un decreto del Gobierno que, según ellos, les reducía sus salarios entre un 30 y un 70%, al eliminar las pagas extras que cobraban en negro. A sus reclamos se sumaron el miércoles cientos de agentes frente a la sede de la Gendarmería. Y también el miércoles unos 200 suboficiales marinos, frente al edificio central de la Armada. Las tres concentraciones se registraron en un radio de apenas un kilómetro y medio de diámetro, en el centro de Buenos Aires.

 

La Prefectura Naval controla los mares, ríos y zonas portuarias de Argentina. Y la gendarmería, las fronteras terrestres. En los últimos años, durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández a ambos cuerpos se les asignó también tareas de seguridad en los barrios pobres del sur de la capital, golpeados por el narcotráfico, y en las provincias más pobladas, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

 

Ante la insubordinación de los agentes, el Gobierno dio marcha atrás el miércoles por la mañana y suspendió por un mes el decreto que retiraba las pagas adicionales. Pero los policías continuaron con sus protestas. Indicaron que no abandonarían la calle hasta que no les aumentaran el sueldo básico en más del doble, con lo cual pasaría de 3.000 pesos (unos 400 euros) a 7.000 (933 euros en el mercado paralelo).

 

No iba a ser una protesta más. Una cosa es oír a miles de sindicalistas gritando “el pueblo unido jamás será vencido” y otra bien distinta es ver en Argentina a miles de agentes saltarse la cadena de mando y gritar en plena calle: “Las fuerzas unidas, jamás serán vencidas”. Ante la gravedad de la situación, los diputados opositores y del Gobierno lograron firmar un escueto comunicado conjunto en el que les conminaban a “adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas”.

 

De nada sirvió. El miércoles por la tarde, la ministra de Defensa, Nilda Garré, entregaba otra pieza a los manifestantes anunciando la destitución de las cúpulas de ambos cuerpos, lo que significaba el paso a retiro de diez comandantes generales de la Gendarmería y diez generales de la Prefectura. “Queda así normalizada la situación”, anunció Garré. Pero estaba aún muy lejos de normalizarse. Los agentes siguieron reclamando más dinero. Y continuaron concentrados frente al edificio Guardacostas, en el centro de Buenos Aires. Concedieron al Gobierno un plazo de dos horas para que un representante acudiese allí a negociar con ellos. Luis Alberto Heiler, el nuevo general al mando de la Prefectura acudió. Pero tampoco se arregló nada.

 

Mientras tanto, el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, se dirigió por televisión a los manifestantes para decirles que aunque comprendía que tenían razones para estar descontentos, debían abandonar las calles y volver a sus casas. Pero el desafío continuó.

 

Al día siguiente, el jueves a las diez de la mañana, ante el edificio Centinela, donde se encuentra la sede de la Gendarmería, se concentraron unos 500 gendarmes, la mayoría con sus pistolas en la cintura. Al preguntarle por qué iban armados, Raúl Maza, quien ejercía funciones de portavoz, contestó: “Es la gente que recién salió de la guardia”. Un compañero suyo añadió: “Gendarme significa gente con arma”.

 

Ante la petición de todos los grupos políticos para declinar la protesta, Raúl Maza señaló: “Nosotros somos primero trabajadores y ciudadanos".

 

-¿Pero ustedes no tienen prohibido manifestarse?

 

-Se nos vienen exigiendo obligaciones y obligaciones a lo largo de 30 años y nunca nos dan derechos. No puede ser que los gendarmes tengan que hacer trabajos adicionales para alimentar a sus familias. La ley que nos prohíbe manifestarnos es una ley militar. Si ellos [en referencia al Gobierno] son militaristas, que las hagan cumplir.

 

-Uno de los cometidos de ustedes consiste en reprimir protestas ilegales en la calle. Ahora, ¿quién debería reprimirles a ustedes?

 

-Lo tiene que decidir el Gobierno. Nosotros no estamos cortando ninguna calle.

 

En efecto, protestaban en la acera del edificio. El cabo primero César Villalba, señaló: “¿Ellos [los suboficiales] van a comer con 3.000 pesos cuando hay una inflación del 25 o 35%? Esto es un país inestable y a nosotros nos han tirado por el Fuerte Apache [un barrio marginal] que es casi peor que las favelas de Brasil. Esto tiene que reventar, la Presidenta es un desastre”.

 

De los 42.000 miembros de la gendarmería, 30.000 son suboficiales y 12.000 oficiales. Las protestas solo la han ejercido los suboficiales. A unos 500 metros de la sede de la Gendarmería se manifestaban también unos 300 suboficiales marinos, frente a la sede de la Armada. Esta fuerza militar cuenta con 15.000 suboficiales y 3.000 oficiales. Ellos iban sin armas, pero también asumían que le ley les impide manifestarse. A ellos no se les rebajó el salario, pero se quejaba de que cobran más de la mitad de su sueldo en pagas extras, en negro. El suboficial Marcelo Pereyra Cueva le dijo a sus compañeros: “Los políticos están usando esto en contra nuestra. No hay que permitir que lo usen a favor de ellos”.

 

A veinte minutos caminando desde la sede de la Armada, en el Edificio Guardacostas, se mantenían concentrados unos 300 policías de la Prefectura Naval. Esta fuerza de seguridad dispone de 29.000 uniformados. No portaban sus armas reglamentarias, pero mantenían cortadas el tráfico en la Avenida Madero, una de las de mayor afluencia de camiones en la capital. Cuando un prefecto les pidió que liberasen uno o dos carriles, le contestaron con cánticos: “No movamos nada, que nos saquen a patadas”."