Acusan a De Vido de malvender bienes del Estado argentino en Ecuador
La denuncia es por haber vendido a un precio irrisorio el 30% de las acciones de una central eléctrica. El rol del secretario del ministro y el del titular de Enarsa.
Las denuncias de negociados de funcionarios argentinos no son únicamente con Venezuela. También son con Ecuador, en donde gobierna Rafael Correa. S e conoció una nueva denuncia contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, su secretario privado, José María Olazagasti, y el presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, por malvender bienes del Estado argentino. Los acusan de haber vendido a un precio irrisorio el 30% de las acciones en la central eléctrica.
La denuncia fue presentada el verano pasado, con el número 26.919, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en la Sindicatura General de la Nación y en la mesa de entradas de la cartera que dirige De Vido (asentada con el número S01:363923/2009), según informó La Nación.
Enarsa había accedido el 30% de Coca Codo Sinclair, una represa con un potencial de negocios millonarios, a través del acuerdo firmado en 2008 entre la presidenta Cristina Kirchner y su par ecuatoriano, Rafael Correa. La polémica comenzó en septiembre pasado, cuando la Argentina decidió sin mayores avisos retirarse del negocio.
Olazagasti acordó la venta definitiva de la parte argentina al Estado ecuatoriano en 5,5 millones de dólares, apenas un millón más que los 4,12 millones en efectivo que había aportado Enarsa a la iniciativa. Para llegar al acuerdo se reunió en Quito con los ministros ecuatorianos Galo Borja (Areas Estratégicas) y Germánico Pinto (Minas y Petróleo).
Según el plan de negocios consignado en la denuncia, el proyecto preveía ganancias mucho mayores que ese precio de venta: 438 millones de dólares anuales en los primeros 10 años, y después, durante los 40 años siguientes, 381 millones por cada ejercicio. El emprendimiento requería una inversión de 1979 millones de dólares, el 85% de los cuales iba a ser financiado por el China Eximbank.
"Enarsa, como propietaria del 30% de las acciones de Coca Codo Sinclair, tenía derecho sobre todo este proyecto. Pero los funcionarios argentinos decidieron vender esta parte del patrimonio argentino a un precio vil", afirma el texto de la presentación judicial.
A pesar de la polémica, voceros del Ministerio de Planificación se limitaron a justificar la operación. "Enarsa vendió muy bien. Se recuperó la plata que se puso", dijeron al matutino.
Para respaldar el proyecto, en abril de 2008, Cristina Kirchner viajó a Quito, donde se inauguraron obras y se firmó el primer contrato celebrado por Coca Codo Sinclair para la construcción de las vías de acceso por un monto de US$ 20 millones, que aportarían los accionistas.
La denuncia se explaya también sobre los costos asumidos por la petrolera estatal argentina. "El directorio de Enarsa tenía pleno conocimiento [de] que los aportes realizados por la firma mediante transferencias a la cuenta bancaria de Coca Codo Sinclair ascendían a US$ 4,12 millones, que además se debió crear una sucursal y abrir una oficina en Ecuador, lo que implicó importantes desembolsos y que, en su totalidad, exceden los US$ 5,5 millones que recibió al momento de vender el 30% de las acciones", finaliza.
La denuncia fue presentada el verano pasado, con el número 26.919, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en la Sindicatura General de la Nación y en la mesa de entradas de la cartera que dirige De Vido (asentada con el número S01:363923/2009), según informó La Nación.
Enarsa había accedido el 30% de Coca Codo Sinclair, una represa con un potencial de negocios millonarios, a través del acuerdo firmado en 2008 entre la presidenta Cristina Kirchner y su par ecuatoriano, Rafael Correa. La polémica comenzó en septiembre pasado, cuando la Argentina decidió sin mayores avisos retirarse del negocio.
Olazagasti acordó la venta definitiva de la parte argentina al Estado ecuatoriano en 5,5 millones de dólares, apenas un millón más que los 4,12 millones en efectivo que había aportado Enarsa a la iniciativa. Para llegar al acuerdo se reunió en Quito con los ministros ecuatorianos Galo Borja (Areas Estratégicas) y Germánico Pinto (Minas y Petróleo).
Según el plan de negocios consignado en la denuncia, el proyecto preveía ganancias mucho mayores que ese precio de venta: 438 millones de dólares anuales en los primeros 10 años, y después, durante los 40 años siguientes, 381 millones por cada ejercicio. El emprendimiento requería una inversión de 1979 millones de dólares, el 85% de los cuales iba a ser financiado por el China Eximbank.
"Enarsa, como propietaria del 30% de las acciones de Coca Codo Sinclair, tenía derecho sobre todo este proyecto. Pero los funcionarios argentinos decidieron vender esta parte del patrimonio argentino a un precio vil", afirma el texto de la presentación judicial.
A pesar de la polémica, voceros del Ministerio de Planificación se limitaron a justificar la operación. "Enarsa vendió muy bien. Se recuperó la plata que se puso", dijeron al matutino.
Para respaldar el proyecto, en abril de 2008, Cristina Kirchner viajó a Quito, donde se inauguraron obras y se firmó el primer contrato celebrado por Coca Codo Sinclair para la construcción de las vías de acceso por un monto de US$ 20 millones, que aportarían los accionistas.
La denuncia se explaya también sobre los costos asumidos por la petrolera estatal argentina. "El directorio de Enarsa tenía pleno conocimiento [de] que los aportes realizados por la firma mediante transferencias a la cuenta bancaria de Coca Codo Sinclair ascendían a US$ 4,12 millones, que además se debió crear una sucursal y abrir una oficina en Ecuador, lo que implicó importantes desembolsos y que, en su totalidad, exceden los US$ 5,5 millones que recibió al momento de vender el 30% de las acciones", finaliza.
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