Imperdible: Qué pasó la noche del Impuesto al Cheque en el Senado

El Diario de Sesiones resulta de una utilidad notable para conocer las ponencias y el debate reglamentario que ocurrió y que podría tener derivaciones profundas considerando que el kirchnerismo amenaza con un pedido de juicio político al vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, a cargo de aquella sesión. Por eso Urgente24 decidió reproducir el tramo final de aquella discusión:

| 16/04/2010 | 09:27

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Fragmento del debate en el Senado sobre nueva coparticipación del llamado Impuesto al Cheque:

"(...) Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Ernesto Sanz.


Sr. Sanz. – Señor presidente: sin perjuicio de que los argumentos políticos respecto de este asunto los formulará el presidente de nuestra bancada, y atento a que en un tema de esta naturaleza todos los señores senadores y las señoras senadoras han hecho mención a su representación provincial –que, en definitiva, es el elemento más genuino por el que estamos acá sentados–, sólo voy a hacer una mención de naturaleza política. Luego, me voy a introducir en un aspecto jurídico que me interesa aclarar.

La mención de naturaleza política es que no he encontrado, entre todos los argumentos políticos que podría utilizar como representante de la provincia de Mendoza, algo más fuerte y más contundente como que el pasado 28 de junio más de 400 mil mendocinos – exactamente, 413.164 mendocinos – votaron para que yo, esta noche, estuviera aquí defendiendo el proyecto que tiene el carácter de dictamen de mayoría.

Y lo digo de esta manera porque, en esta composición especial de la Cámara de Senadores, probablemente, haya aquí senadores sentados que tienen mandatos de hace varios años y, por lo tanto, no sé si han podido discutir en sus procesos eleccionarios este tema en particular. Yo sí lo pude discutir: más aún, quien habla era candidato en primer término –y me acompañaba la actual senadora Laura Montero– de una agrupación política que instaló el tema de la reforma de la coparticipación del impuesto al cheque como uno de los temas centrales.


– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Julio César Cleto Cobos.


Sr. Sanz. – Hasta podría decir que, en el ranking de valoración de las propuestas y programas que le ofrecimos a la comunidad de Mendoza para ser sus representantes en el Congreso de la Nación, esta cuestión ocupaba el primer lugar. Por consiguiente, no encuentro en este momento mayor argumentación, ni más sólida, ni más contundente, ni más potente que decir que el 52 por ciento de los electores de Mendoza me habilitaron para estar hoy aquí votando como lo pienso hacer.

En segundo lugar, me voy a referir a la cuestión jurídica. Esta noche no estamos modificando la distribución del impuesto al cheque. Si esa es la noticia, lamento comunicar que, en términos jurídicos, nosotros hoy no estamos modificando esa distribución. Lo que estamos haciendo es regularizando o, mejor dicho, adecuando jurídicamente con el formato de una ley, una modificación sustancial que se produjo en 2006 aquí, en esta Cámara de Senadores, más precisamente, en noviembre de 2006, y que, hasta hoy, ha tenido o arrastra sobre sus espaldas un grosero vicio de inconstitucionalidad en su implementación.

Las razones por las cuales han transcurrido tres años y medio de una operatividad inconstitucional habrá que buscarlas en distintos espacios o argumentos. Muchos de los discursos que se han formulado acá se vincularon con la devaluación del sistema federal, con la debilidad de los gobernadores de provincia o de los fiscales de Estado de cada una de esas provincias que tienen que velar por el patrimonio de sus respectivas provincias o con un sistema judicial aletargado –para no usar términos un poco más duros–.

Pues bien, habrá que buscar esas razones en algunos de esos aspectos. Pero, en verdad, esta ley se transformó en inconstitucional desde noviembre de 2006, pero ha sido operativa y está siendo operativa hoy como una ley de la Nación, sin que haya habido en el camino ninguna actividad para modificarla, salvo algunas generadas por distintas provincias –sin caer en el error de olvidarme de alguna otra, tengo para mí que la provincia de San Luis ha planteado esta cuestión en una demanda ante la Corte; no sé si alguna otra provincia también hizo algo parecido–.

Para entender mejor el análisis jurídico, me permito hacer un recordatorio de tipo teórico, y es que nuestra Constitución establece que todos los impuestos nacionales, absolutamente todos los impuestos establecidos por el Congreso –con la sola excepción de los derechos aduaneros, acerca de los que hay una larga discusión sobre su naturaleza jurídica, impositiva, derechos y aranceles–, son un derecho inalienable de las provincias argentinas.

No hay ningún impuesto, ni indirecto ni directo, que pueda dejar de lado a las provincias argentinas. Sí se podría tomar un atajo respecto de este precepto constitucional a través de dos vías. Una, es una ley convenio que, desde luego, nadie se la imagina; una ley convenio donde las provincias cedieran absolutamente todos los recursos a favor de la Nación. Podría ser una ley convenio de esta naturaleza, más allá de que no haya antecedentes en la legislación argentina. La otra, es el camino del artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional, que es la de la afectación específica.

Esto es cuando las 25 jurisdicciones, las 24 provincias y la Nación –pongo el acento en que la Nación juega a los efectos de este tipo de legislación como una parte más, no es la Nación y 24 partes, sino 25 partes, aunque con distintas proporciones–, por vía de la afectación específica, se ponen de acuerdo y, en lugar de distribuirlas como lo marca la ley convenio madre que, en nuestro caso, es la ley 23.548, deciden destinar los recursos a una distribución diferente.

En consecuencia, cualquier disposición que pretenda alterar este derecho de las provincias debe ser realizada –insisto– mediante una ley convenio o a través del atajo previsto en el artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional. Ese artículo establece que debe hacerse a través de una mayoría especial, la que significa la mayoría absoluta de la Cámara, la mitad más uno de los miembros totales de la Cámara. ¿Qué pasó con este impuesto a lo largo de su historia? Y me voy a referir al tema de la afectación específica y no a la naturaleza jurídica de la ley convenio, que luego será mencionada.

Desde su nacimiento, la afectación específica estuvo destinada al sostenimiento de la ley de emergencia, ya que la creación del impuesto era concomitante con el nacimiento de la Ley de Emergencia en 2002, la 25.561. En 2006, y acá me detengo, ocurrió una cosa por demás relevante e interesante. Cuando el Poder Ejecutivo envía en 2006 el proyecto de prórroga de este impuesto, como lo hacía cada fin de año –ya que tenía una vigencia temporal de un año, salvo el último que tuvo una vigencia temporal de dos y fue votado a fines del año pasado–, lo hace ingresar por la Cámara de Diputados y se produce una cuestión muy curiosa desde el punto de vista institucional y con gran relevancia jurídica.

Y vaya si la tiene, ya que es lo que sostiene el fondo de nuestro argumento. Me refiero, concretamente, a que el Poder Ejecutivo cambia en su redacción la afectación específica y, en lugar de destinarse al sostenimiento de la Ley de Emergencia, sostiene que dichos recursos –hablamos del 70 por ciento, porque el 30 por ciento iba a ser coparticipable– iban a ser destinados al pago de los servicios de la deuda pública.

Es decir que ya había un cambio de afectación específica porque, obviamente, entre 2002 –afectación específica a la Ley de Emergencia– y 2006, había ocurrido un episodio no menor como era la regularización de la deuda pública a partir de la aprobación del primer canje, tal como se lo llama hoy, allá por los años 2004 y 2005. Así es como ingresa el proyecto con ese cambio de redacción en la Cámara de Diputados. Es interesante ir a la versión taquigráfica del debate de la Cámara de Diputados.

A mi juicio, de una manera inconsulta con el Poder Ejecutivo –si se hubiera hecho la consulta no lo habría permitido–, y mucho más aún sin el rigor jurídico de alguien que hubiera puesto la mirada constitucional en ese debate, simplemente, porque se dio un debate político y, en el fragor del debate, se "metió la pata". Estaba buscando otra palabra para explicarlo, pero no hay frase más precisa que "se metió la pata".

A instancias de la diputada Graciela Camaño, creo que la apreciación política era la siguiente: cómo se iba a permitir que una ley que tenía por destino el pago de los servicios de la deuda pública −que había sido un logro y motivo de reconocimiento, atento a que había sido una norma aprobada por unanimidad de todos los sectores−, iba a estar sometida en su cumplimiento, de alguna manera, a una cuestión tan espuria como este impuesto al cheque, que todo el mundo reconocía que era un impuesto distorsivo y que, además, tenía una vigencia temporal anual y que daba en cierta forma la "vuelta al círculo", ya que la cuestión financiera, a su vez, pagaba el tema financiero.

En definitiva, existía una interpretación de naturaleza política en el sentido de que era impropio hacer la vinculación entre el pago de la deuda con el impuesto al cheque. Y así, sin más que con una discusión en el recinto de la Cámara de Diputados, se eliminó, precisamente el párrafo relacionado con la afectación específica del pago de los servicios de la deuda pública. Y lo que se votó en Diputados y luego ingresó en el Senado vino con la afectación específica nada más que en cuanto al sostenimiento del programa fiscal y monetario o del programa económico del gobierno.

No fue un debate que pasó desapercibido en el Senado. Citaré algunos fragmentos de la discusión porque, como suele decirse, todos estamos sometidos a los archivos; y respecto de este tema, estoy involucrado personalmente. En la versión taquigráfica del 29 de noviembre de 2006, página 54, tuve un cruce con el senador Capitanich, quien hacía las veces de vocero y defendía las posturas económicas del oficialismo. Con el permiso de la Presidencia, me permitiré releer aquella discusión: Ahora quiero referirme al 70 por ciento que tiene asignación específica.

Quisiera detenerme en este punto, porque podríamos tener una dificultad jurídica con lo que vamos a votar. La asignación específica que llega desde la Cámara de Diputados es para consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico. Quiero recordar que cuando este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo lo había enviado con una afectación totalmente distinta: solventar los pagos de la deuda pública; así venía escrito por decisión del Poder Ejecutivo.

Cuando uno analiza la versión taquigráfica correspondiente al debate de Diputados, advierte que allí se produce una reflexión de algunos diputados de un bloque en particular −recuerdo que, en ese momento, la diputada Camaño tampoco pertenecía estrictamente al bloque del Frente para la Victoria−, indicando que está muy mal que el impuesto al cheque, que grava la producción, etcétera, vaya a solventar el pago de la deuda −este era el argumento, que era un impuesto que gravaba la producción y que no se podía con eso solventar el pago de la deuda−.

Hacen una disquisición muy política, de mucho contenido político más que técnico. Lo cierto es que el bloque oficialista en Diputados admite la reflexión o la sugerencia, modifica la afectación específica y ahí es donde, en vez del pago de la deuda pública, aparece esto de, comillas −que es lo que está vigente−, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico.

Yo dije en ese momento: estoy convencido de que esta nueva redacción podrá dejar tranquilo políticamente a alguien desde el punto de vista político, pero en verdad coloca a este artículo frente a un grosero vicio de inconstitucionalidad en materia de distribución. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza a jugar, al no haber una afectación específica real, el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución. Entonces, a mi juicio este impuesto se torna absolutamente coparticipable, por haber violado el concepto de asignación específica. Haberlo destinado al pago de la deuda pública, como lo quería el gobierno, transformándolo ahora en una cuestión tan global y general, que es prácticamente como decir "pase a Rentas Generales", lo convierte en coparticipable.

Hubo más argumentos, porque hubo respuesta del senador Capitanich que, en ese momento, se ciñó –si uno lo lee– estrictamente al concepto teórico de que esto corresponde al artículo 75, inciso 3), porque sí. En ese momento, las cosas se resolvían así.

El senador Capitanich decía “porque sí”, íbamos a votar y él tenía la razón de cerca de 50 votos. Está bien, es lo correcto; y uno se quedaba con estas cosas que hoy, cuatro años más tarde, sirven para algo. Yo pensé que en algún momento me iban a servir. Ahora bien, hoy, lo que estamos haciendo, insisto, no es modificar nada que no se haya modificado. Esto se modificó sustancialmente en noviembre de 2006, se le quitó la asignación específica y, desde ese momento, al pasar al Rentas Generales, al sustentar el programa económico, que es una forma de explicar el pase a Rentas Generales, dejó de tener asignación específica. Por lo tanto, hoy, con una simple derogación del artículo 3° de la ley actual, no estamos haciendo otra cosa que, con la herramienta de una ley común, lo digo mirando a las autoridades de la Cámara, no con una ley especial que requiera mayoría especial, devolverle la constitucionalidad perdida a una ley que tiene que respetar...


Sr. Pichetto. – ¡No hay límites!


Sr. Sanz. – Estoy hablando con absoluto respeto. Y si el senador Pichetto quiere una interrupción, se la doy. Es más, estoy tratando de argumentar con absoluto respeto una cuestión jurídica que es opinable. Puede usted tener otra opinión, senador.


Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.


Sr. Pichetto. – Usted sabe bien la valoración intelectual que tengo por usted pero, sinceramente, esta interpretación forzada vuelve a colocar en riesgo, porque es el presidente de la Cámara de Senadores el que va a tener que interpretar qué número requiere el Senado para votar este proyecto de ley.

Durante todo este tiempo, todos estos días previos, se sostuvo a lo largo y a lo ancho de los medios de comunicación la necesidad de contar con 37 votos. Usted lo ha dicho, incluso, públicamente.

Hoy, el senador Giustiniani lo dijo en un programa de televisión. También, lo dijo el senador por la provincia de Santa Cruz. Esta interpretación grosera invalida esta norma que van a votar por simple mayoría, si es que, además, el presidente convalida una nueva violación, no ya al Reglamento, sino a la Constitución Nacional.

Senador Sanz, le pido que reflexione. Sé que no tenían otro camino que inventar este artilugio jurídico porque no logran los 37 votos, no los tienen. Como no tienen los 37 votos, el camino que les quedaba era retirarse y dejarnos sin quórum, sin sustento, o inventar este artilugio que reconozco que tiene una creatividad interesante.

Sin embargo, cuando uno revisa los antecedentes de 2006, se va a dar cuenta de que la votación se hizo con la mayoría que requiere la Constitución. Y durante los últimos ocho años, nos apuraron permanentemente y tuvimos que votar cada una de las prórrogas de la Ley del Cheque con la mayoría especial porque, si no, no se prorrogaba. Esa es la historia.

Además, porque veía venir este tema, tengo todos los antecedentes y después, cuando me toque el turno, lo voy a ampliar.

Me parece que este debate nos enriquece. También quiero llamar a la reflexión: no violentemos la Constitución. Ya no el Reglamento, señor presidente. Que no lo obliguen a violentar la Constitución, porque aquí corresponde aplicar el artículo 75, inciso 3), que requiere de una mayoría especial. Esta es la historia del Senado con respecto a este tributo. Mayoría especial de 37 votos, mucho más para modificar el curso de las asignaciones y la distribución en las provincias.

Digo esto con respeto. Me parece que está equivocado y vamos a plantearlo luego, cuando me toque hablar en el cierre.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.


Sr. Sanz. – Prefiero el tono de que a usted le parece que yo estoy equivocado y no el tono de que estamos violentando groseramente y haciendo todas las cosas que usted dijo al principio.

Si estoy equivocado o no es una cuestión de interpretación. Acepto la que usted pueda tener, pero la mía no la inventé esta noche. Traigo una versión taquigráfica de noviembre de 2006. Y si antes no se dio este debate fue porque cada año, en virtud del número –que, obviamente, superaba abrumadoramente los 37 votos que tenía el bloque que el senador Pichetto conducía–, nunca estuvo en discusión.

Nunca se dio una situación como esta desde 2006 en adelante, pero en 2006 yo la discutí y, por eso, creo tener autoridad para plantear esto hoy. Pido que no se hagan otras interpretaciones más que las que podamos tener desde el punto de vista jurídico, que no se hagan adjetivaciones de esto.

Si nuestra interpretación es incorrecta, pues que se rebata y se den todos los argumentos. Yo no estoy agraviando a ninguna interpretación que pueda tener el bloque de la mayoría. Podría utilizar adjetivos si cupieran, pero no los estoy usando y tampoco me interesa hacerlo.

Yo tengo una interpretación jurídica de que ésta es una ley simple. Tengo la interpretación de que es una ley simple porque, a partir de 2006, perdió la afectación específica, y al perder la afectación específica dejó de ser una ley especial, y si dejó de ser una ley especial, no requiere mayoría especial. Por lo tanto, tengo derecho a pedir –por lo menos, tengo derecho a pedirlo, independientemente de cómo se resuelva– que a la hora de la votación no se exija la mayoría especial.

Felizmente, el sistema bicameral tiene elementos de interpretación. Felizmente, hay interpretaciones de la Constitución que no nos corresponden y que no nos pertenecen a nosotros. Nosotros no somos intérpretes de la Constitución, ni aun teniendo la mayoría para poder ejercerla. No somos los intérpretes de la Constitución.

Por lo tanto, dejo pedido, más allá de las argumentaciones políticas, que por estas razones jurídicas, al momento de ponerse a votación, se tenga en cuenta que ésta es una ley simple y no una ley especial.


Sr. Mayans. – Como no consiguieron 37 votos, ahora cambian. ¡Cualquier cosa!


– Varios señores senadores hablan a la vez.


Sr. Petcoff Naidenoff. – Es una posición jurídica de 2006.


Sr. Mayans. – Es una vergüenza, presidente. Es un mamarracho jurídico.


Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Pero cállese!


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.


Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: imaginaba qué pensaría Alberdi, qué pensarían los que suscribieron los pactos preexistentes y que, después de las batallas, se sentaban a firmar los tratados de paz –y el más grande tratado de paz que firmaron fue esta Constitución–; qué pensarían respecto de confundir la discusión del federalismo con la discusión de las conveniencias de las amistades.

Lo que estamos discutiendo esta noche es lo que establece la Constitución sobre los impuestos. Cuando se dictó la Constitución, las provincias preexistentes delegaron facultades en el gobierno nacional y se reservaron todas las no delegadas. Y en materia de impuestos, se le dio a la Nación el cobro de los derechos de importación y exportación del puerto de Buenos Aires que, desde el punto de vista económico, era lo más importante que tenía la República Argentina en aquella época.

No había fábricas ni grandes comercios ni grandes empresas. Había un puerto por el que entraban y salían las mercaderías y un extenso territorio con muy poca población. El máximo recurso existente estaba dado por los derechos de importación y de exportación. Después, se estableció un sistema de impuestos directos e indirectos y un sistema que determinaba que, en casos especiales, la Nación podía cobrar algún impuesto en concurrencia con las provincias.

En 1930, en la llamada “Década Infame”, el famoso ministro de Economía Pinedo se animó a enviar la primera ley audaz, que fue el Impuesto a las Ganancias. Se trataba de un impuesto que hasta ese momento, según la Constitución, correspondía a las provincias. No obstante, logró instituirlo temporalmente, creo que por cinco años, y como todo lo que es transitorio en la Argentina pasa a ser permanente, sin ningún sistema de distribución, fue todo para la Nación.

Van avanzando los tiempos, las provincias empiezan a reclamar, negocian prórrogas del impuesto y se establece un sistema parecido al actual, de toma y daca, y algunas provincias fueron pellizcando una parte de ese Impuesto a las Ganancias. A partir de ahí, se empezaron a dictar otros impuestos y se fue generando este sistema impositivo argentino equivocado.

Luego, aparecen algunos progresos con el fin de establecer algunas normas de distribución. En otras épocas, el sistema de los gobernadores de concurrir al Ministerio del Interior a pedir dinero para sus provincias era el sistema habitual.

En 1988, fruto de esta democracia, hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales, con sus representantes sentados en una respetuosa mesa de discusiones. Y aquí, tal vez, tenga razón el senador por Tierra del Fuego, cuando dijo que el gobierno del doctor Alfonsín, en ese tiempo, estaba en un momento de debilidad, pero que también los que suscribían el convenio eran los que estaban en la fortaleza de saber o de pensar que podían ser el futuro gobierno.

No obstante, se estableció un régimen que fue aceptado por todos, un régimen transparente: de los impuestos que cobraba la Nación, se estableció el 54 por ciento para las provincias y el 46 por ciento para la Nación.

Además, se estableció un sistema de distribución secundaria, que es mucho más complejo que el sólo numerito, ya que hubo otras formas de distribución que aún existen y que compensaban. Por eso, hay valores que no tienen una lógica.

Tenían una cierta arbitrariedad, pero tuvieron la virtud de ser el fruto del consenso y de la aceptación de todos los gobiernos provinciales en aquella época. Eso fue lo que permitió un sistema de distribución automática de los recursos. Luego, empieza la crisis, la hiperinflación, una nueva hiperinflación y el primer acuerdo fiscal.

Ante la necesidad de la Nación de cubrir los problemas económicos graves a nivel nacional, se firmó el primer acuerdo fiscal. Yo fui parte de él y varios de los que están aquí sentados también fueron parte. Ese acuerdo fue fruto de arduas e intensas negociaciones. En la discusión, las provincias cedían algunas cosas y la Nación otras.

Por ejemplo, fue motivo de una gran discusión la administración de los fondos FONAVI. A partir de ese acuerdo fiscal, dejó de administrarlos la Nación y se estableció un sistema de distribución para que los administrara cada provincia. Pero no era lo mismo que en la Secretaría de Vivienda de la Nación se estableciera qué cupo tenía la provincia y que tuvieran que venir acá ministros y contratistas –parecido a lo que pasa ahora-, que el sistema por el cual cada provincia administrara y se hiciera responsable de su plan de viviendas.

También hubo muchas cosas solidarias que se discutieron en esas épocas.

Cuando se llevó a cabo la reforma constitucional, hubo una fuerte discusión, que también tenía contenido político. Era una muy fuerte discusión. En esa oportunidad, la máxima defensa del federalismo la ejercieron la actual presidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que era constituyente por Santa Cruz, y su esposo, Néstor Kirchner, que también era constituyente por la provincia de Santa Cruz.

Lo que querían corregir era que las provincias no tuvieran un sistema de negociación desde la debilidad, sino desde la fortaleza. Y Kirchner dijo que nunca se iba a dictar la Ley de Coparticipación Federal, porque los intereses unitarios, los intereses centralistas, los del país desproporcionado y plagado de injusticias iban a estar por encima de la Nación, del conjunto y de una distribución equitativa y solidaria de los recursos. Lo estoy diciendo con palabras mías.

No son las palabras que emplearon Cristina Kirchner ni Néstor Kirchner. Pero era un debate importante.

El principal protagonista del otro lado era Cafiero, que fundamentalmente defendía los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que participaba en el debate, era el fondo del Conurbano bonaerense. Se discutía todo eso. También se discutía, un poco, el futuro de la política.

En esa discusión, se estableció la cláusula de la ley convenio, se estableció la cláusula de dictar una ley de coparticipación federal y se estableció una cláusula respecto de que no se podía disminuir lo que cada provincia percibía. Ninguna modificación podía afectar lo que cada provincia percibía.

Hubo otros acuerdos fiscales. Hubo una crisis en 2001. Siempre hubo un gran debate. Más aún, puedo garantizarlo porque fui cinco veces gobernador de San Luis y participé en todos estos acuerdos, menos en el de 2002, que fue el único que no firmó la provincia de San Luis.

Los demás sí los firmé. Pero ese no se firmó, y felicito a la gobernadora por no haberlo firmado, que nos permite reclamar el piso del 34 por ciento, etcétera.

Pero siempre fue el fruto de un acuerdo. Probablemente, radicales, peronistas y partidos independientes tenían sus corazoncitos y eran más blandos o más duros, levemente, con respecto a su afinidad con el gobierno nacional. Pero los gobernadores defendíamos los intereses de las provincias y estábamos unidos en esa defensa de intereses provinciales, que además eran todos parecidos: la pobreza, el endeudamiento, la falta de financiamiento, la transferencia de las escuelas, la atención de la salud, etcétera.

Eran temas iguales para todas las provincias. Lo que logramos fue establecer definitivamente un régimen de coparticipación federal que antes no estaba en la Constitución Nacional, porque anteriormente todos los impuestos eran nuestros, pero los cobraba la Nación, quien se los quedaba. Entonces, en esa reforma constitucional establecimos un gran logro, o lo que creímos que era un gran logro, dado que en vista de los resultados, no fue tal.

Así, se estableció que todos los impuestos –absolutamente todos–, eran coparticipables. Es decir, que todo lo que cobraba la Nación era coparticipable, salvo las asignaciones específicas. Luego, la picardía, las circunstancias, las avivadas y la Argentina sin calidad institucional, desde mi punto de vista con un rumbo equivocado, fue haciendo con cada impuesto una asignación específica y se fue trampeando el sistema de coparticipación.

De tal forma, llegamos ahora a esta realidad. Y de aquel 50 por ciento que en términos generales se distribuía para las provincias –el otro 50 por ciento era para la Nación, o a veces más, y a veces menos–, se pasó al sistema actual, con un 25 por ciento para las provincias y un 75 por ciento para “papá Nación”, la cual distribuye como Papá Noel a los amigos. Es decir, “si sos amigo, te doy, y si no sos amigo, no te doy. Si sos amigo y vas a votar en las próximas elecciones de tal forma, tomá un plan de 500 casas.

Si no sos amigo te van a decir que no trajiste tal papelito, o el otro.” No vaya a creer, señor senador Pérsico, que la provincia de San Luis, que ha mostrado una solvencia enorme en la administración pública –reconocida absolutamente–, no va a saber rendir cuentas o tramitar 300 viviendas. La pequeña provincia de San Luis, con los fondos del FONAVI y el recupero, construyó en la época de la democracia 60.000 casas. Pero, por supuesto, se necesitan más viviendas, porque San Luis crece. Sin embargo, no las conseguimos, porque no estamos dentro del equipo de los amigos.

Así mismo, quiero explicar al señor senador Giustiniani que hay tres grupos: los amigos, los más o menos amigos y los que no son amigos. Parece que Santa Fe, San Luis y la ciudad de Buenos Aires, somos los no amigos. No se por qué. Incluso, no se por qué vamos juntos. En cuanto a Chubut, está entre los medio amigos (Risas.)

La verdad es que no se entienden estas categorías. Pero así lo decide la presidenta, y así se hará.

Ahora bien, volviendo al tema de debate, todos los impuestos son coparticipables. Lo que simplemente estamos tratando es de ir a una situación de normalidad y que en vez de ser un regalo de Papá Noel esos fondos –que sirvan para la construcción político partidaria personal de un grupo– formen parte de reglas objetivas, tal como establece la Constitución.

Que sean reglas iguales para todos. Que sea algo equitativo, solidario, y que se comprendan las diferencias. Que se tengan en cuenta los índices de pobreza, de marginalidad, y que se tenga en cuenta el endeudamiento. Señor presidente: esto no importa ninguna desfinanciación para la Nación. La mayoría de las provincias debe estar incluida en estos planes que se han señalado, de refinanciamiento, que no se cómo se llaman. Si se cobran, le resultará neutro a la Nación.

Creo que es lo que se está buscando con el mecanismo de la norma que queremos dictar. No significa que se tendrá que transferir a las provincias. Simplemente éstas tendrán un alivio y no tendrán que peregrinar, como corresponde. Deben poder saldar sus deudas con el dinero que les corresponde. Esto es de estricta justicia. Se podrán buscar los argumentos que se quiera. Además, no entiendo por qué si nosotros dictamos la ley se van a quedar sin los beneficios que tienen.

No sé por qué les van a quitar las cosas. ¿Los amenazan? ¿Les dicen: “si votás la ley no te damos más casas”? No tiene nada que ver. Por eso digo que se asombrarían –creo– los firmantes de los pactos federales, nuestros constitucionalistas, los que lucharon por el federalismo en la Argentina, con aciertos y errores. En la Argentina tiene que darse un debate sobre este tema. Debemos discutir las esferas de competencia. Eso es lo que discuten los países federales.

En los Estados Unidos, por ejemplo, estaban discutiendo eso con relación al sistema de salud: si al poder la Nación hacer un sistema de salud que abarcara a todos los Estados, cada uno de ellos tenía derecho a hacer el propio. El presidente personalmente iba a explicar al Senado y a la Cámara de Diputados, dialogaban, y encontraron una solución. Si es buena o no, allá ellos. Nosotros tenemos un sistema constitucional que debemos respetar.

Nuestra Constitución es el tratado de paz, de convivencia; allí están los objetivos que tiene el país, no los que tiene un gobierno, una persona, o una administración circunstancial, que puede tener en otra jurisdicción o competencia -la de una provincia o la de un municipio- una persona simpática o antipática, amiga o no tan amiga. Eso no tiene nada que ver con el sistema constitucional, con el sistema de distribución de los bienes, de los servicios y de la riqueza.

Tenemos que distribuir equitativamente la riqueza y poder sentirnos en este país todos argentinos, con derechos igualitarios. Y en lugar de estar echándonos la culpa de lo que pasó en la historia debemos buscar la forma de mirar al futuro. La comisión también se ha expedido sobre los ATN. Y es el tema que deberemos tratar en pocos días. Hay 10.000 millones de ATN que se crearon en su momento con el 1 por ciento de la coparticipación federal de los recursos que nos corresponden a todas las provincias. Cedimos ese dinero para un fondo solidario con el objeto de atender los desequilibrios financieros de las provincias.

Pues bien, las provincias que tienen desequilibrio financiero no pueden usar los ATN y sí el PAF, que funciona así: “Te lo doy si me das”. Esto es un fondo que está creado para ser distribuido equitativamente y en forma transparente. Entonces no entiendo los argumentos. Creo que debemos tratar el tema de los ATN. Y me refiero a los que no se usaron, los que están guardados, los que pertenecen a las provincias y no se distribuyeron.

También creo que debemos tratar la ley de coparticipación federal.

Y para hacerlo debe estar en la agenda. Lo que pasa es que gobernaron seis años y nunca estuvo este tema en la agenda. Si nunca fue convocada la Comisión de Coparticipación Federal. Felicito al senador Verna, quien con su impronta y su personalidad dio a esa comisión –desde mi punto de vista– una vida extraordinaria y hoy ha puesto en la agenda del Parlamento este tema. Me parece que debemos continuar en este camino.

Voy a votar desde mis convicciones y con alegría a favor del federalismo, de que se distribuyan los fondos objetivamente, para que a cada uno toque lo que corresponda; que la Nación, al final del camino, tenga lo que le corresponde y asuma las esferas de competencia pertinentes y que las provincias tengan lo que les corresponde y asuman las responsabilidades de administrarlo bien y que cada uno se haga responsable de su buena administración, de la buena gestión de los fondos y de lo que haga desde el derecho que tiene a administrar sus propios recurso.

Me parece que si no lo comprendemos, que si pensamos que no vamos a tratar una ley de coparticipación federal porque nos vamos a aferrar a que esto nos conforma, le doy la seguridad a la senadora por Jujuy, que planteó esta desconfianza, que no es así. Estamos dispuestos a dictar una ley de coparticipación federal.

Estamos dispuestos a discutirla, queremos que sea consensuada, que se reúnan los gobernadores y la presidenta, que discutan el tema y que vuelva a tener vida el federalismo en la Argentina. Obviamente, esto le haría un gran favor a la Argentina, así como también que respetemos las diferencias, las diferentes culturas y tradiciones y que atendamos los distintos problemas y los desequilibrios existentes en las provincias.

Y tratemos de nivelar y mejorar la situación para todos los argentinos. Tenemos que tratar la ley de coparticipación federal. Por último, quiero hacer una referencia a los municipios. Estoy de acuerdo con que hay que apoyar a los municipios y que sería bueno incorporar en esta y sucesivas leyes normas que les garanticen los fondos necesarios para que cada uno de ellos también tenga la posibilidad de administrar y gestionar sus fondos.

Que se discuta cuánto se queda la Nación, cuánto se quedan las provincias, cuánto los municipios, y las distintas esferas de competencia para que cada uno sepa cuáles son las cosas que tienen que hacer. La señora Cristina Fernández de Kirchner en el discurso de la Convención Constituyente, que sería bueno que lo repasen, se quejaba de que el gobierno nacional de la época tenía un Ministerio de Educación sin escuelas. Y sigue existiendo, sigue lo mismo, y pasaron seis años, con posibilidad de corregir.

Si esas convicciones que ella tenía siguen vigentes, creo que deberían discutirse hoy porque eso corresponde a la necesidad que tienen los pueblos del interior, de tener participación y protagonismo. Las provincias argentinas, los pueblos del interior, tienen altos índices de pobreza, altos índices de desocupación. Dios quiera que el país mejore, tenemos situaciones muy difíciles en todas las provincias argentinas y debemos solucionarlas entre todos los argentinos. Esa es la gran tarea. Por eso, considero que tenemos que mirar hacia el futuro y no dramatizar estas cosas.

No hay connotación de otro tipo más que instalar el debate del federalismo en la Argentina para que tengamos al final del camino una ley de coparticipación federal. Creo que todos los argentinos nos merecemos tener una ley de coparticipación federal y claras las esferas de competencia.


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.


Sr. Morales. – Creo que el mejor homenaje que podemos hacer al año del Bicentenario es justamente empezar con un debate federal que esperamos no termine en este debate de la coparticipación del impuesto al cheque, sino que continúe con un tema que hemos resuelto ayer en un plenario de comisiones entre la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, que tiene que ver con el reparto de los ATN, y que esto pueda continuar también con otros proyectos de ley que vayan reponiendo la vigencia de la ley 23.548 que, como ley convenio de coparticipación, ha sido desarticulada durante el tiempo.

El mejor homenaje que podemos hacer en el año del bicentenario va a ser este porque, en verdad, hace 200 años elegimos la dignidad y la independencia. Empezamos primero, con el grito revolucionario el 25 de mayo y luego concretamos nuestra libertad e independencia. Decidimos vivir con dignidad, sino que también esa decisión llevó implícita la idea de organizarnos como pueblo, lo que se concretó después con la sanción de nuestra primera Constitución Nacional a través de nuestras bases de organización nacional, que produjeron un gran debate y que son el sustento de nuestro sistema de vida y convivencia, de nuestro sistema de gobierno, del régimen republicano representativo y federal y del sistema de división de poderes.

Desde aquel momento y hasta ahora se profundizó primero el debate en el poder originario. El debate central de la Confederación de provincias estaba en el debate doctrinario acerca de dónde reside el poder originario, si en los municipios o en las provincias, y el criterio de organización nacional fue que el poder originario residía, y reside todavía, en las provincias. Por eso nuestra Constitución dice que son las provincias las que delegan en el gobierno nacional una serie de facultades para que podamos lograr la organización nacional.

Así que el mejor homenaje que podemos hacer es, justamente, este debate: o sea, volver a discutir sobre si las provincias detentan o no el poder originario. Y debatir sobre la cuestión federal es debatir también sobre la autonomía; pero, fundamentalmente, sobre la autonomía política. Debatir sobre la cuestión federal implica también el debate sobre la independencia política de los estados federales para saber si es cierto que todavía reside el poder originario en los estados federales.

Creo que ese es el punto que se ha planteado durante toda la jornada, con la participación de los senadores a favor de una posición u otra.

Creo que había un eje común que tenía que ver con la autonomía, nada más que con visiones distintas. Como he escuchado la justificación de parte de legisladores que responden a las ideas y a las posiciones del gobierno nacional en torno de cuál es la interpretación que hacen de la implementación de las políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo; o sea, de qué manera esa mirada que tiene el oficialismo sobre la aplicación de políticas públicas por parte del gobierno nacional fortalece la autonomía de los estados federales.

En verdad, el debate está planteado allí. Desde nuestro punto de vista, nosotros decimos desde la oposición que, justamente, el debate federal y la autonomía tienen que ver con reponer la ley de coparticipación federal y la autonomía de los estados federales, restringiendo la discrecionalidad y las decisiones arbitrarias que toma el gobierno nacional sobre las provincias. Ese ha sido el debate a lo largo de toda la noche. Y para agregar u ordenar tal vez algunos datos que tienen que ver, justamente, con esa discusión habría que hacer algunos números grandes para saber cómo estamos a esta altura, después de la sanción de la ley 23548 que establecía que de cada 100 pesos las provincias tenían que recibir 57 pesos y el resto el gobierno nacional.

Durante todo este tiempo ha habido tres acciones concretas que han deteriorado la relación entre Nación y provincias y el principio de autonomía política de los estados provinciales, poniendo en riesgo el concepto originario de que el poder originario reside en las provincias.

Primero, debemos tener en cuenta el tema de la descentralización de los servicios educativos y de salud. Ha habido durante todo este tiempo una descentralización de esos servicios; tan así es que el Estado nacional no paga sueldos de docentes, no tiene a su cargo el servicio educativo y tampoco los servicios de salud que se prestan en las provincias y esta transferencia de servicios ha hecho que las provincias deban hacerse cargo de una mayor cantidad de erogaciones sin tener como contraprestación los recursos necesarios para ello.

Hoy las provincias gastan dos puntos más del producto bruto en salud y educación que antes de la transferencia. Esto equivale anualmente a 20 mil millones de pesos. Hay otras cuestiones, aunque son tres los ejes centrales del deterioro de la relación Nación-provincias. Uno tiene que ver con el desvío de fondos provinciales para la ANSeS. Durante el 2009, las provincias contribuyeron con el sistema previsional con la suma de casi 26 mil millones de pesos.

Es decir, las provincias hacen un aporte importante para el funcionamiento del sistema previsional; 20 mil millones por un lado y 26 mil millones por el otro. El segundo eje tiene que ver con la coparticipación de los fondos del denominado impuesto al cheque. El tercer eje es la creación de impuestos que se coparticipan poco o que desde 2006 no cumplen -como bien se dijo- con lo que fija la Constitución Nacional.

En el caso del llamado impuesto al cheque, su no coparticipación en forma total, significa que las provincias resignan la suma de diez mil millones de pesos.

En estos tres conceptos, las provincias tienen una sobrecarga de 56 mil millones de pesos a erogar, lo cual pone en riesgo la autonomía política y el principio de independencia política de los Estados provinciales.

Mientras tanto, hubo un incremento de la participación de las provincias en el gasto consolidado. Del 33 por ciento en los últimos años, las provincias deben hacerse cargo del 40 por ciento del gasto consolidado. O sea, menos recursos y más asignación de gastos.

En definitiva, las provincias están en un nivel de mayor dependencia respecto del gobierno nacional, lo cual configura el gran debate. La ley 23.548 establecía la suma de 57 pesos y ahora, como bien se ha planteado aquí, las provincias ni siquiera reciben el 34 por ciento que había fijado como piso el artículo 7° de la ley de coparticipación.

El conjunto de las provincias reciben un 25 por ciento del total de la recaudación. También hay una disminución de las transferencias automáticas y un incremento de las transferencias discrecionales. Eso es cierto. Quizás el argumento más sólido del oficialismo es que la Nación entrega mayores recursos de manera discrecional. Y ahí está el debate ya que es el punto esencial vinculado con el principio de autonomía e independencia.

Como digo, es cierto que ha habido un incremento del gasto discrecional. Si se comparan el 2008 y el 2009, los incrementos de las transferencias discrecionales de recursos fueron del 18 por ciento para un año y del 26 por ciento para el siguiente. Entonces, es cierto que hay un incremento de las remesas de recursos discrecionales por parte del gobierno nacional.

Paralelamente, ha caído el sistema de transferencias automáticas ya que del 82 por ciento en el 2008 se pasó al 74 por ciento en 2009. Esta es la situación que se viene produciendo y que, fundamentalmente, la actual gestión del gobierno nacional ha estado profundizando en los últimos tiempos en desmedro de las provincias.

Quiero dar algunos datos porque en el debate de la discrecionalidad del gasto hay dos temas. La cuestión de la discrecionalidad en sí misma y la injusticia que genera un criterio discrecional por parte del gobierno nacional.
Tengo el dato del ejercicio 2009. De 12.854 millones de pesos que transfirió discrecionalmente el gobierno nacional en materia de programas habitacionales, obras urbanas, construcción de escuelas y obras y caminos de obras de infraestructura vial y asistencia a las provincias con aportes del Tesoro –no se trata de ATN–, la provincia de Buenos Aires recibió 3.795 millones, mientras que la provincia de San Luis −que es "el último orejón del tarro−, por todos esos conceptos, recibió 45 millones durante 2009; y la provincia de Santa Cruz −que es la segunda en la grilla− recibió 964 millones de pesos. Ese es el problema.

Estamos hablando de la distribución que obtuvimos del Ministerio de Infraestructura en concepto de programas habitacionales, obras urbanas, construcción de escuelas, Dirección de Vialidad y asistencia del Tesoro a las provincias. Con relación a la Dirección Nacionalidad de Vialidad, mientras que la provincia de Buenos Aires recibió 554 millones de pesos para obras viales, la provincia de Santa Cruz recibió 531 millones de pesos.

Y le tocó peor suerte a Santa Fe que, por ese concepto, recibió 300 millones de pesos, en comparación con la provincia de Santa Cruz que, reitero, percibió 531 millones. Esto habla del nivel de discrecionalidad existente. Asimismo, la Capital Federal recibió 142 millones; el Neuquén, 88 millones; Catamarca, 94 millones; y La Pampa, 41 millones. Esta última provincia es la tercera, comenzando de abajo.

Del total de los 12 mil millones, La Pampa recibió 124 millones, mientras Santa Cruz, 894 millones. Hablamos de esa cuestión, de que la discrecionalidad genera injusticia.

¿A costa de quiénes? De los pueblos de San Luis, de La Pampa o de Corrientes. Por ejemplo, Corrientes recibió 113 millones de pesos del total de 12 mil millones.

¿Por qué motivo? ¿Por qué las decisiones que se toman aquí, en Balcarce 50 o en el Ministerio de Infraestructura, tienen que ver con un criterio que beneficia o perjudica a determinadas provincias?

¿En razón de qué criterio? ¿Es justo que tengamos que seguir manteniendo un sistema arbitrario de presión del gobierno nacional sobre las provincias? Es cierto que está en debate si los gobernadores y las provincias terminan siendo rehenes de un sistema que es injusto y perverso.

Verdaderamente, está muy mal que se distribuya de esta manera. Y a esto hay que sumarle la fortaleza del argumento del oficialismo, que consiste en decir: "se han hecho todas estas obras". Son dos las cuestiones. La primera, es la decisión. En ese sentido, me referiré al caso de las provincias de Jujuy, de Salta y de Tucumán, que pertenecen al NOA.

En mi provincia, se hizo una obra en el Acceso Sur, respecto de la cual, verdaderamente, nos hubiera gustado discutir su realización. Se gastaron 250 millones de pesos, y hubiera sido bueno que el pueblo jujeño discutiera si quería una obra de infraestructura de ese tipo o una obra de riego que permitiera incorporar a las 20 mil hectáreas de producción de tabaco o las 10 mil destinadas a los cañeros independientes −para la producción de caña con mano de obra intensiva−, 20 mil ó 30 mil hectáreas más, para modificar el producto bruto y, de esa forma, pasar de tener en la industria del tabaco a 40 mil trabajadores en lugar de los actuales 20 mil.

Sin embargo, no nos permitieron tomar esa decisión autónoma con relación a qué hacemos con 250 millones de pesos. Vino el gobierno nacional y dijo: "estos 250 millones de pesos están destinados a esta obra", cuando, en realidad, nosotros deberíamos haber debatido si queríamos otro tipo de obra de infraestructura. Pero también tenemos hecho un estudio sobre los precios. Porque este sistema, que es perverso y discrecional, además, genera un esquema de sobreprecios de la obra pública. Como dije, hicimos varias comparaciones, porque en el caso de la obra del Acceso Sur, planteamos una denuncia penal.

En este sentido, tomamos un tramo de 5 kilómetros y comparamos su costo con el de una obra realizada por el gobierno de Salta, con fondos propios, durante la gestión del ex gobernador y actual senador Romero. En 5 kilómetros de obra que desarrolló Salta para el acceso al aeropuerto −se trató de la misma obra, con los mismos puentes y demás−, se gastaron 35 millones de pesos, mientras que para la misma cantidad de kilómetros, en Jujuy, se pagaron 100 millones de pesos.

Asimismo, en 2007, sobre un camino de 22 kilómetros a Faimallá, efectuamos un trabajo en la provincia de Tucumán. Mientras que esta provincia pagó 100 millones de pesos, a raíz de alrededor de 4 millones de pesos por kilómetro de pavimento, San Luis pagó 1 millón de pesos el kilómetro.

De esto estamos hablando.


Sr. Rodríguez Saá. – Kilómetros de autopista.


Sr. Morales. – Incluso, le agradecimos al gobierno de San Luis que nos brindó la información de cuánto era el costo de obra pública, con recursos provinciales. De esto estamos hablando; estamos hablando de discrecionalidad; estamos hablando de un sistema de sobreprecios; estamos hablando de que la discrecionalidad genera injusticia.

Esta es la discusión federal. Tiene que ver con el debate de la independencia de las provincias y de si. Realmente volvemos doscientos años atrás y preservamos el concepto del poder originario en los gobiernos provinciales. De esto estamos hablando cuando nos referimos a la coparticipación del impuesto al cheque y de estas cuestiones.

También se dice que si le sacamos 10 mil millones de pesos a la Nación. vamos a afectar los recursos y le vamos a producir un gran daño al gobierno. Esta es la segunda línea argumental del oficialismo. La primera es que las provincias reciben más plata. y está visto qué es lo que ocurre con ejemplos concretos. No quiero mencionar la obra de Choele Choel-Pico Truncado, que tiene un informe de la Auditoría General de la Nación, donde un tramo vale 10 y otro 200 ó 300.

Hay miles de ejemplos, pero yo solamente me referí a las obras del NOA, que es la zona en donde vivo. El otro argumento que plantea el oficialismo tiene que ver con que vamos a afectar los recursos y pondremos en riesgo la precaria situación del Estado nacional. No es verdad; ya se ha planteado aquí que la pauta de crecimiento del 2,5 por ciento va a ser superada holgadamente y va a alcanzar un 4,5 por ciento del producto bruto. Esto va a significar entre 35 mil y 50 mil millones de pesos de recaudación adicional.

Estamos hablando de que esta decisión importa no un cambio cuantitativo en el presupuesto, porque los recursos siguen siendo los mismos, sino un cambio cualitativo del gasto, es decir, un cambio en quién decide el gasto. La decisión que podemos adoptar hoy con esta reforma o con la derogación que podamos producir de la ley de impuesto al cheque vigente tiene que ver con un cambio cualitativo.

No tiene nada que ver con la cantidad del presupuesto; la recaudación va a seguir siendo la misma. Entonces, también es débil este argumento del oficialismo. En ese sentido, va a haber apelaciones a que seamos responsables. Ayer, en el debate de las reservas, nos decían que tengamos cuidado con la derogación de los decretos de necesidad y urgencia, porque se pone en riesgo la reapertura del canje.

Eso no tiene nada que ver. Ahora nos van a decir que si modificamos la ley de impuesto al cheque pondremos en riesgo la reapertura del canje. La reapertura del canje es un proceso autónomo, que va a ser exitoso, porque quienes compraron títulos a 30 dólares ahora van a cobrar 50 dólares o más. Tienen una ganancia del 70 ciento. Les conviene, porque quienes quedaron fuera del canje compraron devaluados los títulos y van a tener una superganancia del 70 por ciento. El tema de la reapertura del canje es un proceso autónomo que no tiene nada que ver con las decisiones políticas que tomemos en materia de DNU y con la modificación del impuesto al cheque. No nos corran con esos argumentos que no tienen nada que ver.

La actitud que tiene la oposición es de un alto grado de responsabilidad. En ese sentido, hemos ofrecido alternativas en cada uno de los frentes de debate que tenemos con el gobierno. Y en este tema, estamos discutiendo la cuestión de la autonomía política de las provincias. Este segundo argumento tampoco tiene sentido cuando empezamos a ver los números del presupuesto. El tema de la coparticipación no sólo lo plantean las provincias y los intendentes, sino todos.

Los gobernadores con que uno se cruza en cualquier evento lo saben. Esta es una bandera federal. Lógicamente, cuando vienen a Olivos, tienen que ir de rodillas, porque de lo contrario no les envían los recursos. En verdad, hablamos de si los gobernadores e intendentes siguen siendo rehenes del gobierno nacional o no. Este es el verdadero debate.

La Iglesia también ha elaborado un documento, que ha generado ruido, que tiene que ver con la pobreza, porque este debate también tiene que ver con la cuestión de la pobreza.

En el punto correspondiente a los cambios estructurales consensuados, de largo plazo, la Iglesia plantea garantizar la independencia de las provincias y municipios delegando responsabilidades y asignando los recursos necesarios.

Y en el inciso g) del punto quinto, que se refiere a las principales políticas públicas a implementar en el período 2010-2016, habla de una reforma impositiva que establezca una coparticipación federal que tenga en cuenta el principio de subsidiariedad y, por ende, sea acorde a las acciones a cargo de las provincias y municipios, como educación, seguridad, salud, etcétera. Esto lo plantea la Iglesia.

Es decir que todos los sectores de la sociedad argentina están discutiendo sobre este tema que traemos a debatir como un asunto de la agenda de la oposición. Entonces, la lucha es la misma de hace doscientos años, es la lucha por la dignidad. Un pueblo digno es un pueblo que es autónomo. Un pueblo digno es un pueblo que es independiente. Un pueblo digno es un pueblo que es libre. Si no hay libertad, no hay dignidad. Y un pueblo digno es un pueblo que tiene garantizados sus derechos.

No es posible la libertad, la independencia, la autonomía y la garantía de los derechos ciudadanos si, realmente, no volvemos a la aplicación de la ley de coparticipación en el sentido en que fue aprobada en 1988, es decir, respetando la independencia política de los gobiernos provinciales. Muchos hombres y mujeres dieron la vida por este país, y nosotros creemos que esos hombres que dieron su vida y que pusieron todo su compromiso se merecen este debate que estamos dando sobre la cuestión federal.

Quiero hacer una referencia al tema de la Constitución Nacional, por lo que ha planteado el señor senador Ernesto Sanz. Como él bien ha dicho, ya en 2006 ha dejado de tener asignación específica la modificación al artículo 3° de la ley de impuesto al cheque. Tiene razón el señor senador Pichetto.

Es así, porque la estructura de la Constitución Nacional establece este criterio que está plasmado en el artículo 75, incisos 2) y 3). Allí está la estructura conceptual que yo quiero esbozar porque, seguramente, vamos a tener que plantear algunos cambios para que podamos realizar una votación que...


Sr. Verna. – Solicito una interrupción, señor presidente.


Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción, señor senador?


Sr. Morales. – Sí.

Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Verna.


Sr. Verna. – Señor presidente: nosotros hemos hecho llegar a la Secretaría Parlamentaria un proyecto de modificación a la redacción del artículo 1°del proyecto. Creo que es mucho mejor redactar el artículo 1° diciendo “Derógase el artículo 3° de la ley 25.413 y sus modificaciones”.

¿Por qué? Porque en este caso, al derogarse la modificación en la distribución, pasa al régimen general de impuestos que se distribuye por la ley 23.548 y, entonces, queda claramente demostrado que es la distribución de un impuesto previsto en el artículo 2° de la ley 23.548 y encuadrado en el artículo 75, inciso 2), de la Constitución Nacional.

Creo que esta redacción es mucho más adecuada. Esa es la propuesta que hemos alcanzado a la Secretaría Parlamentaria y es la que estamos proponiendo que se vote.


Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.


Sr. Morales. – ¿Cuál es el criterio general que establece la Constitución, que justamente preserva este principio del poder originario y que las provincias delegan en el Gobierno nacional?

El inciso 2) del artículo 75 de la Carta Magna le da la atribución al Congreso de la Nación de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias; imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan.

Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Entonces, ¿cuál es el criterio general? Que todo impuesto es coparticipable.

El criterio general plantea que la Cámara de origen para la creación de impuestos es la de Diputados. Sin perjuicio de ello, existen antecedentes sobrados de modificaciones realizadas por el Senado a impuestos ya creados y que cumplen con el principio de que la Cámara de origen es la de Diputados.

Hay miles de ejemplos, y acá tengo unos cuantos que puedo leer. No obstante, este es el principio general. Para apartarse de este principio general, el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional menciona lo siguiente: “Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la cantidad de los miembros de cada Cámara”.

¿Por qué se requiere de una mayoría especial? Porque se trata de una cuestión que se sale del principio general de la norma, del primer párrafo del inciso 2) del artículo 75 de la Carta Magna y, entonces, se genera una afectación específica. Si hay una afectación específica que saca recursos del criterio general de que todos son coparticipables, requiere de una mayoría agravada. Por ello, es que en este caso se requiere de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

Por eso, como dice el senador Pichetto, siempre para el caso del impuesto al cheque, por tener en el artículo 3° una asignación específica, lógicamente se requiere de la mayoría absoluta. Y en caso de que hubiera –como dice– creación o modificación, que es algo que podría haber llevado a dudas el dictamen de comisión, el cambio que plantea el senador Verna es pertinente.

Entonces, la derogación del artículo 3° nos pone ante la situación de que estamos tratando una ley de impuestos, que tampoco es una ley convenio, como dijo el senador Mayans. No estamos frente a una ley convenio. No estamos ante una modificación de la ley 23.548 que deba ser avalada por las provincias. Hablamos de una modificación, por ley simple, de un impuesto que ya está creado, con la derogación de un artículo que generaba la afectación específica.

Si en este momento estuviéramos creando o modificando una asignación específica, correspondería la mayoría absoluta y, también, encuadrarla en el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Hay muchos ejemplos de esto; daré sólo algunos. El 5 de noviembre de 2008, consideramos el dictamen en el proyecto de ley por el que se incorporaba el artículo 25 bis a la ley 19.800, de actividades tabacaleras. Me refiero al impuesto tabacalero, al Fondo Especial del Tabaco, por el que se establece un adicional al precio de venta al público de cada paquete de cigarrillos.

Aunque hubo 51 votos, las autoridades de la Cámara establecieron que se aprobaba con más de la mitad de los votos emitidos. Acá están los antecedentes, señor presidente. Fue un proyecto de modificación de un impuesto, originado en el Senado. Digo esto para desarticular cualquier argumento del oficialismo de que la Cámara de origen es la de Diputados.

Y hay otros ejemplos de leyes que tienen origen en el Senado y que modifican impuestos ya creados, cumpliendo el precepto de Cámara de origen la de Diputados.

En este sentido, cito la ley 26.360, de promoción de inversiones y de bienes de capital y obras de infraestructura; la ley 25.082, de distribución de impuestos sobre intereses pagados y costos financieros y del impuesto a las ganancias, y la ley 24.699, de prórroga del plazo de las obligaciones tributarias asumidas por las provincias, entre otras. Estos son antecedentes que dan cuenta de proyectos de modificación de leyes de impuestos, generados desde el Senado, luego convalidados por la Cámara de Diputados.

Este caso que acabo de plantear, el del impuesto al cigarrillo, no sólo se originó en la Cámara de Senadores sino que ha requerido de la simple mayoría de los presentes, porque es una modificación de una ley simple. Está claro cómo la Constitución plantea que tiene que haber una mayoría agravada cuando se trata de una desafectación de un impuesto, porque el criterio general es que todo impuesto es coparticipable.

Eso ha quedado claro. Hay otro antecedente más, que tiene que ver con el dictamen sobre un proyecto que crea un régimen nacional para el uso de fuentes renovables de energía, destinado a la producción de energía eléctrica, votado el 15 de septiembre de 2006 por más de la mitad de los presentes, que establece un tratamiento especial y modifica el criterio general de aplicación del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias.

Estos son algunos de los ejemplos, entre otros, que dan cuenta de que para modificar una ley de impuestos, una ley simple, si no hay una afectación específica, es atinada la reforma que propone el señor senador Verna, porque lisa y llanamente plantea la derogación del artículo 3º de la ley.

Y estamos hablando de derogar, no de crear una nueva asignación o de modificar esa asignación para que vaya a otro lado. Estamos hablando de una derogación.

Así que, atendiendo a la propuesta que hizo el señor senador Verna, a esta moción y a los argumentos que acabamos de expresar, queremos que la propuesta enviada a Secretaría sea sometida a votación en general y, cuando corresponda, a su tratamiento en particular. Por este motivo y porque creemos que la lucha por la dignidad de los pueblos de las provincias tiene que ver con la lucha por la autonomía y la independencia política de los estados provinciales, viene bien que empecemos el año del bicentenario con esta sesión, debatiendo la cuestión federal.


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.


Sr. Pichetto. – Señor presidente: compartimos los loables fines expresados por el señor senador Morales: la recuperación de la dignidad, de la integralidad, el concepto de Nación, que es algo que no escuché esta noche. Pero primero, quiero empezar por lo jurídico. Acá hay senadores que han ingresado a esta Cámara y creo que estamos en un año muy complicado, en el que no se aceptan los resultados. Y cuando no se aceptan los resultados, rompemos el Reglamento o, si no, rompemos la Constitución.

Además, rompemos la tradición de la Cámara, algo a lo que ya estamos acostumbrados en estos días. En estos tres meses, hemos roto todas las tradiciones. Ahora, estamos rompiendo, destrozando con argumentos, con artilugios, toda la historia de precedentes desde 2002 a la fecha.

Para cada una de estas modificaciones o prórrogas de la ley de impuesto al cheque, en el momento en que se votaba, cada secretario decía claramente que estábamos frente a una asignación específica y a una votación especial para la que se requería mayoría, y se contaba el número de senadores que votaban.

Esto ha sido así y no quiero estar leyendo ley por ley; pero si quieren, lo hago; y también podemos efectuar el repaso de los órdenes del día que tengo aquí sobre mi banca. El secretario Estrada, desde que ingresó, cada vez que terminaba la votación hacía mención específica a que se había votado con la mayoría especial que fija el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional. Entonces, yo pido que reflexionemos. No quiero hacer –como dijo el senador Sanz– un discurso descalificador. Pero, realmente, están equivocados, gravemente equivocados.

Él incorporó el concepto de gravedad institucional. Se están sentando precedentes harto peligrosos. Vale todo, señor presidente, y lo usan a usted para hacer convalidar este tipo de situaciones de “vale todo”. “Como voy perdiendo, como no logro los treinta y siete votos, entonces, cambiamos la Constitución y su interpretación de los últimos años”. ¡No dejemos que esto ocurra, señor presidente!

Usted debe cuidar la aplicación de la norma, la historia de este Congreso, cómo se reguló este impuesto y cómo se votó cada una de las veces que hubo que votar. Hubo que hacerlo con la mayoría que fija la Constitución, no el Reglamento, sino la Constitución en su inciso 3º del artículo 175.

Estamos frente a una asignación específica, y no la puede modificar ninguna catarata de palabras mal dichas desde el punto de vista jurídico, que ha formulado el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Por otra parte, quiero también contestar algunas de las expresiones vertidas por el señor senador Sanz. Me parece importante desentrañar ese debate de 2006, que también tuvo su resultado en términos de la votación con la mayoría especial que fija la Constitución en ambas Cámaras.

¡Nunca una prórroga ni una modificación de la asignación específica, como en el caso de 2006, que tenía además la misma finalidad y el mismo destino dentro del marco porcentual que le correspondía a la Nación, se dejó de votar con la mayoría especial que fija la Constitución! Pero me interesa dar lectura a lo que dijo el senador Capitanich, que era el miembro informante de la mayoría y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Remarco esto porque resulta muy importante, en función de algo que voy a señalar a posteriori de la lectura de los dichos del senador Capitanich en el debate del 2006.

Es cierto todo lo que afirmó el senador Sanz de su exposición particular, dicha como un senador en el marco de ese debate. Y el senador Capitanich, como miembro informante, dijo: Señora presidenta [seguramente, era una mujer quien presidía la sesión en ese momento]: pedí justamente una interrupción para no dejar escapar el tema, porque me parece que amerita una evaluación desde el punto de vista técnico.

El artículo 3º de la ley 25.413 establece, efectivamente, que el 70 por ciento de este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a los gastos que ocasione la emergencia pública declarada en el artículo 1º de la ley 25.561.

Es un caso parecido a la ley 25.239 y a la ley 25.717, en su artículo 11, respecto de la finalidad del financiamiento del sistema de la seguridad social. Siempre ocurre así desde el punto de vista de la especificidad. Lo que usted indica [se refería al senador Sanz], que es importante, se refiere a las diferencias entre la redacción del proyecto original y la redacción del proyecto del recinto.

En realidad, fue la diputada Graciela Camaño la que propuso la reforma en la versión taquigráfica obrante. Entonces, cuando se plantea el Título V y otras disposiciones –el artículo 6º– habla de la sustitución en el marco de lo normado [escuchen bien esto: habla de la sustitución en el marco de lo normado] del artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional. Es importante remarcar que el artículo 75, inciso 3, de la Constitución establece la mayoría especial, desde el punto de vista de la afectación de los recursos.

En este sentido, el artículo 75, inciso 3), dice que es atribución del Congreso establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Por lo tanto, para eso se necesitan treinta y siete votos, en virtud de la mayoría especial de esta Cámara.

Continúa indicando que la ley, en su artículo 3º, decía que el 70 por ciento de este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la atención de los servicios de la deuda pública, contribuyendo a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico.
En realidad, se suprimió el párrafo que hace mención a la atención de los servicios de la deuda y el objetivo de contribuir a la sustentabilidad del sistema económico. En definitiva, se preserva la finalidad para la cual se estableció la afectación específica. Esto lo decía el miembro informante.

¿Por qué es importante lo que dice el miembro informante? Es importante en orden a la interpretación de las normas. La Corte Suprema tiene sentados reiterados precedentes que ratifican claramente que es doctrina que la primera regla de la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la voluntad del legislador.

Si bien es cierto que las palabras o conceptos vertidos en el seno del Congreso con motivo de la discusión de la ley son, en general, simples manifestaciones de opinión individual –como lo fue la del senador Sanz–, no puede decirse lo mismo de las explicaciones o aclaraciones hechas por los miembros informantes de los proyectos, pues tales explicaciones e informes constituyen, según la doctrina y la jurisprudencia, la fuente propia de la interpretación: fallo de 2005 en la causa “Salta, provincia, c/ Estado nacional s/ acción de amparo”. Está sentado ya de manera reiterada que el espíritu del legislador en la interpretación de las normas se define fundamentalmente por las expresiones del miembro informante; en este caso, el senador Capitanich, quien tenía esa función, dado que era el presidente de la Comisión de Presupuesto cuando se debatió el tema.


Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito una interrupción.


Sr. Presidente. – Senador Pichetto: el senador Sanz le pide una interrupción. ¿Se la concede?


Sr. Pichetto. – Cómo no.


Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Sanz.


Sr. Sanz. – Con ese criterio que usted dice de que la Corte lo que ha hecho es dar validez a la interpretación que hicieron los miembros informantes respecto de cuestiones dudosas, la verdad es que, en estos casos concretos, cualquier afectación que pudiere hacer el bloque de una mayoría circunstancial, luego ser votada y explicada por el miembro informante adquiriría validez constitucional; y no es eso lo que ha querido hacer la Corte.

Ello es así a punto tal que, si usted sigue leyendo la contrarréplica de esa versión taquigráfica, verá que yo contesto a esto que acaba de indicar que manifestó Capitanich diciéndole que la supresión del párrafo del pago de los servicios de la deuda pública es, precisamente, la condición de especificidad que tenía en la Cámara de Diputados.

Entonces, finalmente, constituye una interpretación acerca de cuál es el alcance de la asignación específica. Pero insisto: lo que usted acaba de leer de la Corte no ha convalidado la interpretación del miembro informante, a mi juicio. Sr. Presidente.

– Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Son numerosos los fallos: 182.486, 186.258, 200.165, 281.147, 302.973, 312.529 y otros. Ha sido la línea que ha sostenido la Corte. Las opiniones particulares son legítimas, por cierto, y reflejan el parecer del legislador, pero para interpretar la norma, prima el criterio del miembro informante.

Respecto de lo que usted dice, también, el ex senador Capitanich le contestó en el cierre del debate: la segunda cuestión que quería poner en consideración era que, desde el punto de vista de la distribución del impuesto al cheque, en definitiva, entendemos que las modificaciones que se hacen al proyecto de ley que estamos en condiciones de aprobar cumplen los requisitos de afectación específica.

Por lo tanto, las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Diputados de la Nación no ameritan poner en duda una eventual inconstitucionalidad [que usted había planteado] sino, muy por el contrario, los recursos son de afectación específica, permiten al Tesoro Nacional afectarlos claramente al mantenimiento de la sustentabilidad del programa económico. Esta es la interpretación de la Corte, no la mía.

Es una línea clara desde el punto de vista de cómo se interpretan las normas y cuál ha sido, además, la doctrina pacífica de esta Cámara de Senadores, donde en cada una de las prórrogas, hemos votado con mayorías especiales haciendo mención puntual, clara y categórica por parte del secretario parlamentario, de que se votaba con la mayoría requerida en el artículo 75, inciso 3).

El camino que ha iniciado San Luis –para aportar un elemento mayor– recurriendo a la Corte define claramente que son asignaciones específicas que requieren de la aprobación, según lo establece el artículo 75, inciso 3) y, por lo tanto, es materia de discusión en el ámbito de la Corte Suprema. Hay algunas declaraciones de senadores que han abonado este criterio. La senadora Escudero dijo la semana pasada –no hace un año– en este recinto, con motivo de la sesión en minoría…


Sr. Rodríguez Sáa. – Pido una interrupción.


Sr. Presidente. – El senador Rodríguez Sáa le solicita una interrupción.


Sr. Pichetto. – ¡Cómo no!


Sr. Rodríguez Sáa. – La provincia de San Luis no firmó el acuerdo, no le comprende el acuerdo. Por eso tiene una demanda, no porque sea una asignación específica. No, nosotros no firmamos el acuerdo, aunque, tramposamente, en la sanción de la ley, donde firman todos, se incluye a la provincia de San Luis. Pero no firmó el acuerdo.

No firmó el acuerdo, por eso estamos en juicio, porque el Estado nacional no cumple.


Sr. Pichetto. – Es interesante dar lectura al orden del día de esa sesión en minoría ,porque la senadora Escudero –que en ese momento nos acusaba de querer vaciar el Congreso– decía claramente: Según nos hacen creer, el problema es que pusimos primero el tema del impuesto al cheque; pero quiero recordar que el artículo 75, inciso 3), de la Constitución exige para establecer o modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables que hace falta la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara.

Entonces, hacían falta treinta y siete votos en esta sesión para poder aprobar el proyecto de ley del cheque. Estaba claro que no los teníamos, que contábamos solamente con treinta y seis votos. Entonces ¿por qué no bajaron? ¿Por qué no bajaron si no teníamos los treinta y siete votos que exige la Constitución? No lo hicieron porque la estrategia era que el Senado no sesione. Hoy también algunos senadores que, en distintos programas de televisión…


Sra. Escudero. – Una interrupción; he sido aludida.


Sr. Pichetto. – Cómo no, senadora.


Sra. Escudero. – Quiero decir que el artículo 75, inciso 3), exige una mayoría especial cuando se detraen recursos coparticipables para darles una afectación específica; eso es así. Con la redacción que tenía el texto del dictamen, hacía falta, porque estábamos dando asignaciones específicas. La propuesta de modificación de hoy es la derogación. Para derogar afectaciones específicas no necesito mayoría especial. La mayoría especial se necesita cuando se quiebra el principio de que todo impuesto es coparticipable. Por eso es que se ha propuesto la modificación.


Sr. Pichetto. – La verdad es que tengo respeto intelectual por muchos senadores. A veces, lo que me violenta es que nos subestimen la inteligencia y que quieran articular expresiones para justificar lo injustificable.

¡Muchas veces me han dicho a mí, como miembro informante del oficialismo, que justifico cualquier cosa! Pero, la verdad, esto es poco sólido; resulta inconsistente, señor presidente. ¡Se cae a pedazos! Lo que van a hacer es generar una norma, si es que la sacan –si es que la Presidencia avala esta interpretación–, que no tiene ningún valor ni ninguna entidad; ¡que no pasa ni siquiera por un juez de faltas de Villa Echenagucía!

Porque ningún juzgado puede resolver esta norma que no tiene legitimidad. Lo digo con todo el respeto que tengo por los jueces de faltas de Villa Echenagucía. (Risas.) Señor presidente: en la última prórroga que hicimos por dos años, se dice claramente que se cumple con la mayoría especial que fija la Constitución.

La verdad es que no quiero ser redundante. Yo espero que exista criterio, tino; que podamos resolver de acuerdo con la Constitución. Ya no de acuerdo con el reglamento: de acuerdo con la Constitución. Ahora quiero hacer mención a algunas referencias que se han hecho acá desde lo político, porque me parece que también son importantes. Muchos senadores se arrogan la vindicación de la dignidad de las provincias. Yo también considero y opino, fundamentalmente, que, como hombre que represento a una provincia de la Patagonia, me interesa el destino de esa provincia.

Siempre estoy preocupado por ella. Por otra parte, quise gobernarla; así que me interesa el destino de los rionegrinos, como seguramente a todos los otros senadores les interesa su provincia de origen y defienden sus intereses. Esto es algo que nos vincula y nos une a todos.

Esta es la Cámara federal. Señor presidente: estamos debatiendo un tema que, indudablemente, en materia federal, es de discusión y de participación necesaria, primaria, excluyente de los gobernadores de provincias. Incluso, en algunos discursos, hasta se subestimó el rol de los gobernadores: los consideran personajes pusilánimes que se vienen a arrodillar ante el gobierno central o a rogar para que les manden la plata, o sea, personajes de menor cuantía a los que no hay que respetar nada.

Y yo digo que por algo son gobernadores y están gobernando las provincias, para lo que han tenido una legitimación popular. Yo creo que no podemos hacer ese tipo de evaluaciones. Justamente, muchos de esos gobernadores, la gran mayoría de los que han ido a dialogar con la señora presidenta, han sostenido la inconveniencia de tratar este tema de manera apresurada.

Estamos tratando un dictamen en el cual el oficialismo no participó. Se trató esa noche de impulsos desatados, de ese vendaval que arrolló todo y que citó a Marcó del Pont en el término de media hora y dictaminó sobre el proyecto de ley del cheque en horas de la noche, a las 20. Pero nosotros no participamos, tampoco lo hicieron los gobernadores y no se convocó a nadie. Este es el dictamen que estamos tratando.

¿Qué pedimos? ¿Qué venimos pidiendo? Que se postergue esta discusión para tratar de hacer un trabajo serio.

Porque a la presidenta, que está a cargo de la administración nacional, le vamos a tocar los recursos del Estado nacional sin decirle con qué los vamos a reemplazar, y en el medio de un proceso de presupuesto en marcha; ese es el momento en que le vamos a decir que va a dejar de percibir 9 mil millones y sin aclararle con qué los reemplazaremos, con qué resolveremos este bache que va a tener el presupuesto de la Nación.

Además, ni siquiera le permitimos terminar el diálogo con los tres gobernadores que, finalmente, van a concurrir a dialogar con ella el jueves de esta semana. No permitimos un proceso de evaluación o de cierre de este diálogo entre los gobernadores y la señora presidenta de la Nación para que, quizá, hasta de allí pueda surgir alguna alternativa que pueda resultar una salida inteligente, responsable y consensuada.

Yo escuché con atención al señor senador Verani. En verdad, su discurso me dejó la sensación de que, indudablemente, él no está satisfecho con esto; así lo expresó claramente.

Tal vez, podríamos haber trabajado con más tiempo, con más prudencia y con más responsabilidad. Precisamente, la responsabilidad, señor senador Morales, es todo un tema; para mí, es un tema central de la Argentina que estamos viviendo.

Miren: hay países como Colombia o como Canadá, donde las iniciativas en materia de impuestos que tienen que ver con la administración central del país están en cabeza del presidente porque él es quien tiene la visión completa e integral de la administración. Las leyes deben tener origen en el Poder Ejecutivo; eso no lo tenemos en nuestra Constitución, pero tampoco nunca ocurrió un hecho como este.

En la historia parlamentaria que va desde la transición democrática, desde 1983, a la fecha, siempre ha habido un espíritu colaborativo en las Cámaras de Diputados y de Senadores con el Poder Ejecutivo de turno.

Yo no recuerdo ningún hecho por el cual se desfinanciara al gobierno con alguna ley que se votara. Siempre hubo, además, responsabilidad institucional de los grandes partidos para que los presidentes, a mitad de período y cuando se modificaba la situación parlamentaria, arribaran al final de su mandato con todas las atribuciones y sin desfinanciar al Estado nacional.

En ese sentido, voy a recordar la última etapa del gobierno de Alfonsín, el inicio de la gestión de Carlos Menem, con la participación de ese gran legislador que fue César Jarovlasky, quien posibilitó la sanción de leyes económicas importantes en ese período crítico de hiperinflación, o el período donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Antonio Cafiero, colaboró con el doctor Alfonsín, aportando los votos necesarios para aprobar el presupuesto y otras leyes impositivas en la última etapa de la gestión de aquel, allá por los años 1987 y 1988, antes de las elecciones, lo que indudablemente le valió al doctor Cafiero la descalificación como colaboracionista del gobierno radical.

Y miren lo que voy a decir: creo que le provocó un demérito en el proceso interno que vivimos en el peronismo, cuando se eligió la fórmula presidencial, donde compitieron Menem y Cafiero. Creo que la responsabilidad extraordinaria de Antonio Cafiero en ese momento histórico fue fundamental para que el gobierno del doctor Alfonsín pudiera tener los instrumentos necesarios en el Parlamento. Hay otros países centrales que, indudablemente, tienen una sofisticación y una cultura que todavía aquí no se ha logrado. Ojalá que lo podamos hacer.

Creo que, si se recuperan verdaderamente los partidos nacionales en la Argentina, se puede construir una democracia de partidos y de programas que, indudablemente, le darán estabilidad al sistema político y hasta, quizás, se puedan encontrar hasta situaciones como ocurren en Inglaterra.

Me refiero a que cuando el oficialismo pierde en las elecciones de medio tiempo las representaciones de mayoría, la minoría le quita los representantes para que el oficialismo pueda imponer el modelo. El 80 por ciento u 85 por ciento de las leyes que se votan tanto en España como en Inglaterra y Francia son normas que tienen su origen en el Poder Ejecutivo.

Sra. Escudero. – Este es un sistema presidencialista.


Sr. Pichetto. – Sí, estamos en un sistema presidencialista. Y viene bien esta reflexión que me hace la senadora por Salta –que es positiva, aunque no le va a dar derecho a una interrupción–. No es un sistema europeo y parlamentario, en donde a mitad de tiempo se cambia el gobierno y se cambian las leyes o reglas económicas.

En ese sentido, recuerdo la cohabitación de Chirac con Balladur. Gobernaba el sector de la derecha o liberal en Francia, y gana el socialismo en las elecciones de medio tiempo, asume Baladour y hay una cohabitación de las dos fuerzas, algo típico o característico del gobierno francés. Un presidente que viene de la derecha y un primer ministro que viene de la izquierda, y cambia el modelo y el programa económico, lo pone a discusión en el Parlamento y, como tiene mayoría, lógicamente, aprueba las leyes que impone el primer ministro.

Esto, indudablemente, permite resolver los procesos de crisis que se manifiestan en los sistemas presidencialistas cuando el oficialismo pierde la mayoría en algunas de las Cámaras o cuando hay un sistema de equilibrios o de paridad muy inestable, como el caso del Senado que, en muchos casos, determina cuestiones vinculadas al bloqueo. Comprendo la indignación de algunos medios de comunicación cuando dicen que el Senado no sesiona. Les quiero decir que el Congreso americano, en el marco de la crisis, estuvo más de cinco meses sin sesionar.

Para ser más preciso, el parlamento canadiense hace dos meses que está bloqueado porque el oficialismo ha perdido la mayoría parlamentaria. Entonces, tampoco hay que dramatizar estas cuestiones ni ponerlas en el plano de que el mundo se va a caer si el Senado no sesiona. Esto ocurre en los países centrales y en la realidad política. Puede ocurrir que la sociedad defina con su voto situaciones de equilibrio, y mucho más en los sistemas presidencialistas.

Nuestro sistema es presidencial y, además, tiene un instrumento que permite resolver situaciones de bloqueo como el DNU, un instrumento que posee raigambre constitucional. Este es otro debate que vamos a dar oportunamente y sobre el cual no voy a avanzar, ya que esperamos dar la discusión en profundidad cuando se trate el tema del uso de las reservas.

No sé si es conveniente o bueno para la oposición avanzar en modificaciones de carácter impositivo y afectar situaciones económicas del Estado central. ¿Por qué? Porque si las consecuencias son negativas, van a pagar el precio sin estar a cargo del gobierno. Creo que la oposición, y esta es una reflexión particular, se tiene que preparar para ser gobierno y preparar su plan y su modelo de gobierno, si es que les toca gobernar por el voto de la ciudadanía. No creo que sea conveniente que ahora interfieran en decisiones propias de administración que son muy delicadas y muy sensibles para el país.

Estas son algunas de las reflexiones que quería dejar expresadas y considerar que está en usted la responsabilidad de hacer la interpretación. Desde ya que si se optara por una interpretación que vulnerara la historia parlamentaria de este impuesto, y se lo considerara una asignación específica, lógicamente que se abrirían caminos −ahora sí− de nulidad absoluta, como le gusta decir a la diputada Carrió, quien también ha encontrado una nueva construcción en el tratamiento de los DNU, consistente en la derogación por nulidad.

Se trata de una figura interesante que oportunamente discutiremos. De procederse de esa manera, se abriría un esquema de judicialización interminable que le daría a la presidenta todas las condiciones de factibilidad para la instrumentación de un veto. Por lo tanto, considero que deben hacerse las cosas bien.

Escuché decir en muchas oportunidades que había que debatir y aceptar el resultado. Hoy tuvieron el quórum, tuvieron el número, estamos debatiendo: aceptemos el resultado.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: simplemente quiero plantear una cuestión de orden. Solicito que se ponga en consideración la interpretación. No tiene que interpretar la Presidencia. La moción concreta −de orden− es que por Presidencia se ponga a votación la adopción del criterio establecido en el marco del primer párrafo del inciso 2) del artículo 75 de la Constitución nacional, o sea, que para la votación de este tipo de iniciativas se requiere la mayoría simple de los miembros presentes.

Señor presidente: solicito que ponga a votación esta interpretación. Es una moción de orden, y pido que se vote. Interpretamos nosotros, señor presidente.


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Torres.


Sr. Torres. – Señor presidente: justamente, el senador Sanz dijo que nosotros, los senadores, no teníamos que interpretar estos temas. Y ahora, el presidente de su bloque quiere someter a votación esa cuestión.


Sr. Morales. – No estuviste atento.


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.


Sr. Sanz.- Señor presidente: sólo para aclarar, debo decir que no era sobre la interpretación de la mayoría, sino sobre la interpretación de la asignación específica; es decir, si había o no había asignación específica. No dije lo expresado por el senador Torres.


Sr. Presidente. – Permítanme efectuar algunas consideraciones. Sé que ha costado mucho iniciar esta sesión; que fueron muy complejas las relaciones que se han tenido.

Asimismo, considero que es un tema muy importante para el país y que, en consecuencia, debe tener toda la validez y la fuerza necesaria para implementarlo o no implementarlo. Con respecto a algunas de las apreciaciones que aquí se han hecho, como fui gobernador de una provincia tengo una interpretación similar a la de la senadora Sonia Escudero, a pesar de que sé que el senador Pichetto no la comparte. Me ha tocado actuar en situaciones similares, y siempre cuando uno sale de una situación general que está prevista para ir hacia algo que se aparta de ella tiene que ponerle algún "cinturón de seguridad".

Ahí es cuando justamente se exige alguna mayoría, como en este caso, absoluta. Sr. Gioja. – Como en este caso. Sr. Presidente. – Sin embargo, cuando se sale de esa situación y se vuelve a lo general, en las situaciones que a mí me han tocado, se requiere, como bien lo expresó la senadora Escudero, mayoría simple. Ahora bien, he escuchado acá que se han transitado aquí, por analogía, algunas situaciones particulares, inclusive haciendo referencia a cómo la señora presidenta, para evadir de alguna forma un decreto que estaba en la justicia, generó un decreto paralelo o similar. Y lo cierto es que dicho decreto está en vigencia y se logró el objetivo. En este caso veo una analogía similar.

Y lo digo con todas las de la ley porque el texto del proyecto original, como bien se dijo aquí y fue reconocido por el bloque que lo trajo a consideración, estaba incluido en el marco del artículo 75, inciso 3). La propuesta que hace el senador Verna sale de ese marco, a mi modo de interpretar, pero no deja que uno interprete que se le está buscando, como bien dice ahí, una vuelta para conseguir, a lo mejor, una mayoría simple para la aprobación.

Voy a someter a consideración la moción, después harán todas las presentaciones como ya han hecho en otras sesiones. Sé que es un tema difícil y complejo. Quiero proponer al bloque de la mayoría que lo deje en comisión para aclarar estas dudas constitucionales. Si esto no se acepta, voy a someter a consideración la propuesta del senador Morales. Tiene la palabra el señor senador Romero.


Sr. Romero. – Sabemos que tenemos dificultades institucionales. No quiero desvirtuar su rol, usted sabe, presidente, que en mi caso personal, como muchos de aquí, lo hemos defendido en su rol, pero tampoco queremos que se aparte del mismo. El artículo 33 del Reglamento establece que el presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera. Con todo respeto, le pido que apliquemos el artículo 33 del Reglamento.


Sr. Presidente. – Está bien, pero estamos en una situación particular. Por eso me permití que me dieran el uso de la palabra. Ya termino. Hago esta propuesta y, si no la aceptan, voy a someter a consideración la propuesta del senador Morales. Tiene la palabra el señor senador Mayans.

Sr. Mayans. – Presidente: lo complejo de este tema es que estamos modificando la Ley de Presupuesto Nacional y la Ley de Coparticipación Federal por simple mayoría. Es una aberración. Lo mínimo que deberían tener son 37 votos. Estamos modificando la Ley de Coparticipación Federal y la Ley de Presupuesto Nacional. ¡Una aberración, presidente! Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Viana. Sr. Viana. – Señor presidente: vine hoy con mucha expectativa a este debate. ¿Por qué? Porque creo en la necesidad de construir consensos importantes.

En lo particular tengo una opinión distinta a mi bloque, y lo he manifestado, pero también tengo la opinión de que esta ley necesita una mayoría especial, porque así lo establecimos y así lo votamos todas las veces. Comparto su opinión en el sentido de que debemos seguir trabajando en esto a fin de buscar esa mayoría, porque así como apoyo una ley de coparticipación del impuesto al cheque, también digo que hay que respetar la Constitución.

Si no, ¿qué vamos a llevar? Si bien existe una gran expectativa en las provincias de que lleguen más recursos, vamos a terminar en una judicialización o que una ley no la podamos tratar más durante este año y que se aborte una gran posibilidad para todos aquellos que estamos en el interior del país. Quiero dejar sentada esta posición y llamar a la reflexión a todas las fuerzas políticas, porque esta es una ley importante para el país, para buscar esos puntos de coincidencia necesarios para salir adelante. Son momentos difíciles.

Ahora, si mantenemos posiciones inflexibles y vamos a forzar una interpretación, lógicamente vamos a derivar en la judicialización y en el veto de una ley con justificación, cuando el objetivo superior, y creo que hay voluntad política de muchos senadores, es que realmente esta ley llegue a buen puerto.

Señor presidente: acompaño su propuesta de que vuelva a comisión para un debate más serio, de forma de buscar el consenso necesario que no tuvo el debate.


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.


Sr. Morales. – He planteado una moción de orden en el sentido de que la interpretación la haga el pleno. Ponga a consideración la interpretación y luego al consideración el proyecto. Es moción de orden, no hay debate.


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.


Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a reiterar lo que formó parte del contenido de mi discurso. Nosotros consideramos que usted debe poner a votación este tema, considerando que es una derogación de una asignación específica lo que ha planteado el proyecto del senador Verna y, por lo tanto, corresponde considerar la norma que establece la Constitución en el inciso 3) del artículo 75, mayoría especial. Esta es nuestra interpretación y nosotros pedimos que, después de este largo debate, haga votar sobre esta base y conforme hemos votado siempre este impuesto.


Sr. Viana. – Señor presidente...


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Viana.


Sr. Viana. – Yo hice una moción de orden clara de que vuelva a comisión.


Sr. Presidente. – Pero está la moción del senador Morales, y yo dije que la iba a someter a votación por los conceptos que yo he vertido. Se va a votar la propuesta del senador Morales. Por favor, levanten la mano…


Sr. Pichetto. – Votemos por medios electrónicos, señor presidente.


Sra. Escudero. – Votemos electrónicamente, presidente.


Sr. Presidente. – Se identifican, entonces, los señores senadores.

Sr. Mayans. – Es una “truchada” total. Es lo mismo que yo interprete si tal artículo de la Constitución vale o no vale.


Sr. Morales. – Que decida el cuerpo si para la aprobación se requiere mayoría simple. Esa es la moción de orden. Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero dejar claro que la interpretación y la decisión de la aplicación de las normas y de la Constitución es una atribución de esa Presidencia y de los secretarios parlamentarios; no es del cuerpo. Usted tiene que velar por el cuidado de las normas y de la Constitución. Quiero decir nada más que eso para que quede constancia.


Sr. Presidente. – Está bien. Yo, haciendo un poco de extensión y analogía, quiero decir que los artículos 224 y 225 del Reglamento, si bien hablan del reglamento, expresan que cuando se reclame la observancia del reglamento, si se juzga que se lo contraviene, el presidente lo hará observar; mas si el miembro a quien se supone contraventor, u otro, sostiene que no existe contravención, se resolverá inmediatamente a través de una votación sin discusión. Yo, por extensión, lo voy a someter a consideración y lo que decida el cuerpo será la opinión y me haré responsable después de todo lo que sabemos. Se va a votar.

– Se practica la votación por medios electrónicos.


– Durante la votación dice el: Sr. Secretario (Estrada). – Falta la senadora Bortolozzi.


Sr. Presidente. – Senadora Bortolozzi: indique su voto, por favor.


Sra. Bortolozzi. – Pido que me autoricen a abstenerme de votar, porque considero que estamos votando algo indebido. Esta decisión la tenía que tomar Presidencia. De todas maneras, ya que he molestado con el uso de la palabra a esta hora y después de diez horas y media de debate, quería decir –no me dieron la palabra oportunamente– que coincido con el senador Viana en que lo mejor sería que vuelva a comisión. Eso es todo. Por ahora me abstengo de esta votación.


Sr. Presidente. – Se va a votar la abstención.


– Se practica la votación.


Sr. Presidente. – Queda aprobada.


– Se concluye la votación por medios electrónicos.


Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción.

– El resultado de la votación surge del Acta (...)

Sr. Presidente. – Ahora vamos a someter a votación la propuesta del señor senador Verna en general y en particular.


Sr. Viana. – Yo había hecho una moción, presidente.


Sr. Presidente. – Ah…, perdón. Hay una moción del senador Viana que voy a someter a votación. Solicita que el tema vuelva a comisión…


Sr. Morales. – ¿Qué vamos a votar, señor presidente?


Sr. Presidente. – Que el tema vuelva a comisión.


–Varios señores senadores hablan a la vez.


Sr. Presidente. – ¿Retira la moción, senador Viana?


Sr. Viana. – Si no hay acompañamiento, la retiro. Pero dejo sentada la moción.


– Varios señores senadores hablan a la vez.


Sr. Viana. – Señor presidente: si se puede leer cómo quedó la redacción... Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.


Sr. Secretario (Estrada). – Dice: “Artículo 1°. Derógase el artículo 3° de la Ley 25.413 y sus modificaciones. “Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional”.


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto


Sr. Pichetto. – Quiero pedir que al final de la votación, por Secretaría se deje constancia de cuántos son los votos que obtuvo este tema.


Sr. Presidente. – Así será.


Sr. Pichetto. – Adelanto que nuestro bloque votará negativamente.


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Marino.


Sr. Marino. – Quiero aclarar que entre todos los proyectos presentados uno es justamente de mi autoría. Se trata del expediente S.-3440/09 que, por simplificarlo, decía exactamente lo mismo que lo que vamos a votar ahora, es decir, “Artículo 1°. Derógase el artículo 3°…” Por supuesto, me refiero a la ley del impuesto al cheque. Por lo tanto, cuando el senador Nikisch lo puso a consideración, fue por una cuestión de hacer un dictamen en común. En definitiva, es la sencillez del primer proyecto presentado.


Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Viana.


Sr. Viana. – Quiero dejar sentado que cuando dije que iba a acompañar este proyecto había impulsado modificaciones que no las pude hacer en la comisión. Evidentemente, la comisión no tomó en consideración ninguna modificación, incluso que se coparticipe a los municipios el 50 por ciento, que era la base esencial de un proyecto federal para que, realmente, la coparticipación de este impuesto llegue hasta el final. Por lo tanto, no se condice con lo que he fundamentado inicialmente en esta sesión. Por eso, no voy a acompañar este proyecto. Evidentemente, si ese es el artículo, no refleja el espíritu que hemos elaborado y que he planteado acá.


Sr. Presidente. – En consideración, en general y en particular en una sola votación el proyecto de ley. SI no se hace uso de la palabra, se va a votar.


– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 35 votos afirmativos, 33 negativos.


– El resultado de la votación surge del Acta (...)


Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto de ley por simple mayoría, con la constancia de la observación que hizo el senador Pichetto. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. (...)"