Vidal: denunciada por el desvío de $5500 millones y violación de la Constitución
La gobernación de la provincia de Buenos Aires recibió $5500 millones para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia (Bapro) por parte de la ANSES, pero el dinero que había ingresado en la cuenta correspondiente fue desviado a otra cuenta de la Gobernación por un decreto de María Eugenia Vidal. Entones la deuda debió asumirla el Banco tomando el dinero de sus utilidades, lo que produce su descapitalización. Luego, Vidal emitió deuda por $7000 millones para “compensar” al banco. No se sabe, tampoco, a qué se debe la diferencia entre lo desviado a otros gastos y la deuda asumida por la Gobernación con el Banco Provincia. “Entró en una cuenta que tiene la Gobernación para recibir fondos del Estado Nacional, lo que efectivamente ocurrió, pero al día siguiente se derivó esa plata a una cuenta que ya no es la de la Caja de Jubilaciones sino a otra de gastos ordinarios, y ahí se perdió el rastro porque salieron en partes. En esa cuenta entra y sale plata todos los días, son cientos de movimientos diarios”, según le explicó Santiago Santiago Etchemendi, Secretario General de la Comisión Gremial Interna (CGI) del Bapro de la Asociación Bancaria, a Agenda Sur. “Hay que averiguar a qué bolsillo fueron a parar los fondos”.
odo quedó detallado en la denuncia penal presentada por la CGI-Bapro: “Hemos detectado una maniobra que en principio afectaría al patrimonio del Banco Provincia, y por sobre todas las cosas a la liquidez del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo que hace al vaciamiento del mismo. (…) El dinero se destinó para otros fines que no eran los jubilados, para quienes se depositó una letra del tesoro del Banco Provincia de Buenos Aires, sospechosamente por una suma mayor, $7 mil millones”. Según el denunciante Santiago Etchemendi, el “dinero líquido se derivó de la cuenta 963/2 a la cuenta 2000-001-52410/8, cuenta oficial del Gobierno de la Provincia que podría registrar un sin número de movimientos que deberían ser investigados, sobre todo al destino de los fondos denunciados.” Hoy, el decreto 791 del 24 de junio de 2016, firmado por Vidal y Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de la ANSES, que habilitó el acuerdo y que debiera ser público, hay que solicitarlo de manera especial para visualizarlo. Se denunció penalmente a Vidal por supuestos delitos contra la Administración Pública (artículo 260 del Código Penal), y Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público (248 y 249 del Código). Es un “delito doloso –con intención- que exige la conciencia o arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo”, según consta en la denuncia. Claro que también habría que investigar qué responsabilidad le cabe al Estado Nacional, en cuanto al no seguimiento del dinero destinado a cubrir el déficit de la Caja del Banco y al que se le habría dado otro destino.
El decreto 791 firmado por la gobernadora Vidal, al que tuvo acceso Agenda Sur, establece en su artículo 1° “aprobar el Convenio de Adecuación y Financiamiento del Régimen de Jubilaciones, (…) y el Acta Complementaria de Reconocimiento de Deuda y Acuerdo de Pago celebrados entre la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional”. Allí mismo, en su cláusula tercera “el Estado Nacional reconoce cubrir el déficit previsional del ejercicio 2016 de la Caja de Jubilaciones con la suma de “$3.3300 millones”. Luego, en acta complementaria y por Anexo II se le sumaron “$2.532.890.121 más, totalizando los más de $5500 que Vidal reconoce haber recibido para un fin y después giró a otras cuentas. Y emitió deuda por un importe aún mayor: el compromiso del Estado provincial a través de una “letra del tesoro” asciende a $7000 millones. “El convenio será ratificado por el Ejecutivo Nacional”, sentencia el decreto.
Para el abogado que patrocina a la CGI-Bapro, Juan Manuel Combi, le sorprende “la lentitud con la que todos los operadores de la justicia” investigan “una denuncia realizada en noviembre año 2018, que pasó por dos secretarias de un Juzgado Federal y por dos Fiscalías de la Provincia de Buenos Aires”. A Combi le llama la atención que ni siquiera fuera llamado a ratificar” la denuncia, lo que es básico y suele ser inmediato. “Ni se me ha exhibido el expediente como abogado patrocinante porque no encontraban la causa. Uno no sabe si es desidia, negligencia o si existen intereses detrás de no investigar un delito como el que denunciamos, lo cierto que investigar no están investigando”. Hoy el expediente “duerme” en la Unidad Fiscal N°16 provincial.
odo quedó detallado en la denuncia penal presentada por la CGI-Bapro: “Hemos detectado una maniobra que en principio afectaría al patrimonio del Banco Provincia, y por sobre todas las cosas a la liquidez del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo que hace al vaciamiento del mismo. (…) El dinero se destinó para otros fines que no eran los jubilados, para quienes se depositó una letra del tesoro del Banco Provincia de Buenos Aires, sospechosamente por una suma mayor, $7 mil millones”. Según el denunciante Santiago Etchemendi, el “dinero líquido se derivó de la cuenta 963/2 a la cuenta 2000-001-52410/8, cuenta oficial del Gobierno de la Provincia que podría registrar un sin número de movimientos que deberían ser investigados, sobre todo al destino de los fondos denunciados.” Hoy, el decreto 791 del 24 de junio de 2016, firmado por Vidal y Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de la ANSES, que habilitó el acuerdo y que debiera ser público, hay que solicitarlo de manera especial para visualizarlo. Se denunció penalmente a Vidal por supuestos delitos contra la Administración Pública (artículo 260 del Código Penal), y Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público (248 y 249 del Código). Es un “delito doloso –con intención- que exige la conciencia o arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo”, según consta en la denuncia. Claro que también habría que investigar qué responsabilidad le cabe al Estado Nacional, en cuanto al no seguimiento del dinero destinado a cubrir el déficit de la Caja del Banco y al que se le habría dado otro destino.
El decreto 791 firmado por la gobernadora Vidal, al que tuvo acceso Agenda Sur, establece en su artículo 1° “aprobar el Convenio de Adecuación y Financiamiento del Régimen de Jubilaciones, (…) y el Acta Complementaria de Reconocimiento de Deuda y Acuerdo de Pago celebrados entre la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional”. Allí mismo, en su cláusula tercera “el Estado Nacional reconoce cubrir el déficit previsional del ejercicio 2016 de la Caja de Jubilaciones con la suma de “$3.3300 millones”. Luego, en acta complementaria y por Anexo II se le sumaron “$2.532.890.121 más, totalizando los más de $5500 que Vidal reconoce haber recibido para un fin y después giró a otras cuentas. Y emitió deuda por un importe aún mayor: el compromiso del Estado provincial a través de una “letra del tesoro” asciende a $7000 millones. “El convenio será ratificado por el Ejecutivo Nacional”, sentencia el decreto.
Para el abogado que patrocina a la CGI-Bapro, Juan Manuel Combi, le sorprende “la lentitud con la que todos los operadores de la justicia” investigan “una denuncia realizada en noviembre año 2018, que pasó por dos secretarias de un Juzgado Federal y por dos Fiscalías de la Provincia de Buenos Aires”. A Combi le llama la atención que ni siquiera fuera llamado a ratificar” la denuncia, lo que es básico y suele ser inmediato. “Ni se me ha exhibido el expediente como abogado patrocinante porque no encontraban la causa. Uno no sabe si es desidia, negligencia o si existen intereses detrás de no investigar un delito como el que denunciamos, lo cierto que investigar no están investigando”. Hoy el expediente “duerme” en la Unidad Fiscal N°16 provincial.
La cobertura mediática de la gobernadora alcanzó para que el tema no tuviera repercusión política. “Media hora antes de salir en una canal de noticias, nos llamaron de la producción y nos dijeron: nos da vergüenza, pero no vengas; tu nota no va a salir”, según detalló Etchemendi. “A Vidal no se le pega, nadie la toca”.
Violación a la Constitución
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires prevé que los déficits previsionales de las Cajas deben ser sustentados por el gobierno. Pero le ley 15008 de 2017 estableció que el Banco se hiciera cargo de esas deudas en reemplazo del ejecutivo de la Provincia, aunque la Constitución haya prohibido la modificación de todo capital del Bapro por parte de la Legislatura, con el sano objetivo de impedir su privatización. Una situación absolutamente inédita: una empresa le paga el sueldo a los trabajadores activos y a los pasivos al mismo tiempo. Si como es previsible la Corte falla sobre la inconstitucionalidad de la ley 15008, la Provincia deberá hacerse cargo de manera retroactiva de los costos que hasta aquí asumió el Banco desde la sanción de dicha ley, generándole un gravísimo problema económico a la próxima gestión provincial. La Asociación Bancaria inició una demanda por inconstitucionalidad de la ley 15008; el artículo 50 de la Constitución es claro: “La Legislatura no podrá disponer de suma alguna del capital del Banco de la Provincia”.
Comentarios
Publicar un comentario