A 5 días del 27/10, Casanello se quedó con otra causa contra Lázaro

La Sala V de la Cámara del Crimen resolvió quitarle la causa por extorsión a la justicia ordinaria y pasarla a la federal, tal el pedido de la defenda del empresario K. La causa fue iniciada por el financista Federico Elaskar. Por lo tanto, también fue apartado el fiscal Campagnoli, aunque los camaristas dieron por válido todo lo actuado hasta el momento.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El juez Sebastián Casanello, cuya actuación en el caso de lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez fue muy criticada, se quedó con otra investigación que compromete al empresario K. 

 

La resolución responde a un pedido de los abogados de Báez, quienes solicitaron que la causa pase de la justicia ordinaria a la federal. 

 

Se trata de la denuncia por extorsión que presentóFederico Elaskar, dueño de SGI -"la Rosadita"- la financiera que se encargó, presuntamente, de crear las estructuras necesarias para sacar del país más de €55 millones que le pertenecerían a Báez. 

 

Según trascendió,  la Sala V de la Cámara del Crimen resolvió quitarle la causa a su juez original, la Dra. María Gabriela Lanz, y dársela a Casanello. También quedó fuera del caso el fiscal José María Campagnoli, quien había solicitado la declaración indagatoria del dueño de Austral Construcciones. 

 

No obstante, los camaristas resolvieron, contrariamente a los deseos de la defensa de Báez, dar por válido todo lo actuado hasta el momento por el fiscal. 

 

“La hipótesis del Ministerio Público Fiscal presenta a las acciones de extorsión imputadas como un incidente dentro de la relación que mediaba entre los alegados autores y beneficiarios de la extorsión y su víctima, relación que giraba en torno de la realización de las maniobras de lavado de bienes que forman el objeto del proceso que se les sigue ante la justicia federal”, señala un fragmento del fallo reproducido por Clarín.com.

 

El fallo destaca además que los hechos investigados en ambas causas son “distintos” pero están“íntimamente conectados”. Así, dividirlo en dos causas “podría afectar injustificadamente el objeto de lograr una apropiada administración de justicia”. 

 

La resolución -agrega el portal- encierra igualmente un cuestionamiento a la “sobreactuación”fiscal, quien en su denuncia “solicitó, entre otras diligencias, establecer con precisión los domicilios de todas las personas involucradas en estos hechos, incluyendo a la familia Kirchner, y que se disponga su inspección, incluyendo en estos los cascos y dependencias de campos y estancias, para establecer la existencia de bóvedas o cajas fuertes”.

 

“No nos sorprende –redactaron los camaristas- que las defensas puedan cuestionar la actuación del fiscal, especialmente por la forma en que se lo difundió por medios de prensa, y no nos pasa por alto que la justificación dada por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a su labor investigativa es al menos difícil de entender cuando se tiene a la vista la innumerable documentación y prueba informativa recabada respecto de personas y empresa que fueron la derivación de su tan vasta persecución penal”, dice el fallo de los jueces Mirta López González, Gustavo Bruzzone y Rodolfo Pociello Argerich 

 

El caso contra Báez se inició en septiembre pasado como una denuncia de la financiera SGI contra Federico Elaskar, el anterior dueño de la empresa. Los nuevos dueños lo acusaban de un fraude.

 

El caso lo tuvo Campagnoli, pero dio un vuelco cuando Elaskar apareció por TV en el programa de Jorge Lanata y dijo que lo habían presionado para que vendiera SGI a allegados de Báez. Indicó que esa presión fue producto de que su firma se dedicó a sacar del país dinero de Báez y que era inconveniente que siguiera en sus manos.

 

Así, Elaskar se convirtió de denunciado en víctima y Campagnoli investigó una red de lavado de dinero en la que identificó empresas en Suiza y en paraísos fiscales supuestamente utilizadas para enviar dinero sin poder ser rastreado.

 

Su investigación lo llevó a pedir a la jueza María Gabriela Lanz la indagatoria de Báez y de allegados suyos que supuestamente se quedaron con el control de SGI. La defensa de Báez actuó para desactivar esta causa -paralela a la que lleva Casanello-, que ponía en riesgo la libertad del empresario. Interpuso recursos de nulidad y para apartar al fiscal, a quien denunció por "un proceder ilegal".

 

Los abogados defensores pidieron la nulidad de todo lo actuado por Campagnoli y que sólo investigue la Justicia federal. Se quejaron con el argumento de que con las copias que el fiscal se fue llevando de la causa sobre lavado que tramita en el fuero Federal, fue construyendo otra causa igual, generando una “doble persecución”. 

 

La jueza Lanz lo respaldó, pero la Cámara del Crimen entendió que la justicia ordinaria no era competente para seguir investigando, con lo que Campagnoli y su investigación quedaron a salvo y el caso pasó a la justicia federal.

 

Paralelamente, según el diario La Nación,  la Cámara también entendió que debe pasar a la justicia federal otra investigación de Campagnoli, desprendimiento del caso Báez. Se trata de un caso donde pidió su indagatoria al acusarlo de promover el pago de un millón de dólares al dirigente kirchnerista de Necochea Roberto Florencio Porcaro por su supuesta intervención para que la entidad que administra el puerto de Quequén adjudique en forma directa a un consorcio de empresas privadas la construcción de una terminal de granos por 60.000.000 de dólares y su explotación por 35 años.