CFK prepara un piquete anti-Clarín para el 7D

"El mayor enemigo del Gobierno no es el PRO, no es la UCR, no es el socialismo. Es el Grupo Clarín", describió ayer un funcionario del Gobierno en diálogo con PERFIL.

La obsesión por el 7 D (diciembre, el día que vence la medida que protege a Clarín de la desinversión) que tiene Cristina es tal que, en lugar de evaluar las consecuencias del cacerolazo, se encerró en Olivos a organizar los preparativos para obligar al multimedios a desprenderse de parte de sus licencias. También mantendría un encuentro con la agrupación transversal Unidos y Organizados, para dialogar sobre una posible marcha frente al diario ese mismo día.

El rumor en los tribunales de Comodoro Py es que el kirchnerismo meterá una batería de medidas judiciales durante la feria judicial. “Nos van a arruinar las vacaciones”, ironizó un magistrado en diálogo con PERFIL.

“Algunos todavía no creen que vayan a desembarcar en Clarín, pero no se dan cuenta de que este mismo gobierno se metió en una empresa extranjera, como YPF, que cotiza en la bolsa de Nueva York. Cristina va a hacer todo lo que tenga a su alcance para desmembrar al Grupo”, analizó una fuente vinculada al mundo judicial. Y piensa hacerlo antes de 2015. Mucho antes.
Mientras tanto, en Clarín se preparan. En los últimos días la empresa habría organizado un simulacro de evacuación en el edificio Zepita, donde funciona la imprenta, imaginando un escenario de “intervención” por parte del Ejecutivo. De hecho, Cristina culpó ayer a los caceroleros de tener una visión distorsionada de la realidad por consumir determinado “aparato cultural”. “Repiten lo que leen en un título o lo que ven en una pantalla, pero después no pueden desarrollarlo porque no hay ideas”, advirtió.

Un alto funcionario del Gobierno dijo a este diario que CFK tiene en la mira la empresa de Ernestina Herrera de Noble, y la “obligará a cumplir la ley aunque eso le cueste la presidencia”. Por ahora, esa batalla se da en el terreno judicial, con acusaciones cruzadas y denuncias penales.

El Ejecutivo apunta a la Cámara Civil y Comercial, desde donde podría salir una extensión de la medida cautelar que impediría que el Grupo desinvierta. La cuestión de fondo está en manos de un juez subrogante, Horacio Alfonso, quien todavía no tomaría ninguna determinación.

La apuesta del Gobierno es que se destrabe el concurso 260 para la designación de jueces naturales. Eso tramita en el Consejo de la Magistratura. Buscan una resolución favorable al Gobierno, aunque por las dudas impulsan el per saltum, que se convertirá en ley la semana que viene. Así podrán acudir a la Corte Suprema para que se resuelva la cuestión de fondo con una sentencia definitiva.