La presidenta les respondió a las cacerolas

Nunca había sucedido antes. Un fuero entero de la Justicia, el Federal Civil y Comercial, fue eliminado. Jueces renunciados, excusados, recusados o de licencia. Una sola camarista, María Najurieta, podría tomar decisiones, pero en esa instancia se necesitan dos votos al menos. El Gobierno entró a sangre y fuego en un fuero que no sólo tiene en sus manos la cautelar que protege las propiedades del Grupo Clarín; también es el lugar de la Justicia donde se preserva el derecho constitucional a la propiedad. Jueces honestos, pero con miedo, eligieron evadirse o postergaron decisiones hasta que el kirchnerismo los fulminó. Ofensivas campañas mediáticas. Inconsistentes denuncias penales. Todo eso terminó con magistrados asustados que se fueron o los fueron.

La Presidenta dobló la apuesta después del 8-N. El 7-D será de ella por las buenas o por las malas. El cristinismo es así: aparece por la puerta menos prevista. Fanatizar aún más a los propios; profundizar el rencor de los otros. No habrá distensión. Ésa es la línea política que prevaleció tras la sublevación de la clase media. Las alusiones presidenciales a ese día de diciembre son otra presión a la Justicia. ¿Quién se animaría a decirle a ella que no habrá fiesta después de todos los preparativos que hizo para la fiesta? La cabeza de Clarín es una victoria que dice necesitar después de la derrota en las calles. Cada ministerio recibió órdenes de hacer algo para el 7 de diciembre o para el lunes 10.

Las renuncias voluntarias de dos jueces de la Cámara Civil y Comercial, Martín Farrel y Santiago Kiernan, tuvieron un efecto dominó. Se cayó luego todo el fuero. Esos magistrados temieron que sus jubilaciones fueran bloqueadas. Se reunieron con el ministro de Justicia, Julio Alak, y acordaron dimisiones pacíficas. Jubilaciones resguardadas. Denuncias penales archivadas. Sucedió, con todo, un problema. Una versión indicó que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, les había pedido la renuncia. No fue cierto. El malestar de la Corte alcanzó una cima nunca vista. Farrel y Kiernan debieron soportar, frente a dos miembros de la Corte Suprema, la reunión más tensa y violenta de sus carreras judiciales. Casi no pudieron hablar. Se fueron de la Justicia con la cabeza baja.

Otro juez de esa Cámara, Francisco de las Carreras, ya había sido recusado por haber viajado a Miami a un congreso de jueces latinoamericanos. Dicen los que saben que existía un borrador de resolución rechazando sin vueltas la recusación a De las Carreras. Este juez podría haber tomado decisiones luego de esa eventual decisión. La resolución que habilitaría a De las Carreras debían firmarla los jueces Najurieta y Guillermo Antelo. Pero desapareció Antelo. De la noche a la mañana. Se excusó. De las Carreras y Najurieta debían decidir luego sobre el pedido de Clarín para ampliar la cautelar más allá del 7 de diciembre. Ahora queda sólo Najurieta. No es suficiente.

Presuroso e insolente, Alak le envió un ultimátum a esa Cámara: en adelante deberá decidir la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que es un fuero diferente con enorme influencia del kirchnerismo. El operador judicial del gobierno en la Justicia, Javier Fernández, se mueve ahí como dueño de casa. Su hermano, Sergio Fernández, es camarista de ese fuero.

Alak se olvidó hasta del pudor. Su carta les ordena directamente a los jueces lo que deben hacer en caso de vacancia absoluta de un fuero. Son tareas propias de la Corte Suprema de Justicia. La pasó por encima. La opción que les queda, les aclaró Alak, es llamar a los conjueces nombrados recientemente. Todos kirchneristas o filokirchneristas. Las alternativas oscilan entre lo malo y lo peor. El principio de la división de poderes es una noción ya perdida en la Argentina de Cristina.

La Presidenta quiere jueces propios resolviendo sobre el caso Clarín para que no resuelvan nada. Hace poco asumió Horacio Alfonso como juez de primera instancia en la causa sobre la constitucionalidad de la ley de medios, después de otra carnicería de jueces. Alfonso, nombrado como juez por el kirchnerismo, acaba de dictar una resolución pintoresca: no tomará ninguna decisión sobre esa causa hasta que la Cámara no se pronuncie sobre otros hechos. Resulta, sin embargo, que la Cámara no tiene jueces.

Siempre quedará, es cierto, la Corte Suprema de Justicia. Pero no se llega a ella fácilmente. Todos los expedientes que acceden a ese tribunal deben contar con resoluciones de las dos instancias inferiores. La constitucionalidad de la ley de medios, en manos de Alfonso, carece de resolución en primera instancia. La cautelar que protege los bienes mientras se decide la constitucionalidad está en poder de la Cámara, pero casi todos sus jueces desertaron. El per saltum , que le permite a la Corte saltar por encima de las instancias inferiores, es una decisión odiada por los máximos jueces del país. Cada vez que la Corte hizo un per saltum , en otros tiempos y con otros jueces, terminó incinerada ante la opinión pública. El Gobierno se lo impuso no más por una ley que acaba de aprobar el Congreso.

El per saltum es el reaseguro del oficialismo. Los jueces supremos del país deberían ensuciarse con el polvo de la guerra si fuera necesario. La Corte tendrá siempre la última palabra, por más ley que exista, sobre si acepta o no un caso por la vía del per saltum . Será difícil que acepte algo. Todo el embrollo, que ya cuestiona la plena vigencia del Estado de Derecho en el país, termina en un claro caso de denegación de justicia. El acceso a la justicia es un derecho humano elemental. Pero las puertas de la Justicia están cerradas aquí. Ningún juez puede o quiere decir quién tiene la razón.

La propia Corte Suprema había contemplado en su fallo sobre el 7-D que la cautelar podría ampliarse si existieran hechos nuevos. Existen hechos nuevos, pero no hay jueces para interpretarlos. Los que vienen, impulsados por el Gobierno, tienen la misión de no hacer nada. Que el 7-D quede sometido a la libre interpretación de la Presidenta. Nadie podría negar que, ante una nación política pasmada, el Gobierno está logrando su propósito. La calle pidió una justicia independiente; Cristina le respondió echando a todos los jueces de un fuero que no le era propio.

El tamaño del conflicto es mucho más grande que el que abarca sólo al multimedio audiovisual de Clarín. Si lograra desguazarlo, ¿por qué la Presidenta se resignaría luego a leer un periodismo gráfico independiente y crítico, el poco que queda? Nunca se olviden de algo: a ella le importa más lo que lee que lo que ve , dice un funcionario que la conoce desde hace muchos años. Ejemplos de esa aseveración son el diario y las revistas de Jorge Fontevecchia. No reciben publicidad oficial a pesar de una orden de la Corte Suprema. Nada. Cristina detesta el periodismo de Fontevecchia. LA NACION sólo recibe una porción testimonial, por no decir ridícula, de pautas publicitarias del Estado. Tampoco le gusta el periodismo de LA NACION. Ni justicia, entonces.

La única fábrica de papel para diarios, propiedad de LA NACION y Clarín, está al alcance de la mano presidencial. Cerca de las oficinas de Cristina dicen que hay un viejo proyecto para intervenir Papel Prensa. Se pondría en marcha después del eventual éxito del 7-D. Suficiente. El Estado se asignaría el derecho de repartir cuotas de papel de acuerdo con los amigos y con los enemigos de la Presidenta. ¿Y la importación de papel ahora abierta? La importación la podría cerrar Guillermo Moreno con el argumento de que no hay dólares. ¿No ha vuelto, acaso, a cerrar la compra personal de libros en el exterior, desoyendo hasta una orden presidencial? Un país sin jueces es el principio de un país sin libertades.