El legado, cada vez peor

Cristina Kirchner se irá como su dinastía llegó al poder: con serios problemas con la deuda pública. Seguramente, esos problemas tendrán menor intensidad que los de 2003, pero la Argentina tampoco será el paraíso desendeudado del que se habló, con más palabras que consistencia, durante más de una década.

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

La decisión de ayer de la Corte Suprema de Estados Unidos , que ratificó la derrota del gobierno argentino en las dos instancias inferiores, puede leerse en clave económica y también con signos políticos. Cuestiona la estrategia de la conducción económica sobre la deuda e interpela el manejo (y la dirección) de la política exterior argentina.

En resumen, la decisión de los jueces supremos de los Estados Unidos condena al gobierno local a pagar 1330 millones de dólares a los fondos buitre que tienen bonos que no entraron en los dos canjes de deuda que hubo después del default, en 2005 y en 2010. El pago debería ser perentorio, porque el juez de primera instancia, Thomas Griesa, les ordenó a los bancos que no pagaran los bonos argentinos en circulación hasta que no tuvieran la garantía de que se había saldado la deuda con los que están en default.

El próximo pago corriente de la Argentina, de unos 400 millones de dólares, debería hacerse a fin de mes. Si se obedeciera literalmente la resolución de Griesa, la administración de Cristina Kirchner debería pagar aquellos 1330 millones de dólares junto con los 400 millones de deuda concertada. Si no lo hiciera, o si no empezara antes una negociación con los holdouts, los bancos no pagarán a sus tenedores los 400 millones de dólares. Arribaría el temido escenario del default técnico.

El tamaño del problema es más grande aún. Unos 15.000 millones de dólares no entraron a ninguno de los dos canjes propuestos por el gobierno argentino. Los tenedores de esos bonos podrían insistir en el mismo camino de los que acaban de ganar en la Justicia norteamericana. Es decir, no aceptar ninguna negociación con los argentinos. ¿Lo harán? Es probable. Nadie se resigna a perder parte de lo que es suyo si tiene la posibilidad de conseguirlo todo. También es previsible que aquellos 15.000 millones de dólares agranden la carga de la herencia que el gobierno actual le dejará al próximo presidente.

En su momento, el Gobierno cometió el error político de desafiar a la Justicia norteamericana. Dijo que no la obedecería, aunque luego atenuó su embestida y señaló que cumpliría con sus sentencias. También adelantó que podría evitar a los bancos norteamericanos, obligados a cumplir la sentencia de la Justicia de su país, y que les pagaría en Buenos Aires a los bonistas que aceptaron los canjes. Un ejemplo: pagaría en Buenos Aires, en tal caso, los próximos 400 millones de deuda corriente, pero no pagaría los 1330 millones de dólares de los fondos buitre.

El Gobierno debería reflexionar sobre esa idea, porque lo colocaría directamente en desacato frente a la justicia norteamericana. Fue el Estado argentino el que propuso, en las diversas emisiones de deuda pública, a la justicia de Nueva York como el árbitro final de cualquier conflicto. Uno de los argumentos más usados por la administración argentina fue que la justicia norteamericana sentaría un pésimo precedente en el sistema financiero internacional. Derrumbaría, decía, toda la reestructuración de una deuda soberana por la persistencia de apenas el 8% de los acreedores. No habría en adelante, dramatizaba, la posibilidad de nuevas reestructuraciones de deudas soberanas en un mundo donde muchos países están sobreendeudados. Esa posición fue, de algún modo, acompañada por el gobierno de Washington en sus presentaciones ante la Corte Suprema de EE.UU. En verdad, el riesgo a futuro es ya menor: todas las emisiones de deudas nuevas se hicieron con una cláusula que obliga a los bonistas a aceptar la decisión de la mayoría.

Otra afirmación que el gobierno argentino hizo, incluso ante los tribunales norteamericanos, es que se vería obligado a renegociar el 100% de su deuda si los jueces estadounidenses les daban la razón a los holdouts. Sería la conclusión de una cláusula escrita en los bonos reestructurados que obliga al Gobierno a trasladar a la totalidad de los bonos cualquier mejora que hiciera a algunos. Para peor, esa cláusula vencerá en diciembre. Por eso, se esperaba, más que un triunfo de la posición argentina, la postergación de la decisión de la Corte Suprema hasta después de diciembre.

El caso es menos dramático de lo que parece. Esa cláusula existe, pero su espíritu señala que el traslado de eventuales mejoras deberán hacerse en caso de que el gobierno argentino las ofrezca a algunos bonistas. Dicho de otra manera, en caso de que el Gobierno cambiara voluntariamente las condiciones de algunos bonos. No es la situación actual, cuando los jueces norteamericanos están obligando al gobierno argentino a modificar las condiciones de un porcentaje menor de bonos.

Desde ya, una parte de los bonistas que entraron en los canjes buscará la interpretación de la Justicia sobre esa cláusula. Decidirá la justicia de Nueva York, otra vez. El período que se abre es necesariamente complicado en los estrados de la justicia norteamericana. Cristina Kirchner dejará el poder con muchas de esas cosas irresueltas. La herencia económica es cada vez peor.

POLÍTICA AUTORITARIA

La Argentina no puede desobedecer la orden que ayer le dio indirectamente la Corte norteamericana, pero cumplirla significará una nueva hemorragia para la escasas reservas de dólares del Banco Central. Es la consecuencia de la autoritaria política del cepo al dólar y de la prohibición de repatriar utilidades para las empresas multinacionales. Ni se liquidan dólares en el mercado oficial de cambios ni se han hecho inversiones significativas. Los dólares que entran al Banco Central son siempre muy pocos. La resolución judicial de ayer agravará aún más la situación, porque el acceso argentino al crédito internacional será ahora más caro. La primera víctima será YPF, seguramente, empresa que está imposibilitada de financiarse en el mercado local.

El gobierno norteamericano hizo lo imprescindible, pero no fue suficiente. ¿Existió la voluntad de Washington de hacer más? No parece. Es más que evidente que el gobierno de Cristina Kirchner no hizo ningún intento coherente para establecer una relación normal con la administración de Barack Obama durante sus seis años de poder. La Presidenta es la única mandataria latinoamericana de un país importante que jamás fue invitada a la Casa Blanca. Siempre se supo que el alicate de Timerman tenía su precio y que también tenían un costo los encendidos discursos presidenciales. Debe subrayarse, además, que las posibilidades de la Casa Blanca de influir en la Corte Suprema son muy limitadas. Cierta lejanía entre los gobiernos y la independencia de poderes en Washington condenaron a la presidenta argentina.

En los últimos meses, Cristina Kirchner se dio cuenta de que debía cambiar. Acordó con el Club de París, con condiciones tan malas que todavía no se conocen; arregló algunas deudas con empresas que habían ganado en los tribunales internacionales del Ciadi, y formalizó un plan para indemnizar a Repsol por su violenta confiscación. No fue suficiente. Su política exterior es pobre o inexistente. Su embajadora en Washington, Cecilia Nahon, no reunió nunca las condiciones para estar donde está.

En Washington, ya sea en su gobierno o en sus jueces, existe cierto cansancio con el caso argentino. El propio el juez Griesa, en su última sentencia, previó la posibilidad de que el gobierno argentino no pudiera pagar tal como él sentenció. Abrió la puerta de una negociación con los holdouts, pero le ordenó al Gobierno que actuara de "buena fe". No sólo hay cansancio, entonces, sino también desconfianza. Distancia, cansancio, desconfianza. ¿Cómo esperar que las cosas hubieran sido mejores en los meses finales de un gobierno, cuando lo más preciado son las noticias buenas que nunca llegan?