Fin de la tregua: Vuelve la guerra Gobierno-Medios

En coincidencia con cierto ocaso del jefe de Gabinete ante la opinión pública, el aumento de la conflictividad social y de la incertidumbre económica volvió la hostilidad por parte del Gobierno y de figuras cercanas a él contra el periodismo crítico. Ataques del Ejecutivo en respuesta a artículos publicados, una iniciativa contra la libertad en internet en Entre Ríos y la medida cautelar solicitada por Lázaro Báez aparecen como evidencia de que la tregua llegó a su fin. La respuesta de las entidades periodísticas.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La tregua que parecía reinar entre el Gobierno y los medios comunicación llegó a su fin.  La actitud agresiva del cristinismo con el periodismo crítico se había tomado un receso, luego de su victoria contra Grupo Clarín en la pulseada por la Ley de Medios y con la llegada de Jorge Capitanich al Gabinete, que trajo con él una mayor apertura con los cronistas. 

 

Pero en las últimas horas, en coincidencia con cierto ocaso del jefe de Gabinete ante la opinión pública, el aumento de la conflictividad social y de la incertidumbre económica volvió la hostilidad por parte del Gobierno y de figuras cercanas a él. 

 

El cambio de actitud tomó mayor espesor con el comunicado firmado el lunes por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien salió duramente contra los diario Clarín y La Nación a los que acusó de "mentir y difamar". 

 

Parrilli acusó al diario de los Mitre  de hacer " falsas afirmaciones"  que "intentan poner en duda la legitimidad, legalidad  y honestidad  de actos económicos privados" de Néstor y Cristina Kirchner.

 

El funcionario apuntó a un artículó del matutino que denunciaba un presunto negociado mediante el cual el empresario Lázaro Báez le pagaba un "alquiler" a la familia presidencial por una hostería que no habría sido declarada por los Kirchner ante el organismo de anticorrupción.

 

Parrilli aseguró que esta propiedad sí estaba declarada, pero que figuraba bajo otro nombre. "El diario La Nación y el multimedio de Magneto -Clarín, TN, Radio Mitre, etcétera,  nuevamente han mentido con la única intención de difamar y desprestigiar al ex Presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos Kirchner y a la actual Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, al mejor estilo del fascismo: miente, miente que algo quedará", concluye el texto. 

 

El fin de la tregua también lo evidenció este martes el mismo Capitanich en su habitual conferencia de prensa matinal cuando denunció una "campaña sistemática de agravios". 

 

 "Existe una campaña sistemática de agravios, de difamaciones, de grupos económicos concentrados, de medios de comunicación y dirigentes políticos que lo único que quieren es generar divisiones entre los argentinos”, enfatizó Capitanich.

 

El funcionario se quejó de que se desde algunos sectores se dice que “el kirchnerismo ha dividido a la sociedad argentina”, pero que al mismo tiempo el Gobierno recibe “ataques sistemáticos contra el bueno nombre y honor de las personas, permanentes diatribas, injurias y calumnias”.

 

Capitanich también hacía alusión al artículo de La Nación. 

 

Capitanich, advirtió sobre el rol “tenazmente opositor” de algunos medios, haciendo mención al comunicado oficial que emitió ayer el gobierno a través del secretario presidencial quien manifestó que es “falsa” la denuncia que vincula al empresario Lázaro Báez con el expresidente Néstor Kirchner y la actual mandataria, Cristina Kirchner, según una nota publicada el fin de semana por el diario La Nación.

El raid también tuvo un episodio en Entre Ríos, donde un legislador que responde al gobernador ultracristinista Sergio Urribarri impulsa una norma que puede afectar gravemente la libertad de expresión.  El diputado provincial Rubén Almará presentó un proyecto de ley para cercenar el uso de Internet y de las redes sociales “en casos de conmoción interior”.

 

Un fragmento de su proyecto de ley señala lo siguiente: “Solicitar al Estado provincial para que inste a los organismos nacionales competentes a establecer, en casos de conmoción interior, políticas de regulación y restricción de medios electrónicos, Internet y redes sociales tendientes a bloquear comentarios, expresiones e información de carácter delictivo que fomenten la apología del delito y la violencia, que lesionen la paz ciudadana, que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las autoridades legalmente constituidas”.

 

Siempre quedará al arbitrio del Estado provincial cuáles serán tales expresiones e informaciónes. 

 

Hay más. 

 

Otro coletazo del escándalo por la hosteria Las Dunas fue la solicitud por parte de Lázaro Báez de una medida cautelar para que se resguarde la "confidencialidad" de la información contable, societaria y comercial que se encuentra "en poder de terceras personas" que "lucran con su difusión".

 

En síntesis, Báez intenta evitar que el diario La Nación siga publicando los números que complican -también- a la familia presidencial. 

 

Este intento de "bozal" informativo fue repudiado por las organizaciones periodísticas.

 

ADEPA expresó "su profunda preocupación" por la medida cautelar y aseguró que "de ser aceptada por la Justicia, implicaría una clara práctica de censura previa".

 

La entidad exhortó "a las autoridades judiciales competentes a rechazar in limine la medida cautelar solicitada, para preservar el derecho esencial a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, ya que ello es consustancial a la práctica democrática y republicana, máxime cuando se alude a presuntos negocios vinculados con funcionarios públicos".

 

Por su parte, FOPEA, en coincidencia con ADEPA, manifestó que de avanzar la medida judicial "se estaría cometiendo un acto de censura previa prohibido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere, y se obstruiría además la posibilidad de que la sociedad acceda a información de interés público", sostuvo Fopea.

 

"Es inútil un bozal para silenciar la información de interés público. Hay muchos medios y periodistas de todo el país y el mundo dispuestos a difundir esa información, entre ellos los cientos de socios del Foro de Periodismo Argentino", se lee en el comunicado. 

 

"La investigación periodística de las empresas privadas, y sus vínculos con el Estado, forma parte de la tarea más básica del periodismo en la democracia. Cuando se cumplieron 30 años del retorno a la democracia, dar lugar a esta cautelar sería un retroceso histórico", se recuerda en el texto.