Reunión de Piñera para definir cómo seguirá 'el caso Apablaza'
Hoy (domingo 03/10), el presidente chileno Sebastián Piñera y el senador UDI Andrés Chadwick coincidirán en la reinauguración del Museo de Colchagua, en Santa Cruz, que fue afectado por el terremoto de febrero. Allí ellos evaluarán los pasos a seguir ante la decisión de la argentina Comisión Nacional de Refugiados (Conare), de concederle asilo político al ex frentista Galvarino Apablaza, requerido por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
| 03/10/2010 | 09:42
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En su cuenta en Twitter, la presidente Cristina de Kirchner, escribió varios mensajes cuestionando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haber autorizado la extradición a Chile del ex frentista Sergio Galvarino Apablaza, acusado de haber participado en el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán y del secuestro del empresario Cristián Edwards.
"Hablando de extradición. En 2005, la Corte Suprema dictó un fallo rechazando el pedido de extradición del etarra Lariz Iriondo, solicitado por España y acusado de más de 11 delitos: ser de la ETA, bombas en bancos, comisarías, policías heridos y un montón de cosas similares. El Etarra volvió a Uruguay donde había residido 15 años. Llama la atención que la misma Corte Suprema concedió la extradición del chileno Apablaza. El vive en Argentina desde 1993 y tiene tres hijos argentinos. El fallo salió justo cinco días antes de que viajara a Chile por el Bicentenario", señaló Cristina a través de sucesivos twitteos (en cada post se puede escribir un máximo de 140 caracteres).
Si bien la Corte Suprema argentina concedió el permiso de extradición, la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), que depende del Ejecutivo Nacional, decidió otorgarle asilo político a Apablaza, quien no podrá ser extraditado.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera reiteró su crítica a la decisión adoptada por el Conare: “Es una decisión que, como Presidente de Chile, no comparto y lamento profundamente, porque Galvarino Apablaza está procesado por haber cometido delitos de extrema gravedad, el asesinato de un senador de la República, como Jaime Guzmán, el único senador en nuestro país que ha sido asesinado en su historia y el secuestro de Cristián Edwards. Hechos de extraordinaria gravedad y cometidos en plena democracia, no pueden quedar impunes”.
Piñera que la decisión de la Conare “constituye un duro retroceso para la causa de los derechos humanos en Chile, para la causa de la justicia en Chile y también no contribuye en nada a las buenas relaciones que deben existir entre dos países vecinos y hermanos, como son Chile y Argentina. Y quiero también decir, con mucha claridad, que el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos. Nos hicimos parte en forma inédita frente al Consejo Nacional de Refugiados y vamos a estudiar con mucha atención la resolución, para poder acordar los pasos a seguir, para poder lograr que finalmente crímenes de esa gravedad, y ningún otro crimen en Chile, queden impunes”.
El senador de la UDI, Hernán Larraín, anunció que su partido planea recurrir a organismos internacionales para revertir la determinación de la Conare.
“Se están evaluando todas las alternativas posibles sin descartar por ahora ninguna porque si no tenemos ninguna posibilidad de resolver las cosas en Argentina, habrá que recurrir a instancias internacionales", precisó desde Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba por motivos personales.
En tanto, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, recomendó a Piñera: “El Gobierno de Chile debería insistir, en primer lugar -antes de recurrir a organismos internacionales- a la relación bilateral, yo creo que la relación con Argentina es una relación que se debe cautelar”.
El timonel socialista también criticó a Piñera por poner en tela de juicio las relaciones con la Argentina: “Yo no entiendo las relaciones internacionales sino desde la prudencia y creo que frases de esa naturaleza, que puede uno entender desde el contexto de un momento de desagrado por lo sucedido, deben tener un mayor dejo de prudencia”.
S. Espinosa, M. Valenzuela y P. Lezaeta explicaron en el diario El Mercurio, de Santiago de Chile (propiedad de la familia Edwards):
"Hoy, el Presidente Sebastián Piñera y el senador UDI Andrés Chadwick coincidirán en la reinauguración del Museo de Colchagua, en Santa Cruz, tras haber sido afectado por el terremoto de febrero.
Allí compartirán opiniones y criterios sobre los pasos que tanto el Gobierno como el partido seguirán luego que en Argentina la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), dependiente del Ministerio del Interior de ese país, resolviera concederle asilo político al ex frentista Galvarino Apablaza, requerido por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
El Mandatario fue notificado en Buenos Aires, en la madrugada de ayer, por la propia Presidenta Cristina Fernández, donde participaron en una reunión extraordinaria de la Unasur por la crisis en Ecuador.
Ello motivó que Piñera criticara públicamente la decisión minutos después, y que calificara el hecho como "un retroceso para la causa de la justicia y los derechos humanos en mi país", idea que repitió en la mañana tras regresar a Santiago.
El mensaje fue replicado posteriormente desde la Cancillería, donde el subsecretario Fernando Schmidt leyó una declaración en la que afirmó que esto "en nada contribuye a las relaciones entre ambos países".
Consecuencias
Más allá de la molestia, La Moneda optó por aguardar la notificación oficial -que se espera entregue hoy el Ministerio del Interior argentino en la embajada chilena- antes de definir qué acciones concretas seguirá. El trámite es necesario, luego que el Gobierno chileno se convirtiera en interviniente en el proceso seguido por la Conare, tras haber entregado un escrito con su postura el miércoles pasado.
El propio Piñera adelantó que "vamos a analizar profundamente la resolución de la Conare para poder determinar los nuevos cursos de acción".
Por lo pronto, una fuente vinculada al tema confirma que se prepara una nota de protesta para ser entregada a la Casa Rosada, la que podría ir acompañada de otras medidas que demuestren el negativo impacto que esto tendrá en la relación bilateral. "El Gobierno marcará un antes y un después en la forma de relacionarse con Argentina", sentencia otra fuente.
Aunque se trataría sólo de una coincidencia, esta semana se suspendió el ejercicio "Aurora Austral IV" que, por primera vez, implicaría el uso de tropas de ambos países cerca de Bahía Blanca, la próxima semana.
Fuentes que conocen el tema explican que una opción para impugnar la resolución es el artículo 38 de la Convención de Refugio de la ONU de 1951. Éste contempla que las controversias entre países signatarios -Chile y Argentina lo son- serán resueltas por la Corte Internacional de Justicia.
Con todo, en Buenos Aires, el abogado que representa a Chile, Gustavo Gené, confirmó que "estoy mandatado por el Estado de Chile para hacerle una evaluación sobre cuáles serían los resortes legales que quedan en el orden local".
La UDI maneja sus propios planes. "Vamos a estudiar recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos, como la OEA y la ONU, para denunciar que el gobierno argentino ha vulnerado el tratado sobre refugio político", dijo el senador Chadwick.
El parlamentario acusó a la gobernante trasandina de ser "la responsable de que el gobierno argentino ampare hoy a asesinos y terroristas (...) No hay más responsables, es la Presidenta Fernández", y aseguró que serán perseverantes en denunciar al gobierno argentino en organismos internacionales "por su conducta arbitraria y violadora de los derechos humanos".
Esto constituye un serio retroceso para la causa de los derechos humanos y la justicia, y en nada contribuye a las relaciones entre ambos países".
Tres ex subsecretarios del Interior de los gobiernos de la Concertación coincidieron en criticar la decisión.
Jorge Burgos (DC) dijo que "es lamentable que habiendo coincidido los más altos tribunales de Chile y Argentina en cuanto a la procedencia de la extradición, sea una decisión política la que la niegue".
Jorge Correa Sutil, del mismo partido, planteó que en el sistema penal chileno, "y en general en los países civilizados", se considera encubridores a aquellas personas que proporcionen impunidad a los culpables. "La figura del refugio político supone algunas características del país del cual huye el refugiado que, ciertamente, no logro apreciar en Chile", concluyó.
A su turno, Felipe Harboe (PPD) señaló que "otorgarle refugio a una persona implica reconocer que en el país de origen del solicitante no existen la garantías para un debido proceso; creo que no es el caso de Chile".
Y destacó el esfuerzo que se hizo en esos períodos por traer a Apablaza al país."
| 03/10/2010 | 09:42
"Hablando de extradición. En 2005, la Corte Suprema dictó un fallo rechazando el pedido de extradición del etarra Lariz Iriondo, solicitado por España y acusado de más de 11 delitos: ser de la ETA, bombas en bancos, comisarías, policías heridos y un montón de cosas similares. El Etarra volvió a Uruguay donde había residido 15 años. Llama la atención que la misma Corte Suprema concedió la extradición del chileno Apablaza. El vive en Argentina desde 1993 y tiene tres hijos argentinos. El fallo salió justo cinco días antes de que viajara a Chile por el Bicentenario", señaló Cristina a través de sucesivos twitteos (en cada post se puede escribir un máximo de 140 caracteres).
Si bien la Corte Suprema argentina concedió el permiso de extradición, la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), que depende del Ejecutivo Nacional, decidió otorgarle asilo político a Apablaza, quien no podrá ser extraditado.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera reiteró su crítica a la decisión adoptada por el Conare: “Es una decisión que, como Presidente de Chile, no comparto y lamento profundamente, porque Galvarino Apablaza está procesado por haber cometido delitos de extrema gravedad, el asesinato de un senador de la República, como Jaime Guzmán, el único senador en nuestro país que ha sido asesinado en su historia y el secuestro de Cristián Edwards. Hechos de extraordinaria gravedad y cometidos en plena democracia, no pueden quedar impunes”.
Piñera que la decisión de la Conare “constituye un duro retroceso para la causa de los derechos humanos en Chile, para la causa de la justicia en Chile y también no contribuye en nada a las buenas relaciones que deben existir entre dos países vecinos y hermanos, como son Chile y Argentina. Y quiero también decir, con mucha claridad, que el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos. Nos hicimos parte en forma inédita frente al Consejo Nacional de Refugiados y vamos a estudiar con mucha atención la resolución, para poder acordar los pasos a seguir, para poder lograr que finalmente crímenes de esa gravedad, y ningún otro crimen en Chile, queden impunes”.
El senador de la UDI, Hernán Larraín, anunció que su partido planea recurrir a organismos internacionales para revertir la determinación de la Conare.
“Se están evaluando todas las alternativas posibles sin descartar por ahora ninguna porque si no tenemos ninguna posibilidad de resolver las cosas en Argentina, habrá que recurrir a instancias internacionales", precisó desde Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba por motivos personales.
En tanto, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, recomendó a Piñera: “El Gobierno de Chile debería insistir, en primer lugar -antes de recurrir a organismos internacionales- a la relación bilateral, yo creo que la relación con Argentina es una relación que se debe cautelar”.
El timonel socialista también criticó a Piñera por poner en tela de juicio las relaciones con la Argentina: “Yo no entiendo las relaciones internacionales sino desde la prudencia y creo que frases de esa naturaleza, que puede uno entender desde el contexto de un momento de desagrado por lo sucedido, deben tener un mayor dejo de prudencia”.
S. Espinosa, M. Valenzuela y P. Lezaeta explicaron en el diario El Mercurio, de Santiago de Chile (propiedad de la familia Edwards):
"Hoy, el Presidente Sebastián Piñera y el senador UDI Andrés Chadwick coincidirán en la reinauguración del Museo de Colchagua, en Santa Cruz, tras haber sido afectado por el terremoto de febrero.
Allí compartirán opiniones y criterios sobre los pasos que tanto el Gobierno como el partido seguirán luego que en Argentina la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), dependiente del Ministerio del Interior de ese país, resolviera concederle asilo político al ex frentista Galvarino Apablaza, requerido por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
El Mandatario fue notificado en Buenos Aires, en la madrugada de ayer, por la propia Presidenta Cristina Fernández, donde participaron en una reunión extraordinaria de la Unasur por la crisis en Ecuador.
Ello motivó que Piñera criticara públicamente la decisión minutos después, y que calificara el hecho como "un retroceso para la causa de la justicia y los derechos humanos en mi país", idea que repitió en la mañana tras regresar a Santiago.
El mensaje fue replicado posteriormente desde la Cancillería, donde el subsecretario Fernando Schmidt leyó una declaración en la que afirmó que esto "en nada contribuye a las relaciones entre ambos países".
Consecuencias
Más allá de la molestia, La Moneda optó por aguardar la notificación oficial -que se espera entregue hoy el Ministerio del Interior argentino en la embajada chilena- antes de definir qué acciones concretas seguirá. El trámite es necesario, luego que el Gobierno chileno se convirtiera en interviniente en el proceso seguido por la Conare, tras haber entregado un escrito con su postura el miércoles pasado.
El propio Piñera adelantó que "vamos a analizar profundamente la resolución de la Conare para poder determinar los nuevos cursos de acción".
Por lo pronto, una fuente vinculada al tema confirma que se prepara una nota de protesta para ser entregada a la Casa Rosada, la que podría ir acompañada de otras medidas que demuestren el negativo impacto que esto tendrá en la relación bilateral. "El Gobierno marcará un antes y un después en la forma de relacionarse con Argentina", sentencia otra fuente.
Aunque se trataría sólo de una coincidencia, esta semana se suspendió el ejercicio "Aurora Austral IV" que, por primera vez, implicaría el uso de tropas de ambos países cerca de Bahía Blanca, la próxima semana.
Fuentes que conocen el tema explican que una opción para impugnar la resolución es el artículo 38 de la Convención de Refugio de la ONU de 1951. Éste contempla que las controversias entre países signatarios -Chile y Argentina lo son- serán resueltas por la Corte Internacional de Justicia.
Con todo, en Buenos Aires, el abogado que representa a Chile, Gustavo Gené, confirmó que "estoy mandatado por el Estado de Chile para hacerle una evaluación sobre cuáles serían los resortes legales que quedan en el orden local".
La UDI maneja sus propios planes. "Vamos a estudiar recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos, como la OEA y la ONU, para denunciar que el gobierno argentino ha vulnerado el tratado sobre refugio político", dijo el senador Chadwick.
El parlamentario acusó a la gobernante trasandina de ser "la responsable de que el gobierno argentino ampare hoy a asesinos y terroristas (...) No hay más responsables, es la Presidenta Fernández", y aseguró que serán perseverantes en denunciar al gobierno argentino en organismos internacionales "por su conducta arbitraria y violadora de los derechos humanos".
Esto constituye un serio retroceso para la causa de los derechos humanos y la justicia, y en nada contribuye a las relaciones entre ambos países".
Tres ex subsecretarios del Interior de los gobiernos de la Concertación coincidieron en criticar la decisión.
Jorge Burgos (DC) dijo que "es lamentable que habiendo coincidido los más altos tribunales de Chile y Argentina en cuanto a la procedencia de la extradición, sea una decisión política la que la niegue".
Jorge Correa Sutil, del mismo partido, planteó que en el sistema penal chileno, "y en general en los países civilizados", se considera encubridores a aquellas personas que proporcionen impunidad a los culpables. "La figura del refugio político supone algunas características del país del cual huye el refugiado que, ciertamente, no logro apreciar en Chile", concluyó.
A su turno, Felipe Harboe (PPD) señaló que "otorgarle refugio a una persona implica reconocer que en el país de origen del solicitante no existen la garantías para un debido proceso; creo que no es el caso de Chile".
Y destacó el esfuerzo que se hizo en esos períodos por traer a Apablaza al país."
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