En medio de la turbulencia judicial, Abal Medina volvería al Gobierno

El desplazado jefe de Gabinete, frustrado embajador en Chile y Defensor del Pueblo, retornaría a la Casa Rosada en una secretaría. El exfuncionario fue citado a declaración indagatoria por el uso indebido de 'Fútbol para Todos'.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Juan Manuel Abal Medina (h) fue noticia en las últimas horas. El exjefe de Gabinete de Cristina Fernández fue citado a declaraciones indagatoria por el juez Claudio Bonadío. Él y el actual vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, deberán dar explicaciones por un spot que salió en la pantalla de 'Fútbol para Todos' y que atacaba aMauricio Macri por el traspaso de los subtes. 

 

No fue la mejor publicidad para el exfuncionario que próximamente podría reincorporarse al gabinete del que fue expulsado ante el ascenso del ahora crepuscular Jorge Milton Capitanich, quien este jueves lo rescató como "una persona honorable". 

 

Según informó este jueves el periodista Pablo Ibañez en el diario Ámbito Financiero, Abal Medina, tras su fallido intente de llegar a la Defensoría del Pueblo y de ocupar la embajada en Chile, sería designado en una secretaría "dependiente directamente de Cristina para circular en sintonía de kirchnerista puro".  Ibañez deja planteada la duda sobre si tal dependencia se creará con este fin. 

 

El periodista también contó que el exjefe de Gabinete, que en su función se limitó a la política de propaganda del Gobierno, también se incorporará a la mesa de conducción del colectivo militante Unidos y Organizados, responsable de la campaña de escrache contra empresarios de supermercados y cadenas de electrodomésticos que la Presidente reforzó con su discurso del miércoles. 

 

Unidos y Organizados está integrado por agrupaciones como el Movimiento Evita y Kolina, de la cuñada presidencial Alicia Kirchner. Pero es La Cámpora la que domina la escena. 

 

Abal Medina se incorporará a ese ámbito aunque hay versiones que sostienen que el exministro coordinador le guarda cierto rencor a la agrupación ultracristinista. Un artículo publicado el sábado último en el diario La Nación y que lleva la firma de Francisco Olivera señaló: 

 

"Hay una ironía del proyecto popular: pedir limosna a los enemigos de la patria. No por nada ex integrantes del Gobierno, como Abal Medina, son ahora, en privado, más críticos que nunca de quienes los han sucedido. El ex jefe de Gabinete está convencido de que en La Cámpora no saben de política. "Destruyeron el legado de Néstor", ha dicho". 

 

En cuanto a su situación procesal, Abal Medina deberá presentarse a declarar el próximo 28/2. Ante Bonadio también deberán declarar el integrante de La Cámpora y ex subsecretario de Comunicación Pública Rodrigo Rodríguez, el 20/2; y el subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Fernández Russo, el 24, según el pedido judicial difundido por el Centro de Información Judicial.

 

Todos ellos están involucrados en una causa que se inició ante la denuncia de los legisladores de Pro Cristian Ritondo y Daniel Presti, luego de que el Gobierno diera a conocer en agosto de 2012, durante una transmisión de Fútbol para Todos, un spot que cuestionaba a la administración de Mauricio Macri por el manejo del subte.

 

El anuncio de la polémica se transmitió 11 de agosto de 2012, en el entretiempo de River Plate contra Estudiantes de La Plata. En el spot de poco más de dos minutos, la Casa Rosada responsabilizaba al jefe de gobierno porteño por el conflicto gremial que mantuvo paralizado el subte durante varios días, además de la administración, las tarifas y los vagones de los trenes. 

 

"El gobierno de la Ciudad tiene la obligación legal, los recursos nacionales y de los porteños para hacerse cargo del subte. Esto significa hacer obras, dar mantenimiento y garantizar que viajes tranquilo. Pero también solucionar los conflictos gremiales y asegurarte que puedas viajar. ¿Por qué no lo hace?", se preguntaba el aviso, que cerraba con el sello de Presidencia de la Nación.

 

Ritondo y Presti denunciaron a los responsables en aquel momento de la comunicación gubernamental por "utilizar fondos públicos -que debieron ser utilizados para otros fines comunes a la ciudadanía y evidentemente asignados presupuestariamente a otros conceptos- para realizar una publicidad cuyo objetivo fue emitir una opinión absolutamente subjetiva y propia del partido que preside la gestión actual, relacionada con una cuestión de corte netamente político y que en este momento se encuentra en puja con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

 

Según la ley, el delito de malversación pública "será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años".