Cristina y su última oportunidad

El país tendrá hoy la última chance para lograr que la Corte Suprema de USA acepte el caso contra los fondos buitre. Será en la respuesta que entregará el Gobierno a la presentación que realizaron hace dos semanas un grupo de fondos buitres, en la que caracterizaban a la Argentina como un "país rico" que puede pagar sus deudas sin caer en una nueva crisis. ¿Qué se espera? El peor y el mejor escenario:

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La Argentina tendrá hoy la última oportunidad para lograr que la Corte Suprema de USA acepte el caso del país contra los fondos buitre. 

 

Será en la respuesta que entregarán los abogados contratados por el Gobierno a la presentación que realizaron hace 2 semanas un grupo de fondos buitres, encabezados por Elliot y acompañados por un conjunto de acreedores individuales, en la que caracterizaban a la Argentina como un "país rico" que puede pagar sus deudas sin caer en una nueva crisis.

 

A partir de mañana comenzará a correr el plazo del alto tribunal para decidir si acepta estudiar el "caso argentino". 

 

Si bien no hay certezas de la decisión que podría tomar el alto tribunal, la medida forma parte de la estrategia argentina que es, simplemente, ganar tiempo y dilatar lo más posible un fallo definitivo.

 

Si la Corte decide no aceptar el pedido argentino, no resultaría extraño que el mes próximo la justicia estadounidense deje firme los dos fallos negativos anteriores, de primera y segunda instancia, lo que significaría que el país entraría en default técnico (no podría pagar la deuda con el resto de los acreedores que sí aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010).

 

Carlos Burgueño lo explicó así en su nota "Buitres: última oportunidad de convencer a la Corte de EE.UU.", publicada hoy en el diario 'Ambito financiero': 

 

"Hoy será la última vez que la Justicia norteamericana escuche a alguna de las partes en el "juicio del siglo" entre la Argentina y los fondos buitre. Una vez que el país presente su descargo contra las acusaciones de los acreedores que litigan contra el país en la Justicia norteamericana, ya no habrá más instancias para que el país o los "holdouts" expongan sus argumentaciones. En otras palabras, a partir de mañana sólo habrá que esperar que la Corte Suprema de los Estados Unidos decida si toma o no el caso. La definición debería conocerse en junio, pero podría haber una estación previa hasta el final del viaje: que el máximo tribunal de EE.UU. le pida, en general, al Gobierno de Barack Obama su opinión sobre el caso; si efectivamente ve que un fallo negativo contra la Argentina podría afectar seriamente la marcha del sistema financiero internacional. Si finalmente la Corte pide este recurso, la decisión volverá a postergarse hasta bien entrado el segundo semestre del año. 

 

El peor escenario para el país es que el Tribunal no pida su opinión a la procuración norteamericana, y que además no tome el fallo. Si esto sucediera, en algún momento de junio quedarían en firme los dos fallos en contra de la Argentina de primera (que maneja Thomas Griesa) y segunda instancia en los tribunales de Nueva York; e inmediatamente después, el país ingresaría en default técnico, al menos en el sistema financiero de los Estados Unidos. Esta situación es la que los fondos buitre están esperando para forzar una negociación con el Gobierno de Cristina de Kirchner en las peores condiciones posibles para el país. El Ministerio de Economía que maneja Axel Kicillof espera, por el contrario, que la Corte tome el caso y que los tiempos judiciales norteamericanos se extiendan hasta bien entrado 2015 y que sean los fondos buitre los que deban sentarse a negociar en posición incómoda. Cualquiera sea el resultado, la historia de la definición del "juicio del siglo" comenzará a escribirse en las próximas horas. 

 

Lo que la Argentina contestará hoy es la presentación por escrito que hace 15 días hicieron en conjunto los fondos buitre Elliott, Olifant y Aurelius, y que mencionaba que el país es un estado soberano "rico" que puede "honrar sus obligaciones sin caer en ningún default". 

 

Le reclaman, además, a la Corte que no tome el caso y que, de ese modo, queden firmes las dos sentencias negativas de primera y segunda instancia. La posición había quedado plasmada en un escrito de 45 páginas firmado además de por los fondos buitre, por unos 15 particulares (todos argentinos) que acompañan el juicio contra la Argentina en los tribunales de EE.UU. 

 

Luego, los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton (CGS&H), que representan al país en este caso, se tomaron completos los 10 días que le otorgaba el tribunal para contestar las argumentaciones, lo que se concretará hoy. Los abogados, junto con Paul Clement, el exprocurador del Gobierno de George W. Bush contratado especialmente para esta instancia, aguardaron hasta último momento. Jurídicamente, la clave a esta altura es ganar tiempo y exprimir al máximo las posibilidades que da el cronograma legal. 

 

La Argentina tendrá así hoy la última oportunidad de convencer a los fondos buitre de que el "juicio del siglo" sea una de las 80 causas que el tribunal toma por año, de unas 4.000 que llegan a esa instancia). Esta sería la mejor opción de todas para la Argentina, ya que si esto sucede, gane o no el caso, la definición de la Corte deberá esperar hasta el año próximo. 

 

Si esto sucede, el país ya no deberá aplicar la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), por la cual cualquier oferta que se les haga a los holdouts superior a los bonistas que aceptaron ingresar en los canjes de 2006 y 2010 debe ser igualada. De esta manera, desde enero de 2015, la Argentina puede mejorar el pago a los acreedores que aceptaron entrar a los dos llamados a regularizar la deuda en default, y así negociar en mejor posición con los fondos buitre un eventual plan de pagos. Si, por el contrario, la Corte decide no tomar la causa, la situación para la Argentina se volverá definitivamente compleja. 

 

En la presentación de hace 10 días, los fondos que siguen a Elliott (del magnate Paul Singer) pidieron a la Corte que no reconsidere la decisión que fuerza a la Argentina a pagar bonos al contado, asegurando que tal decisión podría llevar al país a un nuevo default, y afirmaron que "la Argentina es un país rico del G-20, con amplios recursos para honrar sus obligaciones". Según el documento, la idea de una nueva crisis económica en la Argentina por causa de estos bonos es una "hipérbole sin base". Al mismo tiempo, los fondos recibieron el apoyo de cinco jueces federales y un ex fiscal general (secretario de Justicia) durante el Gobierno de George W. Bush, Michael B. Mukasey, quienes presentaron un documento conjunto ante la Corte Suprema."