Antiterrorismo, 'antiargentina', persecución: El Gobierno mostró los dientes... y las armas

Cuando la democracia K pasa a ser más K que democracia, surgen viejos conceptos, no tan viejos. La Ley Antiterrorista, propuesta desde el Gobierno y promulgada en 2011, periodistas calificados de "anti-argentinos", y "persecuciones" que van desde la Justicia hasta los gastos más simples de los ciudadanos, son las palabras que recargan el panorama de hoy. ¿Se endureció el discurso oficial? Pues, el dilema es que se endurece la práctica.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24Reflotar la pelea entre LAN Chile y La Cámpora, en plena visita de Michelle Bachelet al país, le costó a la periodista del diario 'Clarín', Natasha Niebiskikwait un doble embate por parte de los funcionarios más importantes del Estado. 
Primero fue el tenso cruce con la presidenta Cristina Fernández, quién le pidió que no vincule a La Cámpora, y después con el ministro de Economía, Axel Kicillof, quién le espetó ser "antiargentina".
 
La Presidenta se molestó en público, no por el contenido de la pregunta en sí, sino porque la cronista especializada en asuntos de Gobierno mencionó a la agrupación que lidera su hijo, Máximo Kirchner, como impulsora del enfrentamiento entre la bajada de bandera nacional y la chilena por un hangar del Aeroparque Jorge Newbery. 
 
No fue una presunción de la periodista: en un video que Mariano Recalde nunca hubiera querido que trascendiera, el titular de Aerolíneas reconoce que fue él quien le pidió a la mandataria que le "suprimiera" rutas a LAN.
 
El conflicto se remonta al mes de agosto de 2013, cuando las autoridades de Chile informaron que recibieron una orden de desalojo del hangar de Aeroparque. Según el gobierno chileno, Argentina le dio "diez días hábiles" para irse del predio que luego sería ocupado por Aerolíneas. LAN argumentaba que no podía dejar el hangar porque lo "utiliza para el mantenimiento de sus aviones" y traería "serias dificultades en las operaciones de la empresa".
 
Los funcionarios de La Cámpora salieron a desvincularse del conflicto. Pero, mediante comunicados institucionales, afirmaban que LAN podía operar perfectamente sin el hangar. "A pesar de que su mayor operación se encuentra localizada en el Aeroparque Jorge Newbery, la mayor parte del mantenimiento de los aviones lo sigue realizando en Ezeiza, de manera tal que se desmiente que sea imposible operar desde el Aeroparque sin contar con un hangar, de hecho el resto de las líneas aéreas así lo hacen", sostenían.
 
El conflicto llegó a su punto más álgido cuando trascendió un video en el que Mariano Recalde confesaba ser el autor de la idea. "Yo en realidad le fui a pedir algo que después voy a negar, que es que le suprimieran rutas a LAN, que el Estado le negara la autorización para volar ciertas rutas", contó el funcionario, en una reunión con la agrupación La Oesterheld. Finalmente, el tema se terminó judicializado y la tensión institucional entre ambos países menguó con la salida del presidente Sebastián Piñera, accionista mayoritario de LAN Chile.
 
Los principales funcionarios de Aerolíneas Argentinas están estrechamente vinculados con La Cámpora: Recalde, Axel Kicillof y Eduardo "Wado" de Pedro, tres de los seis dirigentes de la mesa chica de la agrupación (Andrés Larroque, José Ottavis y Juan Cabandié completan la lista) se hicieron cargo de la conducción de la empresa desde su estatización, en 2008. 
 
Pese a ello, Cristina omitió ayer la existencia de esta agrupación y se puso en sintonía con la estrategia camporista: refugiarse en el PJ para sobrevivir después de 2015.
 
"Aerolíneas Argentinas está presidida por el doctor Mariano Recalde que es militante del Partido Justicialista, que es el partido que gobierna la Argentina, porque ganamos las elecciones", explicó. 
 
Recalde, además de integrante de La Cámpora, obtuvo la presidencia del Congreso partidario del PJ poreño en marzo pasado sin competir con nadie: la suya era la única lista. De Pedro hizo lo propio a nivel nacional: obtuvo la vicepresidencia junto con Ottavis, que quedó como secretario.
 
En tanto, según le narró Niebiskikwait a la agencia de noticias 'DyN', ni bien culminó la conferencia de prensa que la mandataria ofreció junto a Michelle Bachelet, el titular del Palacio de Hacienda -miembro de La Cámpora y exfuncionario de Aerolíneas- fue "corriendo" a buscarla. 
 
"¿Te puedo decir algo?", le preguntó Kicillof. 
 
Luego de que la cronista aceptara, el ministro le espetó: "Cómo podés ser tan antiargentina". Kicillof no le dio posibilidad de respuesta a Niebieskikwiat. Después del reproche, se dio media vuelta y, frente a varios periodistas, se preguntó: "Cómo pueden ser tan antiargentinos".
 
La periodista pudo haberse sentido apenas ofendida sino fuera por la experiencia que llegaba desde la provincia de Santiago del Estero, donde se apuntó directamente a la aplicación de la Ley Antiterrorista, que propuso el kirchnerismo y fue promulgada en 2011, contra el director del sitio web 'Ultima Hora'.
 
En aquella provincia, el resto de los medios no le dio importancia a la noticia (?).
 
¿Miedo? 
 
Tal como informó Urgente24, allí, por primera vez, un fiscal pidió la aplicación de la polémica ley. La acusación fue contra un periodista de la provincia que cubrió la violenta detención de un policía cuando hacía reclamos salariales, durante las protestas policiales de diciembre pasado.
 
El fiscal federal Pedro Simón acusó a Juan Pablo Suárez, como se dijo, director del sitio web 'Ultima Hora', de “incitación a la violencia colectiva”, agravado por la “finalidad de aterrorizar a la población”, delitos que establece la nueva normativa.
 
Cuando el Parlamento sancionó la Ley Antiterrorista, a fines de 2011, fue muy cuestionado por todo el arco político opositor e inclusive por movimientos sociales y organismos de derechos humanos. Una de las críticas más fuertes a esa ley la realizó el grupo de intelectuales kirchneristas Carta Abierta, que difundió un comunicado leido por Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, donde planteó que “ese dispositivo adopta la duplicación de condenas, acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social”.
 
Es que el Código Penal establece una pena de tres a seis años por incitar a la “violencia colectiva”, que puede ser excarcelable. Pero uno de los artículos de la Ley Antiterrorista duplica el monto de esa pena y elimina la excarcelación si la finalidad del acusado fue “aterrorizar a la población”.
 
El constitucionalista Daniel Sabsay dijo que la situación del periodista Suárez “pone de manifiesto lo aberrante de esta ley, que da lugar a persecuciones, restricciones a la libertad de expresión y censura indirecta. A ninguna persona le aplicaron esta normativa, así que si el juez confirma la petición del fiscal santiagueño sería al primero a quien se le aplica ”.
 
El periodista santiagueño denunció que por esta misma causa, según el diario 'Clarín', en diciembre pasado estuvo “diez días detenido en una celda de una comisaría, de un metro, por un metro y medio, con presos comunes”. Y agregó: “Las condiciones de detención fueron deplorables. Como no había baño en la celda, orinábamos todos en una botella de gaseosa y, recién cuando estaba llena, le pedíamos al guarda que la vaciara. Ni teníamos lugar para dormir todos en el piso, así que nos turnábamos”.
 
Suárez filmó y difundió –a través de su sitio Web– la detención del agente Nelson Villagrán cuando participaba en la protesta policial. La Justicia allanó sus oficinas, incautó sus equipos y detuvo al periodista, quien estuvo 10 días en un calabozo, hasta el 19 de diciembre; aunque Suárez aclaró que tres de esos días los pasó en una clínica, a la que lo derivaron por "deshidratación", cuando hizo una huelga de hambre y dejó de tomar los medicamentos para sus problemas cardíacos y de la tiroides.
 
Esa huelga de hambre, dijo el periodista que la hizo después de que lo sacaran un rato de la celda y lo “sentaran frente a un televisor para ver el discurso de asunción” de la gobernadora Claudia Ledesma, esposa de Gerardo Zamora, presidente del Senado y tercero en la línea de sucesión presidencial.
 
Suárez no es el único en la mira. A otro que no le va nada bien en estas horas, y que completa el panorama actual, es José María Campagnoli, el fiscal suspendido por su actuación en el caso Báez, quien fue increpado por estudiantes de derecho durante una charla en la UBA, organizada por la agrupación "Renovación Universitaria", ligada al diputado nacional Sergio Massa.
 
El fiscal participó de un debate sobre "el rol de la Justicia en las nuevas generaciones", acompañado por el integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi y la diputada nacional Liliana Schwindt (Frente Renovador).
 
Durante la exposición, un estudiante se acercó al panel e increpó a Campagnoli, que enfrenta el proceso de juicio político por presunto mal desempeño de funciones: "¿Qué tiene para decir, respecto de la inseguridad, en el caso de la muerte del vecino Alan Tapia, del barrio Mitre, que murió asesinado en medio de un allanamiento ordenado por usted?", preguntó el joven.
 
Campagnoli no tardó en contestar, en medio de un griterío: "Están aprovechando el dolor de la gente para hacer de esto una cuestión política", enfatizó. Y aclaró: "Mi única intervención en el caso Tapia fue mandar a la cárcel y a juicio al policía que lo mató".
 
El joven estaba acompañado por otra alumna, quien también discutió con los panelistas y cuestionó al Frente Renovador.
 
El sitio 'Infobae' lo relató así: "lo que nació como un debate templado es ahora una confrontación caliente entre los dos alumnos y quienes los identifican como parte de un colectivo kirchnerista. "Váyanse con Zaffaroni que rechazaba habeas corpus en la Dictadura", vociferan los más moderados. "No nos toquen, no se pongan nerviosos", desafían los jóvenes.
 
Los organizadores de la charla -la agrupación massista "Renovación Universitaria"- intentan darle un cierre al encuentro mientras Campagnoli acusa: "Están aprovechando el dolor de la gente para hacer de esto una cuestión política". Y Fargosi apunta que lo que acaba de suceder "es una vieja técnica universitaria: hay que hacer un poco de lío, gritar...". "Todo ese sector, que es La Cámpora, no logra que lo voten (al kirchnerismo). Estas actitudes son un collar de melones para sus propias ideas", sentencia.
 
Uno de los jóvenes abandona el aula al grito de "Cristina es la mejor presidente que tuvo la Argentina". Afuera del salón, Infobae dialoga con la otra protagonista del altercado, que dice llamarse Ana y asegura que ni ella ni su compañero forman parte de una agrupación política: "Somos simples estudiantes de Derecho". Todos se van sin intenciones de dar más información."
 
Minutos después de la discusión, el fiscal advirtió: "Fue un incidente propio de alguien que trae a esta aula de la facultad un debate ideologizado. Y yo no tengo problema en darlo, de hecho respondí".
 
En diálogo con el sitio mencionado agregó: "A mí los barrabravas no me quieren, los delincuentes no me quieren, es lógico. Es una consecuencia lógica de mi trabajo, pero hay un montón de vecinos y víctimas que me apoyan y lamentan mucho que yo no esté en mi despacho".
 
Cabe recordar que a instancias de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, Campagnoli fue suspendido y enviado a juicio político a fines del año pasado por el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales de la Nación, que consideró que con su continuidad en el cargo corría riesgo el efectivo servicio de Justicia.
 
El suspendido fiscal está acusado de mal desempeño por supuestamente haber modificado el objeto procesal de una causa en la que el empresario Lázaro Báez pasó de denunciante a investigado con un llamado a indagatoria por extorsión que no se concretó.
 
El Tribunal de Enjuiciamiento tiene plazo hasta junio para hacer el juicio político.
 
"En el país la democracia parece más una ficción que una república verdadera", evaluó un Campagnoli que está "ansioso de que se haga el juicio político y se pueda develar realmente lo que pasó". "Yo tengo la conciencia tranquila, se que cumplí con mi deber, respeté mi juramento, así que todos los días puedo mirar a los ojos a mis cinco hijos y a mucha gente que me apoya", remarcó.
 
¿Cómo está, en cambio, la conciencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich?
 
Esta mañana, en sus habituales conferencias, el ministro de ministros destacó que las políticas puestas en marcha por Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, el organismo recaudador, apuntan al "mejoramiento permanente y sistemático de la recaudación fiscal".
 
¿Qué pretendía con esas palabras? Negar que exista alguna "persecución" de la AFIP sobre algunos contribuyentes contra los titulares de hoy de los medios.
 
¿Qué responden los medios? Que hablen ahora antes de "ser callados" para siempre...

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