Periodistas, ciudadanos y Estado: Volver a las bases
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) es la asociación que nuclea a las empresas dueñas de los medios de prensa de la Argentina. Su Comisión de Libertad de Expresión acaba de difundir un documento titulado "Volver a las bases", en el expone con crudeza la difícil situación que vive el periodismo en la Argentina.
"Todos debemos rescatar los principios que le permitieron a un país destrozado por enfrentamientos fratricidas encontrar el camino para conjugar sus intereses y construir un proyecto común."
El presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Daniel Dessein, condenó los ataques a la libertad de expresión del Gobierno argentino. Además, él cuestionó el uso que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le concede a la cadena nacional y el spot oficial sobre la Ley de Medios difundido por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) el domingo 23/09 en el espacio Fútbol para Todos: "Configura un hostigamiento y una amenaza inaceptables contra un medio de comunicación".
La libertad de expresión consagrada por la Constitución Nacional está siendo degradada por quienes desde el gobierno de la nación, provincias y municipios, descalifican a los que piensan distinto, sean medios de comunicación o ciudadanos dispuestos a expresar su opinión sobre asuntos públicos. Se ha llegado así al extremo persecutorio de abusar de organismos administrativos de control previstos para servir el interés general. Por esa vía se ha caído, además, en la política de dividir a los argentinos, acción refractaria de los ideales superiores de la Constitución que hicieron posible la unión y la paz en la República. Es necesario volver a las bases.
Dijimos hace seis meses que la sociedad argentina necesitaba más diálogo, más republicanismo, para fortalecer el contenido y la misión genuina de la democracia. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Se ha marcado un triste récord en el uso de la cadena oficial de radiodifusión para consagrar, aún más de lo que ya lo estaba, el monólogo indicativo de la voluntad de imponer un pensamiento único.
Desafortunadamente, no hay un solo motivo para señalar, en el período en análisis, que haya mejorado el clima en el cual se desenvuelve el periodismo independiente.
Mediante el arbitrario y desmesurado empleo de fondos públicos, a través de la pauta publicitaria oficial, se sigue alimentando una gigantesca maquinaria propagandística, tanto en el sector gráfico como en el audiovisual. Sin embargo, esa suerte de “gigante bobo”, que subsidian todos los ciudadanos con sus impuestos, ha de ser tan ineficaz a los propósitos gubernamentales que, por lo que se observa, no ha perdido un ápice de fuerza la voluntad de obstaculizar y debilitar a la prensa reacia a someterse a los dictados del oficialismo.
Pese a las reiteradas promesas hechas desde el poder, tampoco se ha avanzado en la búsqueda de soluciones que eviten el ahogo fiscal de las pequeñas y medianas empresas periodísticas. A ello hay que agregar la persistencia de excesivas regulaciones que entorpecen aun en mayor medida su desenvolvimiento y posibilidad de existir.
Capítulo aparte merece el número de ataques que ha registrado el ejercicio de la actividad periodística en los últimos meses. En el primer semestre de este año se contabilizaron 161 ataques a periodistas o medios. Se trata de una cifra superior a la computada para todo 2011.
ADEPA condenó en su oportunidad muchos de estos hechos a través de declaraciones específicas. Gustavo Tinetti, de Radio Cadena Nueve, 9 de Julio, provincia de Buenos Aires; Sergio Loguzzo, de 6,7,8; Hernán Lascano, de La Capital, Rosario; Aníbal Palma, de FM Génesis, Ingeniero Juárez, Formosa; Rodrigo Alegre, David Santistebe y Federico Gandolfi, de Periodismo para Todos, son algunos de los periodistas que fueron, en el período en análisis, amenazados o atacados físicamente por desconocidos, miembros de organizaciones sociales o manifestantes en la vía pública, a raíz de su trabajo periodístico.
Las agresiones sufridas por Daniel Luna, de Canal 4 de Candelaria, Misiones; Hernán García, de FM Uno, de Sancti Spíritu, Santa Fe; Marcelo Bertolino, de FM Estudio 2, de Pilar; y Gonzalo Rodríguez, de CQC, en Pinamar, tuvieron como autores a funcionarios de tales localidades.
Cuando aquellos que deben velar por la seguridad de los periodistas se transforman en sus agresores, se resiente un presupuesto democrático fundamental y se daña la legitimidad de quienes gestionan intereses comunes a partir de una elección que implica, como contrapartida, el pleno ejercicio del derecho ciudadano a la información. Sobran a diario, además, los ejemplos de la desconsideración con la cual suelen ser tratados los periodistas ajenos a los círculos del poder político por parte de las mismas autoridades que deberían informar ampliamente de sus actos a la sociedad a la que se deben.
El deber de los funcionarios públicos no se limita a informar con plenitud y a abstenerse de toda agresión a la prensa o a quien quiera que sea que pretenda expresarse libremente. También implica contribuir a la paz social con un discurso tolerante, mesurado, abierto al debate.
Por eso, resultan preocupantes, como lo ha señalado el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la confrontación airada permanente y la falta de diálogo que predominan en los funcionarios nacionales. Lo mismo puede decirse de no pocos de sus epígonos, entrenados, casi de manera profesional, para descalificar las expresiones de ciudadanos críticos del gobierno.
Ya en los orígenes de la nacionalidad se enfatizó el objetivo de vivir en unión y libertad. Desde la más alta magistratura, a pesar de que en algunos discursos se retoma la idea de que es necesario consolidar la unión nacional, se cae con harta frecuencia en adjetivaciones del tenor de que “parece que parte de los argentinos tienen desprecio por determinados sectores sociales”. Así, lo único que se aviva es la división y el resentimiento de unos y otros.
La violencia verbal contra los participantes en las recientes movilizaciones ciudadanas por razones tan diversas como los reclamos por la inseguridad o la inflación ha sido un hecho relevante. En lugar de hacer oír una palabra de distensión, la reacción del Gobierno no pudo ser más desafortunada. Pretendió asociar a los manifestantes con las dictaduras más oprobiosas que ha sufrido nuestro país y lo hizo después de que los medios de comunicación que le responden, prácticamente ignoraran aquel fenómeno ciudadano. Esto ha encendido más luces de alarma, si cabe, a las que ya advertían de los peligros que entrañará para la República la supresión, anunciada por el Gobierno, de algunos medios independientes de comunicación.
El spot publicitario referido a la Ley 26.522 y al Grupo Clarín, que emitió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, configura un hostigamiento y una amenaza inaceptables contra un medio de comunicación, a partir de una interpretación sesgada de un fallo judicial. Todo ello, agravado por el uso abusivo de fondos públicos.
Los medios de comunicación independientes y los partidos políticos son piezas centrales de la democracia. Sin aquellos medios, los ciudadanos pueden carecer de las informaciones que le permiten juzgar la gestión de sus propios intereses y, a partir de ellas, participar y elegir fundadamente a quienes se encarguen de esa administración.
Sin partidos, las demandas populares no encuentran los canales adecuados para transformarse en una alternativa viable para representar a los ciudadanos. Sin partidos sólidos y sin un periodismo autónomo, que pueda resistir las presiones del poder y subsistir sin aportes del Estado, el resultado es siempre una democracia desmedrada y puramente nominal.
Si a eso se suman un Poder Judicial con franjas permeables a la presión del Poder Ejecutivo, un Congreso anémico y provincias dependientes económica y financieramente del Gobierno central, lo que está en riesgo son valores supremos que conciernen al interés de todos: la República, el federalismo y, en definitiva, los derechos y garantías tanto individuales como sociales, de la Constitución Nacional.
Los frenos y contrapesos del sistema republicano buscan proteger los derechos ciudadanos frente a los abusos del poder y, en especial, los de las minorías que no se sienten representadas por los gobiernos de turno. Estos últimos deben tolerar el disenso y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de cada uno de expresarse.
Ese derecho es vulnerado cuando se amordaza a quien pretende esbozar un índice diferente al de una estadística oficial, que disfraza un fenómeno particularmente perjudicial para los sectores de menores recursos. También cuando quien critica algún aspecto de la realidad económica es perseguido por órganos administrativos de control, vilipendiado por la cadena nacional o se transforma en objeto de amenazas y persecución de un funcionario.
Una cadena de intimidación procura instalarse cuando órganos del Estado encargados de verificar el cumplimiento de las reglas de la convivencia ciudadana, se emplean como herramientas implacables contra quien osa cuestionar algún punto del discurso oficial.
Todos debemos volver a las bases. El periodismo debe propender a la excelencia en un oficio tentado a veces por los desvíos del sensacionalismo, la chabacanería y la tergiversación. Los funcionarios tienen que administrar, escuchar y rendir cuentas. Los ciudadanos debemos actuar dentro de los carriles que nos fijan la ley, la democracia que reconstruimos hace tres décadas y las reglas básicas de una convivencia armónica y civilizada.
Todos debemos rescatar los principios que le permitieron a un país destrozado por enfrentamientos fratricidas encontrar el camino para conjugar sus intereses y construir un proyecto común. Principios que necesitaron de muchas décadas para poder encarnarse y que fueron quebrados de manera sistemática en el siglo último.
Los argentinos necesitamos fomentar el diálogo, afirmar las libertades y cumplir con las normas que garantizan la vida colectiva en paz y el legítimo anhelo de prosperar tal como lo consagraron nuestros constituyentes, hace casi 160 años.
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