Ahora sí Cristina subió el cuadro de Bignone: Es Ley la ‘autoamnistía K’

El Senado convirtió anoche (02/07) en Ley la norma sobre la Responsabilidad del Estado que establece un marco regulatorio para las demandas de particulares y empresas contra el Estado Nacional. En el artículo 6 se menciona que el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal. Así, se quita la posibilidad de presentar demandas civiles contra funcionarios, como en el caso de la Tragedia de Once.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El kirchnerismo logró sancionar ayer (02/07) una ley de protección para sus funcionarios muy similar a la autoamnistía de la última dictadura militar bajo el gobierno de facto de Reynaldo Bignone, con el Proceso en retirada y vislumbrando los juicios que luego se concretaron en el gobierno de Alfonsín por la represión ilegal.

El kirchnerismo no quiere otro juicio como el de la Tragedia de Once sobre sus funcionarios. Ese proceso se está sustanciando bajo la presidencia de Cristina con los resortes del Poder a su disposición. Distinto será cuando ya no esté en la Casa Rosada. Por eso la urgencia de convertir en ley el marco regulatorio para la Responsabilidad del Estado que ayer el Senado sancionó con 38 votos positivos del Frente para la Victoria y sus aliados contra 23 negativos.

La norma, excluida del nuevo Código Civil y Comercial, ubica dentro del derecho administrativo las demandas de particulares y empresas contra el Estado.

El expediente rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas.

La iniciativa indica que “la responsabilidad del Estado es objetiva y directa”, que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”.

El proyecto señala que “se exime de responsabilidad al Estado” por “los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial” y “cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder”.

Según el proyecto, el “Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.

Como miembro informante del oficialismo, el senador por Santa Cruz Pablo González explicó el proyecto y consideró que las críticas a la iniciativa por parte de la oposición "no se condicen con la realidad".

"Han dicho que el oficialismo busca garantizar impunidad de funcionarios kirchneristas. Yo entiendo que les gusta aparecer en la TV y la radio, pero la ley es objetiva y directa”, juzgó.

En tanto, desde el radicalismo, el mendocino Ernesto Sanz advirtió que el proyecto elimina “la sanción pecuniaria disuasiva contra el Estado, sus agentes y funcionarios” y, enérgico, preguntó: “¿Cómo va a hacer el ciudadano de a pie cuando tenga una sentencia contra el Estado para hacerla cumplir?”

Magdalena Odarda, del interbloque FAP-UNEN, sostuvo que “se va a terminar instalando un sistema injusto y desequilibrado entre la responsabilidad del Estado y las que se les imputan a los particulares”. Y consideró que el proyecto “establece impunidad porque busca eludir el eventual perjuicio económico que muchas veces recae sobre el bolsillo de los funcionarios”.