Lavado: detrás de la investigación asoma la guerra entre dos sectores judiciales

El dictamen del fiscal Guillermo Marijuán es una abierta declaración de guerra al sector de la Justicia que apoya al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es un dictamen que habla no sólo por él, sino por un grupo de fiscales federales que, en minoría, enfrenta las políticas de su propia jefa, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, líder de Justicia Legítima, uno de los pilares de la reforma judicial del Gobierno.

El empresario Lázaro Báez se volvió eje de esta disputa. La causa tiene más complejidades que las evidentes.

El juez que lo instruye, Sebastián Casanello, acaba de asumir en su cargo, intenta conservar en vano su bajo perfil y se rige por una lógica judicial opuesta a la del fiscal Marijuán. El juez quiere ir con pie de plomo. El fiscal actuó con rapidez y puso en evidencia las supuestas falencias de cuándo se “investiga” el lavado de dinero: cuando el sospechoso no está relacionado con el Gobierno. El tiempo dirá.

La fiscalía, además, no ve con buenos ojos que el magistrado no haya solicitado información financiera sobre Báez en la causa. Algo que ahora el fiscal le pedirá que haga.

Marijuán apuntó con dureza contra dos funcionarios de la Procuración: Carlos Gonella, a cargo de la Procelac –el organismo creado en diciembre por la Procuradora para investigar el lavado de dinero– y Omar Orsi –su segundo–. Dijo que “no aportaron nada a la causa” y sostuvo que “parcializaron la investigación”. “Váyase a saber con qué propósito”. Señaló que actuaron como “defensores” y no como fiscales.

La Procelac, que asiste a los fiscales en casos de criminalidad económica, envió a la fiscalía Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar. Ninguno de Báez ni de sus empresas, ni de sus hijos o socios. “Es la información que recibimos de la UIF”, explicaron a PERFIL. La UIF es otra pieza clave en el manejo de las causas por lavado de dinero (ver página 4).

Marijuán acusó a la Procuración de haber realizado una investigación acotada para que sólo se imputara por presunto lavado a Elaskar y Fariña.

Para Marijuán, Gonella y Orsi quisieron “obviar el contenido propio de las denuncias” contra Báez. “Se hace un requerimiento limitado a unos pocos reportes de operaciones sospechosas”, escribió ayer el fiscal. “Parece que las reuniones y los cursos en el exterior de estos funcionarios, supuestamente especializados en lavado de dinero, no han resultado suficientes para ilustrarlos”, ironizó.

Brito niega conocer a los acusados

Jorge Brito, presidente del Banco Macro y titular de Adeba, salió a desmarcarse del Lázarogate. Dijo que no conoce al empresario K Lázaro Báez, ni al financista Federico Elaskar, ni a Leonardo Fariña.

Fueron los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido quienes denunciaron que Brito estaría vinculado al caso del supuesto lavado de dinero de las arcas de Báez. Elaskar, en el programa PPT, de Jorge Lanata, dijo que bajo presión había sido obligado a entregar su financiera SGI. Y días más tarde reconoció que la vendió a Helvetic Service Group (HSG). Esta firma había adquirido acciones de Continental Urbana SA, que hasta 2008 perteneció al banquero.

Brito buscó aclarar la situación durante una entrevista exclusiva con la revista de economía y negocios Fortuna.

Allí el titular de Macro indicó que en 2008 se desprendió de sus acciones en Continental Urbana cuando se las vendió al empresario Isaac Kiperszmid. Posteriormente la firma quedó en manos de HSG.

“No conozco a nadie”, aseguró Brito cuando se le preguntó si conocía a los involucrados en el escándalo del caso de supuesto lavado de dinero que envuelve a Báez. También explicó que se lo involucra en este caso “porque una figura famosa vende más noticias”.