Aconsejan limitar la entrega de datos tributarios a la Argentina

El reclamo de parte del juez federal Norberto Oyarbide a la Justicia uruguaya de información tributaria en una investigación sobre transferencia de derechos federativos de jugadores profesionales de fútbol resulta un 'caso testigo' en la cooperación bilateral aprobada recientemente entre ambos países sobre suministro de datos de imputados. El alcance del secreto bancario uruguayo se encuentra en debate, y también la seguridad jurídica en una plaza bancaria con ambición de continuar recibiendo dinero argentino. Por eso el tema resulta muy trascendente. De acuerdo al diario El País, de Montevideo, catedráticos y expertos tributaristas uruguayos advirtieron que no deben brindarse determinados datos a Oyarbide acerca de las cuentas incautadas en 3 locales allanados el 13/06 en Montevideo. (Las transferencias bajo la lupa son las de Ezequiel Lavezzi, Ricardo Centurión, Sebastián Botinelli, Agustín Pelletieri, Robertino Canavesio, Matías Laba, Javier Pastore, Fabián Vargas, Ignacio Piatti, Guillermo Burdisso, Diego Buonanotte y Facundo Roncaglia).


Profesor de Derecho Tributario de la Universidad de la República y de la Universidad de Montevideo, Jorge Bentancur, dijo acerca del pedido de Norberto Oyarbide (foto): "La falta de impuestos a las transferencias de futbolistas es un delito tributario. En este caso Uruguay puede negarse a colaborar".
por EDUARDO BARRENECHE
 
MONTEVIDEO (El País). "En el caso de la investigación por evasión fiscal de jugadores de fútbol en Argentina que lleva adelante el juez Oyarbide, Uruguay no debió haber colaborado", dijo a El País el experto en derecho tributario Alberto Varela. Enseguida agregó: "llama poderosamente la atención que se haya colaborado y además el entusiasmo con el que se colaboró" con Oyarbide.
 
En una megacausa por asociación para delinquir y lavado de dinero, el juez argentino pidió colaboración a la Justicia uruguaya en el marco de una investigación de por lo menos 15 pases de futbolistas hechos en el vecino país. Una parte del dinero generado por las transferencias ingresó a Uruguay en forma irregular y luego fue derivado a Brasil tras su ingreso a la plaza financiera.
 
Según Varela, Oyarbide investiga en Argentina asociaciones para delinquir de representantes de jugadores y clubes que tenían un propósito: evadir impuestos. "Es público y notorio que la raíz del problema es tributaria en Argentina", dijo.
 
El Protocolo de San Luis sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, firmado con Argentina, establece que Uruguay no está obligado a colaborar sobre casos particulares de evasión impositiva.
 
"Esto -el pedido de Oyarbide- no tiene nada que ver con el recientemente firmado tratado de intercambio de información con Argentina. Una cosa es la colaboración entre los fiscos y otra la colaboración judicial. La colaboración entre los fiscos cuenta con un procedimiento establecido y tiene muy limitada la información bancaria que requiere el levantamiento judicial del secreto bancario", explicó Varela.
 
El abogado tributarista del estudio Ferrere, Gianni Gutiérrez, coincidió con Varela al señalar que Uruguay "no debe colaborar" sobre delitos tributarios.
 
"El punto que hay que tener mucho cuidado a la hora de habilitar la colaboración sobre otras materias es que no se disfrace todo el pedido con otros delitos conexos o para tratar de obtener información cuando el delito principal es tributario", advirtió Gutiérrez.
 
Por su parte, el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de la República y de la Universidad de Montevideo, Jorge Bentancur, también recordó que Uruguay y Argentina firmaron un marco normativo sobre cooperación y asistencia jurídica en materia penal, con la excepción de algunas materias como la tributaria.
 
"La falta de impuestos a las transferencias de futbolistas es un delito tributario. En este caso Uruguay puede negarse a colaborar", dijo el docente universitario a El País.
 
El experto en prevención de lavado de dinero y catedrático de la Universidad Católica, Leonardo Costa, señaló que la jueza Adriana de los Santos aclaró que el pedido de investigación efectuado por Oyarbide no se basa en delitos tributarios sino en delitos penales como estafa, asociación para delinquir y falsificación de documentos. "Si fuera así está bien pedida la información por parte de Argentina porque la estafa es un delito precedente en Uruguay. La medida de la jueza de colaborar es correcta", dijo.
 
Consultado el abogado de una de las financieras allanadas por la jueza De los Santos, Jorge Barrera, señaló que los procedimientos de la Justicia uruguaya no vulneraron el secreto bancario ni la seguridad jurídica del país. "Uruguay no se prestó a una operación de `pesca` de información y no se vulneró el secreto bancario de personas o sociedades que no tengan relación directa con la cooperación con Argentina", indicó Barrera.
 
En alusión a cuestionamientos realizados en Argentina a la actuación de la jueza De los Santos, Barrera señaló que hay que ser "muy cuidadosos" y "no formar parte" de operaciones que quieran desacreditar la vigencia del secreto bancario uruguayo.

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