Las 10 claves del Madregate y la inminente designación de un veedor judicial

Algunas cuestiones imprescindibles que hay que saber de la investigación sobre la Fundación Universidad de Madres de Plaza de Mayo y su ex apoderado Sergio Schoklender, y la designación de un veedor judicial por las responsabilidades que debería afrontar todos los involucrados, incluyendo Hebe de Bonafini.




CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Hay algunas cuestiones que deben considerarse en el análisis del escándalo que involucra a los hermanos Schoklender, la Fundación Universidad de Madres de Plaza de Mayo y el Ejecutivo Nacional.

1. Todo indica que a la Fundación Universidad Madres de Plaza de Mayo se le permitió el programa de viviendas Sueños Compartidos para ayudarla a financiar los costos de la casa de estudios, de sus medios de comunicación y otras actividades colaterales. Ese beneficio le fue concedido por Néstor Kirchner a Hebe de Bonafini, presidenta de la Fundación, y tuvo una contrapartida de militancia política de parte de la Fundación. Esa situación especial explica la falta de auditorías y cualquier control sobre asignación de recursos.

2. La Fundación mantenía un vínculo permanente con el Ministerio de Planificación Federal, lo querefuerza la idea de que fue una decisión de Néstor Kirchner. Funcionarios que dependen de Julio De Vido homologaron la propuesta tecnológica y la ejecución de los programas de obras de la Fundación. La tecnología italiana de construcción con paneles de poliestireno extendido (simil telgopor) le fue concedida para el mercado local a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que asumió toda la responsabilidad legal emergente.

3. Al haberse hecho cargo, por escrito, de toda la responsabilidad legal emergente ante los proveedores y ante los consumidores/beneficiarios, la Fundación debe afrontar todas las demandas judiciales que aparezcan. Esta situación obliga a considerar la posibilidad de una intervención judicial próxima de la Fundación (ya que la Fundación solicitará asistencia financiera al Estado Nacional y éste no podría ya girarle recursos sin auditoría), o bien la designación de un veedor judicial administrador, no solamente por las responsabilidades que debería afrontar la Fundación sino porque Eduardo Barcesat, abogado de la Fundación, ya dijo que el monto de la demanda contra Sergio Schoklender se establecerá luego de una auditoría contable que hará la Justicia. Cabe interrogarse acerca de la posibilidad de que la Fundación inicie una liquidación ordenada de sus actividades.

4. Los movimientos financieros dudosos de Sergio Schoklender en Miami (Florida, USA) provocaron la sospecha y la investigación de organismos gubernamentales de seguridad e inteligencia de USA. Por lo tanto, hay una línea de investigación externa simultánea (o quizás previa) a la investigación judicial doméstica. En el caso de la indagación externa, apunta a establecer la relación con Hugo Chávez, y la posibilidad de que en la Fundación haya incurrido en operaciones de lavado dinero bolivariano u dinero de otro origen.

5. En cuanto a la investigación doméstica, existen dos líneas: la del juez Norberto Oyarbide, sobre lavado y defraudación al Estado, que involucra a los Schoklender; y la del juez Marcelo Martínez de Giorgi, subrogante en los Juzgados Nº2 y Nº8, sobre defraudación fraudulenta de fondos públicos, malversación de caudales, etc. De cruzarse ambas líneas debería quedar en breve un solo juez, que concentre las causas, y esto lo definirá la Cámara de Apelaciones. Ya no es un secreto cierta preocupación gubernamental de que sea Martínez de Giorgi el juez que reciba las actuaciones de Oyarbide.

6. Desde el inicio del escándalo, es evidente que Hebe de Bonafini ha cambiado de rol. De intentar subestimar las denuncias y desvincularse de los hechos denunciados, este lunes 13/06 decidió presentarse como querellante en la causa del juez Oyarbide, al ser advertida acerca de la posibilidad de tener responsabilidad judicial en su rol de titular de la Fundación. Ella le sumó a su pedido, la denuncia de una presunta asociación ilícita de los hermanos Schoklender contra la Fundación y contra ella, y -tardíamente- el supuesto robo de documentación al local de la Fundación ocurrido el día 03/06. Recién ahora comprendió Bonafini que si no denunciaba a Schoklender, ella sería responsable de los mismos cargos por los que se investiga su ex hijo político.

7. El Ejecutivo Nacional cambió en reiteradas ocasiones de estrategia judicial y comunicacional, demostración de una ausencia de coordinación o de conducción política ante la crisis. Recién ahora pareciera encontrar una línea única de acción y puso a Bonafini bajo control del abogado filo-kirchnerista, Eduardo Barcesat. Lo más notable fue la falta de diálogo entre los de Julio De Vido y el jefe político actual, Carlos Zannini.

8. El problema central sigue siendo la sumatoria de declaraciones de diversos líderes de organismos paragubernamentales (desde Estela de Carlotto a Luis D'Elía), coincidiendo en que Bonafini no podía desconocer lo que ocurría en su organización; el informe de la ex ministra de Economía y ex asesora de la Fundación, Felisa Miceli, acerca de un desfasaje financiero con fondos de la Fundación -el Ejecutivo conocía ese informe desde 2007-; y la versión de que Kirchner fue informado en 2009 sobre la investigación a Schoklender en USA. La responsabilidad política del Ejecutivo Nacional provoca malestar en sectores del Frente para la Victoria.

9. El Ejecutivo Nacional intenta evitar limitar el impacto político. Por eso la semana pasada en el Congreso, el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, afirmó que el control de los planes de construcción de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo estaba a cargo de los intendentes y no de Julio De Vido. El posterior mensaje de los intendentes a la Casa Rosada obligó a modificar el discurso. Por un lado, porque Fatala no mencionó al Instituto Provincial de la Vivienda bonaerense, que aparece en toda la operatoria en la provincia, inclusive por arriba de los intendentes. Luego, Fatala no mencionó a los gobernadores que, si los intendentes tuviesen responsabilidad, ellos no podrían ser menos.

10. Ahora, los diputados de la Comisión de Vivienda de la Cámara baja, que escucharon a Fatala, quieren citar a los intendentes para que brinden detalles de ese control que Fatala dice que ellos deberían haber realizado. Los intendentes afirman que, en realidad, ellos eran intermediarios entre el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido y la Fundación Madres. Resta conocer cuál versión darán a los legisladores.

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