¿Van por todo?

Por Jorge Fontevecchia

Frente a Comodoro Py. Partidarios de la CGT Azul y Blanca presionaron al juez Oyarbide para que libere al líder del sindicato de los trabajadores rurales.


Leída dentro del marco de la causa de la mafia de los medicamentos, la detención y posterior liberación de Gerónimo Venegas tiene obvias interpretaciones: 1) Un juez que detuvo a dos sindicalistas pero no a un funcionario como Héctor Capacioli, el ya doblemente procesado ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña presidencial de Cristina Kirchner. 2) Un juez que también detuvo a sindicalistas alejados u opositores al Gobierno pero no a los sindicalistas aliados como Hugo Moyano y su esposa, implicados en la misma causa. 3) Un Hugo Moyano que aprovechó la detención de un sindicalista opuesto a la CGT para mostrar un corporativismo sindical que más que solidario con Venegas lo protege a él mismo de no ser el próximo detenido en esta causa. 4) Un Hugo Moyano que cuando sus intereses entran en conflicto con los del Gobierno, no se subordina a él. 5) Y en cualquiera de los casos, que no habrían sido todos iguales frente a la ley.

Pero si el minué Oyarbide-Capaccioli-Zanola-Venegas-Moyano fuera leído trascendiendo el marco de la propia causa de la mafia de los medicamentos, las conjeturas son aun más preocupantes. El foco en el trabajo esclavo exclusivamente rural (PERFIL mostró en la tapa del domingo pasado cómo continúa el trabajo esclavo textil en la propia Ciudad de Buenos Aires sin generar ningún procedimiento de los organismos del Estado para combatirlo) induce a relacionar esas denuncias con la posterior detención del jefe del sindicato de trabajadores rurales dispuesta por Oyarbide como dos acciones coordinadas desde lo que deberían ser dos poderes independientes del Estado.

Pinzas. Además, en el mismo momento en que esto ocurría, el kirchnerismo recuperaba su control sobre el Consejo de la Magistratura al imponer como presidente de ese órgano al camarista Mario Fera, aliado del oficialismo (vale recordar que cuando el Gobierno perdió la mayoría en el Consejo, la oposición logró que se destituyera por mal desempeño al juez Faggionato Márquez, quien en la causa conexa de la efedrina había vinculado a Francisco de Narváez días antes de las últimas elecciones).

Paralelamente, lo que fue interpretado como otra demostración de fuerza del Gobierno, ya se había producido –el miércoles anterior– la renuncia del presidente de la Unión Industrial, Héctor Méndez, con un llamado anticipado a elecciones que rompe con la alternancia, donde hubiera correspondido que asumiera la conducción de la entidad el sector más enfrentado con el Gobierno.

En ese contexto, la Unidad de Información Financiera anunció que investigará por lavado de dinero a los clientes bancarios que operen más de 500 mil pesos por año –alrededor de 40 mil pesos mensuales–, lo que permitiría incriminar aunque fuera transitoriamente a todos los empresarios.

Mientras tanto Scioli, de vacaciones en Italia después de haberse realizado una ecografía abdominal en el Sanatorio de los Arcos, es repetidamente atacado por distintos sectores del kirchnerismo, en una virulenta campaña donde aparece tratado más como un opositor que como un aliado. Quizá con el fin de que una pérdida de su peso específico no le permita nunca pasar a ser opositor y deba mantenerse siempre aliado no ya por convicción sino por dependencia (lo mismo vale para los dirigentes empresarios).

Todos estos hechos juntos permiten suponer que podría estar produciéndose una escalada que buscara amedrentar a los díscolos y terminar de aplastar a los resistentes. En ese caso, se trataría de la anunciada profundización del modelo, una vuelta de tuerca de nestorkirchnerismo en estado puro.

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