La gran omisión de Oyarbide: Néstor Kirchner
Mientras millones de pesos pagaba el Estado Nacional por supuestos tratamientos médicos falsos, Néstor Kirchner lo toleraba como parte de la truculenta relación con Hugo Moyano, que incluyó el apoyo y la financiación de la elección de Cristina Fernández, afirman muchos sindicalistas.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Hugo Moyano no es la gran omisión de Norberto Oyarbide en la causa judicial que instruye con parcialidad manifiesta. Moyano es una omisión importante, todavía, pero la ausencia inexplicable es Néstor Kirchner.
Sin el protagonismo de Néstor Kirchner no puede entenderse la escasez de controles en la asignación de recursos para los subsidios gubernamentales a medicamentos pagados por las obras sociales. Tampoco que 90 obras sociales se encuentren bajo investigación, en prácticas aparentemente generalizadas.
Y mucho menos el monto de los subsidios: ¿acaso podían pasar desapercibidos tantos millones a un personaje obsesivo con la asignación política de los recursos, como lo fue Néstor Kirchner, al punto de anotarlo todo en libretas y pedir 2 veces al día el detalle a la Secretaría de Hacienda?
No, Néstor Kirchner y Hugo Moyano expresaron sus acuerdos político-financieros en varias operatorias. Una de ellas fue, de acuerdo a todas las fuentes sindicales consultadas, la Administración de Programas Especiales.
Kirchner y Moyano fueron los grandes beneficiarios políticos y económicos del APE, insisten todos. Pero el mayor responsable fue la autoridad política, o sea Kirchner.
No había abuso del APE posible sin una decisión política de Néstor Kirchner, y con los abusos del APE se pagaron las adhesiones sindicales a la Administración Kirchner, incluyendo la reelección de Cristina Fernández.
Ese es el motivo del malestar sindical, y también del enojo de algunos jefes importantes con Carlos Zannini, el funcionario de rango detrás de las andanzas del magistrado Norberto Oyarbide (nadie toma en serio todavía, con excepción de algún periodista, a Julián Álvarez, el joven e inexperto secretario de Justicia de la Nación).
Sin la autorización explícita de Kirchner no es posible de comprender el rol de Héctor Capaccioli y los abusos masivos de troqueles falsos (el cartón que contiene el código de barras de los medicamentos) imprescindibles para armar expedientes de tratamientos inexistentes, y enfermos que no eran tales para cobrar cifras millonarias destinadas a pacientes con cáncer, hemofilia y VIH.
La complicidad o participación de Nestor Kirchner no justifica el delito cometido por numerosos sindicalistas, abogados y funcionarios, pero ubica en otro contexto la perversidad del poder kirchnerista.
Sin el protagonismo de Néstor Kirchner no puede entenderse la escasez de controles en la asignación de recursos para los subsidios gubernamentales a medicamentos pagados por las obras sociales. Tampoco que 90 obras sociales se encuentren bajo investigación, en prácticas aparentemente generalizadas.
Y mucho menos el monto de los subsidios: ¿acaso podían pasar desapercibidos tantos millones a un personaje obsesivo con la asignación política de los recursos, como lo fue Néstor Kirchner, al punto de anotarlo todo en libretas y pedir 2 veces al día el detalle a la Secretaría de Hacienda?
No, Néstor Kirchner y Hugo Moyano expresaron sus acuerdos político-financieros en varias operatorias. Una de ellas fue, de acuerdo a todas las fuentes sindicales consultadas, la Administración de Programas Especiales.
Kirchner y Moyano fueron los grandes beneficiarios políticos y económicos del APE, insisten todos. Pero el mayor responsable fue la autoridad política, o sea Kirchner.
No había abuso del APE posible sin una decisión política de Néstor Kirchner, y con los abusos del APE se pagaron las adhesiones sindicales a la Administración Kirchner, incluyendo la reelección de Cristina Fernández.
Ese es el motivo del malestar sindical, y también del enojo de algunos jefes importantes con Carlos Zannini, el funcionario de rango detrás de las andanzas del magistrado Norberto Oyarbide (nadie toma en serio todavía, con excepción de algún periodista, a Julián Álvarez, el joven e inexperto secretario de Justicia de la Nación).
Sin la autorización explícita de Kirchner no es posible de comprender el rol de Héctor Capaccioli y los abusos masivos de troqueles falsos (el cartón que contiene el código de barras de los medicamentos) imprescindibles para armar expedientes de tratamientos inexistentes, y enfermos que no eran tales para cobrar cifras millonarias destinadas a pacientes con cáncer, hemofilia y VIH.
La complicidad o participación de Nestor Kirchner no justifica el delito cometido por numerosos sindicalistas, abogados y funcionarios, pero ubica en otro contexto la perversidad del poder kirchnerista.
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