Las horas amargas de Norberto Oyarbide
Fue tan negativo detener a Gerónimo Venegas, sin llamarlo previamente a prestar declaración testimonial, como liberarlo más tarde por presión sindical: malas horas para Norberto Oyarbide.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Era tan obvio que los dirigentes sindicales seguían con preocupación la evolución de la investigación sobre irregularidades en el cobro de subsidios estatales por prestaciones médicas, que no se entiende porqué Norberto Oyarbide intervino en forma casi irresponsable.
> Ordenar la captura de un dirigente sindical de gran repercusión política sin tan siquiera llamarlo previamente a prestar declaración testimonial, fue ridículo.
> No notificar previamente a la Fiscalía interviniente, fue quemar las naves y quedarse solitario ante lo que ocurriría después (previsible, por cierto).
> Y liberar al sindicalista a última hora porque la Casa Rosada le ordenó hacerlo ya que temía a la reacción sindical, resultó disparatado.
O sea que Norberto Oyarbide erró, volvió a hacerlo, y siguió equivocándose. Más allá de lo que opinen periodistas como Daniel Santoro, de Clarín, la acción incorrecta fue la de Oyarbide, no la de los sindicalistas. Ellos reclamaron por un colega suyo, y fue corporativamente correcto. El problema fue Oyarbide, quien retrocedió en forma acelerada, demostración de que antes había avanzado con audacia inexplicable.
Norberto Oyarbide tendrá que reflexionar, durante el fin de semana, cómo reorganiza su actuación en la causa de los medicamentos.
1. Es importante que siga la investigación.
2. Es importante que no queden dudas sobre parcialidad en la instrucción.
3. Es importante que el Poder Judicial no resulte permeable ni a la Casa Rosada ni a la corporación sindical.
Aqui algunos recortes periodísticos que permiten reconstruir lo sucedido durante el viernes 11/02:
Primero, lo ya mencionado de Daniel Santoro en el diario Clarín:
"Se puede considerar que la forma en que Oyarbide detuvo a Venegas pareció más un show que un procedimiento dispuesto por un magistrado: lo pasearon frente a las cámaras de TV, pero eso no invalida la investigación judicial.
Lo que no tiene precedentes es que la CGT presione a un juez como lo hizo. ¿Cómo puede la central obrera hablar de “persecución” sin conocer las pruebas reunidas en la causa contra Venegas?
En todo caso, si la CGT considera que Oyarbide abusó de su poder puede denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. En este tipo de casos, no está en juego un juez polémico como Oyarbide, sino el respeto al Estado de Derecho."
Irina Hauser en el diario Página/12, explicando el punto de vista de Oyarbide:
"(...) El juzgado también le mostró a Venegas que en el último allanamiento realizado en las oficinas de la Administración de Programas Especiales (APE) se habían secuestrado por lo menos 22 expedientes con troqueles truchos, que habrían sido utilizados por la obra social de los peones rurales para pedir subsidios destinados a tratamientos costosos para enfermedades como cáncer, hemofilia y VIH. Ahora los investigadores tratan de determinar si los tratamientos directamente no existieron o si a los pacientes les daban remedios truchos o robados y se quedaban con la plata. Hasta ahora determinaron que Osprena recibió 750 mil pesos de ese modo, pero según fuentes con acceso directo a la causa “puede haber cientos o miles de expedientes truchos de ese tipo”. Venegas dijo que no sabe nada al respecto.
En la megacausa de los medicamentos, en el caso de la obra social bancaria, se verificó el siguiente mecanismo: usaban el nombre de un paciente, le inventaban una historia clínica, le agregaban recetas con los troqueles truchos (los cartones de las cajas de medicamentos donde está impreso el código de barras) y reclamaban los subsidios.
Por último, Oyarbide le adjudicó al referente duhaldista el desvío de subsidios por dos millones de pesos que debían ser destinados para tareas de prevención. Al juzgado le llamó la atención que Osprera era una de las obras sociales que más plata recibía de la Superintendencia de Servicios de Salud. Por el reparto de esos fondos, de hecho, ya fue procesado el ex superintendente Héctor Capaccioli. Venegas dijo que compró camionetas y trailers que son utilizados como ambulancias en el campo y que cumplían con el objetivo establecido.
En medio de la indagatoria, el juez dijo que se tomaría hasta el lunes para resolver si le daba la excarcelación a Venegas.
El abogado Miguel Plo (ex socio del fallecido ex juez y consejero de la Magistratura Jorge Casanovas) o alguno de sus allegados, encolerizados –pero con el sostén del comunicado de la CGT, los vítores de Luis Barrionuevo, la Mesa de Enalace y el dictamen del fiscal– habrían amenazado con denunciarlo por privación ilegal de la libertad.
Al final, Oyarbide firmó la liberación, con el argumento de que el sindicalista tiene arraigo (domicilio) fijo, es un hombre conocido y no se va a fugar. Además, sostuvo, ya tiene casi toda la prueba necesaria para definir su situación procesal, para lo cual formalmente tienen diez díaz, aunque pueden ser más.
El lunes trasladarían a Capital Federal para indagarlo al otro dirigente detenido, Juan José Denaro, presidente de la Mutual de Agua y Energía de Mendoza, a quien en tribunales le atribuyen relación con el asesinado Sebastián Forza y con maniobras con troqueles truchos.
El abogado de Rubén Romano, ex gerenciador del PAMI, presentó un pedido de eximición de prisión, pero el juez se la negó. Está prófugo."
Mariano Obarrio en el diario La Nación:
"(...) Nunca como ayer la causa de la mafia de los medicamentos había generado tanta preocupación en la Casa Rosada. De hecho, Cristina Kirchner suspendió sus audiencias luego del mediodía.
Hasta ese momento, la única actividad oficial había sido el anuncio de una nueva canasta escolar, un acuerdo de precios de artículos para el comienzo de clases. Tras ese acto en el Salón de Mujeres de la Casa Rosada, la jefa del Estado se recluyó en su oficina.
Con los noticieros de la televisión y los informes de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, la Presidenta siguió con angustia los cortes y piquetes en calles porteñas y en las rutas del interior, indicaron fuentes del Gobierno. Impartió entonces la orden de inducir al juzgado de Oyarbide a apurar los tiempos y adelantar la declaración indagatoria de Venegas para lograr una distensión.
Según confiaron fuentes oficiales a La Nacion, el encargado de transmitir el mensaje a Oyarbide fue el secretario legal y técnico, Carlos Zannini. Oyarbide tenía previsto tomarle hoy declaración indagatoria al titular de Uatre, pero luego resolvió hacerlo ayer mismo.
(...) El temor de Cristina Kirchner tuvo tres componentes clave:
> Por la mañana, el jefe de la CGT, Hugo Moyano, convocó a la cúpula de la central obrera y difundió un duro documento, con advertencias a la Casa Rosada. "No caemos en la ingenuidad: esta actitud intenta debilitar al movimiento obrero", dijo. Y amenazó con "defender a todos los compañeros más allá de las posiciones políticas". Subrayó esto porque Venegas milita junto a Eduardo Duhalde, precandidato presidencial del Peronismo Federal, opositor a Cristina Kirchner y a Moyano. Se temió en Balcarce 50 una escalada en la tensión con la CGT.
> La Casa Rosada vislumbró un efecto bumerán por victimización a Duhalde; toda la oposición denunció una persecución política del Gobierno y Duhalde podía capitalizarla.
> El descontrol en calles y rutas en Baradero, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero y Capital Federal hizo temer un escenario de inestabilidad el fin de semana si el conflicto judicial se prolongaba.
Luego de que el conflicto comenzó a encaminarse, Cristina Kirchner pidió el helicóptero presidencial para trasladarse a Olivos. Eran las 16:30. Unas horas más tarde viajó a Río Gallegos, de donde tiene previsto regresar sólo el martes.
"El documento de Moyano estuvo dirigido al Gobierno", señaló un funcionario, que entrevió un abroquelamiento sindical contra el ala izquierda de la Casa Rosada que desconfía de Moyano y de la CGT. (...)".
Otra vez Daniel Santoro en el diario Clarín:
"(...) Para esa prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta escuchas telefónicas grabadas por la SIDE en la que se escucha a la empleada Vanina Postigo decir que Torrent es “la mano derecha” de Venegas y hablar de una serie de supuestas maniobras con remedios y troqueles (...).
En una se escucha decir a Postigo, hija de un comisario retirado, que en el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de Venegas “hay mucha plata” y se estarían robando dinero de los afiliados. Más adelante, el mismo Torrent discute por teléfono con la empleada sobre un pago con cheques a un tercero.
Luego Oyarbide descubrió que Torrent, además, era el contador de la obra social de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la República Argentina (OSCRAIA) y que esté compraba medicamentos a Arcasel y a UNIFARMA.
Esta droguería la manejaba Ariel Vilan, el suicidado socio de Sebastián Forza, asesinado en el Triple Crimen de General Rodríguez. UNIFARMA, además, aparece aportando 160 mil pesos a la campaña de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos para las elecciones presidenciales del 2007.
El doblemente procesado Héctor Capaccioli fue superintendente del Servicio de Salud, el organismo que debe controlar a las obras sociales, y recaudador de la campaña de Cristina.
Y más tarde allanó la consultora JCNC , que se dedicaba a preparar expedientes para cobrar subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE). Uno de cuyos dueños “trabajó en la APE en la época de Capaccioli” y también había aportado dinero a la campaña K, recordó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.
Al ser indagado Torrent dijo que los cheques eran para pagar una deuda a un tercero y afirmó que Postigo “fabulaba”. Entonces, Oyarbide rechazó su versión y afirmó que está demostrado que Postigo comercializaba medicamentos y que “la intervención de Torrent en este episodio aparece a todas luces sospechosa”.
En el procesamiento del contador, el juez escribió que se encuentra probada su participación en la maniobra de esta asociación ilícita y que incluso abrió “la posibilidad de comercialización con otras obras sociales como ser OSPRERA a través de sus contactos”.
Luego de pasar varias semanas preso, Torrent en una ampliación indagatoria “dio detalles” de su relación con Venegas, afirmaron dos fuentes judiciales consultadas por Clarín.
Después se encontró que un medicamento contra el sida suministrado por OSPRERA a uno de sus afiliados que tendría su troquel supuestamente falsificado. (...)".
> Ordenar la captura de un dirigente sindical de gran repercusión política sin tan siquiera llamarlo previamente a prestar declaración testimonial, fue ridículo.
> No notificar previamente a la Fiscalía interviniente, fue quemar las naves y quedarse solitario ante lo que ocurriría después (previsible, por cierto).
> Y liberar al sindicalista a última hora porque la Casa Rosada le ordenó hacerlo ya que temía a la reacción sindical, resultó disparatado.
O sea que Norberto Oyarbide erró, volvió a hacerlo, y siguió equivocándose. Más allá de lo que opinen periodistas como Daniel Santoro, de Clarín, la acción incorrecta fue la de Oyarbide, no la de los sindicalistas. Ellos reclamaron por un colega suyo, y fue corporativamente correcto. El problema fue Oyarbide, quien retrocedió en forma acelerada, demostración de que antes había avanzado con audacia inexplicable.
Norberto Oyarbide tendrá que reflexionar, durante el fin de semana, cómo reorganiza su actuación en la causa de los medicamentos.
1. Es importante que siga la investigación.
2. Es importante que no queden dudas sobre parcialidad en la instrucción.
3. Es importante que el Poder Judicial no resulte permeable ni a la Casa Rosada ni a la corporación sindical.
Aqui algunos recortes periodísticos que permiten reconstruir lo sucedido durante el viernes 11/02:
Primero, lo ya mencionado de Daniel Santoro en el diario Clarín:
"Se puede considerar que la forma en que Oyarbide detuvo a Venegas pareció más un show que un procedimiento dispuesto por un magistrado: lo pasearon frente a las cámaras de TV, pero eso no invalida la investigación judicial.
Lo que no tiene precedentes es que la CGT presione a un juez como lo hizo. ¿Cómo puede la central obrera hablar de “persecución” sin conocer las pruebas reunidas en la causa contra Venegas?
En todo caso, si la CGT considera que Oyarbide abusó de su poder puede denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. En este tipo de casos, no está en juego un juez polémico como Oyarbide, sino el respeto al Estado de Derecho."
Irina Hauser en el diario Página/12, explicando el punto de vista de Oyarbide:
"(...) El juzgado también le mostró a Venegas que en el último allanamiento realizado en las oficinas de la Administración de Programas Especiales (APE) se habían secuestrado por lo menos 22 expedientes con troqueles truchos, que habrían sido utilizados por la obra social de los peones rurales para pedir subsidios destinados a tratamientos costosos para enfermedades como cáncer, hemofilia y VIH. Ahora los investigadores tratan de determinar si los tratamientos directamente no existieron o si a los pacientes les daban remedios truchos o robados y se quedaban con la plata. Hasta ahora determinaron que Osprena recibió 750 mil pesos de ese modo, pero según fuentes con acceso directo a la causa “puede haber cientos o miles de expedientes truchos de ese tipo”. Venegas dijo que no sabe nada al respecto.
En la megacausa de los medicamentos, en el caso de la obra social bancaria, se verificó el siguiente mecanismo: usaban el nombre de un paciente, le inventaban una historia clínica, le agregaban recetas con los troqueles truchos (los cartones de las cajas de medicamentos donde está impreso el código de barras) y reclamaban los subsidios.
Por último, Oyarbide le adjudicó al referente duhaldista el desvío de subsidios por dos millones de pesos que debían ser destinados para tareas de prevención. Al juzgado le llamó la atención que Osprera era una de las obras sociales que más plata recibía de la Superintendencia de Servicios de Salud. Por el reparto de esos fondos, de hecho, ya fue procesado el ex superintendente Héctor Capaccioli. Venegas dijo que compró camionetas y trailers que son utilizados como ambulancias en el campo y que cumplían con el objetivo establecido.
En medio de la indagatoria, el juez dijo que se tomaría hasta el lunes para resolver si le daba la excarcelación a Venegas.
El abogado Miguel Plo (ex socio del fallecido ex juez y consejero de la Magistratura Jorge Casanovas) o alguno de sus allegados, encolerizados –pero con el sostén del comunicado de la CGT, los vítores de Luis Barrionuevo, la Mesa de Enalace y el dictamen del fiscal– habrían amenazado con denunciarlo por privación ilegal de la libertad.
Al final, Oyarbide firmó la liberación, con el argumento de que el sindicalista tiene arraigo (domicilio) fijo, es un hombre conocido y no se va a fugar. Además, sostuvo, ya tiene casi toda la prueba necesaria para definir su situación procesal, para lo cual formalmente tienen diez díaz, aunque pueden ser más.
El lunes trasladarían a Capital Federal para indagarlo al otro dirigente detenido, Juan José Denaro, presidente de la Mutual de Agua y Energía de Mendoza, a quien en tribunales le atribuyen relación con el asesinado Sebastián Forza y con maniobras con troqueles truchos.
El abogado de Rubén Romano, ex gerenciador del PAMI, presentó un pedido de eximición de prisión, pero el juez se la negó. Está prófugo."
Mariano Obarrio en el diario La Nación:
"(...) Nunca como ayer la causa de la mafia de los medicamentos había generado tanta preocupación en la Casa Rosada. De hecho, Cristina Kirchner suspendió sus audiencias luego del mediodía.
Hasta ese momento, la única actividad oficial había sido el anuncio de una nueva canasta escolar, un acuerdo de precios de artículos para el comienzo de clases. Tras ese acto en el Salón de Mujeres de la Casa Rosada, la jefa del Estado se recluyó en su oficina.
Con los noticieros de la televisión y los informes de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, la Presidenta siguió con angustia los cortes y piquetes en calles porteñas y en las rutas del interior, indicaron fuentes del Gobierno. Impartió entonces la orden de inducir al juzgado de Oyarbide a apurar los tiempos y adelantar la declaración indagatoria de Venegas para lograr una distensión.
Según confiaron fuentes oficiales a La Nacion, el encargado de transmitir el mensaje a Oyarbide fue el secretario legal y técnico, Carlos Zannini. Oyarbide tenía previsto tomarle hoy declaración indagatoria al titular de Uatre, pero luego resolvió hacerlo ayer mismo.
(...) El temor de Cristina Kirchner tuvo tres componentes clave:
> Por la mañana, el jefe de la CGT, Hugo Moyano, convocó a la cúpula de la central obrera y difundió un duro documento, con advertencias a la Casa Rosada. "No caemos en la ingenuidad: esta actitud intenta debilitar al movimiento obrero", dijo. Y amenazó con "defender a todos los compañeros más allá de las posiciones políticas". Subrayó esto porque Venegas milita junto a Eduardo Duhalde, precandidato presidencial del Peronismo Federal, opositor a Cristina Kirchner y a Moyano. Se temió en Balcarce 50 una escalada en la tensión con la CGT.
> La Casa Rosada vislumbró un efecto bumerán por victimización a Duhalde; toda la oposición denunció una persecución política del Gobierno y Duhalde podía capitalizarla.
> El descontrol en calles y rutas en Baradero, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero y Capital Federal hizo temer un escenario de inestabilidad el fin de semana si el conflicto judicial se prolongaba.
Luego de que el conflicto comenzó a encaminarse, Cristina Kirchner pidió el helicóptero presidencial para trasladarse a Olivos. Eran las 16:30. Unas horas más tarde viajó a Río Gallegos, de donde tiene previsto regresar sólo el martes.
"El documento de Moyano estuvo dirigido al Gobierno", señaló un funcionario, que entrevió un abroquelamiento sindical contra el ala izquierda de la Casa Rosada que desconfía de Moyano y de la CGT. (...)".
Otra vez Daniel Santoro en el diario Clarín:
"(...) Para esa prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta escuchas telefónicas grabadas por la SIDE en la que se escucha a la empleada Vanina Postigo decir que Torrent es “la mano derecha” de Venegas y hablar de una serie de supuestas maniobras con remedios y troqueles (...).
En una se escucha decir a Postigo, hija de un comisario retirado, que en el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de Venegas “hay mucha plata” y se estarían robando dinero de los afiliados. Más adelante, el mismo Torrent discute por teléfono con la empleada sobre un pago con cheques a un tercero.
Luego Oyarbide descubrió que Torrent, además, era el contador de la obra social de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la República Argentina (OSCRAIA) y que esté compraba medicamentos a Arcasel y a UNIFARMA.
Esta droguería la manejaba Ariel Vilan, el suicidado socio de Sebastián Forza, asesinado en el Triple Crimen de General Rodríguez. UNIFARMA, además, aparece aportando 160 mil pesos a la campaña de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos para las elecciones presidenciales del 2007.
El doblemente procesado Héctor Capaccioli fue superintendente del Servicio de Salud, el organismo que debe controlar a las obras sociales, y recaudador de la campaña de Cristina.
Y más tarde allanó la consultora JCNC , que se dedicaba a preparar expedientes para cobrar subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE). Uno de cuyos dueños “trabajó en la APE en la época de Capaccioli” y también había aportado dinero a la campaña K, recordó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.
Al ser indagado Torrent dijo que los cheques eran para pagar una deuda a un tercero y afirmó que Postigo “fabulaba”. Entonces, Oyarbide rechazó su versión y afirmó que está demostrado que Postigo comercializaba medicamentos y que “la intervención de Torrent en este episodio aparece a todas luces sospechosa”.
En el procesamiento del contador, el juez escribió que se encuentra probada su participación en la maniobra de esta asociación ilícita y que incluso abrió “la posibilidad de comercialización con otras obras sociales como ser OSPRERA a través de sus contactos”.
Luego de pasar varias semanas preso, Torrent en una ampliación indagatoria “dio detalles” de su relación con Venegas, afirmaron dos fuentes judiciales consultadas por Clarín.
Después se encontró que un medicamento contra el sida suministrado por OSPRERA a uno de sus afiliados que tendría su troquel supuestamente falsificado. (...)".
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