Avanza la denuncia contra Recalde y De Vido

El fiscal federal Ramiro González promovió una investigación contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y contra el presidente de Aerolíneas Argentinas (AA), Mariano Recalde, por los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento" pues incumplieron la "ley de transporte aerocomercial". En este sentido, le solicitó al juez federal Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba. La denuncia la había realizado el senador radical Gerardo Morales.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El fiscal federalRamiro González promovió una investigación contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y contra el presidente de Aerolíneas Argentinas (AA), Mariano Recalde, por no haber denunciado el supuesto"vaciamiento" de la línea de bandera cuando estaba en manos de empresarios españoles.

 

El fiscal impulsó la causa, tras una presentación del senador radical Gerardo Morales, a raíz de que los funcionarios responsables de Aerolíneas omitieron denunciar penalmente a la ex gerenciadora de AA, la española Marsans, después de la reestatización. Según la denuncia, tampoco presentaron los balances de la compañía en la Inspección General de Justicia (IGJ).

 

González también involucró en la investigación a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por ser la encargada de formular las denuncias ante episodios que damnifiquen al Estado.

 

El fiscal González le solicitó al juez federal Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba, entre las cuales figura el reclamo de todos los antecedentes sobre Aerolíneas que haya elaborado la Auditoría General de la Nación (AGN) y los balances presentados ante la Inspección General de Justicia desde 2008.

 

Según la denuncia del legislador por la UCR jujeña, tanto De Vido como Recalde y Abbona cometieron los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento" pues incumplieron la "ley de transporte aerocomercial".

 

Morales remarcó que desde el anuncio de Cristina Fernández del 17 de julio de 2008, hasta que el Congreso sancionó la Ley 26.466 que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas el 22 de diciembre del mismo año, la deuda de la empresa aumentó en casi un 40%. Pasó de U$S 890 millones -pasivo dejado por el grupo español Marsans- a U$S 1.200 millones.

 

A partir de la violación del Artículo 6 de la Ley 26.466 y su decreto reglamentario, que obliga a Recalde, De Vido y Abbona a demandar por las irregularidades conocidas por el grupo español, se suscitan una serie de hechos concretos, que buscan, de manera burda y evidente, favorecer a Marsans.

 

Al respecto, el senador se explayó sobre varias situaciones que justifican su denuncia. Morales concluye que “la inacción en contra de los responsables del gobierno nacional contra el grupo empresario Marsans resulta notoria”, a partir de las siguientes cuestiones:

 

> Existe un Informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que advierte sobre la imperiosa necesidad de entablar las pertinentes acciones penales y comerciales, contra los responsables de Marsans. “No tenemos registros de que se hubiera llevado a cabo ninguna medida”, afirmó Morales.

 

> La AFIP produjo una condonación de impuestos a favor de Aerolíneas Argentinas S.A. “Dicha condonación incluye la gestión de MARSANS”, agregó.

 

> Aerolíneas Argentinas SA, con fondos públicos, abonó en el año 2011 casi $500 millones, derivados del acuerdo preventivo acordado en el año 2002. “Dicha suma debía de ser cancelada por Marsans”, advirtió el senador.

 

> El Estado argentino se hizo cargo de más de 3.300 millones de pesos, que correspondían haber sido abonados por el grupo español. “Dicho monto de 3.300 millones de pesos es el precio que terminamos pagando todos los argentinos por la empresa vaciada al grupo Marsans en incumplimiento a lo dispuesto las Leyes 26.412 y 26.466 de expropiación y re estatización de la empresa”.

 

Aseguró también que 310 millones de dólares de nueva deuda surgida en el período de sospecha entre el 1 de julio de 2008 y la sanción de la Ley 26466 en diciembre de 2008, es decir en cinco meses a cargo de la administración conjunta entre representantes del Gobierno nacional y el Grupo Marsans, debe agregarse como parte del pago de precio por la expropiación.

 

Remarcó también que la empresa no presenta Balances, “ocultando una gestión deficiente y despilfarradora de fondos públicos. Se omite de remitir balances y estados contables a la Inspección General de Justicia, como obliga la Ley de Sociedades, y a la Auditoría General de la Nación, como lo indica la ley de Administración Financiero por recibir subsidios del Estado”.

 

En su presentación, Morales explicó además que Aerolíneas reestatizada presentó un Plan de Negocios que establecía un superavit para los años 2012, 2013 y 2014. “Por las graves falencias y marcado déficit presupuestario. Resulta evidente que los resultados no solo no se han cumplido, sino que la aerolínea de bandera, continúa dando pérdidas millonarias y lo seguirá haciendo durante los próximos años”.

 

Hizo hincapié en que el informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el correspondiente de la AGN sobre los estados contables 2010 han detectado notorias irregularidades en el sistema de información contable lo que determinó la abstención de opinión del auditor externo. “Recalde presenta un Balance falso”, denunció.

 

“Se ocultan pasivos en el ejercicio 2010 y posteriores. No se ha conformado aún el órgano de auditoría interna. Por su desastrosa administración, Aerolíneas sufre un déficit diario de U$S 2 millones dólares”, aseveró el legislador.

 

“Recalde miente”, aseguró Morales, quien requirió diferentes aclaraciones en la última oportunidad que el presidente de Aerolíneas dio un informe en el Senado, sin embargo no sólo no aclaró sino que “expuso contradicciones propias de las graves falencias y la pésima administración de La Cámpora”, remarcó el senador quien insistió: “reclamamos saber qué está haciendo con los fondos públicos porque los platos rotos los terminan pagando los trabajadores y los usuarios”.