Injusticias y derrota del relato

Jorge Capitanich es una sombra de lo que fue. Se ha convertido a la religión del cristinismo exaltado, que tiene como dogma hablar en público para que lo escuche la Presidenta. Integran esa facción política funcionarios presuntamente democráticos que no le hablan a la sociedad, sino a la que los manda. Nadie que haya conocido a Capitanich puede creer que es sincero cuando dice, por ejemplo, que la inflación es culpa sólo de algunos argentinos insolidarios. O que los cortes de energía son responsabilidad exclusiva de las empresas eléctricas.

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

El problema de fondo es que Capitanich no puede, ni siquiera hablando naderías todos los días, aceptar el fracaso de un relato. Una simple alusión indirecta a esa derrota sería el fin de su experiencia como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. La Presidenta tiene un arte especial para convertir el discurso público de sus ministros en un diálogo a solas con ella. Capitanich no es el único. Todos los ministros son iguales. La diferencia consiste sólo en que Capitanich habla todos los días. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué? Es un misterio.

Varios economistas sostienen que la inflación de diciembre será del 4%, pero que la que mide sólo los precios de los alimentos trepará hasta el 6%. El discurso de que sólo los otros tienen la culpa es inverosímil. El Gobierno es el único y arrebatado fabricante de dinero que cada vez significa menos. Ni modera el gasto público, que es uno de los más elevados de la historia, ni manda parar la infernal máquina de hacer billetes, que es una forma infalible de espolear la inflación. Una inflación cercana al 30% aguarda al final de una década de gobierno arbitrario y personalista.

Ni siquiera están los dólares potenciales que el Gobierno cree (o dice creer) que existen. En los últimos tiempos se habló mucho de la cantidad de soja que quedaba en manos de los productores, supuestamente retenida hasta que los dueños tengan cierta certeza sobre el valor del dólar. El Gobierno aseguraba que existían 14 millones de toneladas almacenadas. En una encuesta de los últimos días de CREA, un centro de estudios agropecuarios, se llegó a la conclusión de que la cantidad retenida de soja es de sólo cinco millones de toneladas. La diferencia no es poca: o son 6500 millones de dólares, en el supuesto del Gobierno, o son 2500 millones, según este reciente informe.

Cientos de miles de argentinos sufrieron (y sufren) los cortes indiscriminados de electricidad, que incluso dejaron sin luz a hospitales y centros sanitarios. Las fiestas de fin de año son días infaltables de tormentos sociales en el país de Cristina Kirchner. Es cierto que no hay muchos antecedentes de una ola de calor en diciembre con niveles tan altos y tan prolongados. Pero el Estado parece ausente hasta para administrar la adversidad. ¿Por qué algunos tuvieron cortes de luz de 12 días y otros no tuvieron ningún corte? ¿Por qué no se pudo implementar una política rápida y eficaz para hacer previsibles y equitativos los cortes?

En un reciente informe, la Auditoría General de la Nación desnudó las falacias del relato en varios de sus aspectos. Señaló que la producción de petróleo cayó un 33 por ciento desde 1998 y que la producción de gas reconoce una pérdida acumulada del 16 por ciento desde 2004. El petróleo y el gas significan el 85 por ciento de la energía argentina. Las reservas de gas (éste es necesario también para generar electricidad) se derrumbaron a la mitad en una década.

"Por primera vez en la historia petrolera argentina estamos ante un descenso permanente de la producción doméstica de hidrocarburos, sin que las proyecciones muestren una reversión de esta tendencia", dice, enfático, el informe de la oficina que conduce Leandro Despouy. En siete años, la Argentina pasó de ser exportadora neta de energía a depender desesperadamente de la importación de energía. En 2006, tenía un saldo comercial energético positivo de 5700 millones de dólares. En 2013 ese saldo comercial será negativo en 7000 millones de dólares. Suman 12.700 millones entre lo que se perdió y lo que se necesita. Una fortuna para la Argentina escasa.

La Auditoría pone especial énfasis en la inexistencia del Estado. Desde 2002 hasta 2013, advirtió varias veces sobre la ineficacia del Estado, siempre desprovisto de un plan, para asegurar las inversiones y para que la energía acompañara el crecimiento económico y poblacional. ¿Qué se hizo? Nada. La culpa no puede ser sólo de las empresas, cuando las tarifas y las empresas están virtualmente intervenidas desde hace diez años. Esa responsabilidad en el actual conflicto energético y social es ignorada en las frases confusas de Capitanich, en las bravuconadas de Julio De Vido y por el silencio absoluto e inexplicable del secretario de Energía, Daniel Cameron.

La Auditoría toca el nervio que más le duele a Cristina Kirchner: la inequidad social y territorial de los monumentales subsidios que hicieron felices en estos años a millones de argentinos, pero no a todos. "En ausencia de tarifas sociales -subraya el informe-, los subsidios han beneficiado a los sectores de mayor poder adquisitivo." Pone como ejemplo el caso del gas, con precios subsidiados para los que tienen gas natural. Los más carenciados o los que viven en zonas aisladas son, en cambio, consumidores cautivos de gas en garrafa. En 2008, el gas envasado era un 577% más caro que el gas natural. La inclusión social parece comprender sólo a los que ya están incluidos.

Sin embargo, la Auditoría no puede inspeccionar YPF, un año y medio después de su estatización. El relato sobre la épica de su estatización se muere antes de llegar a los papeles; en éstos sigue siendo una sociedad anónima. Tampoco puede auditar las cuentas de Aerolíneas Argentinas, que le cuesta al Estado más de un millón de dólares diarios. Nunca se terminó el proceso de su expropiación, precisamente para eludir los controles. El caso de YPF es único en América latina. Otras empresas petroleras estatales, como la brasileña Petrobras, la venezolana Pdvsa, la mexicana Pemex o la ecuatoriana Petroecuador, someten sus cuentas a la revisión anual de organismos de control.

Hasta la Corte Suprema de Justicia argentina aceptó la inspección de la Auditoría General de la Nación, pero la gestión de ésta es permanentemente rechazada por YPF o Aerolíneas Argentinas. En un último informe sobre el manejo administrativo de los recursos de la Corte, la Auditoría señaló que no encontró irregularidades y que el tribunal mejoró la transparencia en el manejo de sus recursos. Los estándares internacionales de administración se cumplieron en la Corte Suprema. Resulta, con todo, que la parte más importante del presupuesto judicial es administrado por el Consejo de la Magistratura, que se niega a ser inspeccionado por la Auditoría.

Una comisión técnica de asesoramiento administrativo del Consejo de la Magistratura es integrada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Tanto él como la Corte apoyaron siempre la propuesta de que también el Consejo debe permitir que se auditen sus cuentas. Pero el Consejo tiene sus propias autoridades y su propia administración, y hasta ahora se ha negado a que la ejecución de su presupuesto sea controlada por un organismo independiente.

Vecinos enfurecidos. Empresas públicas que andan a su antojo. El Estado tratando de desviar la furia social hacia otros culpables. Es el recurso de la desesperación. Una Presidenta encerrada en El Calafate. No está convaleciente. ¿O acaso no se la vio bailar al ritmo del candombe en la Plaza de Mayo? Siempre quedarán El Calafate y el silencio cuando la realidad hace inservibles las palabras de una hazaña sólo imaginaria.