¿El Gobierno no tiene la culpa de nada?

Si no existieran ni los medios ni los periodistas críticos, millones de argentinos terminarían convencidos de que los cortes de luz se producen porque la economía anda cada vez mejor y de que la culpa de los saqueos y las 12 muertes la tiene un pequeño grupo de agentes de seguridad que buscan terminar con el gobierno de Cristina Fernández.

Por Luis Majul | LA NACION

El vocero autorizado de las interpretaciones estrambóticas es el nuevo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pero no difieren en nada de las que suelen usar Julio De Vido o Luis D'Elía, por citar dos dirigentes que suelen poner la cara para decir cualquier cosa. Hace más de una década que expertos en energía de todas las ideologías y organizaciones partidarias vienen diagnosticando que la crisis se profundizaría cada día más. Y los datos son siempre los mismos: es imposible mantener un sistema energético sustentable con tarifas tan bajas.

Primero, porque les sirve de excusa válida a las empresas distribuidoras para justificar que no pueden invertir en un contexto de altísima inflación. Segundo, porque la falta de inversión se traduce en menor producción y mayor necesidad de importación. Para este año, se importará combustible por entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Otro dato: la compra de combustible en el exterior es la principal razón por la que el equipo económico impuso el nefasto cepo cambiario, que ya hizo trepar el dólar paralelo a casi 10 pesos y está obligando a devaluar al Banco Central para que el blue no quede tan lejos del precio oficial. Y un dato más: los millonarios subsidios que el Estado otorga con el objetivo de mantener las tarifas casi congeladas están aumentando el déficit de una manera desproporcionada, lo que impacta en la inflación, en particular, y en la economía, en general.

Capitanich, un hombre muy atento a la economía, debería saber esto de memoria. Por eso sorprende cuando afirma que los picos de demanda son los que provocan los problemas de tensión y los cortes de luz. Cualquier iniciado le respondería: chocolate por la noticia. Y además agregaría que los picos de demanda siempre romperán un nuevo récord. ¿Cómo no lo van a romper si cada año hay más aparatos de aire acondicionado y más habitantes mientras el precio de la energía sigue baratísimo, comparado con cualquier país de América latina o con cualquier otro precio de la economía?

Porque hay periodistas y medios críticos también sabemos que la Presidenta estuvo a punto, varias veces, de revisar la política de subsidios y decidir un aumento de tarifas para desactivar, en parte, la bomba de tiempo que significa la distorsión de precios relativos. Pero también sabemos que siempre, por una razón u otra, termina postergando la medida, lo que hace suponer que seguirá haciendo todo lo posible para demorar las decisiones antipáticas y hacer que la bomba le explote en la cara a quien sea elegido su sucesor. La pregunta obvia que todo "el círculo rojo" se está haciendo es: ¿tiene margen el Gobierno para seguir postergando el ajuste o la realidad va a terminar obligándolo a hacer cosas que nunca quiso, por miedo a perder los millones de votos que supo conseguir con decisiones demagógicas?

A los saqueos que se iniciaron con el nuevo Cordobazo, la semana pasada, se los puede interpretar a través de la versión oficial, siempre conspirativa. Si la escuchara un extranjero, podría concluir que un grupúsculo de inadaptados intentó desestabilizar al gobierno nacional justo cuando se cumplían 30 años de democracia. Y que ese minúsculo conjunto de golpistas fue alentado por "los grupos concentrados" y "las corporaciones" que reinaron en los noventa, y que ahora están enojados porque esta administración les está recortando la renta para dársela a los trabajadores registrados y a los pobres. Esto, palabras más, palabras menos, fue lo que dijo Fernando "Chino" Navarro por televisión el domingo pasado, cuando analizábamos el porqué de los saqueos. El joven sindicalista y diputado nacional Facundo Moyano, también presente, ofreció una interpretación bastante menos rebuscada y que se puede constatar chequeando los datos oficiales: los agentes de la policía de casi todas las provincias argentinas sufrían un atraso salarial desproporcionado y la rebelión vino a corregir lo que los gobernadores no habían podido o se habían negado a dar. Moyano hijo contó que en las cabinas de peaje donde trabajan sus representados los policías que hacen horas extras se acurrucan para dormir, porque están extenuados. El sindicalista diagnosticó que los reclamos fueron violentos no porque hubiera una mano negra que los hubiera alentado, sino porque los policías no tienen una organización sindical que los represente y los contenga.

Lo mismo me dijo una alta fuente cercana a José Manuel de la Sota cuando le pregunté por qué el gobernador había dicho que tuvo que negociar bajo extorsión y con un arma sobre la mesa. "No había con quién acordar. Estaban las mujeres de los policías por un lado, los retirados por otro y los exonerados por las denuncias de complicidad con el narcotráfico echando más leña al fuego. Pero todos estaban montados sobre la necesidad de un salario más justo y por eso parecían todos víctimas."

Facundo Moyano también explicó que los policías se sienten humillados, porque los estados provinciales, y también el Estado nacional, en vez de capacitarlos y asignarles un rol, se encargaron de estigmatizarlos y de hacer la vista gorda frente a los negocios paralelos de los desarmaderos, la prostitución y ahora también el narcotráfico. "Pudimos reencauzar a parte de las Fuerzas Armadas, pero la democratización de la policía es una asignatura pendiente", insistió Navarro, quien usó más tiempo en acusar a los medios de potenciar los conflictos que en explicar la responsabilidad que le cabe al Gobierno. Los funcionarios kirchneristas tuvieron más de una década para combatir la corrupción de la policía, incluida la Federal, que es la más importante de la Argentina.

Sería injusto afirmar que Néstor Kichner y Cristina Fernández no tuvieron la voluntad política de democratizar las Fuerzas Armadas. De hecho, la reactivación de los juicios por delitos de lesa humanidad no hubiera sido posible sin la decisión personal del ex presidente. Por eso resulta tan difícil de comprender por qué la Presidenta impulsó y logró el ascenso de César Milani, si hasta sus aliados incondicionales, como Horacio Verbitsky, lo encuentran sospechoso de haber violado los derechos humanos.

En cuanto a los saqueos de la semana pasada y a los cortes de luz, siempre queda una alternativa mejor que mirar para otro lado: hacerse cargo y dejar de echarles la culpa a los demás. No parece tan complicado.

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