YPF se negó a revelar a la Justicia los "secretos" del acuerdo con Chevron

La petrolera estatal señaló que el acuerdo por Vaca Muerta es "privado" y contiene secretos que "comprometen" a la compañía por lo que rechaza entregarle a la Justicia una copia del desconocido contrato con la multinacional Chevron. "Consideramos que YPF es una empresa pública, en los términos de la ley de administración financiera, por el que debe regir el principio de transparencia”", señalaron, tras la negativa, los abogados que representan al grupo accionista de Repsol que reclama.

La empresa estatal conducida por Miguel Galuccio rechazó entregarle una copia a la Justicia del misterioso y desconocido contrato con la multinacional Chevron, convenido para explotar 20 km2 de yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. 

 

La negativa se produjo en el marco del juicio comenzado por un grupo minoritario de accionistas de Repsol - integrados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas–, que exigen una indemnización por la expropiación del 51% de la petrolera argentina a la firma española. 

 

YPF argumentó su contestación al señalar que la información requerida por la Justicia es "privada", y que incluye "secretos industriales y comerciales" , como aspectos de estructuras financieras, bancarias y operativas que "podrían comprometer la operatividad" de la compañía y la "transparencia en la cotización de sus acciones", de acuerdo con fuentes judiciales consultadas por el diario 'Clarín'.

 

Para argumentar su posición, la nota cita precedentes que tienen que ver con antecedentes similares al pedido de este caso (se trata de un expediente de 2012, Alvarez Washington c/ AFIP) y señala que la empresa está exenta de dar información al respecto.

 

La petrolera nacionalizada respondió de esa manera a la notificación del grupo de inversores españoles de Repsol efectuada el 14 de agosto, mediante la cual solicitaron a la empresa y a la Secretaría de Energía una copia del convenio rubricado con la multinacional de origen estadounidense, en el marco de la ampliación de una demanda al Estado nacional a raíz de la expropiación. 

 

En el reclamo, firmado por la jueza federal Liliana Heiland (en reemplazo de la jueza María José Sarmiento), se establecía como plazo a ambos actores 10 días hábiles para responder. Ayer, justo un día antes del vencimiento y de que la Legislatura de Neuquén trate la extensión de dos áreas a YPF hasta el 2048, que es un paso previo para que se pueda activar el plan de las petroleras, salió el expediente dando a conocer la denegación, presentada el 23 de agosto.

 

Tras la negativa, los abogados que representan al grupo accionista de Repsol, Rodolfo Carlos Barra y Federico Jiménez Herrera, aseguraron que continuarán con el reclamo. "Consideramos que YPF es una empresa pública, en los términos de la ley de administración financiera, por el que debe regir el principio de transparencia”", señalaron al diario 'El Cronista'.

 

En caso de que el conflicto escale, se cedería soberanía, ya que el diferendo deberá resolverse en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio (CCI), en París. Elemento crucial del acuerdo que se busca ocultar a la opinión pública, pues el contrato con la multinacional está sujeto a la ley de Nueva York, según versiones periodísticas.

 

La CCI francesa ya intercedió recientemente en un conflicto que tuvo como protagonista a YPF y Repsol. En este litigio, la empresa nacionalizada recibió una sentencia negativa. El tribunal le dio la razón a dos empresas, AESU y Transportadora de Gas del Mercosur, que reclaman desde 2009 -cuando la petrolera estaba en manos de capitales españoles- una indemnización superior a los US$1600 millones por incumplimiento en contratos de suministro de gas a Brasil.

 

Pese a la posibilidad de que la controversia escale al orden internacional, el expediente por ahora continúa en manos de la jueza subrogante María Alejandra Biotti, secretaria de la Cámara de Apelaciones del fuero administrativo, ya que Sarmiento fue recusada por el Estado nacional. Recientemente, Biotti fue cuestionada por el Colegio Público de Abogados porque “su nombramiento como magistrada todavía tiene que ser resuelto por el Gobierno, pues su pliego aún no fue enviado al al Senado.