Recetas para no pagar (cuando los carriles legales normales son imposibles)

Nuevas recetas, planes alternativos, carta de opciones... la intención es "no pagarles" a los acreedores de bonos en default "algo distinto" de lo que se comprometieron a pagar al resto. De lo contrario, advierten por una posible "ola de reclamos". Hernán Lorenzino y Axel Kicillof dieron al respecto su show este fin de semana, ante todo, con la tranquilidad de que se llegará a las elecciones sin una resolución de la Corte Suprema de USA. Lo que no explicaron es que ya descarrilaron...

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y su vice Axel Kicillof fueron las dos estrellas del programa ultra K 678, en donde hablaron del fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que ratificó la decisión del juez Thomas Griessa para que Argentina pague a los fondos buitres el 100% de lo adeudado.

 

"Somos respetuosos de los sistemas judiciales de todos los países, pero vamos a dar un mensaje claro a los que entraron al canje y garantizarles que vamos a seguir cumpliendo en los mismos términos que nos obligamos", afirmó el ministro de Economía.

 

Lorenzino criticó la medida y aseguró que los bonos de los fondos buitres son los que emitieron (Domingo) Cavallo, (José Luis) Machinea, Roque Fernández y el Cavallo del megacanje. "Esos son los bonos que habilitan hoy a los buitres a hacernos juicios en Nueva York", espetó. Y fue contundente al asegurar que el gobierno va a ratificar "la política de no pagarle a los fondos buitres algo distinto de lo que le pagamos al 93% de los acreedores que entraron al canje, eso no va a cambiar".

 

En la misma sintonía se expresó Kicillof: "No estamos en lucha contra el sistema capitalista, sino que venimos a pagar la deuda y es lo que nos impiden desde sectores recalcitrantes". Y agregó: "Vamos a pedir que nos dejen pagar a todos nuestros acreedores que tomaron los títulos en los dos canjes".

 

Durante la emisión dominical del programa, emitido en medio de los respectivos partidos de River y Boca del Fútbol para Todos, los funcionarios coincidieron en cuestionar la decisión: "No nos van a llevar devuelta al 2001".

 

Kicillof hizo una fuerte defensa de la gestión de Cristina. "Lo que trajo el Gobierno es la solución al problema de la deuda", aseguró. Y afirmó que "si se da lugar a lo que piden los fondos buitres vamos a tener una catarata de todos los que entraron a la restructuración que nos van a reclamar".

 

"Ante un ataque de estos fondos buitres, lo que va a hacer este gobierno es pagar a todos los que tienen los títulos según el canje. Sin embargo, esos fondos están en una campaña muy intensa porque quieren hacer una ganancia", aseguró Kicillof. Mientras que Lorenzino concluyó que "la Presidenta determinará los pasos a seguir".

 

Lorenzino a su vez cargó contra las críticas de la Corte de Nueva York, que calificó al país de ser un deudor "reacio" y "empedernido", y sobre ello, apuntó: "Lo que no ve la justicia americana es que la Argentina está lejos de ser un deudor recalcitrante, la Argentina ha desendeudado al país".

 

En esa línea, reiteró las palabras del viceministro de Economía, y expresó: "Es importante dar un mensaje a los argentinos, tenedores de deuda, de que Argentina va a seguir cumpliendo con sus obligaciones en los mismos términos, en la misma moneda, plazo y monto, vamos a exigir cumplir".

 

El viernes pasado, la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó el fallo que obliga al país a pagarle el 100% de lo que reclamaban a un grupo de holdouts, aunque la Corte Suprema de USA tendrá que en su poder la decisión final acerca de la ejecución de la sentencia. Además desestimó la propuesta argentina de pagarles a los demandantes con una quita similar a la aplicada en los canjes de 2005 y 2010, y además refutó las razones que presentó en nombre del Gobierno el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

 

Luego de pasar por el programa ultra K, el ministro de Economía fue entrevistado por el matutino ultra K 'Página/12'. Le aseguró que se llegó a esta instancia “por una interpretación jurídica tirada de los pelos”, y no descartó la posibilidad de desconocer el fallo de la Justicia estadounidense.

 

“Estamos evaluando todas las opciones”, se tituló la nota en la que respondió, entre otras, a las siguientes preguntas:

 

–Usted mencionó varias veces que las reestructuraciones de deuda privada se cierran cuando cerca del 70% de los acreedores acepta la propuesta. ¿Por qué no pasó eso en esta reestructuración soberana habiéndose alcanzado el 93 por ciento?

 

–No pasó porque no hay una ley de quiebras internacional que regule la situación de un Estado soberano entrando en default. En Estados Unidos, por ejemplo, sólo hay una ley de quiebras para municipios. Esa regulación específica por la cual Nueva York reestructuró su deuda en el pasado y Detroit lo está haciendo ahora exige sólo un 66 por ciento de adhesión de los acreedores para cerrar la negociación. Si se alcanza ese porcentaje, el que no entró queda obligado a hacerlo, aceptando la misma oferta que el resto.

 

–Pero como en este caso esa posibilidad no estaba, ¿tendrían que haber tratado de negociar con todos?

 

–Lo que se hizo fue lo que estaba disponible y se consiguió una exitosa reestructuración que contó con la aceptación del 93 por ciento de los acreedores, con una quita inédita. Le pido que mire los comentarios que surgieron entonces a partir de los resultados. Todos coincidían en que se había terminado el default. El 93 por ciento de los acreedores es una mayoría lo suficientemente holgada como para dar por concluida la reestructuración de la deuda. Sin embargo, en función de una interpretación jurídica tirada de los pelos y del fallo del juez Griesa, la cuestión vuelve a estar en el tapete. Por eso yo digo que el pasado vuelve.

 

(...)

–¿En qué consiste la apelación ante la Cámara?

 

–Hay dos apelaciones posibles. El pedido de revisión por parte de los mismos miembros de la Cámara que fallaron y la revisión por parte del pleno de la Cámara (en banc).

 

–¿La revisión por parte del pleno de la Cámara ya no había sido descartada?

 

–Esta es otra instancia. Fue descartada en el caso de la sentencia de octubre del año pasado. Esta es una sentencia nueva y por eso se abre otro proceso nuevo.

 

–¿De qué plazos estamos hablando?

 

–Con el pedido de revisión, más la apelación para la revisión en banc, más la apelación a la Corte Suprema, habrá que esperar hasta principios del año entrante para que la cuestión esté eventualmente para ser resuelta por la Corte Suprema de USA.

 

–¿A principios de 2014 la Corte tendría que resolver si toma o no la causa o ya tendría que fallar para esa fecha?

 

–Para esa fecha tendría que resolver si toma o no la causa. En caso de tomarla, el proceso de definición ya sería mucho más largo.

 

–Usted ratificó recién en un programa televisivo que el Gobierno no le va a pagar el ciento por ciento a los buitres en efectivo, ¿eso significa que llegado el caso van a desconocer el fallo de la Justicia estadounidense?

 

–Eso significa que tenemos un compromiso con el 93 por ciento de los acreedores. Además, pagarles a los buitres lo que están pidiendo implicaría que inmediatamente los acreedores que sí entraron al canje, ese 93 por ciento, podrían pedir que se les pague exactamente lo mismo.

 

–¿Y entonces?

 

–Estamos evaluando todas las opciones y las vamos a poner a consideración de la Presidenta. No voy a decirle nada al respecto.

 

–Usted remarcó que les van a respetar a los acreedores que ingresaron al canje el monto a pagar, el plazo de pago y la moneda. ¿Qué va a pasar con el lugar de pago? Se lo pregunto porque, eventualmente, la Justicia estadounidense podría ordenar el embargo de los pagos que se realicen en Nueva York.

 

–Vamos a respetar el plazo, el monto y la moneda. Está claro que el lugar es lo que está en juego."

 

Por este motivo es que el Gobierno estudia redireccionar los desembolsos para el pago de deuda a bonistas. Esto es, seguir realizando los desembolsos en Nueva York, precisamente ante la amenaza de una sentencia en contra del país y el temor de que los pagos sean embargados.

 

De ahí que la estrategia oficial pasará por redireccionar esos desembolsos, publica hoy el diario 'Ámbito Financiero'. Y precisa que algunos impulsan que la deuda que debía pagarse en Nueva York se efectivice en Buenos Aires (previo canje de títulos). Otros dentro del Gobierno promueven a Basilea como refugio. 

 

"En Olivos hubo el viernes cierta tranquilidad, pese a las pésimas noticias en el caso de los fondos buitre. Según la hipótesis temporal, a partir de los datos que llegaron el viernes a Buenos Aires desde Nueva York, el "stay" actual dictado por ese día por la Cámara de Apelaciones podría mantenerse hasta noviembre. Ese mes la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dictaría su resolución sobre si acepta o rechaza tratar el caso, convirtiéndolo en uno de los 20 que el tribunal analiza cada año. Si el dato se cumple, Cristina de Kirchner llegará a las elecciones del 27 de octubre, y luego tendrá dos años (los últimos de su gestión) para definir el largo juicio contra los fondos buitre", publica esta mañana el matutino.

 

"Mientras tanto, y ante la alternativa de que este año (antes o después de votar) el máximo tribunal norteamericano no acepte el caso y deje firme una sentencia negativa para el país y obligue a pagar la deuda de US$ 1.330 millones al fondo Elliot de Paul Singer (lo que liberaría otros reclamos por unos US$ 7.000 millones de otros buitres) bajo la amenaza de embargar el dinero de los pagos que debe realizar el país a través del Banco of New York Mellon (BONY), el Ministerio de Economía, que dirige Hernán Lorenzino, ya prepara un plan B. Se trata de pagar los vencimientos de intereses de deuda que vencen este año emitidos bajo jurisdicción de Nueva York, los únicos que podrían ser potencialmente embargados, a través de una vía financiera alternativa. Si bien no es una decisión definitiva, hasta el sábado la alternativa más segura es eventualmente (y sólo ante la posibilidad de un fallo negativo) liquidar los US$271 millones en intereses que vencen hasta el 31 de diciembre vía Basilea, Suiza. 

 

(...) El dinero para esta liquidación ya fue girado el martes de la semana pasada desde el Banco Central hacia el Tesoro, para que el mercado no tenga dudas de que el dinero para cumplir con las obligaciones ya está presupuestado y disponible para la operación de pago. Fue la primera decisión tomada por Cristina de Kirchner luego de la derrota de las PASO, en un mensaje hacia el sistema financiero para tranquilizar sobre la posición del país. No se sabía en ese momento que el fallo del viernes pasado de la Corte norteamericana sería tan negativo. 

 

En teoría, y siguiendo los tiempos legales, el pago de septiembre no correrá ningún riesgo para que los bonistas cobren en Nueva York sin problemas los US$67 millones del Par. No es un dato menor: el Gobierno llegará a las elecciones del 27 de octubre sin ningún riesgo de "default técnico" y con el atractivo electoral de embestir permanentemente contra los fondos buitre. 

 

El problema se daría si la Corte dispusiera un rechazo del caso argentino antes del 1 de diciembre; algo, según los abogados del estudio que defiende a la Argentina, el Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, poco probable, ya que la hipótesis es que para una decisión definitiva que levante el "stay" actual habrá que esperar como mínimo dos meses hasta febrero del año próximo. Ante la emergencia de que esto no suceda y corran riesgo los dos pagos de diciembre, la Argentina maneja la posibilidad de pagar vía Basilea a través de una transferencia del Banco Central al Bank für Internationales Zahlungsaugleich (BIZ, según el idioma original, BIS en inglés y CFG en español), donde cobrarían los intereses correspondientes los tenedores de los dos bonos con vencimiento en diciembre. 

 

Los gastos de una operación de este tipo (por el cambio de entidad financiera de pago) correrían por parte de la Argentina, pero no se trataría de montos importantes. Sería una operación un 100% segura financieramente, pero con varios problemas legales. Necesitaría primero la aprobación del BONY (afectado seriamente según el fallo del viernes), de cuya situación ante la Corte Suprema depende gran parte de la suerte de la Argentina. 

 

Debería existir, para que sea un movimiento sólido, algún tipo de aval desde el mercado financiero mundial. La alternativa de una aprobación virtual desde los organismos financieros internacionales está cerrada. 

 

La elección primaria (no definitiva) de Basilea tiene su lógica. La recomendación de los abogados que asesoran a la Argentina recuerda el fallo de 2009 por el cual la Justicia suiza rechazó un pedido del fondo buitre Elliot que intentaba embargar dinero del Banco Central depositado en el BIZ. Según el fallo suizo, cualquier país que intentara utilizar el sistema financiero de ese país tiene plenas garantías de "inmunidad" y "libertad de movimientos bancarios", con la sola restricción de la claridad del origen y el destino de los fondos".

 

Según el diario 'El Cronista', el Gobierno evalúa otras recetas legales para seguir la batalla contra los fondos: Una de esas alternativas puede ser la de apelar al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones que la Argentina firmó con USA en 1991.

 

"El fallo no sorprendió al Gobierno. De hecho, lo esperaba. Sin embargo, además de seguir el curso legal de apelar la medida, comenzó a evaluar distintas alternativas para poder destrabar una situación que podría llevar a la Argentina a sumar juicios por alrededor de US$22.000 millones. Precisamente una de esas alternativas es la de apelar al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones que la Argentina firmó con Estados Unidos en 1991, y que fue promulgado el 21 de septiembre de 1992", publica el matutino.

 

Situación nada fácil de aplicar: "Los que defienden esta hipótesis sostienen que por los carriles legales normales no se hubiese recuperado la Fragata Libertad, que fue embargada por los fondos buitre el 2 de octubre de 2012 y estuvo retenida en el puerto de Tema, en Ghana, hasta principios de este año. Para levantar el embargo la Argentina no desembolsó un centavo. Lo que hizo fue recurrir al Tribunal del Mar que finalmente falló a favor de la estrategia del Gobierno.

 

Ahora, una de las cartas que podría aplicar el Gobierno es la de recurrir al Tratado de Inversiones firmado con USA. En uno de los artículos dice: “Cualquier controversia entre las Partes relativa a la interpretación o aplicación del presente Tratado que no se resuelva mediante consultas u otras vías diplomáticas, se presentará, a solicitud de cualquiera de las Partes, a un tribunal de arbitraje para que llegue a una decisión vinculante conforme a las normas aplicables del derecho internacional. Salvo acuerdo en contrario entre las Partes, regirán las normas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), excepto en la medida en que dichas normas hayan sido modificadas por las Partes o por los árbitros”.

 

Otra de las opciones que podría poner en práctica el Gobierno es la de canjear Bonos Ley Nueva York por Bonos Ley Argentina. En este caso, los abogados consultados por El Cronista dijeron que esta situación se puede dar para proteger a los bonistas que entraron al canje.

 

Sin embargo, también aseguraron que no es fácil convencer a un ahorrista que aceptó regirse por la ley estadounidense a que ahora acepte bonos bajo otra ley. "