Ley de Medios: Qué dijeron los 'amicus' de Clarín y los 'amicus' del Gobierno

La audiencia pública por la Ley de Medios pasó este mediodía a un cuarto intermedio hasta mañana, jueves 29/08, a las 10.00. Según informó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, mañana expondrán las partes en conflicto y se realizarán las preguntas correspondientes. Qué dijeron las 5 ONG representantes del Gobierno y las cinco del Grupo Clarín que expusieron hoy ante la Corte, en un debate por momentos tenso.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para determinar la constitucionalidad de la Ley de Medios pasó a un cuarto intermedio este mediodía. Según anunció el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, mañana (29/08) a partir de las 10.00,  expondrán las partes en conflicto y se realizarán las preguntas correspondientes.

Cinco ONG representantes del Gobierno y cinco del Grupo Clarín expusieron hoy ante la Corte.  Fue un debate por momentos tenso.

 

# Los 'amicus' del Grupo Clarín

 

El representante del Observatorio Iberoamericano de la Democracia (OID), el venezolano Asdrubal Aguiar, calificó a los artículos de la Ley de Medios objetados por el grupo Clarín como "irrazonables", "arbitrarios", "ilegítimos" y "absurdos".

 

Según Aguiar, esos artículos son "contradictorios con la normativa iberoamericana" establecida por la Organización de Estados Americanos y la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos.

 

“La ley en su fundamento propone un régimen de intervención estatal, basándose en las restricciones a los medios según el pacto de San Jose de Costa Rica y a partir de allí se determina la concurrencia de los diferentes parámetros de interpretación para la previsión de las restricciones democráticas”, afirmó.

 

Según el observador iberoamericano, el propósito del grupo se basa en “no afectar la garantía de la libertad de expresión”, y agregó que “la cantidad de medios radioeléctricos son agregados de la libertad de expresión, preservando el derecho de toda persona de recibir información y divulgarla”.  En cuanto a esto marcó “el Estado tiene la potestad de administrar éter radioeléctrico, pero no puede impedir el crecimiento, desarrollo o viabilidad económica de los medios”.

 

En su defensa enfatizó que “la ley 26522 no tiene que afectar la libertad de expresión y debe reflejar el derecho interamericano donde los medios son servicios públicos que deben repartir la libertad de expresión”.

 

Luego fue el turno de Eduardo Oteiza, representante de la Organización de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, quien aseguró que en los Estados Unidos poner límites a la cantidad de licencias que poseen los medios "es inconstitucional".

 

"La Corte del Estado de Columbia consideró que el límite a la cantidad de licencias por operador era inconstitucional", señaló el orador. Y agregó que "la Corte de Estados Unidos dijo que la industria de la comunicación es dinámica en cambios tecnológicos por lo que normas aceptables hoy pueden no serlo dentro de diez años".

 

Luis Pardo, de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), consideró que la ley de medios "conculca derechos constitucionales" de los propietarios de emisoras y constituye un "grave retroceso" en materia de "libertad de expresión, pluralismo y diversidad".

 

"Sin medios independientes el acceso a la información se reduciría a fuentes oficiales y la crítica y la disidencia no tendrían ningún impacto en la sociedad", sostuvo, y apuntó contra los medios que reciben pauta oficial: "Una multitud de medios no significa pluralidad si dependen de la pauta publicitaria oficial. Se requiere la competencia leal de los medios por la audiencia. Si no hay audiencia no hay anunciantes".

 

Según Pardo, "el equilibrio está ausente en la conformación del sistema de medios que derivará de la presente ley", y esgrimió que leyes de este tipo "deben responder a criterios de razonabilidad economica y no a preceptos culturales o caprichosos". "Con esa falsa diversidad de medios económicamente precarios se abrirá la cancha para que el gobierno imponga su discurso único", concluyó.

 

Por su parte, el representante de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Carlos Laplacette, señaló que "el Congreso no puede dictar leyes para regular a la prensa".

 

Según sostuvo, “no hay motivos para aceptar que una empresa sea regulada si no usa el espectro radioeléctrico”.  Además afirmó que "controlar las señales y contenidos, es restringir", que la Ley es “obsoleta” y que no tiene en cuenta a Internet.

 

“Se trata de decidir si el Estado podrá imponer a los particulares un permiso previo para exponerse”, dijo Laplacette. Y concluyó: "El Congreso no puede dictar leyes que regulen contenidos, es una violación al artículo 32 de la Constitución".

 

El sociólogo Eliseo Verón, representante del Comité del Consumidor (CODELCO), y "amigo" elegido por Clarín consideró que la norma "ya era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial" porque no preveía la "revolución" generada por la expansión del uso de Internet.

 

Verón realizó un analisis de la evolución histórica en medios y "la producción de la información" desde hace 400 años a la fecha. 

 

Según el investigador "la constitución de audiencias en siglo XX fue realizando información para que el público consuma las noticias preprogramadas y ese modelo desaparece con el espacio digital". Para Verón, "la digitalizacion pone en exigencia el uso de la totalidad de los soportes técnicos, todo debe ser usado porque es una exigenvcia de los consumidores".

 

En su discurso manifestó que "el fin del broadcasting, marca el fin de la manera en que se constituían audiencias e irá construyendo nuevos saberes y formas de realizar la comunicación social". Y finalizó su análisis expresando que "no hay pretextos para limitar una voz con otras voces".

 

Andrés Gil Domínguez, también representante de CODELCO, puso el acento en "la presunción de inconstitucionalidad de todas las leyes que buscan restringir el acceso a una oferta plural" e indicó que"el artículo 45 de la Ley es claramente inconstitucional e inconvencional al limitar el número de licencias a 24".

 

Gil Domínguez apuntó que "el derecho a elegir genera que todas las normas regulatorias tengan que garantizar la mayor oferta posible al consumidor" y que"esto genera una presunción de inconstitucionalidad de todas las normas que intenten restringir a los consumidores el acceso".

 

"Cuando hablamos de este derecho que tienen los consumidores de poder elegir una oferta de bienes y servicios, hablamos de una garantía primaria, porque protege una relación de consumo y permite efectivizar el acceso a la libertad e expresión", sostuvo, y agregó: "El artículo 45 es inconstitucional e inconvencional desde esta perspectiva. Lo que va a hacer es que los que ahora pueden acceder a la televisión por cable no puedan hacerlo, especialmente en las localidades de menos población y sectores menos favorecidos".

 

En ese sentido, consideró que "así como los periódicos nunca han tenido regulaciones especiales, tampoco debería tenerlo el cable porque es un espacio infinito, indeterminado y abierto" y que "hay que evaluar si es necesaria una regulación tan rígida, y tan estricta". "Es la primera vez que se establece, que limita la capacidad de consumidores de poder elegir. Si el objetivo de la ley era establecer la pluralidad de voces, con estos artículos no lo ha hecho", concluyó.

 

El último orador por el multimedio, el abogado Lucas Grossman, sostuvo que "la libertad de expresión y la defensa de la competencia van de la mano". Para el abogado, con la plena aplicación de la Ley de Medios "se reduciría la cantidad y calidad de la información disponible".

 

"Para dar información de calidad son necesarios recursos. El tamaño importa. Pocos medios pueden darse el lujo de perder los aportes estatales y continuar con su discurso. Si existe una plétora de medios que repiten los cables de la agencia Télam, la libertad de expresión se ve afectada. No debemos confundir pluralidad con multiplicidad", sentenció. Por eso, consideró que "contar con cierta escala es un resguardo para la libertad de expresión. Es necesario un competidor vigoroso, alguien dispuesto y con espalda suficiente para resistir los embates oficiales".

 

# Los 'amicus' del Gobierno

 

El primer orador que expuso en representación del Estado fue el abogado Beinusz Szmukler, perteneciente a la Asociación Argentina de Juristas, quien reclamó a la Justicia que disponga "la plena" vigencia de la ley, ya que es "vergonzosa e injustificada la demora" de la aplicación de esa norma. Szmukler calificó de "monopolio" al grupo Clarín y lo acusó de "desinformar".

 

Szmukler, que citó al premio Nobel de la paz de 1974, Sean McBride, autor del informe “Un solo mundo, voces múltiples”, en el que se demanda “un nuevo orden mundial de información y comunicación, más justo y equitativo”.

 

"Los monopolios constituyen una discriminación de hecho al impedir a todos la posibilidad de acceder a los medios y violan el principio de igualdad real. Igualar a los desiguales ensancha la desigualdad existente", sentenció Szmukler, y llamó a la Corte a "poner fin a la vergonzosa e injustificable demora y permitir la vigencia plena de la LSCA". "Será una decisión paradigmática y un vigoroso impulso a una auténtica democracia", afirmó.

 

Por su parte, la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout, aseguró que "el único que no respeta la ley es el grupo Clarín" y sostuvo que "la mayoría de los argentinos están absolutamente convencidos de que es necesaria" la nueva normativa.

 

En ese sentido, el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Ruta, reclamó la vigencia plena de la ley por considerar que está en "juego la libertad fundamental y la democracia". Ruta, quien expuso en representación del Estado, planteó: "Nos encontramos ante un dilema: o los poderes salvajes o las instituciones que dan garantías a los derechos".

 

"Nos encontramos ante el dilema: o los poderes salvajes o la libertad fundamental y la democracia. Transitamos un momento histórico en la construcción democrática del país. Los servicios audiovisuales son un lugar decisivo para la formación del sentido común", planteó Ruta. 

 

Y añadió que "no podemos pensar que la reglamentación por ley es solo para restringir derechos; esto sirve para asegurar derechos y que un mayor número de actores lleguen a ellos. No puede albergarse ninguna actividad económica que ponga en riesgo la libertad de expresión".

 

Ruta concluyó: "Frente a los poderes, le corresponde al Estado regular las distorsiones. La palabra es necesariamente diversa y plural. Nadie puede pretender arrogársela para sí. No puede alegarse razón económica que ponga en riesgo la libertad de expresión".

 

En tanto, el representante de la Universidad Nacional de Lanús, Víctor Abramovich, expuso como amicus del Estado: "Para quienes impugnan la ley cualquier norma del Estado nace sospechada. Se atrincheran detrás de la igualdad social para no perder sus beneficios. para quienes impugnan la ley la libertad de expresión se entiende bajo una óptica liberal".

 

"No hay por qué sospechar de la regulación, la Corte debería hacer un análisis ordinario de razonabilidad. El artículo 45 no es solo de restricción sino de garantía de la libertad de expresión. El estado puede ser opresor, pero también puede constituir una fuente de libertad", sentenció Abramovich. Y concluyó: "El estado tiene la obligación de regular y prevenir riesgos de afectación de derechos, de hecho puede ser responsabilizado si tolera practicas monopólicas".

 

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sopciales, Horacio Verbitsky, calificó hoy de "escandalosa dilación jurídica la paralización durante cuatro años" de la Ley de Medios y, a pesar de celebrar la búsqueda de "transparencia" que generó la audiencia convocada por la Corte Suprema para analizar la norma, calificó de "confusa redacción" el llamado a las partes.

 

Verbitsky apuntó contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por convertir el amicus curiae (amigo del tribunal) en un "amigo de las partes". "Esto contradice al discurso del presidente de la Corte que dijo que no había que politizar la Justicia. Se polarizó a los amicus curiae y eso no es positivo", destacó.

 

Verbitsky calificó hoy de "escandalosa dilación jurídica la paralización durante cuatro años" de la Ley de Medios y, a pesar de celebrar la búsqueda de "transparencia" que generó la audiencia convocada por la Corte Suprema para analizar la norma, calificó de "confusa redacción" el llamado a las partes.

 

Además, el periodista opinó que, en el debate convocado por el máximo tribunal, se presentaron "partisanos camuflados" y defendió al CELS, al remarcar que trabajó para que la "democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura cívica-militar".

 

"No estamos de acuerdo con la modalidad adoptada por la Corte para esta audiencia. Además de las partes en este expediente, afuera hay un país", dijo.

 

"La ley elaborada con mayor participación social que se recuerde está parada hace 4 años", sostuvo el titular del CELS,  al tiempo que remarcó que el organismo "quiere contribuir a que esta democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura militar". Además, pidió "terminar la escandalosa demora".

 

También en representación de CELS, Damián Loreti brindó la argumentación técnica a favor del organismo a favor de la Ley de Medios y destacó que "principios y declaraciones del sistema interamericano de Justicia establecen que los monopolios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia".

 

A su vez, planteó el avance en la situación de Argentina y que "se felicitó al Estado por actualizar la ley. Una resolución de la cámara civil y comercial, dijo que la apreciación del 30% en el mercado de cable es incorrecta porque dice que no sólo es cable ya que han ingresado nuevos actores, como las empresas de TV por satélite, telefónicas y el triple play".

 

Finalizando, enfatizó en que "la limitación a la propiedad de los medios y la regulación a los medios no viola la libertad de expresión porque no limita los contenidos". Y agregó: "la libertad de publicar está garantizada en la Constitución Nacional, pero la libertad de dejar a otro jugador fuera no está reglada".

 

Para cerrar Loreti marcó que "la UNESCO marcó la necesidad de desinversión en las operaciónes mediáticas cuando se alcancen niveles insoportables de concentración, porque el estrangulamiento de libertad de expresión por concentración de medios depende del mercado y del tamaño de los operadores".

 

En tanto, Miguel Rodríguez Villafañe, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, sostuvo que “por 29 años se le ha marginado la palabra y la libertad de expresión a todo el sector cooperativo y sin fines de lucro. Incluso, hasta perdimos espacios”, afirmó. Y dio el ejemplo de Zapala, Neuquén: “Tenía su propia antena comunitaria y fueron intimados porque sólo podían tenerlas las empresas”.

 

“Tuvimos que esperar a 2009, con la nueva Ley, para poder acceder a la palabra. Y ninguna organización de la prensa internacional, hoy todos juntos sentados aquí, vino a sancionar a la Argentina por esa grave violación”, remarcó. Por último, enfatizó que el pluralismo es una necesidad de la democracia y no del mercado: “Si el mercado no es controlado, lógicamente tenderá a la concentración. Es importante la presencia de todos, pero también poner un límite”.

 

Finalmente, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo que "el Grupo Clarín creció utilizando su poder extorsivo". "Se han apropiado de papel prensa en 1977, durante la dictadura militar. Como fiscal, impugné como la fusión de Clablevisión y Multicanal por el peligro que presentaba este monopolio, por eso hoy apoyo una ley de medios que luche contra esto", añadió.

 

"Aquí hay una falacia, que es presentar este caso como un conflicto entre una sola empresa y el gobierno, para generar una posición de falsa debilidad. De este modo se desvía la atención de lo que está en juego, que es uno de los bienes más importantes: la libertad de expresión y de información", enfatizó la procuradora general.

 

"Que la Corte evalúe los pesos de los verdaderos intereses en juego: los intereses económicos de un grupo empresario, y por otro lado la soberanía del pueblo, quien tiene el derecho de recibir información plural", solicitó Gils Carbó, al tiempo que le pidió al Máximo Tribunal que dicte "un fallo histórico contra estas falacias. La posición de esta empresa se construyó violando derechos humanos".