La ley entra en vigencia mañana y la oposición espera que no pase la prueba de constitucionalidad

La reforma del Consejo de la Magistratura, que establece como principal novedad la elección por el voto popular directo de sus miembros, entrará en vigencia mañana y se espera una catarata de presentaciones judiciales en contra, con un final abierto en la Corte Suprema. 

La presidente, Cristina Kirchner, no promulgó la ley, que sin embargo entrará en vigor automáticamente esta semana, porque ya pasaron los 10 días de plazo legal desde su sanción en el Congreso para que una norma quede firme. 

Dirigentes de la oposición y organizaciones de abogados y jueces entienden que el Poder Ejecutivo decidió que este plazo corriera para acortar los tiempos judiciales para resolver los futuros planteos en contra y, a la vez, complicar la estrategia opositora para presentar candidatos a consejeros, teniendo en cuenta que el 22 de junio cierra la inscripción de listas. 

Es que, además, un artículo de esta ley de reforma del organismo que selecciona y designa jueces establece que una coalición de partidos políticos sólo podrá llevar candidatos a consejeros si conforma un frente electoral con el mismo nombre en 18 de las 24 provincias. 

Entienden que este piso de 18 distritos tiene un "perfil proscriptivo" y supone una dificultad para la oposición en su armado electoral con vistas a los comicios legislativos del 27 de octubre próximo, aunque ya cavilan estrategias para sortearla, como la presentación de una lista consensuada y federal de candidatos a consejeros. 

La ruta de la judicialización de la reforma del Consejo de la Magistratura comenzará con planteos en juzgados de primera instancia, que pueden ser del fuero en lo Contencioso Administrativo y el Electoral, tras lo cual llegarán al máximo tribunal.

Los voceros del oficialismo confían en que la Corte ya logró que el proyecto de ley que mandó la Casa Rosada fuera modificado, en el punto que establecía que el manejo del presupuesto del Poder Judicial dejaría de estar en manos del máximo tribunal para pasar a estar a cargo de este organismo. 

Como la administración de esos fondos finalmente no se modifica con esta ley y permanece en la Corte, en el oficialismo mantienen sus esperanzas en que la reforma reciba una sentencia favorable y de esa manera descartan lo que hace un par de semanas advertían como un revés judicial cantado. 

En la oposición, el presidente de la UCR, Mario Barletta, dijo a Noticias Argentinas que espera que la reforma del Consejo de la Magistratura no pase la prueba de constitucionalidad y que la Corte "no va a ser cómplice" del Poder Ejecutivo, convalidando esta norma. 

El santafesino sostuvo que, como la ley será cuestionada en los tribunales, en la UCR aún no se anticipan a proponer ningún candidato a consejero, no obstante lo cual en el radicalismo ya se habla de posibles postulantes, tales como el exfiscal Julio César Strassera. 

En el peronismo disidente, el senador sanluiseño Adolfo Rodríguez Saá ya anticipó que buscará un sillón en el Consejo de la Magistratura y el diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat Gay propone una lista de unidad de candidatos a consejeros consensuada por toda la oposición. 

En el caso de que la nueva ley no sufra fallos desfavorables, el domingo 27 de octubre se elegirán en todo el país tres jueces, tres abogados y seis académicos, que se sumarán a los tres jueces, dos abogados, un académico, tres senadores y tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo que ya forman parte del Consejo de la Magistratura y aún tienen mandato. 

El Consejo de la Magistratura con esta ley aumenta su número de integrantes de 13 a 19.