Jueces, abogados y políticos impugnaron la reforma K
El Gobierno promulgó la norma que busca controlar la Justicia. Hubo una ola de amparos para que se la declare inconstitucional. Y para que se suspendan las primarias de agosto para consejeros.
Jugando al filo de plazo legal, ayer fue publicada en el Boletín Oficial la ley que estipula la elección popular de los consejeros de la Magistratura. Tal cual se había anticipado, la promulgación disparó una catarata de presentaciones ante la Justicia reclamando la inconstitucionalidad de la ley y buscando se frene su aplicación en los comicios legislativos de este año.
Ya son 15 los juzgados que recibieron denuncias y se espera que serán más.
La ampliación del Consejo de la Magistratura de13 a 19 integrantes y su elección mediantevoto directo formó parte del paquete de proyectos impulsado por la Presidenta para reformar el Poder Judicial y fue aprobada en el Senado el pasado 8 de mayo. Sin embargo, alertada de los amparos que presentarían asociaciones de juristas y magistrados y partidos de la oposición, la Casa Rosada estiró los tiempos de su promulgación especulando con que la Justicia no llegue a frenar la ley antes de las primarias del 11 de agosto.
Finalmente, la Presidenta firmó el viernes pasado la promulgación de la ley 26.855 y el decreto 577 que convoca a la elección de losseis representantes académicos ocientíficos, tres jueces y tres abogados en las elecciones legislativas primarias de agosto y las generales del 27 de octubre. Fueron publicados ayer, cuando vencía el plazo reglamentario.
A primera hora de la mañana, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que nuclea a la mayoría de los jueces del país, hizo punta presentando el primer amparo ante la jueza federal electoral María Servini de Cubría, quien recibió otras presentaciones de partidos políticos.
Cabral dijo que “nadie puede ser elegido por una vía distinta a la que la misma Constitución establece” y que la ley “perturba de modo nítido y grave la independencia del Poder Judicial, afectando la estabilidad e independencia de los jueces ”. Al explicar su postura en un salón de la entidad se mostró junto a Enrique Paixao (radical) y Alberto García Lema (peronista), dos de los juristas que negociaron la reforma del 94 que incorporó al Consejo de la Magistratura.
Algunos magistrados sumaron amparos a titulo personal ante el fuero Contencioso Administrativo, donde también lo hizo el Colegio Público de Abogados de Capital. El sorteo recayó en la jueza subrogante Alejandra Biotti que ya había rechazado otro pedido de inconstitucionalidad del Colegio contra la ley que regula los amparos.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) sumó su propia presentación ante la justicia contenciosa administrativa, adjudicada a otro juzgado Contencioso, a cargo de Esteban Furnari. Además, invitó a los 81 colegios de todo el país y a sus 200 mil asociados a que realicen sus propias presentaciones “para evitar la politización de la Justicia y que se afecte la independencia del Poder Judicial”, explicaron en un comunicado.
La Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Amplio Progresista, y Unión por Todos hicieron sus propias presentaciones ante el juzgado electoral porteño, donde también se presentaron Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas. Aunque se oponen a la ley, la mayoría de ellos acordaron presentar una boleta conjunta de consejeros si no logran bloquear la ley.
Los juzgados federales del interior del país también comenzaron a recibir los amparos presentados por abogados y políticos locales. La estrategia de quienes se oponen a la reforma fue diversificar el reclamo e inundar los juzgados de denuncias, en busca de jueces que dicten medidas cautelares suspendiendo la elección de los consejeros hasta que se resuelva el fondo.
De acuerdo a la nueva ley, las candidaturas a consejeros irán adosadas en las boletas partidarias a continuación del tramo de legisladores nacionales y antes de los cargos provinciales y distritales. En el decreto 577 se establece que a la cabeza de la boleta deben figurar los 6 académicos (tramo donde podrían ir figuras políticas) seguidos de los jueces y abogados.
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