Escándalo otra vez: "Oyarbide no fue porque estaba en una fiesta con gente agradable"

Mario Cimadevilla, integrante de la UCR del Consejo de la Magistratura, opinó que es "sugestivo" el comportamiento del juez federal Norberto Oyarbide, quien suspendió el allanamiento de la financiera Asociación Mutual Propyme tras recibir un llamado de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini. "Lo que debe hacer el juez es constituirse en el lugar”, aseguró, y fustigó: “Oyarbide no fue porque estaba en una fiesta con gente agradable”. Cuál fue la explicación del magistrado. Repercusiones en Twitter.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La polémica por la decisión del juez federal Norberto Oyarbide de suspender un allanamiento que se iba a realizar en una financiera, el pasado 19 de diciembre, tras recibir una llamada de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, levantó una polvareda de críticas y suspicacias. Y en Twitter, termómetro social, tampoco dejaron pasar el tema.

 

Recordemos que ayer se conoció una declaración escrita del juez Oyarbide en un sumario interno realizado por la Cámara Federal, donde relata que frenó la orden de allanar la financiera Asociación Mutual Propyme, tras recibir un llamado de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Producto de este hecho se instruyó el sumario donde el juez admite el llamado desde la Casa Rosada. 

# Qué dijo Oyarbide

 

 

"Que me llamen de la Secretaría Legal y Técnica me merece toda la confianza. Ustedes se preguntarán cómo se enteró el señor Liuzzi de lo que estaba sucediendo en el operativo y esto yo no lo sé", declaró Oyarbide al salir esta mañana de su domicilio.

 

El magistrado enfrentó a la prensa e hizo una "recopilación" de lo que sucedió para explicar lo que consideró "un tema bastante complicado".  

 

"En el día de ayer le envié al presidente de la Cámara Federal, el doctor doctor Martín Irurzun, un oficio en el cual le informaba con todo cuidado de qué forma me había anoticiado de graves hechos de corrupción que motivaron que yo suspendiera todos los procedimientos", relató Oyarbide, a modo de introducción.

 

"Con todo detalle le comuniqué que había recibido un llamado directamente de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación. La persona que dialogaba conmigo dijo que era Carlos Liuzzi", contó el juez federal, antes de dar detalles del contenido central de la charla.

 

Según Oyarbide, el segundo de Zannini le informó que en un allanamiento que se estaba realizando en la calle Maipú al 300 sucedían "cosas realmente muy llamativas'". Y le dio precisiones:  "Me comentó que solicitaban dinero (coima) para detener el procedimiento y que los policías habían amedrentado a gente que trabajaba en el lugar".

 

"En ese momento me costaba bastante mantener la calma frente a lo que terminaba de enterarme, porque estaba mi nombre en juego, lo utilizaban para cometer este tipo de tropelías", apuntó el magistrado, que basándose en esa conversación telefónica, decidió "realizar la denuncia penal" y frenar los allanamientos.

 

Luego de señalar que ordenó la suspensión del operativo por la "confianza" que le generó el denunciante, el juez federal desafió a los periodistas que fueron hasta su casa para entrevistarlo:"No solamente ustedes pueden realizar denuncias, también las hacen los ministros, los embajadores o los integrantes de la Corte de Justicia".

 

"No tengo nada para ocultar. Seguramente quieren saber cómo el señor Liuzzi se enteró de esas cosas. Si lo averiguan, podrán enterarse. Yo no estoy en la Secretaría Legal y Técnica", se excusó el magistrado.

 

# "Es muy sugestivo"

 

Desde la oposición reaccionaron pidiendo la renuncia de los funcionarios implicados y su enjuiciamiento: "Exigimos la inmediata renuncia de Zannini y de Liuzzi", dijo la diputada de Unión por Todos, Patricia Bullrich. Y adelantó que solicitará  "que dichos funcionarios sean investigados por la Justicia de manera urgente, respetando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sea quien sea".

 

 

Desde el PRO, el jefe de la bancada macrista en  Diputados, Federico Pinedo pidió “que se le inicie juicio político" a los dos funcionarios de Casa de Gobierno.

 

Pero también consideró que “deberán investigarse en el mismo juicio los detalles de la causa en la que Oyarbide absolvió a ese mismo señor que lo llamó (Carlos Liuzzi), al que estaba investigando por enriquecimiento ilícito".

 

 El integrante de la UCR del Consejo de la Magistratura, órgano que se encarga de evaluar el comportamiento de todos los jueces, Mario Cimadevilla dijo que lo que hizo el juez es “muy sugestivo”. 

 

Según trascendió, Oyarbide habría dado marcha atrás con el allanamiento, luego de un llamado realizado desde la Secretaría Legal y Técnica de la Nación. La suspensión, sin embargo, habría sido porque los policías pidieron coimas para irse del lugar, según se justificó el propio juez.

 

En diálogo con Maxi Montenegro, Cimadevilla, integrante de la oposición en el Consejo de la Magistratura, aseguró que “la detención del allanamiento es irregular, porque fue ordenada por un llamado. Alguien informó a la Casa Rosada. Lo que debe hacer el juez es constituirse en el lugar”.

 

Y además, fustigó: “Oyarbide no fue porque estaba en una fiesta con gente agradable”.

 

“Lo que hizo el juez fue muy sugestivo. Si nosotros queremos analizar en serio el problema de la justicia, que no es solo de Oyarbide, no lo vamos a entender si no analizamos la lógica de poder que tiene el partido de gobierno. El gobierno cree que la Constitución y la Ley no están para poner límites al poder, creen que están para hacer lo que les plazca y para eso se necesitan jueces que complazcan sus caprichos” concluyó.

 

# Los hechos, según el testimonio de Greppi ante el juez

 

El 19 de diciembre pasado y en el marco de una veintena de allanamientos ordenados por Oyarbide en una causa por presunto lavado de dinero, policías de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) ingresaron a las oficinas de Maipú 311 en Capital Federal donde está la mutual Propyme.

 

 

Según testificaron ante el juez Luis Rodríguez, quien investiga el escandaloso hecho, tanto el dueño de la financiera, Guillermo Greppi;  como su hijo y el abogado de confianza ratificaron que los policías exigieron una suma de 300 mil dólares y que luego bajaron sus pretensiones a 2,5 millones de pesos. A cambio, aseguraban que frenaban el allanamiento y hacían como si nada hubiese pasado.

 

Los tres coincidieron en que los policías aseguraban que actuaban bajo "órdenes del juzgado" y en una ocasión el policía Ángel Castro (uno de los imputados junto con el subcomisario Fabio Ascona) le dijo al abogado Torres que "Greppi dejara de pedir ayuda" pues el empresario había acudido en ayuda sin tener éxito con Calviño quien trabaja en la Superintendencia de Policía Federal a quien conoce desde hace muchos años.

 

Castro fue claro en que ellos "no respondían a ningún personal policial" y que "por más que llamara al jefe de policía pues él sólo recibía órdenes del juzgado interviniente", según accedió Infobae de constancias de la causa.

 

Los testigos que escuchó en los últimos días el juez Rodríguez aportaron algunos elementos: que la orden de allanamiento no tenía indicada el nombre de la empresa pero sí su dirección, que los policías actuaron al inicio en forma violenta llegando al punto de apuntar con el arma al personal, y que se retiraron sin llevarse nada.

 

El abogado Torres incluso dijo llamarle la atención que en las seis horas que duró el operativo "daba vueltas sin saber bien que buscar" pues "no se solicitó el listado de socios, revisaban papeles pero no se fijaban su contenido, observaban las pantallas de las computadoras sin reparar en la información que exhibían, que se traba de una revisión de todo muy superficial y no solicitaban tampoco algo puntual".

 

En su declaración, Greppi padre aportó que todos conocían a los policías Ascona y Castro. Que el primero de ellos había recibido referencia de Enrique de la empresa "Mercado único" que también fue allanado y a quien le hicieron el mismo ofrecimiento de soborno.

 

Según Greppi, Ascona también era conocido del financisa Fernando Caparrós Gómez, uno de los investigados en el caso Schoklender, pues en su financiera Monetización se habrían cambiado millones en cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

 

Si bien las sospechas eran muchas sobre Caparrós Gómez en esa causa, sorpresivamente fue beneficiado con una falta de mérito por Oyarbide quien tuvo a cargo esa investigación, tal es así que eso fue apelado por el fiscal Jorge Di Lello.

 

El operativo sospechoso en Propyme terminó luego que Greppi padre rechazara pagar el dinero exigido por los policías, y cuando el subcomisario Ascona recibió un llamado. El efectivo de la entonces Difoc aseguró que había sido por orden del juzgado, y luego una foja agregada al expediente firmada por Oyarbide daba cuenta que lo hizo ante "graves hechos de corrupción" que levantó el allanamiento.