De 7 a 19 jueces, los planes K para ampliar y dominar la Corte
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Cristina pidió por cadena nacional un trámite exprés sacando todo el jugo a su ajustada mayoría parlamentaria. En tanto, empieza a instalar el debate por la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reducida por el fallecimiento de dos de sus miembros y la pronta jubilación de Eugenio Zaffaroni. Tiene como argumento opiniones de opositores a favor de un tribunal de 7 miembros aunque Cristina cuando era senadora se decidió por 5. La ampliación de la Corte, la permite a los K -entre otras cosas- seguir copando la agenda. Hasta pueden lograr número para no declarar inconstitucional los códigos Civil y Procesal Penal, de trámite exprés en el Congreso.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la permite a los K -entre otras cosas- seguir copando la agenda. Carlos Menementendió la importancia de dominar ese cuerpo y merced al Pacto de Olivos consiguió una ampliación de sus miembros en lo que fue la recordada ‘mayoría automática’. Claro que necesitó de los votos opositores del radicalismo para alcanzar los 2/3 en el Congreso, requisito que Cristina también debe cumplir aunque sus métodos son diferentes a los del riojano: en principio apelará al archivo para presionar a los opositores, ya que algunos de ellos se pronunciaron en los últimos tiempos por una Corte de 7 miembros, aunque cuando la primera mandataria era Senadora entendía que el máximo tribunal funcionaba bien con 5 integrantes.
Con la ampliación de la Corte, los K pueden –entre otras cosas- lograr número para no declarar inconstitucional los códigos Civil y Procesal Penal, de trámite exprés en el Congreso.
Los medios paraoficialistas ya instalan el tema en la agenda pública. Página/12 y Ámbito Financiero llevan en sus tapas la cuestión este jueves (23/10) a modo de empezar la discusión a pesar de que el Congreso no empezó a estudiar el proyecto del nuevo Código Procesal Penal.
–¿Cree que la Corte Suprema debe ser reformada nuevamente para mantener en siete la cantidad de miembros?
–Por la ley vigente, el Poder Ejecutivo cuando se hace una vacante tiene la prerrogativa de enviar un pliego, y el Congreso tiene la prerrogativa de decidir modificar la composición de la Corte. Es el Congreso el que decide la ampliación o no de la Corte, así como es el Ejecutivo el que decide el envío o no de pliegos. Digo esto para deslindar responsabilidades, no es rol del Ejecutivo decidir la cantidad de miembros de la Corte. Ahora, si uno analiza los debates de los legisladores, sobre todo de la oposición, en relación con esto, uno ve a todo el arco político pidiendo que la Corte tenga siete miembros. Toda la oposición ya dijo que el número para la Corte era de siete miembros y nosotros conocemos una Corte funcionando así. Pero no me corresponde a mí opinar, sino cumplir con la ley. Pero bienvenidos sean los debates sobre cómo va a funcionar nuestra democracia. De todas formas, en mi opinión es más importante el número de causas que el número de jueces. Esta Corte atiende miles de causas por año, mientras que la de los Estados Unidos apenas 150 o 200. Ahí está el punto.
Para el oficialismo, la discusión sobre la composición cortesana está lejos de finalizar, lo cual quedó en evidencia entre ayer y el martes en diversos encuentros realizados en Olivos, en los cuales participaron funcionarios del Ministerio de Justicia.
En distintos despachos, entienden a la ampliación del tribunal como una llave para cosechar apoyos opositores para otras reformas clave como la del Código Procesal penal.
El encuentro reservado del pasado lunes entre el justice y el viceministro Julián Álvarez en el cual se conocieron objeciones a la reforma procesal tuvo como efecto la ampliación del cuerpo de peritos y, sobre el final del día de martes, una foto de Lorenzetti junto a Joaquín Barbosa, titular de la Corte brasilera que saltó al centro de la escena política de su país cuando avanzó contra el jefe de Gabinete de Lula Da Silva, el paulista José Dirceu, quien luego abandonó el cargo en medio de la llamada trama del "mensalao".
A diferencia de otras contiendas, la ampliación de la Corte le ofrece al oficialismo elementos retóricos impensados, como el hecho de que en 2006 figuras centrales de la oposición, como Margarita Stolbizer, Federico Pinedo o el propio Ernesto Sanz, se habían pronunciado en pos de una Corte con un número superior a cinco.
Un pragmatismo que se enarbola con un mensaje para Lorenzetti, que tiene que ver con la tesis de que tres firmas no serían suficientes para garantizar un debate amplio en las alturas del Poder Judicial. En esa lógica gana peso tanto una ampliación mediana como ciertos proyectos presentados por el peronismo, años atrás, que proponen una Corte a la española, dividida por salas separadas por las ramas del derecho.
La Corte no será el único terreno de debate. El oficialismo aspira en noviembre a hacer pesar su reciente mayoría en el Consejo de la Magistratura donde deben definirse todavía una serie de entuertos relacionados con la administración de las cuentas del Poder Judicial, issue que a estas alturas ya es un obsesión para el Ministerio de Justicia.
La muerte de los jueces de la Corte Suprema Carmen Argibay y Enrique Petracchi, el anunciado retiro de Raúl Zaffaroni en enero cuando cumpla 75 años, y los 97 que Carlos Fayt se propone alcanzar en febrero instalaron el debate sobre la composición del tribunal. En la puerta misma del cementerio Ricardo Lorenzetti dijo que la Corte funcionaría normalmente a pesar de las bajas. Con la técnica episcopal que el ex alumno de los hermanos maristas ha desarrollado en los últimos años,voceros oficiosos completaron su mensaje: “Apuntaba a evitar cualquier tipo de apresuramiento a la hora de hacer una nueva designación”, escribió uno de ellos. “Incluso si transitoriamente quedaran tres jueces tampoco es tan difícil, se puede sortear”, agregaron “fuentes allegadas al máximo tribunal del país en el Palacio de Justicia”, un eufemismo que encubre el off the record semanal de Lorenzetti con periodistas de confianza. En el del martes, negó que tuviera cualquier proyecto político con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo. El radical Ernesto Sanz fue más allá de lo que su allegado Lorenzetti puede decir: la vacante debe llenarla el próximo gobierno, aunque no pudo explicar la razón de este imperativo. Desde el Poder Ejecutivo se expresaron dos posiciones: los ministros Julio Alak y Jorge Capitanich hicieron hincapié en la ley vigente, que establece la cantidad en cinco jueces supremos y no pusieron en duda que la vacante se cubrirá en 2015. El Secretario de Justicia, Julián Alvarez, dijo que por una ley podría reverse el número de miembros de la Corte, que funcionó bien con siete. Y el renunciante juez Zaffaroni insistió con llegar a 19 jueces y dividir la Corte en salas por especialidades, al estilo alemán.
En 2005, la renuncia de Belluscio al cumplir 75 años y la destitución en juicio político de Antonio Boggiano, hubieran permitido a Kirchner el nombramiento de otros dos jueces. Ya entonces Lorenzetti se manifestó en contra. Tanto él como el saliente Belluscio proponían una Corte de siete jueces, pero la entonces senadora CFK presentó un proyecto por el cual en 2006 se volvió al número histórico de cinco, al que se llegaría a medida que se produjeran renuncias o muertes, tal como ocurre ahora.
En todo caso, el kirchnerismo jamás contó con una mayoría que pudiera considerar propia en la Corte, cuyo presidente consiguió la reelección indefinida ante la falta de interesados en sucederlo.
Pese a recostarse en el sector más reaccionario de la magistratura, Lorenzetti ha ido perdiendo posiciones en el Consejo de la Magistratura, donde luego de las recientes elecciones de jueces, el gobierno nacional podrá contar con la anhelada mayoría de siete votos. Incluso perdió por muy poco (8.100 a 7.000) la contienda entre los abogados del interior, contra una coalición de radicales, renovadores y socialistas bendecida por Lorenzetti.
Desde un punto de vista constitucional el Congreso puede fijar el número de jueces de la Corte. El incremento y la división en salas parecen el mejor camino para que el tribunal supremo deje de ser un almacén de ramos generales, como lo llamó Fayt.
La división en salas estuvo contemplada en los proyectos de ampliación de Illia y Alfonsín y también en uno que presentaron los senadores del Peornismo Opositor Adolfo Rodríguez Saa y Liliana Negre de Alonso de 2006.
Según la propuesta de Zaffaroni, la Corte argentina quedaría formada por salas en lo penal, civil y comercial, laboral, previsional y contencioso administrativo. En sus Elementos de Derecho Constitucional Néstor Pedro Sagüés sostuvo que esta división permitiría tratar los temas con un grado mayor de especialización y resolver un número mayor de controversias.
El oficialismo tiene los votos suficientes para ampliarla a siete, nueve o diecinueve jueces.Pero para designarlos se requiere el acuerdo de 2/3 del Senado. Esta dificultad es inversamente proporcional a la cantidad de jueces. Si sólo hubiera que cubrir una vacante, sería muy difícil conseguir los 48 senadores necesarios. Todo sería más fácil si hubiera tres, cinco o quince cargos a cubrir. Esa negociación política, que la misma oposición que clama por consensos tiende a presentar como espuria, es lo que los constituyentes pretendieron al fijar la cota de los 2/3. El PRO dirigió una advertencia pública a la UCR, que la rechazó, para que no incurriera en tal negociación. Además de los inspiradores acuerdos Perón-Balbín y Menem-Alfonsín, el radicalismo tiene una perspectiva inquietante. Si llevara un candidato propio o Faunista, entraría cuarto, con lo cual quedaría excluido de cualquier acuerdo futuro. Si la UCR obviara este dato y se dejara llevar por el efectista pero poco reflexivo Sanz, el Frente para la Victoria podría analizar el tema con el Peornismo Opositor. El mencionado proyecto de Rodríguez Saa y Negre de Alonso sugiere que encontraría receptividad.
Aun antes de que se defina el camino a seguir con la Corte Suprema, ingresará al Congreso el nuevo Código Procesal Penal, en el que trabajó el Subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena, sobre la base de los mejores proyectos elaborados en los últimos 30 años, empezando por el muy completo de Julio Maier y Alberto Binder, que Alfonsín envió al Congreso sobre el final de su mandato y no fue tratado.
Sobre su proyecto se edificó el Código de Procedimientos en Materia Penal modelo para Iberoamérica. Como ya tuvo acuerdo de justicialistas y radicales en la comisión de legislación penal de la Cámara de Diputados hace un cuarto de siglo, su nuevo tratamiento será rápido. Antes de fin de año podría estar promulgado.
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