1 año y medio después, "Tortuga" Casanello movió el expediente

Casi un año y medio después, el juez Sebastián ‘Tortuga’ Casanello ordenó enviar información sobre el empresario K, Lázaro Báez y sus empresas a su par uruguaya, Adriana de los Santos, respondiendo así a los tres exhortos recibidos en mayo de 2013. En Uruguay también investigan a Lázaro por lavado de dinero. Allí todo comenzó con el campo El Entrevero, a nombre del contador de Báez, Daniel Pérez Gadin, y cuya existencia y titularidad revelara el valijero Leonardo Fariña. Desde Uruguay, la organización montada por Fariña/Elaskar supuestamente pasaba dinero para luego enviarlo a destinos como Panamá o Belice

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Pasaron más de 1 año y 5 meses desde mayo de 2013 cuando la juez uruguayaAdriana de los Santos envió tres exhortos a su par argentino,Sebastián Casanello en la investigación que se sigue en el vecino país sobre Lázaro Báez. Allí, también se investiga al empresario K por lavado de dinero después de que el Banco Central de Uruguay detectó que una sociedad anónima envió desde el vecino país unos US$ 16,5 millones a una cuenta vinculada a Báez en el Principado de Liechtenstein.

Otra investigación tiene vinculación con el campo "El Entrevero" de José Ignacio que fue comprado por el contador de Lázaro, Daniel Pérez Gadín, por US$ 14 millones en 2011. En Uruguay, esa operación es investigada por sospechas de lavado.

Por eso, De los Santos solicitó información a la argentina sobre Báez, sus socios y algunas sociedades anónimas. Ese pedido fue respondido recién ayer (29/10) por Casanello.

No todo sería culpa del magistrado argentino. El exhorto enviado desde Montevideo en mayo de 2013, llegó al despacho de Casanello en marzo pasado “después de estar 10 meses demorado en la Cancillería argentina" que conduce Timerman.

En el reporte a Casanello, se indica que el BCU detectó operaciones de Federico Elaskar (ex administrador de la financiera SGI La Rosadita, quien delató a Báez en el programa "Periodismo para todos", de Jorge Lanata); de Fabián Rossi (esposo de la actriz Iliana Calabró, señalado por Elaskar como parte de la trama de lavado de dinero); de Teegan (sociedad anónima controlada por uno de los hijos de Báez), y de Helvetic (dueña de la financiera SGI, también vinculada a Báez).

Casanello ordenó ayer enviar datos de Lázaro Báez y sus empresas a su par uruguaya. Coincidió con el fiscal Guillermo Marijuán y respondió los tres exhortos, según revela Clarín este miércoles 29/10.

Casanello ordenó responder los exhortos 1923, 1925 y 1907. El primero reclama información sobre los vuelos del avión de Báez, matrícula LV-ZSZ, entre 2000 y 2013 y los dictámenes del fiscal José María Campagnoli, agregados a la causa por lavado de dinero. La aeronave, un Lear Jet que opera desde 2007 en la empresa aérea de Báez, registra diversos viajes a Uruguay entre 2011 y 2012.

A través del segundo exhorto, la jueza uruguaya solicitó los antecedentes penales y datos fiscales de las personas investigadas. También pidió que los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido, quienes ya declararon en Uruguay, constituyan un domicilio en ese país para ser notificados.

Por último, De los Santos requirió datos sobre el llamado “expediente Badial”, ya que Báez admitió ante la AFIP que esa firma constructora recibió 200 mil dólares. El dinero nunca fue declarado porque llegó desde Uruguay en valijas. Casanello y Marijuán le pidieron ahora a la Cámara en lo Penal Económico que permita acceder a esa información.

En la causa uruguaya, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) aportó días atrás un informe que certifica que la empresa Reloway, usada por Báez para traer dinero desde Uruguay, está inscripta en Buenos Aires y que su representante legal es el propio empresario patagónico.

El informe en cuestión consiste en un informe oficial emitido por la Inspección General de Justicia de la Nación Argentina (organismo encargado de registrar y fiscalizar a las empresas), del cual surge que una de las empresas investigadas en Uruguay, RELOWAY COMPANY S.A. se encuentra inscripta en nuestro país, con domicilio social en Avenida Roque Saenz Peña 971, piso 9 de la Ciudad de Buenos Aires y su representante legal es Lázaro Báez.