Corrupción: Cuando la Economía anda mal, la tolerancia social baja..

"Cuando la economía está bien, el humor social es bueno aunque haya funcionarios acusados. Pero cuando la gente no puede consumir y no tiene plata en el bolsillo, les apunta a los funcionarios", dijo un ministro del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la solución K a este dilema? Ni componer la economía ni una gestión transparente. Meter a su gente en la Justicia parece ser el único camino viable...

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) "Cuando la economía está bien, el humor social es bueno aunque haya funcionarios acusados. Pero cuando la gente no puede consumir y no tiene plata en el bolsillo, les apunta a los funcionarios", dijo un ministro del Poder Ejecutivo.

 

¿Cuál es la solución K a este dilema? Ciertamente, no lo es ni componer la economía ni una gestión transparente.

 

El problema es que el gobierno de Cristina Fernández no tiene respuestas por ahora para frenar el avance de las causas judiciales que comprometen a sus funcionarios. La preocupación oficial aumentó en las últimas horas porque las investigaciones de corrupción están causando un impacto más negativo en el humor social y en las encuestas de imagen, debido a que la economía entró en recesión en los últimos dos trimestres, con caída del consumo, suspensiones y despidos en algunos sectores.

 

Según dijo otro alto funcionario al diario 'La Nación', "se vienen despidos en varios sectores. El Gobierno intentará poner plata para subsidiar los sueldos y disuadir a las empresas. Pero no se sabe si será suficiente", y en ese contexto social, presumen, los escándalos judiciales hacen más daño a Balcarce 50.

 

Las causas que más preocupan en la Casa Rosada son las que involucran a la Presidente por el acuerdo con Chevron; al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone; al subsecretario técnico Carlos Liuzzi por frenar un allanamiento judicial; al ex secretario de ComercioGuillermo Moreno por abuso de autoridad, y al ex secretario de Transportes Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito y la tragedia de Once.

 

También se sigue de cerca la de lavado de dinero que roza al empresario Lázaro Báez, aunque en ella no está imputado formalmente ningún funcionario kirchnerista.

 

La Casa Rosada presiente que habrá más activismo judicial a medida que pasen las semanas y se acerque el final del mandato de Cristina. El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, intentó interceder ante algunos jueces, pero los influenciables cada vez son menos.

 

Esa preocupación extrema llevó a la Presidente a decir anteayer, con gesto adusto, que durante la época de las privatizaciones de los años 90 "ojalá hubiéramos tenido jueces y fiscales como los que tenemos ahora, que siempre están atentos para hacer las denuncias". Olvidó que el kirchnerismo en esa época apoyó al gobierno de Carlos Menem y votó en el Congreso privatizaciones como las de YPF y de las jubilaciones.

 

A su lado se lamentan. "Cuando un gobierno se termina, los jueces empiezan a pensar más en los (candidatos) que vienen y a quedar bien con ellos que en los que se van. Les pasó a Alfonsín, a Menem y a De la Rúa", reflexionó un ministro.

 

De ahí que el Gobierno sólo opera para colocar a sus amigos en varios espacios del Poder Judicial. El oficialismo en el Senado aprobó ayer una lista de 10 conjueces para la Corte Suprema, que actuarán en caso de vacante o de excusación de alguno de los ministros actuales. La sesión fue presidida por Boudou en su condición de vicepresidente. La Cámara alta también avanzará en la designación de una nómina de 360 conjueces para vacantes en varios juzgados de primera instancia y 32 cámaras de apelaciones.

 

 

La oposición rechazó los nombramientos de los 10 conjueces para el máximo Tribunal y denunció que se convalidaron por mayoría simple, sin los dos tercios que exige la Constitución para los ministros del máximo tribunal.

 

El oficialismo consiguió 39 votos, a partir de la ayuda de sus aliados y de los neuquinos Guillermo Pereyra y Lucila Crexell, del MPN. En tanto, la UCR, FAP-UNEN, el PJ Federal y PRO se pronunciaron en contra. Como hubo varios ausentes, fueron apenas 21 votos negativos.

 

Finalmente los K estuvieron a tres votos de alcanzar los 42 para lograr los dos tercios. Según el diario 'Clarín', el bloque kirchnerista lamentó las ausencias del misionero Salvador Cabral y de dos aliados, el ex presidente Carlos Menem y la correntina liberal Josefina Meabe.

 

En la polémica nómina para eventuales reemplazos en el máximo tribunal figuran varios ex funcionarios de Gobierno, asesores K, abogados allegados a La Cámpora y referentes del universo kirchnerista. El único candidato que contó con amplio apoyo desde que fue postulado es León Arslanián, camarista en el juicio a las Juntas Militares y ex ministro de Carlos Menem. Recientemente integró la comisión Zaffaroni que redactó el polémico anteproyecto de reforma del Código Penal.

 

La lista es la siguiente:

 

- Carlos Cárcova: Titular de la cátedra Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es autor del libro La opacidad del Derecho

 

- José Chirico: Este abogado es hombre de consulta del viceministro de Justicia y miembro de La Cámpora, Julián Álvarez

 

- Tomás Hutchinson: Es especialista en derecho administrativo. Fue presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego

 

- Walter Huggias: Especialista en nuevas tecnologías, presidió el Colegio de Abogados del Municipio de Lomas de Zamora

 

- Ernesto Marcer: Especialista en derecho administrativo, al igual que Hutchinson, ocupó la Procuración porteña y fue además procurador general del Tesoro

 

- Gustavo Ferreyra: Profesor de la UBA, es cercano al juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni; apoyó la "democratización de la Justicia" y la re-reelección presidencial

 

- Héctor García Cuerva: Integró el directorio de Aerolíneas. Impulsado por Néstor Kirchner, fue interventor de Racing, club en el que impulsó el gerenciamiento

 

- Ricardo Nissen: Abogado del Estado en la causa por Papel Prensa, antes había estado al frente de la Inspección General de Justicia

 

- Arístides Corti: Tributarista. Es uno de los especialistas que trabajó en el Digesto Jurídico que se sancionó ayer en el Senado de la Nación

 

- León Arlsanian: Fue miembro del tribunal que enjuició a las juntas, en el regreso de la democracia; también fue ministro de Carlos Menem y de Eduardo Duhalde. Fue el único que no generó resistencias en la oposición

 

En el inicio del debate, como miembro informante del radicalismo, Ernesto Sanz advirtió que el proceso de designación de los conjueces debía ser similar al de los ministros de la Corte, tal como lo establece “el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional” y en sintonía con la opinión de varios constitucionalistas. El presidente de la UCR, a su vez, dejó entrever que su partido podría continuar su reclamo en el ámbito judicial. De hecho, en la Corte había preocupación por la forma en que se votaría la lista.

 

Desde el oficialismo, Marcelo Guinle reafirmó la intención de votar con mayoría simple los pliegos y, entre sus argumentos, afirmó que “los requisitos que impone la Constitución, sólo son necesarios para el juez definitivo”, en referencia a que los conjueces intervienen esporádicamente, en casos de recusación, vacancia y excusación.

 

Para legitimar este proceso de designación, los K también recordaron que la anterior lista de conjueces para la Corte había sido aprobada en 2002 sin el requisito de los dos tercios que reclamaba la oposición. Aunque aquellos nombramientos, realizados durante la presidencia de Eduardo Duhalde, obtuvieron amplio consenso, algo que no ocurrió en esta ocasión. No obstante, el santafesino Rubén Giustiniani (FAP-UNEN) terminó de desarticular ese argumento al recordar que en el decreto que oficializó aquellos nombramientos, Duhalde apuntó que se hizo “en función del artículo 99, inciso 4, de la Constitución”, es decir, con los dos tercios.

 

Sanz admitió que el caso amerita “una ley que exprese claramente qué mayoría” se necesita. Y exigió, para acercar posiciones, una lista de consenso. El resto de la oposición se sumó al pedido. “No vamos a convalidar ninguna maniobra que le quite representatividad y legitimidad a un proceso de designación”, insistió Magdalena Odarda (Coalición Cívica). Pero los K impusieron igual sus nombres.

 

Boudou, un caso testigo

 

El caso del vicepresidente Amado Boudou presenta demasiadas novedades en los últimos días. La última que se conoció fue la orden de que el testigo del caso la ex-Ciccone sea incluido al sistema de protección judicial. Así lo dispuso el juez Sebastián Casanello tras la denuncia de José Guillermo Capdevilla, que aseguró que se fue del país tras recibir amenazas.

 

Fuentes judiciales informaron a la agencia 'DyN' que el magistrado dispuso que, si Capdevila vuelve al país, la Dirección Nacional de Migraciones le informe al Ministerio de Justicia para que lo incluya en ese programa. En tanto, Casanello resolvió llevar adelante medidas de prueba para intentar dar con los dos hombres que Capdevila denunció que lo amenazaron el 30 de abril en cercanías al Rosedal, en el barrio de Palermo, en horas de la noche.

 

El magistrado le pidió a la Policía Metropolitana las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y citó a declarar como testigo para el viernes al escribano que rubricó el acta en la que Capdevila relató las amenazas y que fue presentada el martes en el juzgado. 

 

El testigo no se presentó en los tribunales a denunciar las amenazas o pedir protección y recién lo hizo el martes para informarle a la Justicia que se iba del país porque temía por su vida tras recibir las intimidaciones. El juez Casanello también le solicitó al Ministerio de Economía que le remita el legajo laboral de Capdevila.

 

El exfuncionario vivía en la ciudad bonaerense de Campana, y el juez le pidió a la comisaria de la zona que informe si tienen denuncias por amenazas. Capdevila nunca se presentó en la justicia, ni denunció las amenazas, ni pidió protección, por lo que recién ahora ordenan que ingrese al programa.

 

El caso del nro. 2 de Zannini

 

El juez federal Luis Rodríguez dispuso que las compañías telefónicas le informen las llamadas entrantes y salientes de doce líneas pertenecientes al subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, número dos de Carlos Zannini , y a Carlos Leiva, secretario del juez federal Norberto Oyarbide.

 

Según confirmaron fuentes judiciales al diario 'La Nación', las empresas deberán detallar al magistrado los llamados realizados y recibidos por esos teléfonos el 19 de diciembre pasado, cuando Oyarbide frenó el allanamiento a la financiera Propyme, luego de que recibiera un llamado de Liuzzi.

 

Cuatro de esas líneas están a nombre de Leiva y las restantes, de Liuzzi, según informaron las empresas del sector. También se pretende acceder a los mensajes de texto. La misma medida se tomó con los teléfonos del dueño de Propyme, Alejandro Greppi.

 

Según los informes recibidos por Rodríguez, Oyarbide no tiene teléfonos celulares a su nombre, pero como cuenta con custodios de Gendarmería, se pedirá a esa fuerza que detalle los móviles con que cuentan esos efectivos.