Cada novedad en el caso Ciccone es una mala noticia para Boudou

José Guillermo Capdevila se convirtió ayer en un exiliado de la democracia . La descripción parece un oxímoron. Ninguna democracia debería condenar a nadie al exilio. El caso de Amado Boudou alcanzó, con esa novedad, un nuevo y más grande tamaño. La decisión de Capdevila tiene tanta relevancia simbólica como la resolución de la Cámara de Casación, el jueves último, que ordenó a la Justicia continuar con la investigación del vicepresidente por gestiones incompatibles con la función pública en la compraventa de la empresa Ciccone.

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

La primera pregunta consiste en saber qué hará la Justicia con Capdevila. El ex funcionario del Ministerio de Economía estaba citado por el juez Ariel Lijo como testigo. Capdevila no está sospechado de haber cometido algún delito ni de haber violado o forzado la interpretación de ninguna ley. Sin embargo, el testimonio ante la Justicia es una carga pública. De hecho, cualquier testigo debe ser conducido ante el juez por la policía si faltó a la primera cita. Si Lijo ordenara la captura internacional de Capdevila, la condición de éste cambiaría de exiliado a prófugo.

La segunda pregunta es por qué ningún resorte del Estado funcionó tras conocerse que Capdevila había sido varias veces amenazado. Hasta existe una causa judicial abierta por amenazas en el juzgado federal de Sebastián Casanello desde hace diez días, luego de que LA NACION publicara la información sobre las intimidaciones que recibía el ex funcionario. En su carta pública de ayer, Capdevila les hace un duro reproche a los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, pero también a la oposición política, que lo abandonó. La complicidad y la indolencia lo empujaron, dijo sin decirlo, a abandonar su país.

Capdevila fue un funcionario que cumplió con su deber. En sus tiempos de ministro de Economía, que fue cuando sucedieron las sospechosas maniobras del caso Ciccone, Boudou le pidió a Capdevila, entonces director de la oficina de Asuntos Jurídicos del ministerio, que le dijera si aquél debía opinar sobre un plan de reordenamiento de la deuda impositiva de la empresa gráfica. Ciccone había pedido una moratoria especial ante la AFIP, pero Ricardo Echegaray, el jefe de la agencia impositiva, reclamó por escrito la opinión del ministro. Aunque nadie dijo nunca nada, es evidente que Echegaray quiso que las posiciones de cada uno fueran explícitas y quedaran explayadas en el expediente.

Boudou estaba obligado a pedir el punto de vista del Departamento de Asuntos Jurídicos, según una clara disposición de la ley nacional de procedimientos administrativos. La opinión de ese departamento no era vinculante, como no lo fue, con la decisión última del ministro. Capdevila le aconsejó a Boudou que no emitiera opinión sobre la moratoria impositiva de Ciccone, porque la AFIP tiene facultades y autonomía suficientes como para decidir sobre esa clase de peticiones. Es decir, era Echegaray, y no Boudou, el que debía opinar y resolver sobre si aceptaba o rechazaba el pedido de Ciccone.

Boudou opinó, a pesar de todo. Izó la bandera de la sensibilidad social por los trabajadores de Ciccone (la causa de los desposeídos sirve para muchas tropelías en este país) y le recomendó a la AFIP que aceptara el pedido de Ciccone. La carta de Boudou en respuesta a la de Echegaray está en el expediente judicial, pero seguramente Capdevila sabe más cosas que ese intercambio de notas, incluida la suya a Boudou, que está en conocimiento del juez. ¿Boudou lo presionó a Capdevila para que se expidiera de otra manera? ¿Fue un trámite normal o hubo injerencias extrañas? Ésos son los secretos que Capdevila se llevó al exilio. Y son, precisamente, los mismos secretos que el juez Lijo quería conocer.

A todo esto, debe agregársele que Boudou dijo en un primer momento que la moratoria concedida a Ciccone había sido una decisión exclusiva de la AFIP. Hasta que apareció la carta firmada por él, en la que le recomendaba al ente recaudador que fuera condescendiente con Ciccone. El problema de Boudou es que su trayectoria por la investigación judicial del caso Ciccone rebosa de mentiras. El último domingo, en el programa televisivo oficialista 6,7,8, aseguró que él se haría cargo solitariamente de su defensa y que no involucraría a ninguna instancia del Estado. Ya había derrocado al ex jefe de los fiscales, el peronista histórico Esteban Righi, y había apartado de la investigación al primer juez, Daniel Rafecas, y al primer fiscal, Carlos Rívolo. Logró todo eso en una sola conferencia de prensa en la que ni siquiera aceptó preguntas. ¿Estuvo y está solo? ¿Cualquier ciudadano conseguiría tumbar de un golpe toda la estructura judicial que lo investiga, como lo hizo Boudou?

CONTRADICCIONES

Merodean también frecuentes contradicciones. El propio Boudou y algunos, pocos, funcionarios pidieron en los últimos días que la Justicia resuelva cuanto antes la situación del vicepresidente. Esas palabras se contradicen con los hechos. Es Boudou el que provoca dilaciones judiciales con sus permanentes planteos que deben atravesar tres instancias: el juez, la Cámara Federal y la Cámara de Casación. Ahora ha prometido que recurrirá a una cuarta instancia, la Corte Suprema de Justicia, para que revea la última decisión de la Cámara de Casación, que ordenó que continuara la investigación del juez Lijo. Es difícil que la Cámara acepte una apelación ante la Corte Suprema, porque Casación hace las veces, precisamente, de una Corte Suprema del fuero penal. El tiempo pasará, mientras tanto, estirado inútilmente por Boudou, que a su vez les reclama celeridad a los jueces.

El caso de Capdevila plantea otros interrogantes. ¿Quién construyó y financió la importante y necesaria estructura de inteligencia y seguimiento que requiere el proceso de amenazas e intimidaciones que sufrió el ex funcionario? ¿Qué cantidad de asociaciones mafiosas existen en el país, capaces de movilizarse, de amedrentar y de atemorizar impunemente? ¿Qué advertencia tan creíble recibió Capdevila como para decidir abandonar su país?

Cada novedad en el caso Ciccone es una mala novedad para Boudou. La última pregunta es hasta cuándo la Presidenta soportará el lastre político que le significa el vicepresidente. Ni ella ni su gobierno ni su partido están ya en condiciones de pagar inservibles precios políticos.