Kicillof: “Griesa no resolvió nada y los buitres siguen amenazando”

Axel Kicillof volvió a cuestionar al juez Thomas Griesa por rechazar el pedido argentino de reponer la medida cautelar (“stay”) que permitía a nuestro país continuar pagando a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

En un comunicado, el ministro de Economía aseguró que el magistrado neoyorquino “no resolvió absolutamente nada” y que los llamados “fondos buitres” siguen “amenazando” el proceso de desendeudamiento. Además, reiteró la voluntad de pago de nuestro país.

“El juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro”, afirma el texto publicado por la Sala de Prensade la cartera económica.

Griesa rechazó hoy el pedido argentino de mantener la cautelar que le permitiría a nuestro país continuar pagando a quienes sí ingresaron al canje. Esto obliga a los representantes del gobierno a llegar a un acuerdo con los holdouts antes del 30 de julio, cuando vence el período de gracia del pago a los bonistas reestructurados. De haber arreglo, Argentina entraría en default técnico a partir de esa fecha.

El funcionario explicó nuevamente “la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes”, argumentada en la famosa cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que permitiría a los bonistas reestructurados pedir el monto total de la deuda,una cifra que “supera los 120.000 millones de dólares”. Además, aclaró que pagar el monto total violaría la ley argentina, “exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles”.

“Los fondos buitres sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique. Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la claúsula RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable. El juez no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO que figura en los prospectos de todos los títulos emitidos en los canjes de los años 2005 y 2010 en poder del 92,4% de los acreedores”, criticó el comunicado.

Kicillof contó también que Argentina intentó pagar el vencimiento a los acreedores estructurados el 26 de junio, por una suma de 1151 millones de dólares, que fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BONY). “Sin embargo, el juez dio orden a los distintos eslabones del circuito de pagos para que no dejen cobrar a los bonistas. Es decir, actuó como un bloqueo de cobro que recayó sobre dinero que es propiedad legítima del 92,4% de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010″, denunció.

“Ante esta conducta, los propietarios de los bonos le solicitaron que permita realizar el cobro, lo mismo que los bancos Euroclear, Clearstream y hasta el propio BONY le pidió que le clarifique qué hacer con el dinero. El juez Griesa, pese a haber convocado a la audiencia para resolver estas cuestiones, dejó todo en suspenso, amenazando a la República Argentina con lo que él insiste en denominar “default”, repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres (ATFA)”, completó el texto.

Para el Ministerio de Economía, “los fondos buitres son células financieras especulativas que tienen sede en guaridas fiscales para no pagar impuestos, ni siquiera en los Estados Unidos. Nunca le prestaron dinero a la Argentina, sino que adquirieron los títulos a precio vil luego del default de 2001 con el único objetivo de conseguir un tratamiento especial, mejor que los que ingresaron a los canjes”.

“Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños. La Argentina quiere honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables”, concluyó el comunicado.