El dilema de 'Progresar'... sin empleo

En un intento por contener la escapada del dólar, el Gobierno anunció una nueva política cambiaria. Y no hizo, en cambio, lo más importante: alguna referencia a medidas tendientes a contener la expansión del gasto público y a mejorar la calidad de su gestión. Muy por el contrario, se anunció un nuevo incremento de gasto público a través del Progresar. He aquí un apunte sobre las fallas en las improvisaciones de las autoridades.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa) Ante el persistente drenaje de reservas las autoridades anunciaron una nueva política cambiaria. Junto con ello, se dispuso la instrumentación del programa Progresar con el objetivo de paliar la marginalidad que sufren millones de jóvenes. Se sigue sin tomar conciencia de que la escapada del dólar refleja el exceso de gasto público muy mal administrado y que, por lo tanto, no habrá solución sin una profunda transformación del sector público. Pero más grave aún es inducir a miles de jóvenes, en el inicio de su vida productiva, a la dependencia del asistencialismo. 

Las autoridades anunciaron una nueva política cambiaria. Más allá de la fuerte devaluación del peso, lo más importante es que no se hizo ninguna referencia a medidas tendientes a contener la expansión del gasto público y a mejorar la calidad de su gestión. Muy por el contrario, junto con las disposiciones que disponen un relajamiento parcial del “cepo” cambiario, se anunció un nuevo incremento de gasto público a través del Progresar.

El objetivo declarado de esta iniciativa es atacar el problema de los “ni–ni”, es decir, jóvenes que no trabajan ni estudian. El Progresar aspira a promover el estudio de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que no trabajen, o que lo hagan con remuneraciones inferiores al salario mínimo legal ($3.600), a través de un estipendio promedio mensual de $600. Para ello deberán demostrar que cursan estudios en una institución reconocida por el Ministerio de Educación o por el Ministerio de Trabajo. Se focalizará en los hogares pobres al establecerse que los ingresos de los padres tampoco superen los $3.600 mensuales. 

Según las encuestas de hogares del INDEC, en el país hay aproximadamente 4,5 millones de jóvenes urbanos que tienen entre 18 y 24 años de edad. Sus principales características son las siguientes:

• El 15% tiene empleo asalariado registrado con un salario bruto estimado en $6.200.

• El 30% tiene un trabajo precario (asalariado “en negro”, cuentapropista, servicio doméstico o familiar sin salario) con remuneraciones en el orden de los $1.850.

• El 55% no trabaja de los cuales un 23% tampoco estudia y un 32% sigue estudiando.

Estos datos oficiales muestran que aproximadamente la mitad de los jóvenes se encuentra en situación de vulnerabilidad, ya sea porque tienen un empleo de baja calidad o porque declaran no trabajar ni estudiar. En contraposición, menos de 1 de cada 6 jóvenes tiene un empleo asalariado formal. Bajo estas condiciones, tan o más importante y urgente que inducir el retorno a los estudios es promover la generación de oportunidades de empleo de calidad para los jóvenes de entre 18 y 24 años. 

Una de las debilidades del Progresar es no contemplar esta necesidad. Este rasgo negativo se potencia por el hecho de que el control de la asistencia escolar se hará de la misma manera que la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es decir, aplicando el mecanismo rústico y obsoleto de exigir la periódica presentación ante las oficinas de la ANSES de un certificado escolar firmado por la autoridad de la escuela u oficina de capacitación. Este instrumento es muy burocrático y permeable al fraude al punto tal que constituye el principal factor que explica que la AUH opere, en la práctica, como una mera transferencia asistencialista. Aplicado a jóvenes que se encuentran en el inicio de su vida productiva resulta un peligro social. El Progresar, más que estimular el avance en los estudios, agregará incentivos a no buscar un empleo formal convirtiéndose en un factor de promoción de la dependencia a perpetuidad del asistencialismo estatal.   

El problema de los “ni–ni” es grave y merece ser atendido con urgencia. Que no haya más espacio para aumentar el gasto público no justifica demorar las acciones para resolverlo. Por el contrario, aumenta la pertinencia de reducir el derroche de fondos públicos y ser más creativo y pertinente en el diseño de las estrategias. En lugar de la riesgosa masificación del asistencialismo, el esfuerzo del Estado debería centrarse en reducir las trabas burocráticas y los costos impositivos que desalientan la contratación de jóvenes. De esta forma, se puede lograr un mercado laboral juvenil más dinámico que automáticamente potenciará la efectividad de las acciones educativas y de formación para el trabajo.

Inducir a los jóvenes, en el momento de su ingreso a la vida productiva, a depender del asistencialismo es un error estratégico cuyas implicancias negativas son difíciles de dimensionar. Que oficialismo y oposición acuerden en esta opción, sea por oportunismo y/o falta de ideas, es mucho más preocupante que las improvisaciones que vienen cometiendo las autoridades en sus intentos por controlar la escapada del dólar.