Revés judicial para la Fundación de Madres de Plaza de Mayo

Un ex empleado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quien se desempeñó como “seguridad” en el desarrollo de viviendas sociales en el barrio porteño de Lugano y fue despedido cuando estalló el escándalo con los hermanos Schoklender, ganó un juicio laboral por más de 25 mil pesos.El juicio se realizó en virtud del despido “sin causa” que sufrió el 9/08/2010, cuando el conflicto entre Hebe de Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender tomó conocimiento público.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Un ex empleado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quien se desempeñó como “seguridad” en el desarrollo de viviendas sociales en el barrio porteño de Lugano y fue despedido cuando estalló el escándalo con los hermanos Schoklender, le ganó un juicio laboral por más de 25 mil pesos.

Pablo Damián Soler inició acciones legales contra la Fundación en virtud del despido “sin causa”que sufrió el 9/08/2010, cuando el conflicto entre Hebe de Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender tomó conocimiento público.

Soler denunció que ingresó y trabajó bajo relación de dependencia de Madres “a fin de realizar tareas de seguridad el 10 de marzo de 2010 en la sede ubicada en el complejo Lugano 1 y 2 de esta ciudad, cumpliendo un horario de lunes a sábados de 9 a 17, por lo que percibía una remuneración mensual de 3.206 pesos”.

El 9/08/2010 “fue despedido sin causa y pese a sus reiterados reclamos, la accionada nunca le abonó la liquidación final indemnizatoria”.

El juez laboral de primera instancia Fernando Vilarullo, primero, y la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo, ahora, le dieron la razón al trabajador y condenaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo a indemnizarlo con “la suma de 25.301,30 pesos con más los intereses”; la entidad humanitaria deberá pagar, además, las costas del juicio.

La propia Fundación admitió la presencia laboral del trabajador en el complejo Lugano 1 y 2, donde reconoció “no realizó otra tarea en ese lugar que no fuera la relacionada a la construcción de viviendas sociales”.

Los jueces Miguel Ángel Pirolo y Miguel Ángel Maza, además, rechazaron incorporar al trabajador al régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción, creado por la ley 22.250, sancionada durante la última dictadura (en 1980) e invocada por Madres de Plaza de Mayo.