Lázarogate: Amplían la denuncia contra Cancillería por trabar los exhortos

La Cancillería argentina, cuyo responsable de Héctor Timerman, mantiene desde junio ‘congelados’ los exhortos a Uruguay en el marco de la investigación del lázarogate donde se intenta determinar si Uruguay fue destino o formó parte de la ruta de salida de lo recaudado por actividades ilícitas precedentes de lavado de activos, como el pago de sobreprecios al empresario K Lázaro Báez en obras públicas en la Provincia de Santa Cruz. Los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido anunciaron que ampliarán su denuncia contra la Cancillería por esas demoras. EL juez uruguayo Néstor Valetti ya se había quejado ante el congreso de su país por la “falta de reciprocidad argentina”.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Lázaro Báezcuenta con la lentitud del juez Sebastián Casanello que siempre llega tarde a los allanamientos pero también con la pereza de Héctor Timerman que hace casi 4 meses que está demorando el envío de los exhortos a Uruguay donde se sospecha que podría haber  -o haber transitado- dinero producto del lavado de activos.

En 11/09 en Urgente24 dimos cuenta de un artículo del diario uruguayo El País que hacía referencia a esta situación en torno a unos US$ 14 millones para la compra en Punta del Este una chacra de 150 hectáreas y US$ 1,5 millón girados a Suiza desde Uruguay a través de una empresa panameña vinculada a Báez.

La investigación que se inició en abril tras la denuncia de los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido, intenta determinar si Uruguay fue destino o formó parte de la ruta de salida de dinero recaudado por actividades ilícitas precedentes de lavado de activos, como el pago de sobreprecios al empresario K Lázaro Báez en obras públicas en la Provincia de Santa Cruz, denunciado por Jorge Lanata, lo cual dio comienzo a la investigación judicial, relató el matutino.

La causa en Uruguay está "congelada" desde mediados de junio y no puede avanzar hasta tanto llegue información solicitada por exhorto a la justicia argentina.

La diputada Ocaña denunció que la demora no puede adjudicarse a la Justicia sino a la Cancillería argentina y por eso anunció este jueves (26/09) que en las próximos días junto con Manuel Garrido ampliará la denuncia contra la Cancillería por las trabas en la cooperación con Uruguay en la causa judicial en que se investiga a Baez.

Los legisladores le entregarán al juez federal Sebastián Casanello una copia de las declaraciones del juez uruguayo Néstor Valetti ante el congreso de su país quejándose de la “falta de reciprocidad argentina” en materia de intercambio de exhortos, precisó este 26/09 el diario Clarín. De estos y otros datos, los diputados deducen que la Cancillería o la embajada argentina en Uruguay traban los exhortos judiciales.

Según el matutino, los tres exhortos enviados a fines de mayo por la jueza De los Santos a la justicia Argentina aún no han sido respondidos.

Ocaña y Garrido ya se habían quejado ante la Cancillería luego del malestar expresado en Uruguay por la escasa colaboración de parte de Argentina sobre los exhortos en el Lázarogate. Pusieron como ejemplo un caso similar que se planteó en una causa con Suiza sobre el camioneroHugo Moyano.

Además de Timerman, los responsables de los exhortos son también la secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional Paula Verónica Ferraris -cuyo marido se vio obligado a renunciar recientemente por expresiones antisemita y maltrato, Encinas Esquivel y la directora de Asuntos Jurídicos, Virginia Lynn. Éstas últimas pertenecen a la agrupación La Cámpora.

En Uruguay lo que la justicia tiene probado es que hubo irregularidades en la venta de la chacra El Entrevero en Punta del Este, por lo menos en aspectos administrativos ya que no se cumplieron requisitos de la ley para prevenir el lavado de activos que obligan a investigar el origen de los fondos.

El inmueble fue comprado por Daniel Pérez Gadín, contador vinculado a Báez y los operadores que intervinieron en la compraventa dijeron que los controles antilavado los hicieron los bancos que prestaron sus instrumentos para llevar a cabo la transacción inmobiliaria.