Macri sigue complicado por las offshores

La misma periodista de Canal 13 que ahora dirigiría el informativo central de Canal 7 fue quien le anticipó a la Casa Rosada que Mauricio Macri aparecería en lo que se conoce como 'Panamá Papers', y lo hizo durante el verano. ¿Qué ocurrió en la Presidencia? ¿Irresponsabilidad o confusión? ¿Impunidad? El Presidente se ha complicado innecesariamente en una coyuntura que ya se sabía resultaría compleja por el ajuste socioeconómica en marcha.

Los problemas de Cristina Fernández de Kirchner no ocultan los de Mauricio Macri: conclusión de días ajetreados.

Eduardo van der Kooy en el diario Clarín:

"(...) La política y las instituciones en la Argentina parecen presas de una corrosión indetenible. La sociedad difícilmente logre jerarquizarse en un contexto donde las conversaciones cotidianas rondan casi excluyentemente la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, la criminalidad y el estado de sospecha.

Aquellas referencias apuntan además sólo a presidentes o ex presidentes. No sería difícil conjeturar el grado de descomposición hacia abajo en la imaginaria pirámide del poder. Tampoco debería dejarse de reparar en otra cosa. En todos los años repasados sucedieron ciclos de mejoras económica y social. En especial, un poco con Menem y bastante con el kirchnerismo. Ninguno quiso aprovechar esa circunstancia propicia para corregir o, al menos atenuar, aspectos estructurales que a la larga desquician cualquier democracia. Por caso, la impunidad. Al contrario, en ambos períodos se acentuó como nunca, incluso con anuencia popular. La insustentable bonanza económica resultó una anestesia formidable.

Seguramente Macri y su tropa no mensuraron esa situación cuando no adoptaron ninguna previsión en torno al Panamá Papers, sobre el cual fueron notificados dos veces: un mes y una semana antes de la divulgación. De lo contrario, no hubiera demorado cuatro días en brindar explicaciones personales. Y en tratar de reforzar su blindaje: su fortuna será administrada por terceros en un fideicomiso mientras ejerza la primera magistratura. El Presidente no llegó a la Casa Rosada de repente aunque sí con un grado de sorpresa. (...) Su aparición en sociedades de paraísos fiscales data de 1998 y 2007. No hay a la vista, por lo divulgado hasta ahora, ninguna ilegalidad. Pero su empinamiento en el poder coincidió con la explosión de la corrupción kirchnerista y, por ello, con la bronca más explícita de sectores sociales mayoritarios. No hay ilegalidad, como se dijo, pero ver al presidente recién estrenado indolente ante aquellos menesteres no constituiría buena señal.

Esa desatención de Macri y de parte del oficialismo no habría sido la de todos. Pero los disgustados de Cambiemos depositaron en Elisa Carrió el papel de fiscal interior. En la tercera sesión del Congreso desde que inauguró su gestión, el macrismo tuvo que someterse a una pulseada con la oposición que reclamó, con el coro del FpV y la izquierda, una interpelación a Macri. Salió a flote sin problemas en Diputados con 131 votos de la mano de Emilio Monzó, pero dejó deudas con sus aliados que, seguro, deberá saldar en el futuro. El Frente Renovador, con la voz de la diputada Graciela Camaño, le había demandado explicaciones públicas al Presidente por los Panamá Papers. Pero la agrupación de Sergio Massa sufragó abroquelado en defensa de aquél. Quizá Macri, de ahora en más, deba moderar el mote de “oportunista” que suele colgarle al diputado de Tigre.

El caso tendrá un curso de doble vía. Macri debe rendir cuentas ante la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso. La mujer macrista ya recibió recriminaciones por falta previa de imparcialidad. El fiscal Delgado lo imputó para investigarlo. Jurídicamente no significa mucho. Políticamente sí. El juzgado corresponde a Sebastián Casanello. (...)

El macrismo no se habría percatado de otra situación. Sus titubeos permitieron salir momentáneamente de la asfixia al kirchnerismo, atribulado por las detenciones del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y de Lázaro Báez. (...)".

Coincide, brevemente, Joaquín Morales Solá en el diario La Nación:

"(...) Demasiado lento, el Gobierno reaccionó cuatro días después como debió hacerlo el mismo día de las filtraciones de Panamá Papers. La decisión del Macri de presentarse voluntariamente a la Justicia no fue una reacción ante la imputación del fiscal Federico Delgado, que sucedió el jueves. La decisión estaba tomada desde el martes, pero ningún abogado del Presidente sabía nada de esos papeles, de los que el Gobierno tenía conocimiento desde hacía un mes. (...)".

Eugenio Paillet en La Nueva Provincia:

"La impudicia de los jueces y fiscales que tras años de estar debajo de la cama salieron ahora a hacer un curso acelerado de eficiencia y republicanismo, no alcanza para tapar el patinazo de Mauricio Macri. Tampoco sirve, mal que les pese a quienes apenas si se aferraron a ese detalle como única estrategia, el desfile de arrepentidos y presos del mundo K por los tribunales de Comodoro Py. El error del presidente y la fallida estrategia que le siguió a la intención de minimizar su participación en cuentas offshore de su padre Franco en paraísos fiscales, si es que las cosas llegaron hasta aquí y no aparecerán nuevas sorpresas, puede costarle salir del embrollo bastante más que lo que su propia mesa chica imagina.

La impresión en algunos despachos del Gobierno donde se analiza el incidente sostiene que el escándalo que atrapó a Macri a partir del pasado domingo se pudo haber evitado. O minimizado sus alcances y consecuencias. Para empezar hay quienes dicen que la aceptable presentación del presidente del jueves en el Salón Blanco de la Casa Rosada debió haberse hecho el mismo lunes. No solo porque la denuncia se difundió mundialmente el domingo a las 3 de la tarde sino porque el propio Macri había sido notificado por el consorcio de periodistas el 8 de febrero de que tenía un cuestionario para que lo respondiese. ¿O ese cuestionario fue a manos de altos funcionarios y no a las del Presidente, a quien se le ocultó el tema? Anida en fuentes oficiales la certeza de que en la cima se ninguneó el problema. O que se estimó que con el comunicado del domingo por la noche en el que se explicó que Macri nunca cobró honorarios ni tuvo acciones en las empresas en Panamá y Bahamas alcanzaba. "Al Presidente tal vez otra vez lo asesoraron mal", dice un ministro sin hacer nombres. No le faltaría razón.

Macri tuvo que salir el jueves a correr detrás de la imputación que le hizo el fiscal Federico Delgado, cercano al kirchnerismo y que ya había denunciado las supuestas vinculaciones non sanctas de Macri y Daniel Angelici con los jueces federales. Para más datos, ese apurón tuvo otro capítulo: se resolvió adelantar para ese discurso dos iniciativas que estaban destinadas a generar otro impacto mediático a partir de la semana que viene, como la presentación del fideicomiso ciego sobre los bienes del presidente y la ley de Acceso a la Información.

El Presidente aparece complicado y hay un análisis bastante generalizado entre los observadores y consultores: le va a costar salir y retomar la senda. En modo especial porque hasta ahora la sociedad le había hecho el aguante en las encuestas, pese al tarifazo en los servicios, al aumento del transporte, la irrefrenable suba de los precios, la pérdida de empleos y los despidos. (...)

Esta semana se mandaron a hacer encuestas para consumo interno ya hay también resultados de algunos focus group que maneja la Secretaria de Medios de Comunicación y en ocasiones el ministro Hernán Lombardi. Los resultados serían tan ilustrativos como preocupantes: las personas sostienen que le creen al Presidente, pero se preguntan por qué si no tenía nada que esconder no declaró en su momento que era director de aquellas empresas. Esa es en sí mismo otra cuesta que el Gobierno deberá remontar en busca de credibilidad: la mala prensa que tienen siempre las cuentas offshore o los paraísos fiscales. En el 95 por ciento de los casos se las asocia con negocios turbios, lavado de dinero, narcotráfico, evasión de impuestos, y no con negocios lícitos, pese a que muchas empresas (de hecho la estatal YPF) que operan de esa manera lo hacen dentro de la legalidad.

Parece nomás que el entuerto del que debe salir Macri es una cuestión de legitimidad de procedimientos más que de la legalidad de esas acciones.(...)".

Nora Veiras, desde Página/12, reflota un interesante tema competencias de la Inspección General de Justicia que, además, Alejandra Gils Carbó intenta utilizar a su favor:

"La obsesión del PRO por estas sociedades pantalla es una constante desde que llegaron al poder político. Macri asumió en diciembre de 2007 como jefe de Gobierno porteño. El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura “la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Nissen ironiza: “No se trató de un mediático clamor popular reclamando un registro porteño por casos de corrupción o denuncias contra IGJ lo que motivó esa ley”.

La formación de un registro “mellizo” del Nacional que se anunciaba con trámites más ágiles y rápidos en una jurisdicción que por la ley de autonomía de la comuna –conocida como ley Cafiero– mantiene en la Nación las atribuciones de la IGJ fundamentaron el planteo de inconstitucionalidad de la fiscal el 2 de febrero de 2009. “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”, sostuvo la fiscal y abundó: “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de offshore (...) La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”.

La presentación se realizó ante el fuero Comercial, el derrotero judicial llevó la causa al fuero Contencioso Administrativo y, ocho años más tarde, la jueza subrogante Marra Giménez desconoce las atribuciones de la fiscalía como demandante.

Durante el kirchnerismo, Gils Carbó ascendió a la Procuración General de la Nación con acuerdo mayoritario del Senado. Ya en campaña electoral Mauricio Macri la había elegido como una de las funcionarias a eyectar de su cargo a pesar de la estabilidad que le garantiza la ley. Entre los motivos de su antipatía hacia la funcionaria se encuentra la medida cautelar con la que logró suspender la IGJ porteña. Esta semana, la frontalidad del embate mutó a cuatro proyectos de ley para recortar sus atribuciones que el Gobierno acaba de enviar al Congreso. El acotamiento de su permanencia a cuatro años, que el ministro de Justicia Germán Garavano pretende aplicar en forma retroactiva, y la fragmentación de la Procuración para subordinarla políticamente son los ejes de la reforma de Cambiemos.

Gabriela Boquin, la nueva fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial y el fiscal en lo Contencioso Administrativo Fabián Canda apelaron el fallo de Marra Giménez y cada uno fundamentará antes de fin de mes su decisión. Boquin consideró ante Página/12 que “el fallo de por sí es nulo porque le niega legitimidad procesal al Ministerio Público fiscal cuando la Constitución establece que su función es velar por el interés general y el debido proceso” y destacó que este fallo que después de ocho años no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley “quiere silenciar al ministerio público que es un extrapoder garantizado por la Constitución”. Boquin señaló como un agravante la actitud de la Inspección General de Justicia que también era demandante en esta causa y del Ministerio de Justicia, de quien depende la IGJ, que no apelaron el fallo a pesar que desconoce la función del Ministerio Público Fiscal. (...)".

Mariano Obarrio en el diario La Nación, dando cuenta de un intento de recuperación de Macri ante la opinión pública:

"(...) Dentro de diez días enviaría al Congreso el proyecto de ley de eliminación del IVA para la canasta básica de alimentos dirigido a beneficiarios de planes sociales y jubilados.

En dos semanas, anunciará la ampliación de la asignación universal por hijo (AUH) para monotributistas y luego busca ampliar la AUH para 1,5 millones de chicos que están en condiciones de recibirlo y no lo perciben por falta de información o errores administrativos. Para ello habrá un crédito de 600 millones de dólares del Banco Mundial.

Macri convocó ayer (09/04) a Olivos a su gabinete social y a instituciones dedicadas a los sectores vulnerables. Abrió la reunión con una pregunta: "¿Qué hacemos con la pobreza en esta emergencia?" La preocupación de todos los ministros consiste en que, si bien hay promesas de inversiones y financiamiento para después del acuerdo con los holdouts , la reactivación puede demorar hasta un año. Mientras tanto, la pobreza creció de 29 a 32,5% desde diciembre (1,4 millones más de pobres), según el índice de la UCA, y así surgió la urgencia de ocuparse de las consecuencias de la inflación, los aumentos de tarifas y los despidos en varias empresas.

Una conclusión central del desayuno de ayer fue que el sector que más sufre es el de la informalidad: no tiene protección social, prepaga ni es beneficiario de planes.

Por eso se esbozó una idea de extender un beneficio para esos jóvenes y armar planes de pasantías en empresas con la coordinación de las organizaciones sociales que los capaciten en lo laboral y le permitan al Estado penetrar los barrios.

En primer término el Presidente se reunió a solas con la vicepresidente Gabriela Michetti ; el jefe de Gabinete, Marcos Peña ; el secretario general, Fernando De Andreis, y los ministros de Educación, Esteban Bullrich ; de Trabajo, Jorge Triaca ; de Desarrollo Social, Carolina Stanley , y de Salud, Jorge Lemus.

Luego amplió la charla a Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), el dirigente social Héctor "Toty" Flores, de la cooperativa La Juanita; Cecilia Pérsico, que dirige un comedor comunitario en La Boca, y el psicólogo Daniel Cerezo, que coordina talleres de arte.

"Hubo mucho debate, pero no decisiones concretas", señaló a LA NACION uno de los presentes. (...)".