La Argentina no goza de buena salud y el gobierno está en babia

La salud pública fue, sin duda alguna, el talón de Aquiles de la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Es curioso que al llegar a la Nación haya insistido con Jorge Daniel Lemus como ministro, a quien había removido en 2012 en la Ciudad porque no le brindaba resultados suficientes. Pero no es el único dato que provoca intriga. En tanto, hay otros que explican el tamaño del desafío.

Los sanatorios quieren aumentar las camas, las prepagas las cuotas, los médicos el arancel, el gremio de sanidad, los sueldos, los hospitales la seguridad: toman todos, saldría en el juego de la perinola, excepto la demanda de salud de la población. Pero hay un híbrido estructural en el sistema de salud que viene de lejos, está cerca de colapsar, y hoy le toca al gobierno de Mauricio Macri evitarlo, a la vez que dar respuesta a nuevas pestes generadas por el cambio climático y la pobreza, como el dengue, zika y chikungunya.

¿Tiene vocación de hacerlo? ¿Comprende de verdad la problemática y reúne el coraje para afrontarla? Claves y Key Market sacaron una tomografía informativa para plantear el cuadro de situación que el ministro del área,Jorge Lemus, debería aprehender si quiere tener revancha del penoso paso por la cartera porteña que lo llevó a renunciar en 2012. Si Macri lo nombró en tan importante cargo sólo como agradecimiento por salvarlo de morir ahogado con un bigote durante la boda con Juliana Awada, ahora debería curar la gestión presidencial organizando una cobertura de salud de excelencia, empezando por los más vulnerables.

Posiblemente somos la generación de seres humanos que más vivirá desde los inicios de la historia, y nuestros hijos y nietos, por término medio, vivirán aún más.

La mala noticia es que alguien deberá financiar esta sobrevida con una pirámide poblacional que va dejando de ser tal para convertirse en un rombo. Además, como estamos mucho más informados que nuestros abuelos, tenemos un sentido de inmediatez del que carecían las generaciones anteriores. Y si hay un nuevo tratamiento, exigimos su aplicación y muchas veces perdemos de vista que nuevo no quiere decir mejor.

Enfermedades como el dengue, zika y chikungunya plantean desafíos nuevos, incluso desconocidos ante los cuales el sistema de salud debe reaccionar, responder ya, ayer. Es el corolario del informe especial firmado por la analista senior de Key Market, Paula Anselmi, en la revista especializada Médicos.

Pero esa mirada a futuro encalla con el presente en riesgo de colapso porque el sistema de salud viene siendo cada vez más inequitativo a lo largo del tiempo, y en los 12 años de gobierno K no se logró resolver. Conviven como en dos diferentes mundos el sistema público y la entente que forman las medicinas prepagas y las obras sociales, pero que no termina siendo ni chicha ni limonada:

> en 2015 movió $ 419.780 millones (más del 20% del PIB), que satisficieron a una minoría de la población y descuidaron al resto, de menor a mayor si se baja por la pirámide NSE: 

> 27,5 millones de personas, incluidos los 4,5 millones de PAMI, con alguna forma de cobertura paga a través de las obras sociales y/o la medicina privada;

> 14 millones con acceso parcial, de baja calidad y profundamente desigual al servicio que depende exclusivamente del Estado (ya sea nacional, provincial o municipal).

Es lapidario el “Informe de Coyuntura del Mercado Argentino de Medicina Prepaga y Obras Sociales”, fechado en marzo 2016, de Claves Información Competitiva apunta que “el sistema de salud público carece de una infraestructura (hospitales y centros de atención pública) y calidad acorde a las necesidades de la población, creando un contexto de negocio propicio para el desarrollo de prestadores privados de servicios de salud”.

En tono más reflexivo, la analista senior de Key Market, Paula Anselmi, escribe en la revista especializada Médicos que la fragmentación del sistema sanitario profundizó hasta límites peligrosos las desigualdades; mantuvo un componente privado sumamente alto (y encima cada vez más concentrado) que sólo trasluce problemas de equidad: “quienes no pueden afrontar este gasto no acceden a los servicios de salud”, sentencia.

Traducido en participaciones porcentuales, el informe especial de Key Market muestra claramente la desproporción:

> 33% de la población más desprotegida con menores recursos depende del 27% del financiamiento, y

> 13% de la población, principalmente urbana y relacionada al trabajo formal, es abastecida de servicios de salud con 16% del gasto.

El heredero de estas desigualdades y fractura del sistema de salud argentino no es precisamente el más idóneo para resolverlas, por la sencilla razón que pregona pero “no siente” la salud pública.

De modo que, como sucediera con el kirchnerismo, el macrismo recibe una política de Estado, tan sensible para la población, convertida en un híbrido para no pisarles los callos a los sindicales, que son administradores de contribuciones forzosas de los trabajadores y en la mayor parte de los casos acuden a las prepagas como efectoras, a los grupos económicos concentrados de la medicina privada, que se fueron comiendo a los peces más chicos, y a los gremios de la sanidad que amparan a las burocracias que atentan contra las urgencias inmanentes a la atención de la salud.

Sorprendería que Macri se contagiara de un Barack Obama, por ejemplo, y tomara coraje para hacer un Medicare o un seguro de salud como el que rige en Estados Unidos, que no tendrá el hipócrita slogan de gratuito, como el de acá, pero que está a la mano de cualquier ciudadano. De lo que se puede estar seguro es que no lo aplaudirá ninguno de los jugadores privilegiados de la confusa estructura de la salud antes mencionados.

El pivote de las obras sociales

Describe Key Market que, en especial las obras sociales nacionales, difieren en forma substancial en la cuestión ingresos,  ya que éstos se vinculan directamente con los salarios y con las subas obtenidas en paritarias, o sea, de los incrementos automáticos de la mano de los aportes de los trabajadores.

Por lo tanto, incluso, en parte se ha acortado la brecha entre los aportes promedio mensuales de las obras sociales nacionales y las de dirección (jerárquicos, ejecutivos). Da como ejemplo, en parte, que algunos de los proyectos de centros prestadores provengan de la seguridad social, como el recientemente inaugurado Hospital Santa Isabel de Hungría, del Sindicato de Camioneros en Mendoza, o el emprendimiento de UPCN en San Martín, su Ciudad Médica.

Explica Claves cómo recaudan las obras sociales: se financian con aportes patronales (6%) y de los empleados (3%), que se calculan sobre la base del salario bruto de los trabajadores. Estos aportes van hacia los sindicatos en los cuales estén afiliados, dependiendo la industria en la cual desarrollen sus actividades.

Es decir que el 63% de la población está cubierto por el sistema de obras sociales, y cómo según proyecciones del INdEC, en 2016 la población de Argentina es de 43,6 millones de personas, quiere decir que 27,5 millones de personas son cubiertas por el sistema, de las cuales alrededor de 4,5 millones pertenecen a PAMI, la mayor obra social del país, que cubre las demandas de la población pasiva y se financia con aportes de los jubilados más el 3% mensual del salario bruto de los empleados en relación de dependencia.

¿A qué dedican las obras sociales semejante caudal? Según la revista Médicos, a contar en primer término con efectores que garanticen la atención de sus afiliados y, en segunda instancia, a aprovechar las carencias de camas en ciertas zonas, volcándolas al mercado. Aúnan dos vectores: capacidad económica e integración vertical.

En cuanto a las provinciales, continúan atadas a las gobernaciones, al empleo público y a la cautividad de sus afiliados.

“Discutir su viabilidad implica definir cuál debe tanto; el análisis debería exceder el monto invertido y profundizar en cómo se gasta ese dinero; si es en aquello que debe gastarse y con la eficiencia que los requerimientos sanitarios de la población demandan”, sostiene Anselmi.

Claves deduce en la minuta con la que presenta su informe que, como el acceso a los servicios de las obras sociales (OS) y las empresas de medicina prepaga (EMP) es restringido a quienes aportan por ley y/o voluntariamente, como los empleados en relación de dependencia registrados, monotributistas y jubilados (a través de la obra social PAMI), la población de más bajos recursos y con empleos informales queda excluida de un servicio de salud de calidad o cautiva de lo que le brinden los hospitales o dependencias sanitarias provinciales y municipales.

Darwinianismo médico

Mientras que entre los financiadores privados se aprecia una tendencia hacia la concentración (durante 2011 las 5 primeras empresas representaban el 72% de la facturación del sector, mientras que durante 2015 las 5 líderes justificaban el 77% de las ventas), entre los prestadores la dispersión es mucho mayor.

A 2015, se encuentran alrededor de 1.951 entidades de salud con internación en el subsector privado y las 5 primeras instituciones representaron durante 2015 el 18% de la facturación. En el mundo de los prestadores, se repiten los reclamos por el atraso de aranceles, por el estiramiento de los plazos de pago, por los desfases, por el incremento de los costos tanto de los recursos humanos (la actividad hace un uso intensivo de mano de obra calificada) como de todos los insumos que hacen al servicio, por el tratamiento del IVA, dentro de una larga lista de etcéteras.

> La cantidad de camas se ha incrementado en el último año en 0,35% algo menos que el crecimiento poblacional durante el mismo período.

> Persiste el dilema de si las camas existentes alcanzan para cubrir las necesidades de la población.

> Nuevamente, se repite la disyuntiva entre calidad y cantidad.

Las preguntas deberían transitar por la senda de si son las camas que se necesitan, o si tienen el nivel de complejidad que imponen las necesidades poblacionales en función de su perfil epidemiológico, etario y socioeconómico, o si están administradas con eficiencia.

Ciertamente, tanto financiadores como prestadores piden un ajuste de sus tarifas. Los referentes del sector esperan un diálogo más fluido, pero saben que no pueden solucionar en meses el atraso de años.

Las prepagas ya han obtenido la aprobación de un incremento del 9% en el valor de los planes a partir del 01/02.

Este aumento comenzará a cobrarse con las facturas de marzo en forma retroactiva. Sin embargo, hay empresas que se encuentran en condiciones insostenibles que benefician a los jugadores con “más espalda” para capear el temporal.

En consecuencia y como se ha señalado, la concentración se ha acentuado.

Entre los ejemplos notables en este sentido, durante 2015 SanCor Saludincorporó a Staff Médico, pero ya el año anterior Aca Salud pasó a controlarSAMA y los rumores de ventas no se han acallado para 2016. Otras avanzaron en la integración vertical como Galeno que inauguró el Sanatorio Trinidad Ramos Mejía, y comenzó a operar con Galeno Life (aprobada en diciembre de 2014), sin descuidar el negocio de ART, por nombrar sólo un caso. Incluso OSDE anunció que incursionará abiertamente en el mercado prestador con el desarrollo de un sanatorio en la ciudad de Mendoza junto con ASE, una señal elocuente de aires de cambio.

El sector necesita ajustes, el grado con que se realizarán es un tema apremiante. Pero no es todo.

Es la solución inmediata pero no definitiva. Temas como la prestación médica obligatoria (PMO), coberturas, copagos, prevención, falta de personal en enfermería y algunas especialidades médicas y violencia, entre otras requieren un análisis racional y escrupuloso.

De transición en transición

2015 fue un año de compás de espera. Pocos se atrevieron a inversiones importantes “hasta ver qué pasaba”. Un año electoral durante el cual se agudizaron los problemas que aquejan al sector salud en general, tanto entre los financiadores como entre los prestadores.

Los incrementos en las cuotas de la medicina privada quedaron nuevamente por debajo de la inflación medida por las consultoras particulares.

Los incrementos salariales otorgados al personal de la sanidad empañaron cualquier ajuste de tarifa otorgado a las instituciones prestadoras. No obstante, hubo ciertas señales que denotan cambios significativos en la forma de entender el negocio.

La salud se rige por propia problemática anudada a los problemas de coyuntura.

Tiene su propia evolución, su propia inflación, y estas particularidades requieren una reformulación sincera, honda y a largo plazo del sistema en su conjunto.