A pesar de las críticas, hubo dictamen a favor de la Ley de Abastecimiento

El oficialismo consiguió esta tarde en el Senado dictamen de comisiones para la nueva Ley de Abastecimiento, aunque la iniciativa, que será llevada al recinto la próxima semana, contempló una serie de modificaciones. El dictamen se logró luego de dos jornadas de exposiciones de distintas organizaciones no gubernamentales, así como del sector empresarial.

Entre los expositores que se manifestaron en contra, el representante de la Unión Industria Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja mantuvo un discurso fuerte al calificar esta tarde al proyecto de “inconstitucional, inconveniente, inoportuno e irrazonable” para luego afirmar que “perjudicará severamente las inversiones” en el país.

“El corazón de la ley son estas facultades discrecionales del poder administrativo”, dijo el dirigente empresario y sostuvo que el proyecto crea “figuras cercanas a una estatización del mercado“.

Funes de Rioja destacó que el artículo 76 de la Constitución Nacional que fija la delegación de facultades “es para que el equilibrio, nos de garantías a todos” y la ley en ciernes iría contra ello por la “delegación discrecional” que permite.

Al respecto, dijo que “hay un cúmulo de discrecionalidades” en el proyecto que “no favorece a los derechos de los ciudadanos” porque, recordó, “los empresarios son también ciudadanos”.

Además, puntualizó que el proyecto contempla instrumentos “que han sido desechados por la legislación comparada” y, también “contradice tratados internacionales” suscriptos por la Argentina.

Al fijar la posición de la entidad ante las comisiones que analizan los proyectos del Poder Ejecutivo vinculados a los consumidores, Funes de Rioja alertó que la iniciativa “va a perjudicar severamente las inversiones en el país” por el nivel de “discrecionalidad” que otorga a los funcionarios para intervenir en el mercado.

Precisó a los senadores en la lectura de un documento elaborado por la UIA que en el proyecto de nueva ley de Abastecimiento “nada se menciona sobre como se tratará la información, en muchos casos de carácter sensible” que se tomará de las empresas, tampoco se indica “si se mantendrá el secreto estadístico” y no se legisla sobre “la responsabilidad del funcionario” respecto de los datos.