Deuda: La oposición esperará conocer la "letra chica" del proyecto

El oficialismo y la oposición peronista acordaron que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se presente el próximo miércoles 4 de septiembre en la comisión bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, que preside el senador José Mayans (PJ-Formosa). Allí, el ministro buscará explicar el proyecto de ley que difiere los pagos de la deuda, que ingresaría hoy por el Senado. Mientras, desde los distintos bloques opositores optaron por la cautela y sostuvieron que recién tomarán postura cuando conozcan la "letra chica" del texto que llegará al Congreso.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, asistirá el miércoles próximo a una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación, para dar explicaciones sobre el "reperfilamiento" de la deuda contraída con el FMI, según dijeron voceros de la cartera económica y del Senado.

También, tras reunirse con el candidato a presidente Alberto Fernández, el jefe del bloque del PJ Senado, Carlos Caserio, reveló que acordó con el oficialismo que el ministro asista al Congreso nacional para defender el proyecto sobre extensión de los plazos de la deuda pública y deslizó que, si bien considera que la iniciativa no es la mejor, "peor es decirle a los bonistas no les vamos a pagar".

La visita se concretará el 4 de septiembre, desde las 15:00, en el salón Atrio de la Cámara alta. Los legisladores pretenden, además, que a la reunión del miércoles próximo también asistan los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Lacunza, además, deberá explicar los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo Nacional para reprogramar el vencimiento de la deuda a corto plazo de documentos emitidos por el Estado en manos de personas jurídicas.

El bloque peronista ya anticipó que acordó con la bancada del oficialismo recibir al ministro para que "avance en una situación de la explicación".

El senador nacional por Córdoba lamentó que en su momento el Poder Ejecutivo no haya remitido al Congreso los acuerdos de endeudamiento, pero señaló que en las actuales condiciones lo único que queda es "llevar adelante" algún tipo de renegociación.

"Ahora hay que llevarlo adelante. No es que sea lindo pero peor sería decirle a los bonistas que no les vamos a pagar", consideró, aunque evitó confirmar si la bancada peronista acompañará la iniciativa del Gobierno, dado que se analizará su contenido una vez que ingrese al Senado.

Según publica esta mañana el diario 'La Nación', "el peronismo analiza la posibilidad de declarar su prescindencia en el debate legislativo de las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno".

Caserio le dijo también al mencionado matutino que su bancada decidirá el curso de acción a seguir después de escuchar al ministro, y agregó: "A mí lo que me hace ruido es que, después de tres años de tomar decisiones sin consultarlas, ahora le pidan al Congreso su opinión sobre el tema".

"Queremos saber si el Gobierno necesita esta ley para extender los plazos o si lo que está buscando es un respaldo político; eso le vamos a preguntar a Lacunza", agregó el sucesor de Miguel Pichetto.

Según el senador cordobés, una vez dilucidada esta duda y en consulta con Fernández, el Bloque Justicialista decidirá cómo responder ante la propuesta del Gobierno.

Voceros del Frente de Todos aseguraron que en la reunión de ayer el candidato presidencial no abrió juicio sobre el tema en su encuentro con Caserio. "No hay postura", respondieron, cortantes.

También con prudencia se manifestó el vicepresidente del Bloque Justicialista, José Mayans (Formosa), uno de los senadores más críticos, incluso durante la presidencia del bloque de Pichetto, con la política de endeudamiento del Gobierno.

"Tenemos que ser responsables porque los que les toca ahora a ellos (por el Gobierno) nos va a tocar después a nosotros", afirmó Mayans ante una consulta de ese matutino.

Mayans dijo también que antes de tomar cualquier decisión, el bloque "va a tener que pedir la opinión de los gobernadores". En otras palabras, no habrá decisiones apresuradas.

Según publicó 'Ambito Financiero', "el ala política ya se comunicó con diputados y senadores peronistas y kirchneristas, y apuntará a gobernadores de partidos provinciales para machacar la necesidad de mantener la calma con respecto a la deuda en el corto plazo. La ley -deuda de largo plazo-, en tanto, ya es considerada una cuestión que quedará para más adelante".

Según Jaime Rosemberg de 'La Nación', en el Gobierno oscilan entre el escepticismo -minoritario- y la certeza de que no habrá ayuda de Alberto Fernández y el kirchnerismo en el Congreso: ""Si no apoyan iría contra ellos mismos, pero todo puede ser", afirmó un miembro del gabinete. "Van a salir a romper todo, olvidate. No van a ayudarnos, más allá del equilibrio que tiene que hacer Fernández dentro de su coalición", dijeron a este diario muy cerca del Presidente."

Quien disparó tanto contra el Gobierno como contra Alberto Fernández fue Jorge Altamira, del Partido Obrero, en un artículo para 'Infobae', en el cual dijo: 

"El decreto de necesidad y urgencia que "reperfila" la deuda pública de Argentina violenta todas las "promesas" que hicieron el FMI, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Hasta hace pocas horas, el "pago de la deuda" era un juramento de todos los defensores del sistema político actual. La palabra "reestructurar" era considerada un anatema y hasta una "provocación". Ahora, la postergación del pago de USD 16 mil millones con vencimiento a corto plazo es defendido por todos como un aporte a la "estabilidad". Como este relato se viene repitiendo en forma regular desde hace dos años, la primera conclusión que se puede adelantar es que constituye un paso irreversible hacia la completa bancarrota financiera.

La benevolencia con la que los albertistas han recogido el decreto, cuando no el apoyo directo, es un monumento a la inconsistencia. Apenas un día antes de este decreto macrista que disfraza la declaración del default, Alberto Fernández había fustigado al FMI y al Gobierno por haber financiado la fuga de divisas de Argentina en lugar de proteger las reservas para pagar la deuda pública. Pues bien, el decreto en cuestión hace exactamente lo que denunciaba Fernández antes: declara una postergación del pago de deuda con el propósito de usar las reservas internacionales para habilitar esa fuga. Es lo que se desprende, sin mediar equívocos, del objetivo de asegurar la "estabilidad cambiaria". Se trata de un compromiso a ofrecer divisas hasta que las velas no ardan. Con esta penosa promesa, el Gobierno pretende disuadir a los tenedores de depósitos bancarios a que no los conviertan en dólares. Lejos de "desarmar" la principal bomba financiera, las Leliq, se atornillan a ella como si fuera la última tabla de salvación a su disposición. En poco tiempo comprobarán que tiene más agujeros que el queso.

El decreto excluye del default a "las personas humanas", una grosería de lenguaje, que pretende distinguirlas de otras personas, las jurídicas. Supone, además, que estos "humanos" serían votantes macristas. Las humanas, un 80% de los tenedores, poseen el 15% de la deuda de corto plazo; las jurídicas, el otro 85%. Entre estas (bancos, aseguradoras, fondos comunes o de inversión), figura la Anses, de modo que asesta otro golpe al sistema previsional, al que se pretende reformar con el pretexto de que sería "deficitario". Mientras algunos gerentes financieros venían proponiendo la posibilidad usar los títulos públicos para cancelar deuda con la AFIP e incluso con bancos públicos -lo que sería un modo fraudulento de valorizarlos-, el decreto de Lacunza-FMI hace lo contrario: posterga su pago sin garantías, despojando a muchos humanos (en su mayoría macristas, también) de sus depósitos en esos fondos. Los que tienen plata en los bancos tomaran nota de esto.

Las promesas incumplidas, los pronósticos fallidos, las connivencias interesadas y muchas otras cosas más atestiguan el default político de los actores del sistema, en especial los albertistas, que juraron que pagarían la deuda sin recurrir "al hambre del pueblo". (...)

Al final, el arbitraje político ha pasado a manos de Alberto Fernández (en realidad a Cristina): o voltean a Macri con un voto negativo al decreto Lacunza en el Congreso, o convalidan el default y el despilfarro final de reservas para la fuga de capitales. Hacer esto último significa también comprometerse con la hoja de ruta del macrismo y el FMI acerca de la renegociación del conjunto de la deuda, sean tenedores privados u organismos internacionales. Decidir entre estas opciones es competencia de CFK: el doble comando no puede seguir en la penumbra. El Congreso será el escenario del desarrollo de la crisis completa del régimen político. La derrota del decreto implicará la caída del Gobierno y el cese de la campaña electoral.(...)"