Para perjudicar a Macri, Cristina incumple la ley y la Corte debe intervenir
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una de sus prioridades la descontaminación del Riachuelo e instruyó al respecto al juez federal Luis Armella. La ocupación de viviendas en la Ciudad destinadas a personas que deben ser reubicadas de una costa del Riachuelo, obstaculiza la tarea. La situación exige definiciones muy concretas sobre cuál es el rol del Estado ante la ocupación ilegal de espacios públicos o privados.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Asociación de Magistrados decidió respaldar al juez federal Luis Armella: debe hacerse efectivo el desalojo exigido por un magistrado a la autoridad policial competente en la Ciudad, que es la Policía Federal Argentina.
Resulta insólita la explicación del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, acerca de porqué sería un tema de la Ciudad y no de la Nación, nueva demostración de la ignorancia de Alak, el hombre que administró tan mal el municipio de La Plata como la empresa Aerolíneas Argentinas (y no fue investigado por ello).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le exigió al juez Armella que disponga lo necesario para que se cumpla la descontaminación del Riachuelo, un reclamo ambiental que avala el colectivo judicial.
Entre las tareas imprescindibles para satisfacer el reclamo de la Corte Suprema se encuentra la reubicación de familias que viven junto al Riachuelo.
El Gobierno de la Ciudad construyó un complejo habitacional para la radicación de esas familias, cumpliendo el mandato de Armella, pero un grupo de familias de barrios de emergencia que tanto crecieron en la Ciudad durante la gestión de Aníbal Ibarra, ocupó en forma ilegal ese complejo habitacional.
Muchas de esas personas ya participaron de la ocupación ilegal del Parque Indoamericano, y ahora afirman que una persona que nadie conoce los estafó vendiéndoles esas viviendas. Después de lo del Indoamericano, una mentira propia de gente marginal, en muchos casos extorsionadores que buscan un resarcimiento gubernamental, tal como lo consiguieron en el Indoamericano.
El juez Armella ordena el desalojo, que debe cumplir la Policía Federal Argentina, que es la fuerza de seguridad con jurisdicción en la Ciudad ya que el Ejecutivo Nacional no realizó la transferencia correspondiente al Gobierno porteño.
La Policía Federal no cumple la orden de desalojo porque no tiene instrucciones del Ministerio de Seguridad, que se limitó a acordonar el predio, aunque hay gente que ingresa y egresa del mismo.
De acuerdo a Mauricio Macri, los ocupantes han desmontado el obrador y han desvalijado muchas unidades, y la Policía Federal sigue observando.
Por eso el respaldo de la Asociación de Magistrados al juez Armella.
De todos modos, debería intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque es la que le otorgó un mandato a Armella, que éste no puede cumplir ahora por la traba impuesta por el Ejecutivo Nacional en su disputa política con Macri.
No apareció en escena el ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y quien dijo que estaba involucrado en la descontaminación del Riachuelo. Todo muy lamentable.
Macri ofreció una conferencia de prensa en Bolívar 1 y expuso la postura del Gobierno de la Ciudad ante las ocupaciones de viviendas construidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad en el Parque Avellaneda.
Acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, y la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, Macri afirmó que la intención del Gobierno porteño es "cumplir la orden del doctor Armella", y subrayó que "las viviendas van a ser para la gente que vive en la ribera del Riachuelo" para quienes fueron construídas dando cumplimiento a la orden del juez federal de Quilmes y la Corte Suprema de Justicia.
El juez federal Armella aguarda que se cumpla la orden de desalojo que dictara el miércoles 09/03 de las viviendas ocupadas ilegalemente ubicadas en el predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela de Villa Soldati, en el marco de la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El Poder Ejecutivo Nacional presentó un escrito en el Juzgado de Armello, en el que deslinda su responsabilidad en el cumplimiento del desalojo dispuesto por el magistrado porque asegura que el desalojo es competencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En el Legajo de Actuaciones n° 01/25, derivado del n° 25/09 que se caratuló como “Ocupación de predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela - Villa Soldati - CABA”, el magistrado ordena:
"1. Librar orden de allanamiento para que el Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Dr. Juan José Mussi, en forma conjunta y coordinada con las Fuerzas de Seguridad que disponga la Sra. Ministro de Seguridad de la Nación, Dra. Nilda Garré y la Policía Metropolitana junto al personal que se designe como idóneo en la materia, procedan el día 10 de Marzo de 2011, a partir de las 8 hs., con habilitación de día y hora inhábil y hasta su finalización - art. 224, 225 ss. y cc. del CPPN, al registro domiciliario de las viviendas ubicadas en el predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procedan al total desalojo e identificación, en la medida de lo posible, de quienes lo hayan usurpado y se encuentren ocupándolo para dar lugar al inmediato reintegro de la posesión a la Cooperación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y a las Autoridades de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.-
2. Aplicar en forma inmediata y a partir de la fecha la sanción de multa por la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500) en la persona de la Secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Dra. Cristina Caamaño Iglesias Ruiz, hasta tanto se de efectivo, íntegro y adecuado cumplimiento al desalojo aquí dispuesto, y el inmediato reintegro de la posesión del predio en cuestión a la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
3. Requerir a los Sres. Titulares de los Ministerios de Seguridad de cada una de las jurisdicciones gubernamentales involucradas en la remediación ambiental, la implementación de todas las acciones que garanticen efectivamente el trabajo de los responsables al cumplimiento de la presente manda, a fines de evitar toda situación que entorpezca en cualquier modo el desenvolvimiento normal de las obras referenciadas, haciéndoles saber que el incumplimiento de la presente, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere por mandatos específicos y determinados por el incumplimiento a una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento, que el Suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen."
Resulta insólita la explicación del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, acerca de porqué sería un tema de la Ciudad y no de la Nación, nueva demostración de la ignorancia de Alak, el hombre que administró tan mal el municipio de La Plata como la empresa Aerolíneas Argentinas (y no fue investigado por ello).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le exigió al juez Armella que disponga lo necesario para que se cumpla la descontaminación del Riachuelo, un reclamo ambiental que avala el colectivo judicial.
Entre las tareas imprescindibles para satisfacer el reclamo de la Corte Suprema se encuentra la reubicación de familias que viven junto al Riachuelo.
El Gobierno de la Ciudad construyó un complejo habitacional para la radicación de esas familias, cumpliendo el mandato de Armella, pero un grupo de familias de barrios de emergencia que tanto crecieron en la Ciudad durante la gestión de Aníbal Ibarra, ocupó en forma ilegal ese complejo habitacional.
Muchas de esas personas ya participaron de la ocupación ilegal del Parque Indoamericano, y ahora afirman que una persona que nadie conoce los estafó vendiéndoles esas viviendas. Después de lo del Indoamericano, una mentira propia de gente marginal, en muchos casos extorsionadores que buscan un resarcimiento gubernamental, tal como lo consiguieron en el Indoamericano.
El juez Armella ordena el desalojo, que debe cumplir la Policía Federal Argentina, que es la fuerza de seguridad con jurisdicción en la Ciudad ya que el Ejecutivo Nacional no realizó la transferencia correspondiente al Gobierno porteño.
La Policía Federal no cumple la orden de desalojo porque no tiene instrucciones del Ministerio de Seguridad, que se limitó a acordonar el predio, aunque hay gente que ingresa y egresa del mismo.
De acuerdo a Mauricio Macri, los ocupantes han desmontado el obrador y han desvalijado muchas unidades, y la Policía Federal sigue observando.
Por eso el respaldo de la Asociación de Magistrados al juez Armella.
De todos modos, debería intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque es la que le otorgó un mandato a Armella, que éste no puede cumplir ahora por la traba impuesta por el Ejecutivo Nacional en su disputa política con Macri.
No apareció en escena el ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y quien dijo que estaba involucrado en la descontaminación del Riachuelo. Todo muy lamentable.
Macri ofreció una conferencia de prensa en Bolívar 1 y expuso la postura del Gobierno de la Ciudad ante las ocupaciones de viviendas construidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad en el Parque Avellaneda.
Acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, y la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, Macri afirmó que la intención del Gobierno porteño es "cumplir la orden del doctor Armella", y subrayó que "las viviendas van a ser para la gente que vive en la ribera del Riachuelo" para quienes fueron construídas dando cumplimiento a la orden del juez federal de Quilmes y la Corte Suprema de Justicia.
El juez federal Armella aguarda que se cumpla la orden de desalojo que dictara el miércoles 09/03 de las viviendas ocupadas ilegalemente ubicadas en el predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela de Villa Soldati, en el marco de la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El Poder Ejecutivo Nacional presentó un escrito en el Juzgado de Armello, en el que deslinda su responsabilidad en el cumplimiento del desalojo dispuesto por el magistrado porque asegura que el desalojo es competencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En el Legajo de Actuaciones n° 01/25, derivado del n° 25/09 que se caratuló como “Ocupación de predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela - Villa Soldati - CABA”, el magistrado ordena:
"1. Librar orden de allanamiento para que el Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Dr. Juan José Mussi, en forma conjunta y coordinada con las Fuerzas de Seguridad que disponga la Sra. Ministro de Seguridad de la Nación, Dra. Nilda Garré y la Policía Metropolitana junto al personal que se designe como idóneo en la materia, procedan el día 10 de Marzo de 2011, a partir de las 8 hs., con habilitación de día y hora inhábil y hasta su finalización - art. 224, 225 ss. y cc. del CPPN, al registro domiciliario de las viviendas ubicadas en el predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procedan al total desalojo e identificación, en la medida de lo posible, de quienes lo hayan usurpado y se encuentren ocupándolo para dar lugar al inmediato reintegro de la posesión a la Cooperación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y a las Autoridades de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.-
2. Aplicar en forma inmediata y a partir de la fecha la sanción de multa por la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500) en la persona de la Secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Dra. Cristina Caamaño Iglesias Ruiz, hasta tanto se de efectivo, íntegro y adecuado cumplimiento al desalojo aquí dispuesto, y el inmediato reintegro de la posesión del predio en cuestión a la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
3. Requerir a los Sres. Titulares de los Ministerios de Seguridad de cada una de las jurisdicciones gubernamentales involucradas en la remediación ambiental, la implementación de todas las acciones que garanticen efectivamente el trabajo de los responsables al cumplimiento de la presente manda, a fines de evitar toda situación que entorpezca en cualquier modo el desenvolvimiento normal de las obras referenciadas, haciéndoles saber que el incumplimiento de la presente, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere por mandatos específicos y determinados por el incumplimiento a una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento, que el Suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen."
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