Lapidario informe sobre cumplimiento a los DDHH en el primer año de Cambiemos
El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) presentó el primer balance anual sobre la gestión del Gobierno de Cambiemos y denunció una "restricción y pérdida progresiva" de derechos elementales de los argentinos.
Según el documento al que accedió ámbito.com, desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada se "puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente", que provocó un serio déficit en el cumplimiento de normas que protegen a los ciudadanos más necesitados. En ese marco, el ODH elaboró un suculento "muestreo" área por área sobre los derechos "violados a partir de medidas concretas" tomadas por el Presidente y su gabinete.
En comunicación, derogó con el DNU 267/16 la debatida Ley de Medios, "desarticulando buena parte de los derechos allí consagrados".
Respecto de los derechos a la libertad menciona el caso de Miagro Sala, la dirigente jujeña detenida desde el 16 de enero de 2016. "La prisión sin causa, ni proceso, ni mucho menos sentencia, representa una violación al principio de inocencia (artículo 18 Constitución Nacional) y, sobre todo, al derecho a la libertad de las personas (art. 15 CN), con el agravante escandaloso de responder a motivaciones políticas", sostuvo el informe.
"La vulneración de este derecho representa una afrenta para las libertades públicas y está colocando al Estado Nacional en situación de Responsabilidad internacional, ante el incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del mundo como Canadá, y por organizaciones como Amnesty y Human Rights Watch", agregó.
En cuanto a los derechos laborales se enfocó en el "despido de miles de trabajadores" estatales, la "promoción de paritarias a la baja y con acuerdos sectoriales que auspician la flexibilización laboral". Según la entidad, esa combinación de factores propicia la violación de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución nacional.
Lo mismo ocurre con el derecho a huelga, que para el ODH fue vulnerado con las violentas acciones de las fuerzas de seguridad y la redacción del Protocolo de Actuación en caso de marchas y piquetes. "Las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad han participado de represiones a la protesta social o laboral", destacó el trabajo elaborado por un grupo interdisciplinario de especialistas, y aclararon que "si bien el protocolo no se ha empleado, resulta vigente y presto a ser utilizado cuando se lo considere".
Sobre los derechos migratorios advirtieron por la creación de un "lugar exclusivo de detención" o cárcel para las personas infractoras a la Ley 25.871 (de Migraciones), a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Gobierno porteño. "Tiende a la segregación y al reforzamiento de los estigmas creados en cabeza de los migrantes, vulnerando el artículo 20 de la Constitución Nacional, así como el propio preámbulo".
En el plano de la salud denunciaron la "discontinuación" de los medicamentos para pacientes con HIV, una reducción en la cantidad de remedios disponibles en la cartilla del PAMI, la derogación del programa "Qunita", que "disminuía" la mortalidad materno- infantil, y el retiro de los equipos territoriales que se "ocupaban de desplegar actividades de prevención y promoción de la salud en los barrios más postergados".
También mencionan como menoscabo del derecho a la salud la interrupción de una licitación ya iniciada para compra de preservativos, lo que generó "faltantes y derivó en un aumento de un 35% los casos de sífilis", y la puesta en marcha de la Cobertura Universal en Salud (CUS). "(El plan) escondió el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Al mismo tiempo, se instala el concepto de 'cobertura' como acción posible desplazando al de 'derecho' como acción concreta y exigible", señalaron.
"El proyecto incluye un debilitamiento del sector público a todo nivel, y la generación de empresas administradoras jurisdiccionales del seguro, que compitan por la oferta de servicios de salud con una lógica de mercado, agregando más intermediarios privados al negocio", añadieron sobre el CUS.
En materia de educación observaron la desactivación, reformulación o descentralización de los programas CAI (infancia), CAJ (jóvenes), FiNes (primaria y secundaria), de Orquestas infantiles-juveniles y el Conectar Igualdad. "Esta decisión pone en alto riesgo su continuidad debido a las dificultades económicas que caen sobre las administraciones provinciales y municipales", afirmaron.
Asimismo, cuestionan el modo de evaluación estandarizada "Aprender", la implementación del proyecto Educar por argentina, a cargo de una "dudosa" fundación, que contrata profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en paralelo con el rol docente, y la reducción del presupuesto universitario y para sueldos docentes, por debajo de la inflación real.
Otro derecho vulnerado, según el ODH, es a la vivienda. "Macri no construyó vivienda social y desactivó programas virtuosos como el Pro.Cre.ar", expresaron, tras analiazr los nuevos y a "engorrosos" requisitos para beneficiarios, que "imposibilitaron el acceso a la primera vivienda a miles de personas". Las mismas críticas cosecharon los escasos créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el Banco Central y los ofrecidos a través del Banco Ciudad. "Resultaron un fracaso rotundo y no cumplieron con garantizar el derecho a la vivienda digna", enfatizaron.
El apartado Memoria, Verdad y Justicia del balance anual del Observatorio es de los más preocupantes. "Se proyectó un discurso oficial negacionista; se propició la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años; se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por delitos de lesa humanidad, y el Estado se retiró de su rol de querellante en determinadas causas", plantearon.
Por último, subrayaron una embestida contra el derecho a la integridad física con el uso de las pistolas de descarga eléctrica marca Taser, consideradas por organismos internacional como elementos de tortura, en manos de la Policía Metropolitana.
El ODH aseguró que todas estas vulneraciones fueron acompañadas por una cobertura mediática que formaron un "paraguas" que "amparó al Gobierno del repudio popular a buena parte de sus medidas", pero también con una "campaña de comunicación 2.0", desde las redes sociales y los asesores de marketing.
"Teniendo en cuenta la densidad de las medidas antipopulares y restrictivas de derechos que ha llevado a cabo la actual gestión nacional, este dispositivo (mediático) que combinó las nuevas y las viejas tecnologías logró disminuir el costo político que pagó el presidente y su coalición", aseveraron.
"Dependerá de coordinar mejor la fuerza de las organizaciones que defienden los derechos de las grandes mayorías. El acumulado de resistencia, las propias limitaciones políticas de la alianza que gobierna y el ingreso a un año electoral dan cuenta del complejo panorama que le aguarda al presidente y su equipo a la hora de seguir restringiendo derechos", concluyeron.
Según el documento al que accedió ámbito.com, desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada se "puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente", que provocó un serio déficit en el cumplimiento de normas que protegen a los ciudadanos más necesitados. En ese marco, el ODH elaboró un suculento "muestreo" área por área sobre los derechos "violados a partir de medidas concretas" tomadas por el Presidente y su gabinete.
En comunicación, derogó con el DNU 267/16 la debatida Ley de Medios, "desarticulando buena parte de los derechos allí consagrados".
Respecto de los derechos a la libertad menciona el caso de Miagro Sala, la dirigente jujeña detenida desde el 16 de enero de 2016. "La prisión sin causa, ni proceso, ni mucho menos sentencia, representa una violación al principio de inocencia (artículo 18 Constitución Nacional) y, sobre todo, al derecho a la libertad de las personas (art. 15 CN), con el agravante escandaloso de responder a motivaciones políticas", sostuvo el informe.
"La vulneración de este derecho representa una afrenta para las libertades públicas y está colocando al Estado Nacional en situación de Responsabilidad internacional, ante el incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del mundo como Canadá, y por organizaciones como Amnesty y Human Rights Watch", agregó.
En cuanto a los derechos laborales se enfocó en el "despido de miles de trabajadores" estatales, la "promoción de paritarias a la baja y con acuerdos sectoriales que auspician la flexibilización laboral". Según la entidad, esa combinación de factores propicia la violación de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución nacional.
Lo mismo ocurre con el derecho a huelga, que para el ODH fue vulnerado con las violentas acciones de las fuerzas de seguridad y la redacción del Protocolo de Actuación en caso de marchas y piquetes. "Las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad han participado de represiones a la protesta social o laboral", destacó el trabajo elaborado por un grupo interdisciplinario de especialistas, y aclararon que "si bien el protocolo no se ha empleado, resulta vigente y presto a ser utilizado cuando se lo considere".
Sobre los derechos migratorios advirtieron por la creación de un "lugar exclusivo de detención" o cárcel para las personas infractoras a la Ley 25.871 (de Migraciones), a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Gobierno porteño. "Tiende a la segregación y al reforzamiento de los estigmas creados en cabeza de los migrantes, vulnerando el artículo 20 de la Constitución Nacional, así como el propio preámbulo".
En el plano de la salud denunciaron la "discontinuación" de los medicamentos para pacientes con HIV, una reducción en la cantidad de remedios disponibles en la cartilla del PAMI, la derogación del programa "Qunita", que "disminuía" la mortalidad materno- infantil, y el retiro de los equipos territoriales que se "ocupaban de desplegar actividades de prevención y promoción de la salud en los barrios más postergados".
También mencionan como menoscabo del derecho a la salud la interrupción de una licitación ya iniciada para compra de preservativos, lo que generó "faltantes y derivó en un aumento de un 35% los casos de sífilis", y la puesta en marcha de la Cobertura Universal en Salud (CUS). "(El plan) escondió el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Al mismo tiempo, se instala el concepto de 'cobertura' como acción posible desplazando al de 'derecho' como acción concreta y exigible", señalaron.
"El proyecto incluye un debilitamiento del sector público a todo nivel, y la generación de empresas administradoras jurisdiccionales del seguro, que compitan por la oferta de servicios de salud con una lógica de mercado, agregando más intermediarios privados al negocio", añadieron sobre el CUS.
En materia de educación observaron la desactivación, reformulación o descentralización de los programas CAI (infancia), CAJ (jóvenes), FiNes (primaria y secundaria), de Orquestas infantiles-juveniles y el Conectar Igualdad. "Esta decisión pone en alto riesgo su continuidad debido a las dificultades económicas que caen sobre las administraciones provinciales y municipales", afirmaron.
Asimismo, cuestionan el modo de evaluación estandarizada "Aprender", la implementación del proyecto Educar por argentina, a cargo de una "dudosa" fundación, que contrata profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en paralelo con el rol docente, y la reducción del presupuesto universitario y para sueldos docentes, por debajo de la inflación real.
Otro derecho vulnerado, según el ODH, es a la vivienda. "Macri no construyó vivienda social y desactivó programas virtuosos como el Pro.Cre.ar", expresaron, tras analiazr los nuevos y a "engorrosos" requisitos para beneficiarios, que "imposibilitaron el acceso a la primera vivienda a miles de personas". Las mismas críticas cosecharon los escasos créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el Banco Central y los ofrecidos a través del Banco Ciudad. "Resultaron un fracaso rotundo y no cumplieron con garantizar el derecho a la vivienda digna", enfatizaron.
El apartado Memoria, Verdad y Justicia del balance anual del Observatorio es de los más preocupantes. "Se proyectó un discurso oficial negacionista; se propició la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años; se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por delitos de lesa humanidad, y el Estado se retiró de su rol de querellante en determinadas causas", plantearon.
Por último, subrayaron una embestida contra el derecho a la integridad física con el uso de las pistolas de descarga eléctrica marca Taser, consideradas por organismos internacional como elementos de tortura, en manos de la Policía Metropolitana.
El ODH aseguró que todas estas vulneraciones fueron acompañadas por una cobertura mediática que formaron un "paraguas" que "amparó al Gobierno del repudio popular a buena parte de sus medidas", pero también con una "campaña de comunicación 2.0", desde las redes sociales y los asesores de marketing.
"Teniendo en cuenta la densidad de las medidas antipopulares y restrictivas de derechos que ha llevado a cabo la actual gestión nacional, este dispositivo (mediático) que combinó las nuevas y las viejas tecnologías logró disminuir el costo político que pagó el presidente y su coalición", aseveraron.
"Dependerá de coordinar mejor la fuerza de las organizaciones que defienden los derechos de las grandes mayorías. El acumulado de resistencia, las propias limitaciones políticas de la alianza que gobierna y el ingreso a un año electoral dan cuenta del complejo panorama que le aguarda al presidente y su equipo a la hora de seguir restringiendo derechos", concluyeron.
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