En plena batalla judicial, el Gobierno designó 2 jueces y 9 fiscales

En plena batalla K en el ámbito judicial, el Gobierno designó a 2 jueces y 9 fiscales, luego de promulgar el nuevo Código Procesal Penal. Los nombramientos se produjeron en Corrientes, Jujuy, Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Rosario, Posadas, Neuquén y Tierra del Fuego.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El ámbito judicial, un terreno que desde hace tiempo se convirtió en escenario de una encarnizada batalla que provoca permanentes cruces entre el Gobierno, jueces, fiscales y políticos de la oposición, recibe hoy novedades desde el 'Boletín Oficial'.

 

La noticia es que, además de promulgar el Código Procesal penal, el Poder Ejecutivo informó la designación dos jueces provinciales y nueve fiscales en diversos puntos del paìs.

 

En el caso de los magistrados, los nombramientos fueron los siguientes: Cristina Elizabeth Pozzer será jueza del juzgado federal de primera instancia de Goya, provincia de Corrientes; en tanto que Mario Héctor Juárez Almaraz será juez de Cámara en el tribunal oral en lo criminal federal de Jujuy, provincia de Jujuy.

 

El doctor Sergio Leonardo Rodríguez fue designado fiscal nacional de investigaciones administrativas, en tanto que en la ciudad de Buenos Aires fueron designados fiscales Gabriela Fernanda Boquín (ante la cámara nacional de apelaciones en lo comercial); Miguel Angel Palazzani (en los tribunales orales en lo criminal federal, Fiscalía N° 2); y Juan Manuel Domínguez en los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de la Ciudad.

 

A través del Boletín Oficial también se informó que Federico Guillermo Reynares Solari será fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario (provincia de Santa Fe, fiscalía N° 3); en el mismo puesto quedaron Carlos Martín Amad (en Posadas, provincia de Misiones); Pablo Fernando Parenti (en San Martín, provincia de Buenos Aires, fiscalía N° 4); Abel Darío Córdoba (en la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén); y Adrián Jorge García Lois en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

 

Nuevo Código

 

El Gobierno promulgó el nuevo Código Procesal Penal. La norma 27.063 fue sancionada el jueves pasado por la Cámara de Diputados por 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones; y hoy quedó promulgada con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 2321, que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

 

La iniciativa del Poder Ejecutivo incluye profundas modificaciones respecto del Código actual, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.

 

Entre otras cuestiones, el proyecto sancionado por el Congreso también establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.

 

A partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías del país.

 

El decreto que promulga la normativa establece que el nuevo Código Procesal Penal “entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente, la que deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos otros encargados de su aplicación”.

 

Asimismo, dispone que el nuevo Código “será aplicable a la investigación de los hechos delictivos que sean cometidos a partir de su entrada en vigencia”.

 

Por otra parte, crea “en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, con el fin de evaluar, controlar y proponer durante el período que demande la implementación prevista en el artículo 3°, los respectivos proyectos de ley de adecuación de la legislación vigente a los términos del Código aprobado por el artículo 1° de la presente ley, así como toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación”.